Tema
España ha sido hasta ahora un caso de éxito en el control de fronteras y en la integración de los inmigrantes, a pesar de ser uno de los países europeos con mayor volumen de inmigración en las últimas décadas. Hay, sin embargo, algunos riesgos que es necesario abordar de cara al futuro: el repunte de inmigración, la integración de los inmigrantes de segunda y tercera generación, el espectacular aumento de las peticiones de asilo, los intentos de comunitarización de esta política y la cuestión de los menores no acompañados. En este contexto, es preciso redefinir la política migratoria.
Resumen
España vivió con el cambio de siglo una etapa de fuerte crecimiento de la inmigración. Así, en apenas una década pasó de tener un millón de inmigrantes a superar los seis millones censados. La fuerte crisis económica sufrida desde 2008 ralentizó en buena medida la llegada de inmigrantes provocando incluso saldos migratorios negativos. Sin embargo, en los últimos tres años la recuperación económica ha provocado un repunte de la llegada de inmigrantes y de peticionarios de asilo.1
La gran mayoría de inmigrantes accedieron a España país por vías legales y posteriormente se convirtieron en inmigrantes irregulares cuando prolongaron sus tiempos de estancia más allá de lo legalmente permitido. No obstante, hay también un flujo constante de inmigración irregular procedente de África que accede de forma ilegal ya sea por vía marítima o a través de las fronteras de Ceuta y Melilla.
La inmigración se ha convertido hoy en una cuestión esencial en la agenda política europea. España fue ajena sorprendentemente a la crisis migratoria sufrida por la UE en los años 2014 y 2015, cuando millones de refugiados e inmigrantes económicos cruzaron ilegalmente sus fronteras, en busca de asilo o simplemente de mejores condiciones económicas. La cifra de inmigrantes que accedieron en esos años a territorio comunitario a través de España apenas superó el 1%. La preferencia por otros países europeos, la eficacia de las fuerzas de seguridad españolas y una excelente cooperación con Marruecos y otros países africanos permitió que los flujos tanto de refugiados como de inmigrantes económicos se dirigieran hacía el Mediterráneo Central y Oriental, alejadas de nuestras costas.2
Sin embargo, en 2018 se produjo un fuerte incremento de la inmigración irregular, convirtiéndose de nuevo España en la principal vía de entrada de la inmigración irregular en Europa. El progresivo cierre de las rutas en el Mediterráneo Oriental y Central y algunos errores cometidos por el nuevo Gobierno socialista3 provocaron que España volviera a convertirse en un foco de atracción para la inmigración ilegal. Afortunadamente, en 2019 esos flujos se han reducido, aunque la previsión es que la presión migratoria sobre nuestro país se mantenga o se incremente en los próximos años. Hacer frente a este desafío exige una política renovada, más proactiva, coherente y eficaz.
Análisis
La inmigración en España es un fenómeno relativamente reciente. Hasta finales del siglo pasado la población extranjera apenas llegaba al millón y en su mayoría eran ciudadanos europeos. Con el cambio de siglo se produjo un “boom migratorio” con la llegada de más de cinco millones de inmigrantes en apenas una década. En el momento actual hay en España más de 6,5 millones de inmigrantes,4 lo que supone un 14% de la población. Un 30% de esa población inmigrante son ciudadanos de la UE, otro tercio son inmigrantes procedentes de Iberoamérica y el tercio restante proceden de países africanos, muy mayoritariamente marroquíes, y de otros países asiáticos y europeos.
Una proporción importante de estos inmigrantes se han nacionalizado españoles. Así, en la última década más de un millón de inmigrantes adquirieron la nacionalidad. El 78% de estos nuevos españoles tienen origen iberoamericano. Los peticionarios de asilo se han disparado también en los últimos años, desde las 3.000 peticiones registradas en 2009 hasta las más de 95.000 en el año en curso. Esta nueva realidad ha desbordado totalmente nuestra capacidad de acogida y requiere ajustes estructurales y presupuestarios urgentes.
Los nacionales extracomunitarios con permiso de residencia ascienden a 2,2 millones, mientras que los empadronados alcanzan casi los 3 millones.5 Esto significa que habría cerca de un millón de inmigrantes de fuera de la UE residiendo en España que no estarían regularizados. Sin embargo, las discrepancias entre censo y permisos de residencia deben ser tratadas con prudencia. Según EUROSTAT un total de 579.000 nacionales de terceros países fueron detectados en situación ilegal en la última década. La realidad es que no es posible conocer con exactitud el número de inmigrantes irregulares que viven en España.
Una parte importante de los millones de inmigrantes procedentes de terceros países que llegaron a España en los últimos años de forma irregular entraron en el país de forma legal, pero prolongaron su estancia en España más allá del tiempo autorizado, incurriendo en una situación irregular. El número de los que llegaron de forma ilegal por vía marítima, las famosas pateras que llegan a la costa Mediterránea o los cayucos que logran alcanzar las Islas Canarias, ascienden en realidad a menos de 300.000 desde 1999. En las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla el número de inmigrantes interceptados en los 10 últimos años alcanza los 50.000. Pero la gran mayoría de ese flujo migratorio recibido por España lo hizo por vía aérea y en la mayoría de los casos cruzaron la frontera –como hemos señalado– de forma legal. Entre 2009 y 2017 se concedieron un total de casi 5 millones de permisos de residencia para nacionales extracomunitarios, muchos de ellos a inmigrantes en situación ilegal o en procedimientos de regularización.
En los años 2015 y 2016 se produjo en el conjunto de la UE una grave crisis migratoria con la llegada de más de 2,3 millones de inmigrantes en situación irregular.6 Una parte significativa eran personas huidas de la guerra en Siria e Irak que buscaban asilo en Europa, pero había también un gran número de inmigrantes económicos procedentes mayoritariamente de países africanos. Las rutas de quienes escapaban de la guerra se concentraban en el Mediterráneo Oriental y de forma especial en las islas griegas. Por su parte, la mayor parte de los africanos accedían a las costas italianas a través del Mediterráneo Central aprovechando el caos existente en Libia.
En plena crisis migratoria la llegada de inmigrantes irregulares a España fue de tan solo 30.850 en esos dos años. Esta cifra representa poco más de 1% del total de inmigrantes irregulares que llegaron a Europa. ¿Cómo es posible que España, situada en la frontera sur de la UE, con frontera terrestre con África y que tradicionalmente había sido una de las principales vías de entrada de inmigración en Europa permaneciera ajena a la grave crisis migratoria vivida en la Unión?
La respuesta no es única. En primer lugar, es evidente que la mayor proximidad de las fronteras del Este de Europa a los escenarios de conflicto hacía que gran parte de esos flujos se canalizaran hacia los países más próximos a la frontera turca y la ruta de los Balcanes. Por otro lado, El atractivo de los beneficios sociales y las posibilidades de permanencia que otros países miembros ofrecen a los solicitantes de asilo, unido a las nutridas diásporas asentadas en ellos (sirios, iraquíes y afganos, entre otros) actuaron como claros elementos de atracción. No obstante, hay algunos factores propios que tuvieron también relevancia para que España fuera ajena a la enorme presión que existió en otros muchos países europeos.
En primer lugar, hay que destacar la eficacia de España en la vigilancia de sus fronteras y en el control de los flujos migratorios. Por un lado, la Guardia Civil se ha dotado de un potente Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) para el control de las fronteras marítimas.7 Por otro, la Policía Nacional ha desarrollado también un sistema de Fronteras Inteligentes para el control de personas en los puntos habilitados que permite la identificación de quienes crucen nuestra frontera, la detección de documentos falsos y la explotación de esas bases de datos para garantizar la seguridad.8 Esta eficacia policial se traduce en que los rechazos en frontera en España asciendan en 2018 a más de 230.000, lo que supone prácticamente la mitad de los rechazados en fronteras exteriores por los 28 Estados miembros de la UE.
Un avance fundamental para mejorar la seguridad de nuestras fronteras ha sido la aprobación por la UE del Entry Exit System para registrar electrónicamente cuando un nacional de un tercer Estado entra en el UE, cuando sale y computar automáticamente si su estancia ha superado o no el límite autorizado y el ETIAS, autorización electrónica que necesitarán los viajeros nacionales de países para los que no se exige visado de entrada en la UE similar a los que ya existen en Canadá o EEUU.
Más dificultades encontramos para la expulsión de los inmigrantes irregulares identificados como consecuencia de la complejidad del proceso administrativo y la falta de colaboración de algunos países terceros. Así, las expulsiones se redujeron a menos de la mitad en la última década y apenas representan un 15% de los inmigrantes irregulares identificados en 2018. La media europea de eficacia en la expulsión de inmigrantes irregulares detectados es casi el doble que la española. En todo caso, un dato significativo es que casi la mitad de estas expulsiones en España son “cualificadas”, es decir, de inmigrantes en situación irregular con algún tipo de antecedente delictivo.
Por último, hay que destacar la gran actividad investigadora llevada a cabo por nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para la desarticulación de las tramas dedicadas a la inmigración ilegal y la trata de seres humanos para la explotación sexual o laboral. A falta de datos más actualizados, sólo la Policía Nacional realizó entre 2012 y 2015 más de 1.200 operaciones contra redes de inmigración ilegal con un total de más de 3.000 detenidos. Incluyendo las operaciones contra la trata de seres humanos y falsificación de documentos, el total de investigaciones supera las 11.000, con 25.000 detenidos, lo que da idea del esfuerzo realizado.
Un segundo factor que resulta decisivo en el control de la inmigración irregular es la cooperación con los países de origen y tránsito de estos flujos de inmigración irregular. En el caso de España resulta especialmente decisiva la intensa cooperación mantenida con Marruecos, pero es importante también la cooperación lograda con Argelia, Mauritania, Senegal, Níger y otros países africanos.
Especialmente vital para el caso de España es la cooperación con las fuerzas de seguridad y las autoridades de Marruecos. Esta cooperación se sustenta en un conjunto de instrumentos normativos como el Acuerdo relativo a la circulación de personas en tránsito y la readmisión de extranjeros de 1992, el Acuerdo de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados hecho en 2000, o el Acuerdo bilateral de Cooperación Policial Trasfronteriza de 2010. Otros instrumentos relevantes son el Memorando para el intercambio de oficiales de enlace en aeropuertos y el Acuerdo de creación de Equipos Conjuntos de Análisis y Cooperación Policial en materia de migración.
Todo estos acuerdos se traducen en instrumentos operativos como los centros de Cooperación Policial creados en Algeciras y Tánger en 2012 –a los que posteriormente se han incorporado enlaces de Francia y Portugal–, los equipos conjuntos en materia de investigación criminal y migración irregular entre unidades policiales especializadas de Policía Nacional y unidades policiales del país vecino o las patrullas mixtas efectuadas por la Guardia Civil y unidades marroquíes de control fronterizo, tanto marítimas como terrestres y aéreas.
El eficaz control de las fronteras del país vecino está impidiendo la salida tanto de sus nacionales como de inmigrantes que se encuentran en su país hacia las costas españolas.9 Una cooperación que resulta muy intensa también en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, donde la labor ejercida por las fuerzas marroquíes es fundamental para prevenir asaltos masivos cada vez más violentos a las vallas fronterizas de ambas ciudades. Como compensación, el Gobierno español acordó este año una ayuda de más de 32 millones de euros como contribución al despliegue. Por su parte, la UE ha aprobado a su vez una financiación de 140 millones de euros con este mismo fin. El resultado de esta intensa cooperación es que las autoridades marroquíes impidieron sólo en 2019 más de 40.000 intentos de migración ilegal hacia España y que en los dos últimos años fueron desarticuladas 15 redes de tráfico de personas y detenidos 155 delincuentes dedicados a este tráfico.10
Junto a esta colaboración con Marruecos, es necesario resaltar el despliegue de equipos conjuntos y de medios aéreos y navales con Mauritania y Senegal, puesto en marcha tras la denominada “crisis de los cayucos” y que ha permitido neutralizar la salida de miles de embarcaciones desde las costas del Este de África hacia el archipiélago.
En Mauritania, país clave en la ruta hacia Canarias, existe un despliegue permanente de integrantes de las FCSE españolas en la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de personas, como el Equipo de Cooperación Internacional Hispano-Mauritano de investigación de redes de inmigración irregular del Centro de Cooperación Policial de Nuadibú, patrullas mixtas terrestres con la Guardia Civil, un helicóptero y dos patrulleras del servicio marítimo. Entre los proyectos financiados por la UE hay que destacar: el GAR-SI Sahel, cuyo objetivo es crear unidades policiales robustas; el Blue Sahel, para prevenir los riesgos migratorios, el terrorismo y el tráfico de drogas con la creación de patrullas transfronterizas y cursos de formación en materia de inmigración ilegal; el Proyecto El Ksar, de asesoramiento en materia de vigilancia de fronteras terrestres y aeropuertos; el Proyecto Apoyo al G5 Sahel para la consolidación del Colegio Saheliano de Seguridad y la Gestión de Zonas Fronterizas; y la creación de oficinas de intercambio de información policial. Hay, además, una ayuda de 5 millones de euros anuales como contribución española al despliegue de guardacostas, así como otros fondos de formación y donación de material de forma bilateral.
En Senegal un helicópterode la Policía española y una patrullera de la Guardia Civil participan de forma permanente en el dispositivo de lucha contra la inmigración irregular. También a lo largo del año en determinadas ocasiones un buque oceánico de la Guardia Civil realiza patrullas que extiende también a Mauritania. Además, un avión de la Guardia Civil lleva a cabo patrullas marítimas con periodicidad cuatrimestral. Por otro lado, Senegal participa también en los proyectos de la UE para el Sahel descritos anteriormente y se mantiene una fuerte cooperación bilateral.
Más recientemente se ha puesto en marcha un nuevo equipo conjunto de lucha contra la inmigración irregular asentado en Níger, un punto central en muchas de las rutas de inmigración ilegal hacia Europa. Esta Misión ECI-Níger –compuesta por miembros de las policías de España, Francia y Níger– está demostrando un alto nivel de eficacia, como evidencia el desmantelamiento de 12 redes internacionales de tráfico de seres humanos durante el año 2018.
Por último, resultan vitales los acuerdos de repatriación de inmigrantes irregulares suscritos con otros países africanos. Es de destacar también el apoyo de la European Border and Coast Guard, conocida como FRONTEX, para organizar y financiar vuelos de repatriación de inmigrantes.11 La expulsión de los inmigrantes irregulares es, sin duda, junto al control de fronteras y la cooperación internacional, una de las medidas más eficaces que podemos adoptar en la lucha contra la inmigración ilegal. Sin embargo, las crecientes peticiones de asilo y las garantías propias del sistema legal español hacen que solo un 18% de los inmigrantes irregulares detectados puedan ser expulsados.12
En 2018 España volvió a situarse como la principal puerta de entrada de la inmigración ilegal en Europa. Así, el número de inmigrantes irregulares detectados en nuestro país en 2018 creció un 165% respecto al año anterior, hasta superar los 64.000. Estas cifras sitúan la llegada de inmigrantes irregulares en récords absolutos, duplicando prácticamente la cifra de llegadas durante la denominada crisis de los cayucos en los años 2005 y 2006.
Según datos de FRONTEX, casi el 40% del total de los inmigrantes irregulares detectados en 2018 en el conjunto de la UE accedieron a territorio comunitario a través de España.13 A pesar de estas cifras hay que reconocer que el flujo de inmigración irregular se había reducido muy sustancialmente desde el punto álgido de la crisis en 2015 y que en 2019 se produjo una reducción importante del número de inmigrantes irregulares que llegaron a España.
A estas entradas irregulares habría que sumar aquellos inmigrantes que cruzaron la frontera legalmente pero que actualmente se encuentran en situación irregular en nuestro país. Así, el total de inmigrantes extranjeros empadronados en el año 2018 fue de casi 560.000, una cifra que multiplica por 10 los inmigrantes irregulares detectados en frontera. En todo caso, ambas cifras indican un repunte importante de la inmigración en España.14
El final de la crisis económica es, sin duda, causa para este cambio de tendencia, motivado también por el aumento de la inmigración procedente de Iberoamérica, especialmente de Venezuela, por la inestable situación en que se encuentran. Por su parte, la presión migratoria procedente de África no sólo se mantiene, sino que aumenta, especialmente en el caso de los argelinos y de los países subsaharianos.
En el caso de las entradas ilegales a través del mar puede haber influido también el cambio de criterio del nuevo Gobierno español que inicialmente se mostró más abierto a la recepción de buques de ONG dedicadas al rescate de inmigrantes irregulares en el Mediterráneo. Frente a la negativa de algunos países europeos a acoger esos inmigrantes, la predisposición del Gobierno socialista español a recibirlos pudo ser interpretada como una señal de una política más permisiva con la inmigración irregular y actuar como un efecto llamada. Por otro lado, la excelente cooperación con Marruecos pudo también resentirse por algunos gestos desafortunados del nuevo Gobierno.15 En todo caso, tanto los acuerdos bilaterales y comunitarios de financiación a Marruecos por su cooperación en esta materia como la rectificación del Gobierno en los nuevos casos de barcos que pretendían desembarcar en puertos españoles parecen haber contenido este repunte. No obstante, habrá que esperar para ver cuál es la evolución de las cifras en los próximos meses.
Conclusiones
El impacto del intenso flujo migratorio que ha recibido España en las últimas décadas ha sido en términos generales positivo. En primer lugar, contribuyó a un fuerte crecimiento económico sostenido hasta la llegada de la crisis económica a finales de la década del 2000. Por otro lado, la integración de los inmigrantes, especialmente los procedentes de Iberoamérica, muchos de ellos hoy nacionalizados, ha sido más exitosa que la experiencia de otros países europeos. España se ha mantenido además como uno de los países más seguros del mundo, con tasas de delincuencia que incluso disminuyeron a pesar del crecimiento de población. Los procesos de radicalización en la población musulmana han sido también en nuestro caso más reducidos que en países de nuestro entorno, como lo evidencia el escaso número foreign fighters que han viajado desde España a zonas en conflicto.16
Sin embargo, que España continúe siendo un caso de éxito exige poner en marcha una nueva política de inmigración basada en dos pilares: una lucha más eficaz contra la inmigración ilegal; y una política proactiva que posibilite la inmigración legal y ordenada acorde a las necesidades de nuestro mercado de trabajo.
El aumento de la presión migratoria hace necesario reforzar el control de fronteras. Hay que acabar, además, con la inmigración irregular sobrevenida, lo que pasa por un mayor control de entradas y salidas y por aumentar la capacidad de expulsión de los inmigrantes irregulares detectados, muy reducida en la actualidad. Es preciso sobre todo intensificar la acción contra las organizaciones criminales que se lucran con la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Por último, es esencial mantener la excelente cooperación lograda con Marruecos y otros países africanos en la lucha contra la inmigración ilegal y adaptarla a una realidad dinámica y cambiante, pero al mismo tiempo debemos desarrollar capacidades que nos permitan reducir nuestra dependencia de esa voluntad de cooperación. El Sahel debe convertirse en un área de prioridad estratégica para España no sólo en materia de inmigración sino para la defensa de nuestros intereses de seguridad.
En segundo lugar, es preciso afrontar el reto de las segundas y terceras generaciones de inmigrantes que en ocasiones tienen mayor dificultad de integración que las de sus progenitores. En este sentido, es necesario tomar nota del fracaso de las experiencias multiculturales vividas por algunos de nuestros socios europeos y apostar por la educación, el empleo y el respeto a las normas como las mejores vías de integración. Junto a ello es necesario diferenciar el estatus entre inmigrante legal y el irregular, especialmente en la prestación de determinados servicios públicos.
Un problema singular es el rápido crecimiento de los denominados MENAS (inmigrantes menores no acompañados) cuya presencia se ha multiplicado por cuatro en el último año. Es evidente que las redes criminales han encontrado en ellos las principales víctimas de su lucrativa actividad criminal. Más allá del refuerzo de los medios de tutela de estos menores, es preciso aplicar acuerdos para su repatriación y vuelta al entorno familiar. En esta misma línea, es preciso potenciar los medios para la tramitación del asilo y, a la vista del desbordamiento del sistema, abrir un debate sobre su reforma que diferencie claramente al inmigrante económico del merecedor de protección internacional.
En tercer lugar, es urgente desarrollar una política migratoria europea coherente. La crisis de los refugiados y sus secuelas han evidenciado la debilidad política de la Unión para hacer frente a estos desafíos y la falta de solidaridad que persiste entre sus miembros en esta materia. Pero en un espacio sin control en las fronteras interiores, o perfeccionamos los mecanismos de coordinación que nos ofrece el sistema Schengen y el desarrollo de una política migratoria y de asilo común, o nos arriesgaremos a una involución en ese espacio de libertad y seguridad común.17 En este sentido, es esencial desarrollar un registro de salidas del territorio europeo común.
Finalmente, en un contexto de aumento de la delincuencia tras muchos años de constante reducción,18 de previsibles tensiones en la prestación de algunos servicios públicos como consecuencia de la ralentización de la economía y de un creciente debate europeo relacionado con nuestra propia identidad, la cuestión de la inmigración va a permanecer en la agenda política. El debate sobre la inmigración de hecho ha tenido mayor presencia en el debate electoral en estas últimas elecciones en España. Más que nunca es necesaria una política migratoria proactiva, lo más consensuada posible, ligada a las necesidades de nuestro mercado laboral, que reduzca los niveles de inmigración irregular y que garantice al mismo tiempo la seguridad y la prosperidad de un país cada vez más envejecido y declinante demográficamente. En definitiva, necesitamos inmigración, pero debemos aspirar a una inmigración legal, segura y ordenada que regule los flujos migratorios en origen conforme a nuestras necesidades y que al mismo tiempo sea solidaria con los países de origen.
Ignacio Cosidó
Doctor en Geografía e Historia y exdirector general de la Policía
1 El aumento de solicitantes de asilo, que en el caso español tiene un predominio de ciudadanos iberoamericanos, tiene causa directa en la situación que se vive en países como Venezuela o algunos países centroamericanos.
2 En realidad, la preferencia de quiénes buscaban refugio se orientó claramente hacia los países centroeuropeos y nórdicos.
3 Uno de los primeros gestos del nuevo Gobierno fue la acogida a los rescatados del Aquarius a los que se dio además una gran publicidad y un estatus especial, así como mensajes contradictorios sobre las fronteras de Ceuta y Melilla.
4 Consideramos inmigrantes a todos aquellos nacidos fuera de España independientemente de cuál sea su nacionalidad.
5 Según datos del INE para 2018.
6 En el año 2011 se produjo una primera crisis a raíz de la denominada primavera árabe en la que comenzaron a manifestarse tensiones entre algunos Estados de la UE por los denominados “movimientos secundarios” que han protagonizado los debates comunitarios.
7 Aunque no es fácil precisarlo, la eficacia del SIVE en la detección de embarcaciones que pretenden alcanzar nuestras costas clandestinamente se situaría en torno a un 80%.
8 Las puertas ABC sólo son utilizables por nacionales Schengen con DNI o pasaporte electrónico. El resto ha de atravesar por controles tradicionales.
9 El director de Migración y Vigilancia de Fronteras de Marruecos, Khalid Zerouali, cifra en más de 40.000 intentos abortados por las fuerzas marroquíes entre enero y julio de 2019 (El País, 8/VII/2019).
10 Además del aporte económico, ha sido importante el apoyo político de la UE, con acuerdos en materia agrícola y pesquera que han favorecido el clima de entendimiento y la cooperación de Marruecos en materia migratoria.
11 El 4 de diciembre de 2019 entró en vigor un nuevo Reglamento de FRONTEX que la trasforma en una guardia europea de fronteras. Hay abierto un debate por parte de algunos Estados miembros por un posible solapamiento de competencias y por el riesgo de un gasto desproporcionado e ineficaz. En todo caso, la nueva FRONTEX tiene dos campos de actuación en la que todos parecen de acuerdo: la dimensión exterior y el apoyo a los Estados miembros en materia de retornos.
12 Información referida a 2018 según datos de llegadas de inmigrantes irregulares del Balance de Lucha contra la Inmigración del Ministerio del Interior y datos de expulsados de EUROSTAT.
13 56.800 inmigrantes irregulares detectados en España de un total de 150.100 en toda la UE.
14 Véase Carmen González Enríquez (2019), “Inmigración en España: una nueva fase de llegadas”, ARI, nº 28/2019, Real Instituto Elcano.
15 Gestos como el anuncio de la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla en un momento en que las fuerzas marroquíes estaban instalándolas en su propia valla para prevenir los asaltos a la frontera española.
16 El número de combatientes extranjeros españoles captados por Daesh en Siria e Irak rondó los 200 de un total de más de 16.000 que partieron del conjunto de la UE.
17 Aun hoy persiste la instauración de controles en algunas de las fronteras interiores de la UE.
18 Según datos del Ministerio del Interior, en la primera mitad del año el número de delitos conocidos por las FCSE aumentó un 4,3% y algunos delitos como las agresiones sexuales o los robos con violencia lo hicieron en más del 11%.
