Tema: La ola de cambios en el mundo árabe provocada por los recientes acontecimientos populares ha llegado también a Marruecos, donde está en marcha un proceso de transición política que se aventura largo y difícil y en el que la Justicia ocupa un lugar relevante. Es el momento para que la UE despliegue sus medios y capacidad de liderazgo para respaldar y acompañar a los vecinos del sur en su travesía hacia la democracia.
Resumen: En Marruecos se ha iniciado un interesante proceso de cambio político tras el reciente anuncio de la reforma de la Constitución realizado por el Rey Mohamed VI en una alocución dirigida al país. Se ha proclamado oficialmente el comienzo de una transición sin ruptura, pilotada desde el régimen político por el propio monarca, que parece haber tomado en serio las demandas populares de libertad, democracia y justicia social.
Todo sistema democrático precisa un Poder Judicial independiente que ejerza su función de controlar a los demás poderes del Estado y garantice la aplicación igualitaria de la ley y el respeto efectivo de los derechos y libertades cívicas. España ha adquirido una amplia experiencia de cooperación en el sector de la Justicia en Marruecos, a través del proyecto ADL (Fortalecimiento y Modernización de la Justicia en Marruecos), que puede resultar muy útil en estos momentos. Sin embargo, el reto de ayudar a crear un espacio de progreso y libertad no solo incluye a Marruecos, sino también a los vecinos europeos del Mediterráneo meridional que se encuentran inmersos en procesos transicionales. Es una labor de dimensión y alcance global, que necesita ser asumida por la UE como institución. Europa se encuentra en las mejores condiciones para ello, porque tiene la experiencia, los medios y la influencia que se necesitan. Se ha dado un paso muy importante con la propuesta de asociación para la democracia con los países del Mediterráneo, pero hay que seguir avanzando en esa línea. No podemos defraudar a nuestros vecinos cuando solicitan la ayuda europea para alcanzar los valores que comparte nuestra sociedad occidental. Es una oportunidad histórica que no debería perderse.
Análisis
Introducción
Las reivindicaciones ciudadanas que se están produciendo en el mundo árabe en general y en el Magreb en particular han afectado también a Marruecos. Una parte importante de la población marroquí, especialmente la más joven, ha salido a la calle para manifestar su disgusto con la situación actual y reclamar mayor libertad, democracia y justicia social. En estos nuevos tiempos de cambio, el movimiento popular llamado del “20 de febrero” reclama sus derechos cívicos. Europa es el ansiado modelo y se pide lo que los europeos tenemos: una sociedad libre, democrática e igualitaria. Los ciudadanos anhelan recuperar la esperanza en su país y quieren ser tratados como ciudadanos, no como súbditos. Han logrado desencadenar un proceso de dinámica irreversible, en el que no sería tolerable el desencanto de las personas que ya han adquirido la conciencia de sus derechos y exigen que se respete su dignidad, valor ligado a la Justicia y que no tiene que ver con lo material, sino con el respeto.
Marruecos es un país peculiar, con bastantes características diferentes a las de sus vecinos del Magreb, entre las que destaca la importancia de la monarquía. El Rey concentra casi todos los poderes según una constitución aprobada en 1996, en la etapa final del reinado de Hasan II, fallecido en 1999, que fue heredada por su sucesor. La accesión al trono del actual Rey, Mohamed VI, fue muy celebrada por la ciudadanía, ante los cambios que el monarca anunció para conseguir una sociedad más justa. Sin embargo, las reformas fueron bastante más tímidas de lo esperado y se fueron diluyendo con el paso del tiempo. Se consolidó un cierto inmovilismo político, sin un programa u hoja de ruta conocidas, lo que transmutó la ilusión inicial en un sentimiento de frustración, desesperanza y resignación, compartido por amplias capas de la población.
No obstante, el sistema político de Marruecos ha producido efectos positivos para la seguridad pública y también ha generado un clima de estabilidad, que ha favorecido un notable, aunque desigual, crecimiento económico, un progreso social un tanto desequilibrado y, sobre todo, la apertura al mundo occidental, especialmente a la UE y EEUU. No sería justo dejar de reconocer los avances de Marruecos en determinados ámbitos, en comparación con los restantes países del Magreb. Destacan las reformas del Código de Familia (Moudawana), la creación del IER (instancia para la equidad y la reconciliación, para la justicia transicional en los llamados “años de plomo” del período de Hassan II), la constitución del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el recién iniciado proceso de regionalización, una cierta apertura política con elecciones libres, una libertad de expresión estimable en el contexto magrebí, la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (INDH) y, ahora, la anunciada reforma de la Constitución.
El discurso del Rey
La monarquía en Marruecos es un elemento fundamental para la cohesión de una nación que tiene un gran apego a sus tradiciones, pero que a su vez es enormemente plural. Los marroquíes están muy ligados a la institución monárquica, como puso de manifiesto la encuesta realizada por un medio de comunicación independiente, que incomprensiblemente fue censurada. Hay un fuerte sentimiento de respeto y afecto hacia la persona del actual monarca, compartido por la inmensa mayoría de la sociedad marroquí, con independencia de su ideología o condición social, cuya legitimidad no es cuestionada.
El discurso dirigido por el Rey a la nación el 9 de marzo de 2011, en el que se anunció una profunda modificación de la Constitución, no ha sido ajeno al contexto actual y, en mi opinión, es doblemente positivo. Por un lado, se adapta a la realidad social que vive el país y, por otro, ha sorprendido favorablemente, al adelantar una respuesta inteligente a las demandas populares de reforma del texto constitucional para el establecimiento de una sociedad democrática avanzada. Si se lleva a cabo tal y como se indica, la reforma será global y estructural, pues está orientada a consolidar un Estado de Derecho que garantice la primacía de la ley como expresión de la voluntad popular, en el que las regiones gozarán de un régimen de autonomía que afectará a la organización política y territorial del país. Debería abocar también al establecimiento de una monarquía acorde con los tiempos modernos, que reine pero que no gobierne, como en las democracias occidentales.
La revisión de la Constitución ha sido encomendada por el Rey a una Comisión Consultiva, con la instrucción de “conducir a Marruecos a una nueva era constitucional y democrática, en cuyo seno se consolide el Estado de derecho”. El texto propuesto habrá de ser aprobado en un referéndum previsto para el mes de julio de 2011 y tendrá una importancia trascendental para encauzar un largo y complejo proceso de reforma política y de transición democrática, ya que el conjunto del ordenamiento jurídico habrá de adaptarse a esa nueva Carta Magna, haciéndose necesario posteriormente un amplio desarrollo legislativo de los principios constitucionales. La monarquía parece dispuesta a renunciar a su carácter ejecutivo para convertirse en una verdadera monarquía constitucional.
Subsiste, sin embargo, un justificado recelo sobre el verdadero alcance de los cambios prometidos, pues otras medidas que también fueron proclamadas anteriormente con gran solemnidad, como la reforma de la Justicia en agosto de 2009, fueron más retóricas que efectivas. Hay también un cierto escepticismo, basado en que el procedimiento seguido para modificar la Constitución es considerado por algunos excesivamente tutelado, y se han alzado críticas demandando que se abra un proceso constituyente más abierto y participativo. La composición de la Comisión designada por el monarca cuenta con una presencia mayoritaria de personalidades próximas al Makhzen (aparato del Estado del entorno real) y adolece de una escasa representatividad de la sociedad civil. No es fácil sacar adelante desde el propio régimen una reforma sustancial del sistema político que ha estado promovida por exigencias ciudadanas, sin un amplio consenso y sin la participación de sus protagonistas. No conviene olvidar que las protestas iniciales se han apaciguado en buena medida porque el Rey es muy respetado y ha dado a entender con su mensaje que ha tomado en serio las reivindicaciones populares, pero las movilizaciones continúan y denotan el descontento y la insatisfacción de una parte de la ciudadanía, que no aceptaría fácilmente la decepción de ver inatendidas lo que consideran sus legítimas aspiraciones de transición política hacia una sociedad más justa y libre. La denominada “reforma constitucional global” que acaba de iniciarse, si no se lleva a cabo con seriedad y con una voluntad política creíble que consiga ganarse el respeto de la ciudadanía, podría traer consecuencias indeseadas para la estabilidad del país.
La Justicia en Marruecos y su inacabado proceso de reforma
En Marruecos, como también en otros países de la región, el sistema de selección y formación de jueces y fiscales, así como las leyes que deben aplicar, se aproximan a los estándares internacionales. La Constitución actual garantiza la inamovilidad de los magistrados y la independencia de la Autoridad judicial respecto al poder legislativo y ejecutivo, pero en la realidad no existen los medios apropiados para su aseguramiento. La independencia queda muy debilitada en la práctica al no existir una verdadera separación entre el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Magistratura, presidido habitualmente por el ministro por delegación del Rey, que es el órgano competente para los nombramientos, ascensos y ejercer la facultad disciplinaria respecto a jueces y fiscales.
La reforma de la Justicia está identificada oficialmente como la prioridad de las prioridades y es la gran asignatura pendiente. Desde los años 90 se han sucedido diversas proclamaciones públicas del más alto nivel sobre la necesidad de emprenderla con carácter urgente, las cuales han quedado en la práctica en meras declaraciones retóricas de intenciones, traducidas en pequeñas reformas con escaso impacto y sin visión global, que han erosionado la credibilidad gubernamental.
En mi opinión, son dos los grandes males que aquejan a la Justicia marroquí: la corrupción y la falta de independencia, que socavan la imparcialidad en que debe asentarse todo sistema judicial confiable. Estos problemas estructurales, a los que se unen otros más leves de carácter funcional, son conocidos y reconocidos por los poderes públicos marroquíes y los observadores internacionales. No hay que olvidar que Marruecos está clasificado en el número 85 (comparte puesto con Malawi) de los países más corruptos del mundo, según el informe publicado por Transparency Internacional en 2010. El sistema judicial y el funcionariado se encuentran a la cabeza de la lista de instituciones más afectadas por la corrupción, por delante de la policía, según Transparency Morocco.
El paso más relevante para impulsar una verdadera reforma se dio el 20 de agosto de 2009 cuando el Rey pronunció un discurso, con motivo del 56ª aniversario de la revolución, dedicado íntegramente al lanzamiento de una iniciativa en la que daba un mandato al gobierno para que elaborase un proyecto de reforma en profundidad de la Administración de Justicia. En la alocución real se mencionan expresamente las claves imprescindibles: “reforzar las garantías de la independencia judicial y moralizar la Justicia, resguardándola de la corrupción y el abuso de poder”. La propuesta fue acogida con un cierto escepticismo sobre su virtualidad práctica, ya que la transformación que necesita la Justicia requiere necesariamente un cambio del modelo constitucional, en el que se establezca una nítida separación de los poderes del Estado y se instituya un verdadero poder Judicial fuerte e independiente. Este nuevo proceso de reforma continúa formalmente en marcha, pero adolece de resultados concretos de relevancia por el momento. Los sucesivos planes no han salido adelante, en mi criterio, por una serie de factores, tales como la falta de verdadera voluntad política, la ausencia de consenso e implicación de los colectivos profesionales afectados y de la sociedad civil y, especialmente, porque es necesaria una reforma previa de la Constitución.
El mayor problema a afrontar es sin duda la falta de credibilidad de los justiciables en la Justicia. Uno de los de los eslóganes más repetidos en las manifestaciones populares ha sido “más Justicia y menos corrupción”. El último refugio de la dignidad ciudadana reside en un sistema de justicia transparente, independiente e íntegro, que ampare sus derechos y haga cumplir las leyes. La falta de seguridad jurídica, de transparencia y el sentimiento de que la ley no es igual para todos, cercena la confianza de los ciudadanos y de los inversores extranjeros en el sistema judicial y, por extensión, en el Estado de Derecho. La moralización de la Justicia es además un elemento imprescindible para la buena gobernanza, la estabilidad social y el crecimiento económico. Un informe del Banco Mundial ya en 1995 ponía de manifiesto que el mal funcionamiento de la Justicia es un freno importante para el desarrollo del país y el fomento de la inversión extranjera.
Los verdaderos cambios de la Justicia, considerados por el propio Ministerio marroquí como una necesidad vital, han avanzado hasta ahora con una lentitud que no se corresponde con la voluntad política oficialmente proclamada. Esta situación tampoco ha favorecido un sentimiento positivo de los actores internacionales acerca de la efectiva puesta en marcha de las reformas y ha retraído en buena medida a los donantes internacionales que, estando interesados en cooperar en este importante sector, permanecen sin embargo expectantes hasta conocer las líneas maestras de la reforma y las concretas acciones para su desarrollo.
La revisión global de la Constitución prometida en el discurso real tiene que ser el factor determinante para acelerar y consolidar esa necesaria dinámica de cambio. La anunciada reforma del texto constitucional se funda en siete pilares, siendo la Justicia un elemento transversal que incide en la mayor parte de ellos. Destaca especialmente la mención que se hace por primera vez a la Justicia como un poder independiente del Estado. La nueva Constitución deberá garantizar el principio de separación de poderes, la consolidación del Estado de Derecho, el afianzamiento de los Derechos Humanos, la protección de las libertades, el reforzamiento de los mecanismos de moralización de la vida pública y la constitucionalización de los instrumentos de la buena gobernanza. En todos estos ámbitos resulta esencial el papel de una Justicia independiente y dotada de los medios necesarios para contribuir a la construcción de un sólido y sostenible Estado de Derecho.
Son muchas las instituciones y Estados que han prestado ayuda a Marruecos en el sector de la Justicia, especialmente aquellos países que tienen estrechos vínculos de cooperación, como España, Francia y EEUU. También otros importantes actores de la cooperación internacional, como el Banco Mundial y entidades y programas de Naciones Unidas como UNIFEM y el PNUD, han apoyado al Ministerio de Justicia marroquí. Ahora bien, el actor fundamental por su cualificación, experiencia, medios y mayor capacidad de influencia es sin duda la UE, que ha financiado con fondos MEDA un proyecto de modernización de las jurisdicciones dotado con un presupuesto de unos 300 millones de Dirhams (27.000.000 de euros) para mejorar el funcionamiento del sistema judicial mediante la informatización de 19 Cortes de Apelación y 21 Tribunales de Primera Instancia, la construcción y equipamiento de cinco archivos regionales y la puesta en marcha de un centro de información y documentación judicial que concluyó a mediados de 2009. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de los proyectos de cooperación en Justicia han consistido en ayudas más bien superficiales, vinculadas a los medios materiales que todo proceso de modernización necesita, pero sin incidir en aspectos estructurales de relevancia, a pesar de que el desarrollo del Estatuto avanzado requiere una profunda reforma de la Justicia y la garantía de los Derechos Humanos.
La cooperación entre España y Marruecos en el ámbito de la Justicia
España tiene una amplia experiencia de cooperación en el sector de la gobernanza democrática, en el que se incardina la Justicia, siendo uno de los países más activos de la UE en este ámbito. La experiencia adquirida en el tránsito pacífico desde la dictadura a un régimen de libertades, que culminó con la aprobación de la Constitución española en 1978, la descentralización del Estado y la confluencia con Europa, ha sido aprovechada por expertos españoles para prestar una importante asistencia técnica a países Iberoamericanos y de la Europa Central y Oriental (PECOS) en sus procesos de reforma democrática.
Buena parte de esta experiencia se volcó en el proyecto “ADL” de Fortalecimiento y Modernización de la Justicia en Marruecos (http://www.proyectoadl.com/), ejecutado entre 2005 y 2009, que ha sido el programa bilateral más importante de España en el sector de la Justicia, por importancia de las acciones, volumen de actividades, presupuesto, resultados y beneficiarios. La dotación económica fue de 3.500.000 de euros y se programaron más de 40 actividades en las que participaron 1.500 jueces y fiscales marroquíes y 100 de otros países árabes. El objetivo general del proyecto consistió en contribuir al desarrollo en Marruecos de un sistema de justicia más confiable e independiente, que sea eficiente y accesible, con dos objetivos específicos: (1) mejorar los mecanismos de cooperación internacional; y (2) dotar al sistema judicial de medios más eficaces para prestar asistencia jurídica a las personas que se encuentran en situaciones desfavorecidas: pobres, mujeres, menores y presos.
El primer objetivo se alcanzó esencialmente con la creación y puesta en marcha de la Red Marroquí de Cooperación Judicial Internacional (http://www.justice.gov.ma/rmcji/Default.aspx). Esta Red fue concebida como un instrumento tecnológico destinado a facilitar la cooperación judicial entre Marruecos y otros países, singularmente con los Estados de la UE y del Magreb, así como a favorecer el contacto directo entre autoridades judiciales. Con ello se pretendía implantar una estructura ligera y flexible, articulada como una red desplegada en todo el territorio nacional, integrada por un número de 50 jueces y fiscales, que actuasen como puntos de contacto de la Red, ubicados en el Ministerio de Justicia, en la Corte Suprema y en cada una de las Cortes de Apelación. En este marco, el proyecto aspiraba a que la RMCJI tuviera una vocación de equipararse en sus capacidades con la Red Judicial Europea, de asegurar la más estrecha conexión con sus miembros y, al mismo tiempo, de generar los insumos necesarios para la futura constitución de una Red del Magreb.
El segundo objetivo del programa, de contenido más amplio, se diversificó en cinco resultados: (1) se dotó al sistema judicial de información y modelos de derecho comparado para mejorar el acceso a la Justicia de las personas sin recursos económicos y para extender la defensa penal; (2) se compartió la experiencia legal y judicial sobre estatuto personal, para buscar una mejor solución de los conflictos familiares transfronterizos; (3) se mejoró la asistencia jurídica a las mujeres maltratadas, mediante el apoyo y puesta en marcha de una Red Nacional de Asistencia a Mujeres Víctimas de Delito, coordinando la asistencia integral de las perjudicadas a través de células especializadas constituidas en las Fiscalías de las diferentes Cortes de Apelación; (4) se llevó a cabo una campaña de concienciación y difusión de las posibilidades de asistencia por el sistema judicial a los menores en situación de desprotección; y (5) se intercambiaron experiencias entre jueces y fiscales especialistas en ejecución de penas.
Este proyecto ha posibilitado el trabajo con los responsables marroquíes de la Justicia, no solo a nivel político con el Ministerio, sino también operativo con jueces, fiscales, abogados y demás operadores jurídicos. Ha facilitado el contacto y la colaboración con la sociedad civil (asociaciones de mujeres, de derechos humanos, ONG) y ha permitido el intercambio de experiencias en un sector sensible y de difícil introducción. El Ministerio de Justicia español está en las mejores condiciones para seguir colaborando en este ámbito y ejerciendo su capacidad de ayuda e influencia en los momentos tan trascendentes que se avecinan.
Por último, el proyecto ADL ha tenido un enfoque regional, lo que ha propiciado que parte de sus acciones hayan sido conocidas y compartidas por otros países de la región. De hecho, han participado en algunas de sus actividades magistrados de Mauritania, Argelia, Libia y Kuwait, con los que se ha constituido una red hispano-árabe de centros de formación jurídica, coordinada por los directores de las escuelas judiciales. Ha sido una iniciativa muy útil que puede ser aprovechada y servir como referente para otros programas de cooperación en el sector de la gobernanza que puedan iniciarse ahora en otros países del Magreb.
Las relaciones Marruecos-UE: El papel de la Justicia en las reformas democráticas
Marruecos es un eje importante en la política europea de vecindad con los países del Mediterráneo. Ha habido una estrecha colaboración en las áreas políticas, económicas y de seguridad, destacando en este ámbito el control de la emigración y la cooperación antiterrorista. Por otra parte, el Estado marroquí ha sido el principal receptor de fondos MEDA y del Instrumento Europeo de Vecindad y Partenariado. La política exterior marroquí se ha caracterizado por su vocación europea. Tradicionalmente ha mantenido unas relaciones privilegiadas con la UE, desde el Acuerdo de Asociación firmado en 1996 hasta el establecimiento del Estatuto Avanzado en 2008, acordado por primera vez con un país árabe.
El Estatuto Avanzado permite la adopción de medidas tendentes a un acuerdo de libre comercio y a una progresiva integración de Marruecos en diversas políticas sectoriales de la UE. Su aspecto político más relevante, en mi opinión, es que surgió del compromiso del gobierno marroquí de solicitar el acompañamiento europeo para adoptar y desarrollar acciones que respalden el ya entonces iniciado proceso de reforma y transición democrática. Para conseguir ese objetivo integrador es necesario traducir esa voluntad de cambio en actuaciones concretas, que deberían derivarse de la reforma constitucional puesta en marcha. No es posible la integración verdadera sin democracia y sin una Justicia fuerte que garantice el respeto de los derechos políticos y libertades civiles.
Los acontecimientos que han precipitado las reformas políticas en Marruecos y en los países del Mediterráneo meridional, han venido a confirmar que la Unión para el Mediterráneo, que surgió por iniciativa francesa en la Cumbre de París en julio de 2008 y sucedió al proceso de Barcelona iniciado en 1995, tiene escasa viabilidad. Las dificultades iniciales que ha tenido que afrontar este macroprograma, debidas principalmente a la heterogeneidad de Estados que aglutina y a las distorsiones generadas en el seno de los países árabes por la presencia de Israel, le han impedido arrancar. Se encuentra en vía muerta desde su origen y con un incierto futuro. Baste recordar que esta institución estaba copresidida por el depuesto presidente egipcio Hosni Mubarak. El reciente nombramiento como secretario general del prestigioso diplomático marroquí Yousef Amrani abre una cierta esperanza para dinamizar esta organización.
El discurrir de la historia ha corroborado que los países del sur del Mediterráneo son muy desiguales, por lo que no resultan eficaces en estos momentos programas de cooperación política y económica generales, sino bilaterales y adaptados a las necesidades concretas de cada uno, sin descuidar la visión regional. El criterio no debería ser exclusivamente geográfico, como hasta ahora, sino mucho más selectivo y exigente, vinculando las ayudas a resultados concretos que mejoren la gobernanza. La prosperidad de la región solo puede construirse sobre una sólida base democrática que aproxime de verdad a las sociedades y a las personas de ambas orillas. Estas ayudas han de ser ofrecidas con generosidad, pero también con seriedad y control. No pueden ser impuestas, sino consecuencia de una petición de acompañamiento, fruto del diálogo sincero, en el que se respeten los contenidos y las velocidades de las reformas, sin ningún tipo de injerencia. En definitiva, una política europea más flexible de cooperación, adaptada a las necesidades de cada país, con diferente intensidad en función de la rapidez y el calado de los cambios democráticos emprendidos.
La Comisión Europea ha sido consciente de ello y ha reaccionado con prontitud, lanzando en marzo de 2011 una ambiciosa propuesta de Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con los países del Mediterráneo Meridional. Esta nueva Asociación incorpora una serie de acciones para apoyar el proceso transicional en la región, con una estrategia asimétrica orientada a una cooperación selectiva con los vecinos del sur, según el estado de avance y la intensidad de sus reformas políticas y económicas. Son medidas que responden al principio “más por más”. Justamente, el primer pilar en que se apoya este programa, consiste en prestar una ayuda a los países que lo demanden, orientada a la transformación democrática y la capacitación institucional, centrada especialmente en los derechos humanos, las reformas constitucionales y judiciales y la lucha contra la corrupción, lo que entronca directamente con la Justicia.
Es, por tanto, el momento propicio para reorientar selectivamente la política europea de cooperación con aquellos vecinos del Sur que tengan voluntad real de iniciar el camino hacia la democracia. La UE ha actuado con reflejos y sentido de la responsabilidad al ofrecerse para apoyar los cambios y acompañar en ese proceso de transición a quienes lo soliciten. Comienza ahora el difícil trabajo de desarrollar este programa europeo para la estabilidad en el Mediterráneo, el cual requiere un marco operativo muy flexible que permita utilizar instrumentos específicos, adaptados a las demandas y necesidades concretas de cada uno de los países de la ribera sur del Mediterráneo y basado en el respeto del modelo que cada uno haya elegido. La envergadura económica de este reto podría justificar que se retomara la idea de crear un Banco Mediterráneo para el Desarrollo que facilitara la necesaria financiación.
La transición democrática debe guiarse hacia la consolidación de un Poder Judicial fuerte que ejerza sus funciones con independencia, transparencia y eficacia. No es posible una democracia sin Justicia, ya que esta última forma parte indisociable del sistema democrático y es un pilar imprescindible para su constitución, consolidación y mantenimiento. También es un indicador importante para medir la dignidad de un país, pues una verdadera Justicia debe velar por el respecto de los derechos del individuo y garantizar la igualdad de todos ante la ley, poniendo freno a los abusos, la corrupción, la discriminación y los privilegios de los poderosos. La base de las reclamaciones ciudadanas en Marruecos y en los países de la región es la Justicia, pues se exige el respeto a la dignidad, los derechos humanos y las libertades; en definitiva, una sociedad más justa e igualitaria.
La Justicia es pieza clave de la arquitectura democrática, entre otras razones, porque:
- Garantiza la aplicación igualitaria de la ley y el ejercicio de los derechos y libertades cívicas.
- Ejerce una labor imprescindible de control de los poderes legislativo y ejecutivo, al verificar que su actuación se ajusta a lo previsto en la ley.
- Su actuación es necesaria para asegurar la moralización de la actividad pública y luchar eficazmente contra la corrupción, el abuso de poder, los privilegios y las desigualdades, velando por el riguroso cumplimiento de las leyes.
- Es un pilar esencial para la buena gobernanza y para la salvaguarda y amparo efectivo de los derechos humanos.
- Vela por la protección del sistema democrático, contribuyendo a la confianza del ciudadano en el mismo y reforzando a su vez la seguridad jurídica necesaria para el fomento de la inversión y el progreso económico.
- La existencia de un sistema judicial independiente, eficiente y accesible es requisito primordial para el desarrollo económico y social de un país.
La consolidación de un poder judicial fuerte e independiente es un objetivo complejo, que requiere una voluntad política firme y muchos medios técnicos y materiales. Se trata de una misión de envergadura, prolongada en el tiempo y necesitada de una adecuada planificación estratégica, pero que constituye también un desafío ilusionante y plenamente viable, como lo demuestra la reciente historia europea.
Creo que una actuación de esta dificultad y dimensión global solo puede ser abordada con eficacia por la UE, que suma a su fuerza de actor global, la de los países que la integran. Se necesita una estrategia clara y flexible para esta nueva etapa que se inicia en las relaciones entre Europa en su conjunto y el vecindario del Sur, que únicamente puede ser diseñada y desarrollada con coherencia y suficiencia de recursos por la propia UE. No debe obviarse también que las reformas en marcha van a requerir una importante asistencia técnica europea, pues la dirección que habrá de seguir el desarrollo legislativo del nuevo sistema democrático de los países del sur, estará orientada a la confluencia con el acervo normativo comunitario.
La UE debería liderar este proceso, sin perjuicio de la coordinación y complementación necesarias con otras cooperaciones bilaterales o con organismos e instituciones internacionales. No en vano, Europa es el espejo en que se miran los jóvenes protagonistas de la llamada “primavera árabe” y hacia donde se dirigen las reformas de modernidad que reclaman para aproximarse al mundo occidental. Europa ha de asumir su obligación ética de ayudar a los países del arco Mediterráneo en esta etapa crucial de la historia. El bienestar y el progreso de la región es vital para la estabilidad, la convivencia y los intereses recíprocos y solo puede alcanzarse con Justicia y democracia.
La colaboración específica con Marruecos por parte de Francia y España en el seno de la UE puede resultar también muy útil, ya que mantienen unas intensas relaciones de cooperación, así como una gran presencia, experiencia, interlocución y capacidad de influencia en el sector de la Justicia. Son los países europeos, junto con Bélgica, que han intercambiado magistrados de enlace para mejorar la cooperación judicial bilateral. Podían convertirse en la “locomotora” que, bajo el paraguas de la UE, guiara adecuadamente la ayuda europea en el proceso de transición marroquí y éste a su vez podría ser tomado como modelo por otros Estados de la región.
Algunas propuestas
Algunas ideas sobre las grandes líneas de cooperación entre la UE y Marruecos en el sector de la Justicia, podrían ser las siguientes.
El punto de partida ha de ser la inequívoca voluntad política de realizar reformas estructurales para el asentamiento de un sistema democrático, plasmada en una profunda modificación de la Constitución, en la que se consagre la división real de poderes y se garantice la independencia efectiva del Poder Judicial.
En segundo lugar, tendría que producirse un ofrecimiento sincero de ayuda por parte de la UE para acompañar a Marruecos en el proceso de cambio que haya decidido libremente emprender y su consiguiente aceptación, lo que daría paso a una negociación sobre los términos de la colaboración y a la ulterior elaboración conjunta de un plan de acción minucioso, con un calendario de actuaciones. Sobre esa hoja de ruta se podría formular un programa específico de cooperación, con el detalle de las acciones concretas a llevar a cabo y su correspondiente dotación presupuestaria. Esa actuación debería llevarse a cabo buscando la coherencia, coordinación y complementariedad con otros donantes de la cooperación. El contexto de la colaboración es la transición democrática. El marco jurídico estaría constituido por el Estatuto Avanzado y el instrumento por la nueva propuesta de Asociación con los países del Mediterráneo meridional, sin perjuicio del papel complementario que pudiera asumir la Unión para el Mediterráneo.
Las ayudas habrían de centrarse en aspectos más estructurales que materiales, comenzando por una amplia asistencia técnica para el desarrollo legislativo emanado de la nueva Constitución, en lo relativo a la Justicia, que debería abocar a la configuración de un órgano de Gobierno del Poder Judicial y a un estatuto del Ministerio Público, que regulen sus competencias y garanticen su imparcialidad, inamovilidad e independencia, vetando cualquier injerencia del poder político y asegurando también la autarquía económica.
La moralización de la Justicia es también una de las tareas más urgentes. Deberían aprobarse normas para asegurar la transparencia y sancionar eficazmente la corrupción de los funcionarios de la Administración de Justicia. Habría que profundizar en el control efectivo del desempeño de la función jurisdiccional, mediante un sistema eficaz de recursos procesales y una regulación precisa de la responsabilidad disciplinaria, que deberá estar encomendada al órgano de gobierno de los jueces, los cuales deberían percibir unas retribuciones suficientes para tener independencia económica y evitar las corruptelas.
Serían también necesarias actuaciones para facilitar el acceso igualitario a la Justicia de los ciudadanos y en especial de las personas sin recursos económicos, debiendo procurarse obligatoriamente la designación de un abogado defensor de oficio en el proceso penal y mejorar el sistema de asistencia jurídica gratuita.
Habría que asegurar la igualdad de derechos políticos, la protección de los derechos humanos y las libertades públicas para todas las personas sin distinción de raza, género, origen étnico, religión o lengua. En este sentido, la mujer sigue padeciendo una situación de discriminación en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, haciéndose necesarias medidas que garanticen la efectiva equidad de género y los derechos de la mujer.
Un aspecto importante es igualmente la formación específica para educar a los jueces y fiscales en los valores democráticos, debiéndose eliminar la dependencia del Instituto Superior de la Magistratura del Ministerio de Justicia. La formación de magistrados debería prestar especial atención a la preferente aplicación de los derechos humanos, al deber de moralidad, la importancia de su función, la imparcialidad y la garantía de su independencia.
A estas propuestas podrían sumarse otras de carácter y material y funcional, como el aumento de la planta judicial, la mejora de las infraestructuras, las reformas procesales para la simplificación de trámites, programas de modernización y uso de nuevas tecnologías, entre otras muchas.
Conclusión: Marruecos es un país que ha dado un paso importante hacia la democracia. No hay democracia sin Justicia. Una actuación de la UE en este sector tendría un gran impacto positivo, que podría servir de modelo para otros países de la región. El estatuto avanzado que posee Marruecos es lo primero que han reclamado Túnez y Egipto.
Marruecos tiene unas características de desarrollo institucional y unos lazos privilegiados con Europa que posibilitan la buena interlocución y un acompañamiento eficaz en su proceso de transición democrática. Para ello resulta imprescindible que exista una voluntad política sincera e inequívoca de llevar a cabo las reformas prometidas. Está en juego la propia credibilidad del monarca, que goza de un amplio apoyo popular y no puede permitirse defraudar la confianza depositada en él por la ciudadanía para instaurar un modelo original de desarrollo, justicia y democracia, que podría ser pionero en el mundo árabe.
Es el momento de pasar del realismo de la realpolitik al idealismo de una cooperación franca y abierta con el vecindario del sur. La UE debería liderar un compromiso de ayuda moral y material para que Marruecos y los demás países del arco mediterráneo puedan lograr el fin deseado por sus ciudadanos: conseguir el régimen de derechos, libertades y la equidad socioeconómica de la que disfrutamos los europeos y que tanto esfuerzo ha costado. Es urgente que en estos países primen los intereses generales sobre los particulares, que la gente, sobre todo la más joven, recupere la ilusión, la dignidad, crea en su país y trabaje para construir una sociedad mejor y más igualitaria, que se alcance en definitiva una mayor justicia social.
Para lograr esos objetivos es preciso contar con una Justicia independiente, transparente, honesta y dotada de autarquía funcional y económica. Los ciudadanos necesitan confiar en un sistema judicial fuerte, accesible y eficiente que aplique y haga cumplir la ley, que no haga depender la solución de los conflictos de las situaciones de predominio social o económico. Ahora es el momento de realizar las verdaderas reformas estructurales que demandan los justiciables, las cuales tienen que emanar de una nueva Constitución en la que se instituya un poder Judicial que goce de autonomía y credibilidad y han de llevarse a cabo tras la apertura de un debate participativo que genere el necesario consenso social.
Europa no debería desperdiciar esta oportunidad y Marruecos tampoco. La UE está mejor situada y más capacitada que cualquier otro actor internacional para prestar la ayuda que en estos momentos necesitan los países del Mediterráneo meridional. Hay intereses comunes, mucho que aportar y enormes posibilidades de cooperación, gracias a la experiencia que tienen algunos países europeos y la UE como institución. Esa suma confiere una doble fortaleza, siendo primordial la colaboración de España y Francia en este ámbito, en el seno de la UE, actuando como impulsores de esta iniciativa con Marruecos. Se trata de coordinar bien las estrategias de cooperación y actuar con decisión en este momento crucial de la historia. Una estabilidad duradera en el Magreb y en el Mediterráneo pasa por la creación de un espacio que, respetando las diferencias, comparta los valores comunes de la democracia, la justicia y los derechos humanos.
Ángel Llorente
Primer magistrado de enlace en Marruecos entre 2005 y 2010 y director del proyecto “ADL” de Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia de Marruecos