Tema: En este ARI se revisan los precedentes y el contexto de la reunión celebrada en junio en Manhasset (Nueva York) entre el Frente Polisario y Marruecos bajo los auspicios del secretario general de Naciones Unidas.
Resumen: Los días 18 y 19 de junio de 2007 dos delegaciones del Reino de Marruecos y del Frente Polisario se han encontrado en los alrededores de Nueva York conforme a la resolución 1754 del Consejo de Seguridad de 30 de abril de este año, para entablar negociaciones “de buena fe sin condiciones previas, teniendo presentes los acontecimientos de los últimos meses, con miras a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que conduzca a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”, según el comunicado del enviado personal para el Sáhara Occidental del secretario general de la ONU. Este análisis pretende explicar la historia y el contexto del encuentro, las posiciones con las que cada una de las partes ha llegado a él tras hacer llegar a la Secretaría General de la ONU los textos de sendos proyectos con sus proposiciones e iniciativas para la resolución del conflicto. Igualmente se analizan las perspectivas que abre la reunión para una solución definitiva de un conflicto que dura ya más de 30 años.
Análisis: No ha sido esta de junio de 2007 la primera vez que delegaciones del Frente Polisario y del Reino de Marruecos se encuentran frente a frente. El 3 de enero de 1989, en vísperas de la reunión constitutiva de la Unión del Magreb Árabe (UMA), el rey Hasan II se entrevistó en Marrakech con una delegación del Frente Polisario dirigida por el entonces número dos, Bachir Mustafa Sayed. Fue probablemente una condición sine qua non para que tuviera lugar en febrero la cumbre de jefes de Estado de los cinco países magrebíes. En dicha reunión se llegó a hablar por primera vez de “tercera vía”. Las hemerotecas testimonian que se llegó a preconizar una “solución federal” que otorgara a los saharauis la administración de la región y a Marruecos la soberanía. Condición o maniobra, las resistencias que opusieron medios políticos de Rabat y de los campamentos de Tinduf condujeron al aparcamiento de este tipo de negociaciones.
Nuevos encuentros se producirán en el marco del Plan de Paz de Naciones Unidas de 1991, empezando por El Aaiún en julio de 1993. Un encuentro previsto en Nueva York para el 25 de octubre de ese año no tendrá lugar por el rechazo del Polisario a dialogar con una delegación marroquí compuesta exclusivamente por miembros del Consejo Consultivo Real para los asuntos del Sáhara creado por Hasan II.[1] El Polisario ha manifestado siempre una voluntad de desaharauizar el conflicto, insistiendo en que la querella no es entre saharauis sino entre el Reino de Marruecos y el pueblo saharaui. En el encuentro de junio de 2007 el Polisario anunció que no aceptaría que Marruecos incorporase a elementos del CORCAS en su delegación, si bien acabaría aceptando la presencia de su presidente, Jalihenna Uld Rachid.
Autonomía, regionalización e independencia en la interdependencia
Un encuentro esencial tuvo lugar en septiembre de 1996 entre el entonces príncipe heredero de Marruecos, hoy rey, y dos representantes del Frente Polisario, Bachir Mustafa Sayed y Brahim Ghali, el actual jefe de la delegación del Polisario en Madrid. La transcripción de aquel encuentro secreto fue publicada por el semanario Le Journal Hebdomadaire el 11 de marzo de 2006, mostrando que la idea de la tercera vía seguía viva. El encuentro coincidió con el proyecto sobre la regionalización que se haría público en Marruecos un mes más tarde. Este proyecto alicorto (convertido en Ley en 1997), que diseñó unas regiones puramente artificiales, con instituciones subordinadas directamente al poder ejecutivo y sin verdaderas competencias, fue el cierre en falso de unas conversaciones Marruecos-Polisario en las que se negoció sobre descentralización, regionalización, autonomía e incluso “independencia en la interdependencia”. Bachir Mustafa Sayed usó este término reclamando la necesidad de un reconocimiento del derecho a la autogestión para la población saharaui y pidió a Marruecos concreción sobre el grado de autonomía que Marruecos estaba dispuesto a conceder. El proyecto de “regionalización” que hizo público como respuesta Marruecos, en el que el Sáhara quedaba descuartizado en tres regiones, no hacía reconocimiento alguno de su especificidad.[2]
Una nueva fase de encuentros directos entre las partes se producirá entre junio y septiembre de 1997 bajo los auspicios de James Baker, enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, en Londres, Lisboa y finalmente en Houston. En ellos las partes se mostraron, según el secretario general, “muy poco dispuestas a aceptar las propuestas presentadas para acercar sus posiciones acerca de las cuestiones que las separaban e impedían la aplicación del plan de arreglo”, aunque en Houston se pondrían de acuerdo sobre el código de conducta para el referéndum, el acantonamiento de tropas y liberación de prisioneros y detenidos. No se discutió entonces ninguna salida política al problema.
Tras la muerte de Hasan II y la entronización de Mohamed VI se crean expectativas de una salida al problema con la caída de Dris Basri, el ex ministro del Interior responsable de la catastrófica gestión de la cuestión sahariana, tras las protestas que protagonizan los habitantes de las ciudades saharauis en otoño de 1999. Sin embargo, todo va a quedar en palabras, como las inoportunas del nuevo monarca, en las que daba la cuestión por solucionada.[3]
El informe del secretario general de la ONU de 12 de julio de 2000 (S/2000/683) constataba el fracaso de las nuevas conversaciones directas entre las partes realizadas en Londres: “ninguna de las partes deseaba ofrecer propuesta concreta alguna para reducir las diferencias mutuas. Ambas partes insistieron en un criterio de ‘el ganador lleva todo’ y no parecían dispuestas a examinar una solución en que cada una de ellas obtendría algo, pero no todo, de lo deseado. Tampoco estaban aparentemente dispuestas a dejar de lado la animosidad mutua y comenzar a negociar una solución política que podría resolver su controversia relativa al Sáhara Occidental”.
Reaparece la “tercera vía”
Se habla ya, a propuesta del enviado especial, de un “acuerdo negociado para una solución intermedia”, aunque no parece del agrado de las partes. El nuevo informe del secretario general de 25 de octubre de 2000 (S/2000/1029) da cuenta de nuevos encuentros entre las partes en Ginebra y Berlín, y constata que, “por primera vez, Marruecos había expresado su disposición a entablar un diálogo directo”, tanto sobre la aplicación del Plan de Paz como sobre la búsqueda de una solución política, pero concluye que no tendría sentido una nueva reunión “a menos que el Gobierno de Marruecos, como Potencia administradora del Sáhara Occidental, esté dispuesto a ofrecer o apoyar alguna restitución de autoridad gubernamental, para todos los habitantes y ex habitantes del Territorio, que sea auténtica, sustancial y en armonía con las normas internacionales.”
Será en la primavera de 2001 cuando el enviado especial, James Baker, haga público un “Acuerdo Marco sobre el estatuto del Sáhara Occidental”, que expone las transferencias de poderes que Marruecos podría conceder: una autonomía provisional de cuatro años, con competencias en “administración gubernamental local, presupuesto y tributación territoriales, ejecución de la ley, seguridad interna, bienestar social, cultura, educación, comercio, transporte, agricultura, minería, pesca e industria, política ambiental, vivienda y desarrollo urbano, agua y electricidad, carreteras y demás infraestructura básica”.[4]
El Acuerdo Marco detallaba también las competencias exclusivas del Estado marroquí en relación con este Gobierno autónomo: bandera, moneda, servicios de aduanas, postales y telecomunicaciones, así como las relaciones exteriores, seguridad y defensa nacional, producción, venta, propiedad o uso de armas o explosivos y preservación de la integridad territorial contra toda tentativa de secesión provinente del interior o del exterior del territorio.
El acuerdo preveía un Ejecutivo elegido para cuatro años por las personas identificadas como admitidas a votar por la Comisión de identificación de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y cuyo nombre debía figurar en las listas provisionales de electores de 30 de diciembre de 1999; una Asamblea legislativa elegida para un período similar por sufragio directo por un cuerpo electoral más amplio que implicase a los residentes permanentes en el territorio desde el 31 de octubre de 1998; y un poder judicial confiado a jueces originarios del Sáhara Occidental y escogidos entre los miembros del Instituto Nacional de Estudios Judiciales. Las leyes promulgadas y las decisiones de los tribunales debían ser conformes a la constitución del Reino de Marruecos. Al final del período transitorio se celebraría un referéndum sobre el estatuto definitivo del Sáhara, en el que estarían habilitados para votar todos los electores que hubieran residido de manera permanente en el Sáhara en el año precedente.
La actitud del Polisario sobre el Acuerdo Marco será de “oposición total a toda solución que ignore el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia”. Por su parte, Argelia, en carta del presidente Buteflika, llamará la atención sobre “un cierto número de fallos y desequilibrios” del mismo, particularmente el hecho de que la proposición “privilegia una sola salida, la integración del Sáhara Occidental en el Reino de Marruecos”, habla de población del Sáhara en lugar de pueblo saharaui, impide al Polisario controlar ambos procesos de elección del ejecutivo y el legislativo, no prevé la retirada de la Potencia Administradora ni de su ejército, y convierte al ejecutivo resultante en un verdadero rehén de la Potencia Administradora. Por último, ante la amalgama que el Acuerdo hace entre saharauis y demás habitantes del territorio, Argelia expresa su temor de que este proceso puede concluir con “la desaparición de la especificidad saharaui, del concepto de entidad saharaui y a fin de cuentas, de la noción misma de pueblo saharaui”.[5]
La situación entra en una nueva fase de bloqueo, no atreviéndose el Consejo de Seguridad a imponer ninguna de las cuatro salidas posibles y que, a juicio del secretario general, podrían imponerse sin el acuerdo de las partes: seguir con el plan de arreglo prescindiendo de las partes; revisar el proyecto de Acuerdo Marco; dividir el territorio como parecían aceptar el Polisario y Argelia; y poner término a la misión de la ONU reconociendo su fracaso.
El Plan Baker II
El “Plan de paz para la libre determinación de los habitantes del Sáhara Occidental” aparece en este contexto a propuesta de James Baker, alentado por la invitación de la resolución 1429 (2002) del Consejo de Seguridad a seguir encontrando una solución política entre las partes. En palabras del secretario general,[6] el plan “da a cada una de las partes algo de lo que quiere, aunque quizás no todo lo que quiere. Incorpora elementos del proyecto de acuerdo marco aceptado por Marruecos, así como elementos del plan de arreglo y de los Acuerdos de Houston, aceptados por ambas partes y apoyados por el Frente Polisario”.
Este Plan de Paz, que no requería el consentimiento de ambas partes en cada etapa de su aplicación, se proponía como una quinta salida al problema. Incorporaba a la pregunta del referéndum una tercera opción, la de la autonomía o el autogobierno, proponiendo una segunda vuelta si ninguna de las tres obtuviese la mayoría requerida. Mantenía como cuerpo electoral final del referéndum el establecido por el Acuerdo Marco, se incorporaba que “la autoridad de Marruecos en lo que respecta a las relaciones exteriores del Sáhara Occidental será ejercida en consulta con la Autoridad del Sáhara Occidental cuando se trate de cuestiones que afecten directamente a los intereses del Sáhara Occidental”, se establecía un Tribunal Supremo para el Sáhara Occidental designado por el Ejecutivo, con amplias competencias, se unificaba el cuerpo electoral para elegir al ejecutivo y al legislativo, limitándose a los saharauis identificados y se reducían y acantonaban las fuerzas militares en el territorio.
En esta ocasión será paradójicamente Marruecos el que oponga resistencia a la aplicación de dicho plan. En su nota verbal dirigida a James Baker, de 10 de marzo de 2003, criticaba el censo electoral para elegir las autoridades ejecutiva y legislativa, por excluir a los residentes no saharauis, pero sobre todo mostraba su temor a que el Plan conduciría a tener que soportar “una campaña de propaganda a favor de la independencia del Territorio, sin poder prohibir esas actividades, susceptibles de poner en peligro la seguridad del país y el orden público”. Rechazaba delegar competencias en relaciones exteriores, asociando las autoridades saharauis a las negociaciones que concernieran al territorio, criticaba la ausencia de regulación de las relaciones entre ejecutivo y legislativo, y exponía reparos a una descentralización de la justicia más propia de Estados federales que de un sistema “unificado y centralizado como el marroquí”.
No eran menores las objeciones planteadas dos días antes por el Frente Polisario en carta al secretario general, expresando sus dudas sobre el período transitorio establecido por el Plan previo a la elección del ejecutivo y legislativo saharaui, considerando una “auténtica trampa para los refugiados saharauis” la posibilidad de un retorno sin garantías, con riesgos de “represión masiva”. Respecto al período previo a la celebración del referéndum, juzgado excesivamente largo, se critica que se establezca una administración saharaui sin “desmantelamiento de la autoridad de ocupación en los sectores de competencia de la Autoridad del Sáhara Occidental”, que se continúe con el “saqueo de las riquezas naturales” del territorio y que se siga haciendo ostentación de los signos de soberanía marroquí: bandera, moneda y sellos. Pese a la desconfianza del Polisario que expresaban estas críticas, el 6 de julio de 2003 aceptó oficialmente el Plan tras la valoración positiva que de él hizo el Memorando argelino que valoraba el Plan como “una apuesta por la paz en el Magreb”.
Intifada saharaui y creación del CORCAS
Una vez más la situación seguía bloqueada, provocando la frustración y el abandono del enviado personal, James Baker, en junio de 2004. En los tres años sucesivos no se observarán modificaciones sensibles en las actitudes de las partes. El propio secretario general llega a expresar el 27 de enero de 2005 que “si no se conjura el estancamiento político, podría producirse un deterioro en la situación del Sáhara Occidental”. En esto un elemento nuevo aparece en escena en mayo de ese año: lo que el Frente Polisario llamará la “intifada saharaui”, una serie de manifestaciones y protestas continuadas en los territorios del Sáhara Occidental, protagonizados por los jóvenes y acompañados de acciones a favor de la autodeterminación por parte de estudiantes saharauis en diversas Universidades de Marruecos. Este movimiento de protesta y la represión a que dio lugar, que se prolongaron varios meses, evidenciaban la situación de excepción en que se vivía en el territorio que Marruecos consideraba las “provincias del Sur” y hasta qué punto su mensaje de la marroquinidad del Sáhara no era asumido por sectores significativos de la población saharaui. Aunque Marruecos siempre insistió en lo reducido del núcleo de una protesta que consideraba de raíz social, el Polisario sacó provecho de la protesta en un momento de estancamiento de las negociaciones.
Nuevos problemas se interferirán con el problema de fondo. Entre ellos, la inmigración ilegal que circula por una zona de peligrosidad por causa de las minas, o las amenazas suscitadas por algunos medios de que grupos terroristas aprovechen la zona para asentar bases logísticas de entrenamiento. Esto último, explotado por algún Instituto de estudios de seguridad,[7] brindó a Marruecos argumentaciones para intentar deslegitimar al Polisario, en una coyuntura histórica en que las potencias son muy sensibles a los riesgos derivados del terrorismo.
El 20 de marzo de 2006 el rey de Marruecos viajó a El Aaiún y anunció la creación del CORCAS, instalando a su frente a Jalihenna Uld Rachid. El nombramiento será ampliamente criticado por cuanto el nuevo presidente del consejo consultivo había tenido un pasado turbio 30 años atrás, como peón de la maniobra neocolonial de España de crear un movimiento saharaui adicto, y había estado ligado en años anteriores al proceso de enriquecimiento de algunas familias saharauis al calor de la ocupación marroquí. Pero no hay duda de que comienza a observarse una nueva dinámica en el Sáhara. El carácter designado y no electo de sus miembros y el funcionamiento poco democrático del CORCAS serán también objeto de críticas, pero el proceso de elaboración de un documento marroquí sobre su oferta de autonomía va haciendo camino hasta la presentación en abril de 2007 al secretario general de Naciones Unidas de la “Iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía en la región del Sáhara”.
La iniciativa marroquí de un estatuto de autonomía
La novedad del documento estriba en que por primera vez es Marruecos el que presenta una iniciativa, un documento que resume las propuestas concretas sobre el grado de autonomía que Marruecos está dispuesto a conceder. La iniciativa, y este es su interés, no es un documento cerrado, sino una propuesta para la negociación de un estatuto de autonomía consensuado entre las partes que pueda posteriormente ser sometido a referéndum a las poblaciones concernidas. En este carácter de “iniciativa como base y no como una finalidad de la negociación” insistirá el jefe de la delegación marroquí en la reunión en Manhasset (Nueva York) en su discurso inaugural del 18 de junio pasado. La pretensión del documento es que el estatuto de autonomía resultante tras las negociaciones entre las partes constituya “el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación” conforme a la legalidad internacional, a la Carta de Naciones Unidas y a las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.
La iniciativa describe las competencias de la región autónoma del Sáhara así como las competencias del Estado siguiendo de cerca las propuestas del Acuerdo Marco con las ampliaciones del Plan de Paz. Precisa que el jefe del Gobierno regional será elegido por un Parlamento autonómico compuesto por miembros elegidos por las tribus y por sufragio universal por el conjunto de la población de la región, convirtiéndose en el “representante del Estado en la región” que nombra su Gobierno y es responsable ante el Parlamento. Un Tribunal Regional Superior dirimirá la interpretación de la ley en la región, convirtiéndose en la más alta autoridad judicial, si bien sometida a la Corte Suprema y al Consejo Constitucional marroquí.
Como garantías del proceso se prevé la revisión de la Constitución marroquí para incorporar el estatuto en el ordenamiento institucional marroquí, la promulgación de una amnistía general (uno de los elementos solicitados por Argelia en su memorándum sobre el Plan de paz) que excluya la persecución, detenciones o intimidaciones. Tras el acuerdo entre las partes se instituiría un Consejo transitorio designado por ambas que vigilase la repatriación de los refugiados, el desarme y reinserción de los elementos armados así como las operaciones electorales.
Todo ello, disperso en la larga cadena de documentos producidos durante los intentos de arreglo del conflicto, reunido en un documento en el que destaca tal vez como única –y no menor– novedad la aceptación de un principio de negociación que permitiera discutir sobre contenidos y no sobre principios.
El Frente Polisario presentó también al secretario general el 10 de abril de 2007 una “Proposición para una solución política mutuamente aceptable que asegure la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”. En este documento se afirma que la solución del conflicto sigue pasando por la celebración de un referéndum de autodeterminación, ya que se trata de una cuestión de descolonización, en línea con lo propuesto por el Plan de arreglo de 1990, los acuerdos de Houston de 1997 y el Plan Baker II de 2003. El Polisario se declara dispuesto a negociar con Marruecos las modalidades de la celebración del referéndum comprometiéndose a aceptar los resultados, así como a negociar las garantías para las poblaciones marroquíes que habitan en la región desde 10 años, incluyendo la concesión de la nacionalidad saharaui, si triunfase la opción de la independencia. En este mismo supuesto, el Polisario propone fórmulas de cooperación económica y securitaria con Marruecos, incluida la renuncia, que debía ser recíproca, “a toda compensación por las destrucciones materiales” producidas por el conflicto.
El Polisario propone negociar después del referéndum, mientras Marruecos quiere hacerlo antes para evitar la incertidumbre sobre el estatus final. Marruecos insiste en negociar el estatuto de los saharauis, en cómo organizar el futuro para que los saharauis ejerzan el control de su territorio sin cuestionar la soberanía marroquí. Autónomo o independiente, la clave según Marruecos es saber cómo será la organización de la vida práctica, qué grado de libertades efectivas podrán ejercerse y qué fuerzas en juego se encontrarán en la arena el día de después.
Algunos esgrimen que el historial democrático de Marruecos no es garantía suficiente para asegurar un futuro de libertad que permita el desarrollo de una verdadera autonomía. Otros siguen achacando al Frente Polisario que no haya logrado en más de tres décadas salir de la lógica del partido único.
En este sentido, el informe de 8 de septiembre de 2006 de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos[8] describe un panorama de represión en los territorios poco acorde con la pretensión de crear un clima que ayude a resolver el fondo de la cuestión. Pero señala también que el control ejercido en los campamentos por el único movimiento político, el Frente Polisario, que encuadra a todas las asociaciones existentes, impidió “obtener suficiente información para sacar unas conclusiones largas y bien argumentadas en cuanto a la satisfacción real por el respeto a los derechos humanos de los refugiados en los campamentos”. El régimen de partido único, que se dice justificado por las condiciones de excepción y provisionalidad en que viven los refugiados, está en contradicción, según el documento, con el principio constitucional pluripartidista que dice animar a la RASD.
En cualquier caso, lo cierto es que la autonomía no tiene sentido sin un sistema verdaderamente democrático y Marruecos, hoy por hoy, no lo es. Ese es el gran desafío de Marruecos: aprovechar la coyuntura para profundizar en la democracia interna. Así lo planteaba el poeta marroquí Abdellatif Laâbi en su artículo Marruecos, enfermo del Sáhara: “Si Marruecos está hoy enfermo del Sáhara, tal vez emprenda a través de este último su curación”.[9] El único antídoto que se le ofrece a Marruecos si pretende contrarrestar la argumentación del Polisario de que es un régimen absolutista, es más democracia, incluyendo tolerancia hacia quienes se identifican con el independentismo saharaui. La amnistía que Marruecos dice preconizar en su iniciativa debe pasar por brindar el reconocimiento al Frente Polisario como movimiento político y de la opción que representa como legítima, siempre que el movimiento independentista reconociera el marco constitucional marroquí. Sólo si Marruecos tiene un verdadero proyecto de futuro, en el que la autonomía y la descentralización formen parte esencial, podrá convencer a las poblaciones del Sáhara de lo que ofrece. La represión no produce más que desgarros que servirán de coartada a quienes no aceptan la integración en el Reino como solución. La modificación constitucional que ofrece la iniciativa marroquí debería servir de ocasión para unas reformas profundas de su sistema, convirtiéndose en una monarquía parlamentaria democrática y descentralizada.
Conclusión: La reunión de los días 18 y 19 de junio ha tenido cuando menos el interés de haberse celebrado, dándose una nueva cita para agosto, y haber servido cuando menos para iniciar en los dos lados la obligatoria desdemonización del otro. Pero para desdemonizar, hay que cambiar el lenguaje y la actitud que cada parte mantiene desde hace más de 30 años. No vale seguir hablando de los “secuestrados de Tinduf” o de los “mercenarios de Argel”, como se hace del lado marroquí, porque ese viejo lenguaje no sólo no ayuda a avanzar sino que no traduce la realidad. Como tampoco vale seguir viendo a Marruecos con los ojos de los años setenta u ochenta, como la dictadura que fue o un país alérgico al cambio, tal y como lo presentan los amigos del Frente Polisario.
En los encuentros de junio, al menos parece haberse avanzado en este punto. A juicio del jefe de la delegación saharaui, Mahfud Ali Beiba[10], si “la posición marroquí no ha cambiado, al menos la atmósfera fue distendida y las relaciones humanas entre los miembros de las dos delegaciones se han caracterizado por la cordialidad y el respeto mutuos”. Tal vez pueda ser el principio de algo.
El momento de un acuerdo definitivo no se ve por ahora como inmediato. Pasar de los principios a lo pragmático es un salto demasiado grande. Empezar a pedir más competencias para una autonomía supone admitir el principio de la soberanía marroquí, lo que sin duda el Polisario puede ver como una derrota. Aunque el presidente del CORCAS en su intervención en la apertura de negociaciones dijera que la iniciativa marroquí “no debe ser percibida por nuestros hermanos del Frente Polisario como una derrota o concesión, sino antes bien, como una victoria que corona aquello por lo que han luchado 32 años, en tanto garantiza todo lo que buscaban con su combate, es decir, la reconciliación, el consenso y la realización de verdaderas adquisiciones políticas, económicas, culturales y sociales”, no hay duda de que los dirigentes saharauis temerán no sólo los reproches de los sectores más radicales de su movimiento, sino el fundamentalismo de las posiciones de ciertos amigos del pueblo saharaui mucho más atados a los principios que las propias víctimas.
Sin embargo, ¿por qué no comenzar entre tanto a trabajar para la repatriación y reintegración de los refugiados, acabando así con la separación de las familias saharauis? ¿Por qué no comenzar por ejercer esa tolerancia hacia quienes expresan en los territorios ideas de independencia y autodeterminación? Si se aspira a constituir una autonomía homologable con la de países democráticos vecinos de Marruecos, ¿qué impediría “normalizar” –o al menos despenalizar– el uso de símbolos como la bandera saharaui que buena parte de la población –a la que se le reconoce una especificidad– ha terminado por adoptar? Son medidas de confianza las que permitirían la paulatina desdemonización mutua, imprescindible para acabar con la extrema desconfianza y aversión que, por ahora, se profesan las partes.
Bernabé López García
Catedrático de Historia del Islam Contemporáneo, Universidad Autónoma de Madrid
[1] Khadija Mohsen-Finan, Sahara Occidental. Les enyeux d’un conflit regional, CNRS Histoire, París, 1997, p. 213. El Consejo Consultivo fue creado por el rey de Marruecos tras la reunión de la OUA en Nairobi (1981) en la que dijo aceptar la fórmula del referéndum para resolver el problema. El Consejo no llegó a tener una vida efectiva, ni siquiera cuando el rey Mohamed VI pretendió revitalizarlo a fines de 1999. Finalmente, en marzo de 2006 se instituyó el CORCAS (Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara) con la idea de sustituir al precedente consejo.
[2] Véase sobre el proyecto de regionalización el trabajo de Bernabé López García y Miguel Hernando de Larramendi, “Sáhara y regionalización en Marruecos”, en Thierry Desrues y Eduardo Moyano (coord.), Cambio, gobernabilidad y crisis en el Magreb. Una reflexión desde las dos orillas, CSIC-IESAA, Córdoba, 1997, pp. 81-95.
[3] “J’ai réglé la question du Sahara qui nous empoisonnait depuis vingt-cinq ans”, declaró a Charles Lambroschini en el diario francés Le Figaro, 4/IX/2001.
[4] Informe del Secretario General S/2001/613, 20/VI/2001
[5] Apartado 17 de la Memoria del Gobierno de Argelia sobre el proyecto de estatuto para el Sáhara Occidental adjunta a la carta del 22 de mayo de 2001 del presidente argelino dirigida al secretario general de Naciones Unidas, incluida como Anexo II.B del Informe del Secretario General del 20 de junio de 2001 (S/2001/613).
[6] Informe del Secretario General S/2003/565, 23/V/2003.
[7] El European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), afincado en Bruselas y dirigido por Claude Moniquet, publicó el informe El Frente Polisario: ¿Partenaire creíble de negociaciones o secuela de la guerra fría y obstáculo a una solución política en el Sáhara Occidental?
[8] Informe de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) en el Sáhara Occidental y los campamentos de refugiados en Tindouf, Ginebra, 8/IX/2006.
[9] El País, 4/VII/2005.
[10] Declaraciones a M. Baghali del diario El Khabar, 21/VI/2007.