Tema
En España coexiste una alta inmigración con altas tasas de paro y un crecimiento insuficiente del PIB per cápita.
Resumen
La población española ha crecido en lo que va de siglo en ocho millones de personas, un 20% sobre su población inicial de 40 millones, el doble del aumento experimentado en el mismo periodo por los demás países que formaban parte de la Unión Europea (UE) en el año 2000. Todo ese crecimiento es debido a la inmigración, puesto que la natalidad sigue disminuyendo y es ya menor que la mortalidad. A la vez, entre 2000 y 2022 la distancia entre el PIB per cápita español y el del resto de los países de la UE-15 ha aumentado, un resultado de la baja productividad de la economía española. La concentración de los inmigrantes en puestos de baja cualificación y bajos salarios, junto con su menor tasa de ocupación, provocan un aumento de la desigualdad y la pobreza en nuestro país.
Análisis
La inmigración es el fenómeno que de forma más radical ha transformado a la sociedad española en lo que va de siglo, con influencia en prácticamente todas las esferas relevantes, empezando por el núcleo de cualquier sociedad, su tamaño, composición y evolución, es decir, su demografía. Pero la inmigración afecta a muchos otros ámbitos en el terreno social, económico y político: el mercado de trabajo, el estado de bienestar, el sistema de pensiones, la desigualdad, la pobreza, la productividad, la riqueza del país, el mercado de la vivienda, la política exterior, el sistema de partidos, el cambio cultural…
En muy pocos años España ha pasado de ser un país sin inmigrantes a uno de los de más alta inmigración en la UE, con la diferencia extra de que el proceso que se inició hace unos 65 años en los países del centro de Europa (Francia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania…. que comenzaron a recibir inmigración en grandes números en los años 60) se ha producido en España de un modo mucho más concentrado, en apenas 25 años. En la actualidad, España tiene niveles de población inmigrante semejantes a Alemania o Bélgica, superiores a Dinamarca, los Países Bajos, Francia e Italia.
En concreto, la población inmigrante en España supone ya el 18% de la total, pero su peso es mucho mayor entre la población en edad activa: por cada 100 españoles autóctonos (nacidos en España) en las edades de mayor actividad laboral (de 25 a 49 años) hay 38 inmigrantes en esos mismos grupos de edad. Numerosas fuentes presentan cifras mucho menores porque identifican como inmigrantes sólo a los “extranjeros”, es decir, a los que no tienen la nacionalidad española. Pero una buena parte de los inmigrantes llegados a España en años anteriores han logrado ya la nacionalidad española, que resulta fácil y rápidamente accesible para los inmigrantes latinoamericanos (el grueso de la inmigración en España). El inmigrante que accede a la nacionalidad española obtiene derechos de los que carecía previamente (como la libertad de entrar y salir del país sin restricciones o el voto en todo tipo de elecciones) pero analíticamente debe seguir siendo considerado un inmigrante según la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (División de Población de las Naciones Unidas): una persona que vive en un país diferente a ése en el que nació. En la actualidad, el Instituto Nacional de Estadística (INE) identifica a 2.500.000 personas nacidas en el extranjero que residen en España y tienen nacionalidad española (Padrón 2022).
La población española ha crecido en ocho millones de personas desde el año 2000, un crecimiento completamente debido a la llegada de inmigrantes, con un saldo migratorio muy superior al experimentado por nuestros socios comunitarios. A comienzos de siglo, en el año 2000, la población de la UE (entonces de 14 países, si excluimos a España), era de 334 millones de personas. En 2023, esos mismos 14 países habían aumentado su población en un 10%, hasta llegar a los 368 millones, mientras que España lo había hecho en un 20%, duplicando por tanto el ritmo del resto. Desde que se levantaron las restricciones a la movilidad establecidas durante la pandemia del COVID-19, el aumento del número de inmigrantes en el país es de más de 600.000 anuales, superando así el ritmo de entradas de fases anteriores. Desde enero de 2022 hasta octubre de 2023, las cifras más recientes del INE arrojan un aumento de 1.035.000 personas nacidas en el extranjero residiendo en España.
Mientras tanto, la natalidad ha seguido disminuyendo a lo largo de todo este periodo y el número de fallecidos al año es ya mayor que el de nacidos, produciendo por tanto un crecimiento vegetativo negativo.
A diferencia de países que han establecido políticas de inmigración selectivas, España, en lo que va de siglo, ha seguido una vía de liberalización tácita que ha permitido la llegada anual de cientos de miles de inmigrantes, gran parte de los cuales han permanecido años irregularmente para luego legalizar su situación a través de los canales de regularización ordinaria o extraordinaria. Esta liberalización informal, no declarada pero efectiva, ha beneficiado especialmente a los procedentes de países latinoamericanos, en su mayoría exentos de la solicitud de visado.
La mayor parte de la inmigración recibida por España –excluyendo a la procedente de países europeos con PIB per cápita semejante o superior al español– tiene, como media, un nivel bajo o medio de cualificación, especialmente bajo en el caso de la migración procedente de África, y ha encontrado su hueco ocupacional básicamente en el sector de los servicios (comercio, hostelería, distribución, transporte, servicios a las personas…) con porcentajes menores ocupados en la construcción y la agricultura. La disponibilidad de este nuevo aporte de población en edad activa alimentó en su momento la burbuja inmobiliaria, que habría sido imposible sin la existencia de este volumen extra de mano de obra, y alimenta ahora una economía basada en los servicios.
En el mismo periodo en que se ha producido este gran crecimiento poblacional, entre 2000 y 2022, el PIB per cápita español aumentó en 12.300 euros, el francés lo hizo en 14.300, el alemán en 20.400, el belga en 22.400 y el de los Países Bajos en 30.800. La distancia de España con los países más ricos del área euro ha aumentado y el PIB per cápita español sigue por debajo del de todos los países que ya formaban parte de la UE (entonces Comunidad Europea, CE) cuando se incorporó a ella en 1986. La baja productividad de la economía española es señalada a menudo como uno de sus más importantes problemas estructurales, mientras que esa disponibilidad de una abundante oferta de población de calificación media-baja incentiva la inversión en servicios de bajo valor añadido.
La participación de los inmigrantes en la industria –el sector económico más productivo– es muy pequeña (excluyendo la construcción y las industrias agroalimentarias, como las cárnicas) y lo mismo ocurre con los servicios de mayor cualificación (como la banca o la investigación). En conjunto, los inmigrantes se mantienen en la economía española en sectores de menor productividad, que ofrecen peores condiciones laborales y menores salarios. Como señala el informe sobre la Integración de la Población Extranjera en el Mercado Laboral Español (Mahía y Medina, 2022), los ingresos salariales medios de los extranjeros procedentes de América –básicamente latinoamericanos– son un 37% más bajos que los de los españoles, un 34% en el caso de los africanos y un 17% en el de los europeos. Las diferencias son mayores en el caso de las mujeres extranjeras.
Por otra parte, como constata ese mismo informe, los inmigrantes tienen menores tasas de ocupación que los autóctonos –cuando se comparan los grupos de edad centrales de actividad, de 25 a 64 años–, y por tanto mayores tasas de paro. En concreto, la Encuesta de Población Activa (INE) más reciente (4º trimestre de 2023) señala un 15% de tasa de desempleo para los inmigrantes varones extracomunitarios, frente a un 10% para los españoles y un 11% para los comunitarios. Las diferencias son mucho mayores en el caso de las mujeres (tasas de paro del 22% para las extracomunitarias, 12% para las españolas y 17% para las comunitarias).[1]
La combinación de una menor ocupación y del mantenimiento de los ocupados en puestos de bajos salarios se traduce en un volumen muy importante de población inmigrante situada en “riesgo de pobreza” o incluso en “privación material”. El 53% de los extranjeros residentes en España y procedentes de países no-UE se encontraban en riesgo de pobreza en el año 2022, frente al 16% de los españoles, según la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Los porcentajes de extranjeros no-UE en situación de “privación material” eran mucho mayores que los referidos a los españoles, con casi dos tercios de estos inmigrantes en situación de no poder afrontar un gasto imprevisto.[2] Aunque no se publican estadísticas que recojan el origen de los beneficiarios de las ayudas públicas (estatales, autonómicas o locales) o privadas (Cáritas, Cruz Roja, Bancos de alimentos, comedores gratuitos…) destinadas específicamente a los situados en condiciones de pobreza, es evidente que los inmigrantes se encuentra más a menudo en esas condiciones.
Figura 2. Porcentaje de la población en riesgo de pobreza (mayores de 16 años)
La desigualdad que reflejan esos datos hace que España encabece, junto con Italia, el ranking de desigualdad de los países occidentales (UE-15) con un índice de Gini de 34,9. En el conjunto de la UE el índice de Gini se encuentra entre los 23,2 puntos de Eslovaquia y los 40,5 de Bulgaria.
Aunque la tasa de ocupación de los inmigrantes es inferior a la de los autóctonos, la inmensa mayoría del empleo nuevo creado en el sector privado en los últimos años está siendo ocupada por inmigrantes.[4] Ambos fenómenos son compatibles dado el elevado número de entradas anuales de nuevos inmigrantes, un número suficiente para alimentar a la vez el nuevo empleo y el paro. Como señala Josep Oliver, economista experto en mercado de trabajo e inmigración, “entre el 70 y el 89% de la nueva ocupación en España y el 100% en Cataluña, está cubierta por inmigrantes” y advierte “si no se hace bien tendremos problemas sociales como el de Ripoll porque se está presionando a la baja el mercado laboral”. [5] Los observadores del mercado de trabajo llaman la atención también sobre el bajo valor añadido y los bajos salarios de los nuevos puestos de trabajo que están creándose en los últimos años.
El medio/bajo nivel de cualificación de buena parte de la inmigración que recibe España tiene una peligrosa tendencia a cronificarse a la vista de los resultados educativos de las llamadas “segundas generaciones” de inmigrantes, que presentan tasas de abandono escolar mucho más altas que las de los autóctonos, lo que condena a muchos de estos adolescentes a un futuro de desempleo, y/o a trabajos mal pagados y precariedad laboral. En conjunto un tercio, 33%, de los alumnos nacidos fuera de España, abandonan sus estudios al acabar la etapa obligatoria a los 16 años, frente al 16% de los autóctonos. El abandono es mucho mayor entre los inmigrantes varones que entre las mujeres y especialmente alto en inmigrantes de algunos orígenes.[6]
España no ha invertido lo suficiente en reforzar la enseñanza primaria y media para contrarrestar la desigualdad de base con la que muchos de los hijos de los inmigrantes llegan a la escuela –padres con menor nivel educativo, sin tiempo o capacidad para ayudar a sus hijos, sin acceso económico a las clases particulares que ayudan a muchos alumnos autóctonos, etc.–. Los resultados de las últimas pruebas PISA, realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestran que los alumnos de origen inmigrante en España obtienen de media 32,5 puntos menos en matemáticas que los autóctonos, lo que equivale a un retraso de un curso y medio, aproximadamente. Estos son datos medios, que no reflejan la gran diferencia entre alumnos inmigrantes en función del origen nacional de sus padres (los datos agrupan a alumnos de origen chino, francés, inglés, ecuatoriano, rumano, marroquí, venezolano…). Este menor éxito educativo supone una fuerte amenaza a la integración laboral, y por tanto social, de una parte relevante de las “segundas generaciones”, un segmento que encontrará frustradas sus aspiraciones a condiciones de vida semejantes a las de sus coetáneos autóctonos. A su vez, esta predecible frustración supone un riesgo para la estabilidad política y social, en un clima de creciente polarización de la opinión pública respecto a la inmigración.
Conclusiones: algunas reflexiones
La liberalización tácita de la inmigración que han practicado los sucesivos gobiernos españoles –de cualquier signo político– desde inicios de siglo ha facilitado un fuerte aumento de la población inmigrante, que ha crecido a un ritmo extraordinario en comparación con el de los demás países europeos. El aumento de un 20% de la población total no ha venido acompañado de un acercamiento al PIB per cápita de nuestros socios europeos occidentales, porque la mayor parte de esa nueva población se ha ocupado en sectores de baja productividad y porque su tasa de ocupación es inferior a la de los autóctonos.
Mientras tanto, no se ha producido en España un debate sobre qué tipo de inmigración debería atraer el país, ni sobre cómo afrontar los problemas relacionados con la alta tasa de abandono escolar de las segundas generaciones y la amenaza que esto supone para el futuro o sobre el impacto en el sistema sanitario, sobre cómo afecta al sistema de pensiones un crecimiento del empleo basado en bajos salarios –y por tanto bajas cotizaciones–, sobre los problemas políticos que puede causar el aumento de la desigualdad y la pobreza, o sobre cómo debemos interpretar la tasa de paro de los autóctonos a la luz de los datos sobre el crecimiento del empleo inmigrante. En conjunto, falta una reflexión sobre la relación entre la inmigración y el modelo económico y social deseado para el país.
El debate migratorio está secuestrado por cuestiones laterales, más visibles en los medios de comunicación, como el reparto de los llegados por vía marítima y específicamente de los Menores No Acompañados (“MENA”) y, en general, por todo lo relacionado con la inmigración irregular. Sin embargo, la inmigración que llega con un visado de turista o estudiante, o sin necesidad de visado, es más relevante en términos de volumen y de impacto a largo plazo sobre la sociedad y la economía española y merece que se le preste mucha más atención.
[1] Estos datos incluyen como españolas a las personas de doble nacionalidad (básicamente latinoamericanos que ya han accedido a la nacionalidad española).
[2] Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, del 2022, los más reciente, reflejan datos referidos al año anterior (2021), es decir, cuando aún España no había recuperado el nivel de empleo anterior a la pandemia del COVID-19. Hay que suponer, por tanto, que los datos actuales recogerían menores tasas de pobreza tanto para inmigrantes como para autóctonos, pero la diferencia interna entre ambos grupos sería probablemente semejante. Por otra parte, la Encuesta no distingue entre inmigrantes y autóctonos, sino entre extranjeros y españoles, lo que reduce las diferencias entre ambos grupos.
[3] La “población en riesgo de pobreza” es aquella cuyos ingresos anuales están por debajo del 60% de la mediana del total nacional. Por tanto, pese a su nombre, es más una medida de desigualdad que de pobreza.
[4] Sobre esto puede verse: https://www.lavanguardia.com/economia/20230717/9113687/mayoria-nuevo-empleo-creado-espana-cubre-inmigrantes.html. El artículo presenta el dato de que el 95% de los nuevos puestos de trabajo creados entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023 habían sido ocupados por inmigrantes. También, https://cincodias.elpais.com/economia/2023-07-11/los-trabajadores-extranjeros-copan-el-77-del-empleo-creado-en-el-ultimo-ano.html. La presencia de inmigrantes en el empleo público es aún minoritaria porque sus normas de acceso son restrictivas en función de la nacionalidad.
[5] En Ripoll (municipio de Girona), gobierna un partido, Aliança Catalana, que combina el independentismo catalán con el discurso anti-inmigración e islamófobo.
[6] Carrasco S., Pamiés J. y Narciso L. (2028), “Abandono escolar prematuro y alumnado de origen extranjero en España. ¿Un problema invisible?”, Anuario CIDOB de la Inmigración.
