Tema: Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2009 en Honduras supusieron un proceso transparente y libre, del cual se analizan también sus implicaciones hemisféricas.
Resumen: La ausencia de observadores internacionales de la OEA dejó en manos de organizaciones de la sociedad civil la tarea de monitorizar las elecciones generales del 29 de noviembre de 2009. Esas organizaciones han dado fe de la libertad y transparencia del proceso. El reconocimiento de EEUU al resultado de las elecciones generales de Honduras motivará a otros gobiernos a reconocerlos, apurando una salida a la crisis política. Sin embargo, el gobierno de Porfirio Lobo tendrá que hacer frente al difícil reto de iniciar un proceso de unidad y reconciliación nacional y de desplegar una intensa campaña diplomática para ganar el reconocimiento de varios gobiernos que desconocen el resultado de las elecciones que lo llevaron al poder. Todo esto en el marco de un continente dividido por pugnas de poder.
El 29 de noviembre de 2009 marcó un antes y un después para Honduras. De acuerdo con informaciones publicadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un 61,3% de los hondureños empadronados acudieron a las urnas, un número mayor al registrado en las elecciones de 2005. En estas elecciones generales se eligió al presidente de la República, a 128 miembros del Congreso Nacional y a 289 alcaldes municipales para un período de cuatro años, en un proceso previamente convocado por el TSE en mayo de 2009. Los candidatos presidenciales fueron elegidos en un proceso de primarias que contó con la participación de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los comicios fueron refrendados por cinco partidos políticos legalmente inscritos: Partido Liberal (PL), Partido Nacional (PN), Partido Unificación Democrática (UD), Partido Demócrata Cristiano (DC) y Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), siendo el PL y el PN los mayoritarios y los otros tres minoritarios.
Análisis
Elección libre y transparente
A nivel internacional, la primera pregunta que surge es: ¿fue ésta una elección libre y transparente? La pregunta parece obvia, pero es clave, pues de su respuesta depende la decisión de reconocer o no su resultado. Ya son muchos los gobiernos que se han pronunciado al respecto y han tomado posiciones en el ajedrez geopolítico que se dibuja en el continente americano. Sin embargo, antes de analizar las posiciones de los gobiernos de la región, es importante responder a la pregunta de si las elecciones generales del 29 de noviembre de 2009 fueron libres y transparentes, o no.
La negativa de la OEA a participar con un equipo de observadores en las mismas dejó en manos de organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad de monitorizar la transparencia del proceso electoral. Lo más importante ha sido la declaración del TSE de abrirse totalmente a cualquier auditoría externa sobre la forma en que se llevó a cabo el proceso electoral. Esto es símbolo inequívoco de su transparencia.
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, capítulo regional del Movimiento Mundial para la Democracia, participó con observadores en el proceso electoral, atendiendo una invitación del TSE. Su Misión Electoral participó y aplicó criterios estandarizados de observación utilizados en numerosos comicios por la OEA y organismos especializados en elecciones, como la International Foundation for Electoral Systems (IFES). La valoración de la Red parte de la evaluación de cuatro criterios fundamentales: (1) elecciones inclusivas; (2) elecciones limpias; (3) elecciones competitivas; y (4) cargos públicos electivos.
En relación al primer criterio, elecciones inclusivas, el tema principal fue medir si el voto se puede considerar universal y equitativo. La Red constató plena libertad de postularse, inscribirse y votar. No se observaron obstáculos legales u otros impedimentos para el ejercicio del sufragio. Hubo testigos de todas las tendencias y partidos en todas las mesas. Se observó respeto al votante y plena libertad del ejercicio al voto. Para valorar el primer criterio, el tema más importante fue verificar el uso efectivo del derecho al voto. No se observó exclusión en el registro electoral y sí la posibilidad de cualquier hondureño de votar. El registro electoral/padrón se elaboró sobre el registro nacional de identidad, que contiene a todos los ciudadanos y en las preguntas y levantamiento de información no se encontraron críticas. No se observaron discriminaciones, restricciones o imposibilidad de votar en los centros observados. No se observó represión, ni controles, ni obstáculos para asistir a los centros electorales.
Para medir unas elecciones limpias, los observadores de la Red dieron fe que las mesas y centros, donde representantes de la Red participaron y registraron unas elecciones limpias. Para esto se consideró la integridad de las preferencias del votante, sobre lo que no se observaron presiones externas, ni miedo a represalias, salvo en un par de casos en que se informó de temores a represalias por parte de los grupos que llamaban a la abstención. En general se observó plena libertad de los votantes de manifestar sus preferencias. También se consideró el registro exacto de las preferencias del votante, sobre lo que tampoco se observó ni se informó de fraudes ni incidencias en el registro de los votos de cada una de las tendencias.
Sobre el tercer criterio, elecciones competitivas, la Red observó la presencia de cuatro candidatos activos a la presidencia, representantes de diversos partidos y tendencias, así como candidatos a gobiernos municipales y al Congreso. Al respecto se verificó el derecho a postularse a cargos públicos. La Red revisó la Ley Electoral, se hicieron preguntas a candidatos y partidos y se conversó con representantes de los medios de comunicación y no se observaron irregularidades. Sobre el tema de si se cumplieron o no las garantías básicas para una campaña electoral, en el tema de la igualdad y seguridad e igualdad de oportunidades no se observaron mayores problemas. En el caso del derecho a la prensa libre y a la información, y pese al cierre de medios antes de la elección, el día de la votación se observó la libertad plena de los medios para operar. Por último, en relación a la libertad de asociación, asamblea, expresión y movimiento, se observó plena libertad de movimiento el día de las elecciones. Se informó de algunos disturbios en San Pedro Sula de grupos que trataban de impedir la votación. En general, en todos los centros observados no se presentaron alteraciones al orden y se observó un clima de paz y tranquilidad.
En cuanto al cuarto y último criterio, cargos públicos elegibles, se logró constatar el respeto a los lapsos de las elecciones periódicas para altos cargos nacionales y también la irreversibilidad de los resultados electorales. A pesar de la decisión de la OEA de abstenerse de enviar observadores internacionales para monitorizar las elecciones en Honduras, varios organismos internacionales respondieron al llamamiento de observación del proceso electoral.
Implicaciones para Honduras
La victoria de Porfirio “Pepe” Lobo, candidato del PN para la presidencia, podría impulsar la salida de la crisis política iniciada tras los acontecimientos del 28 de junio de 2009. Ese día el presidente Manuel Zelaya fue removido por la fuerza y enviado al exilio en Costa Rica. Solamente horas después del golpe de estado, el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, fue “elegido” por una mayoría de legisladores para asumir el ejecutivo, y desde entonces se mantiene en el poder al frente de un gobierno de facto, como lo etiquetó una vasta mayoría de naciones.
El recién terminado proceso electoral en Honduras tiene y tendrá profundas repercusiones en la política interna y en las relaciones exteriores del país. Muchos están de acuerdo en torno al tema de la legitimidad del nuevo gobierno. Parece claro que mientras Roberto Micheletti carece de toda legitimidad, Porfirio Lobo llega a la presidencia mediante elecciones libres y transparentes. Su legitimidad es, por tanto, difícil de cuestionar. A pesar de contar con legitimidad, el gobierno de Porfirio Lobo tendrá que afrontar el difícil reto de iniciar un gran proceso de reconciliación y unidad nacional para cerrar las heridas que han resultado de esta dolorosa experiencia para el pueblo hondureño. La tarea sería muy difícil, si tenemos en cuenta que el gobierno de Lobo podría no alcanzar la mayoría necesaria para controlar el Congreso Nacional y facilitar la implementación de sus políticas. Las pugnas dentro del PL, especialmente entre el presidente Zelaya y el ex-candidato presidencial Elvin Santos, parecen haber afectado la campaña electoral del último.
Porfirio Lobo se enfrenta al reto de normalizar las relaciones diplomáticas con la comunidad internacional y los organismos financieros internacionales. Es urgente que lance una campaña para recuperar el diálogo con varios países que se niegan a reconocer el resultado de las elecciones generales que lo llevaron al poder. También tendrá que luchar por obtener el reconocimiento de otros países que se han mantenido un poco más neutrales y han evitado un pronunciamiento específico sobre las elecciones. Aunque parezca lógico, el gobierno de Lobo también tendrá que mantener y estrechar sus relaciones con el grupo de países que han expresado de manera contundente su reconocimiento a las elecciones generales del 29 de noviembre. El nombramiento del futuro ministro de Relaciones Exteriores es vital para que Honduras vaya saliendo del aislamiento internacional en que se encuentra e incluso logre el reconocimiento de la OEA.
Por último, el nuevo gobierno de Honduras deberá fijarse como prioridad el restablecimiento de los flujos de ayuda bilateral y multilateral cuyos desembolsos fueron congelados a partir de la segunda mitad de 2009. Esto será de especial importancia para impulsar la economía hondureña, cuyos problemas económicos y financieros fueron fuertemente acentuados por la crisis política que resultó del golpe de estado.
Encaminar la economía hondureña será todo un reto para la nueva administración y una de las pruebas más importantes para iniciar la reconciliación y la recuperación. Será tarea del gobierno de Porfirio Lobo devolver la confianza al empresariado y restablecer los lazos con los sectores productivos, trabajadores e instituciones hondureñas. Parte integral de ese programa de recuperación será reiniciar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), estancadas desde abril de 2009, para la extensión de un acuerdo de refinanciación de la deuda. Estas conversaciones llegaron a un punto muerto con la salida forzosa de Zelaya.
Relaciones Internacionales
Hasta la fecha, solamente Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica y EEUU han reconocido el resultado de las elecciones generales. En la acera de enfrente se encuentran los países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA): Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y Granadinas. Estos países sostienen que a la fecha, en Honduras, no existen las condiciones necesarias para llevar a cabo elecciones justas y transparentes. El gobierno de Venezuela, por ejemplo, reiteró en un comunicado oficial que “no reconoce la farsa electoral organizada por la dictadura hondureña el día 29 de noviembre pasado, y en tal sentido desconoce los resultados emitidos por los órganos ilegítimos del régimen de facto”.
Este dividido escenario internacional evidencia que la crisis hondureña no encontrará una salida rápida tras las elecciones generales de noviembre. Por el contrario, a nivel hemisférico se cristalizan posiciones encontradas. Pese a ello, es de esperar que el respaldo de EEUU al resultado electoral de noviembre motive a otros gobiernos a seguir el mismo camino. Probablemente con el paso del tiempo esos gobiernos reconocerán los resultados electorales como la salida más realista a la crisis política. Para Porfirio Lobo, en materia económica y comercial, la normalización de las relaciones con EEUU es un primer paso firme. EEUU y Honduras han sido aliados históricos y a la fecha la potencia del Norte continúa siendo el principal inversionista y socio comercial del país. El gobierno del presidente Obama, más tarde que temprano, ha optado por reconocer en las elecciones una salida pronta a la crisis hondureña. El Departamento de Estado ha aclarado que las elecciones por sí mismas no agotan el proceso, ya que hay que continuar consolidando la reconciliación nacional y el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas sobre la base del Acuerdo de Tegucigalpa-San José.
En el ámbito multilateral, el futuro papel de la OEA en el continente es incierto. La crisis evidenció la incapacidad de accionar de la OEA y de prevenir lo que algunos consideran “la crónica de una crisis política anunciada”. A esto se suma el debilitamiento de su secretario general, José Miguel Insulza, a quien se achaca haber tomado partido a favor del bloque de países del ALBA, con el objetivo de obtener a cambio “el favor” de su re-elección en su cargo. Verídicas o no las acusaciones contra Insulza, la creciente división política en las Américas hará aún más difícil encaminar e implementar decisiones futuras en el seno de la OEA. Hoy día los países miembros de la Organización no han logrado un consenso continental sobre el reconocimiento o no del resultado de las elecciones hondureñas.
Uno de los países que ha jugado un papel más activo es Brasil. Su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a pesar de no formar parte del ALBA, ha dicho en el pasado que “Hugo Chávez es el mejor presidente que ha tenido Venezuela en los últimos 100 años”. El protagonismo brasileño aumentó cuando el gobierno de Lula abrió las puertas de su embajada en Tegucigalpa al presidente Zelaya, que desde entonces lo continúa “habitando” a la espera del retorno a la constitucionalidad, por lo menos antes de que el nuevo gobierno asuma sus funciones el 27 de enero de 2010. A pesar del protagonismo brasileño en la crisis hondureña, es poco probable que la política exterior de Brasil tenga un efecto considerable en el pequeño país centroamericano, principalmente porque dicha potencia regional carece de peso estratégico para Honduras, al menos en los ámbitos de comercio e inversión.
Llama la atención el papel de Canadá en esta crisis, con el involucramiento de Peter Kent, ministro de Estado de Relaciones Exteriores (Américas). La posición canadiense es interesante porque desde un inicio hizo un llamamiento a la restitución del orden constitucional y brindó todo su apoyo a la mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Kent participó en varias misiones de ministros de la OEA que sirvieron para sentar las bases del proceso de diálogo. Poco después de las elecciones, Canadá felicitó al pueblo hondureño por el resultado, apuntando que “parecen haberse desarrollado de manera libre y justa y sin incidentes violentos”. A pesar de esto, Canadá asevera que el resultado de las elecciones hace más importante que todas las partes involucradas enfoquen su atención en la implementación del Acuerdo Tegucigalpa-San José. El marcado interés de Canadá por el retorno al orden constitucional y por promover y fortalecer las instituciones democráticas en el continente americano están enmarcadas en la Estrategia de las Américas del primer ministro, Stephen Harper. La postura de Canadá podría entenderse como un reconocimiento tácito a las elecciones generales de noviembre.
El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, fue el primer mandatario en pronunciarse sobre el golpe de estado, cuando en la mañana del 28 de junio recibió al presidente Zelaya en la Base Dos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, después de que las Fuerzas Armadas de Honduras lo forzaran al exilio. Desde ese momento, el presidente Arias ha sido enfático en la necesidad de restaurar el orden constitucional y sirvió como mediador en un proceso que culminó con la propuesta del Acuerdo de San José, cuyos postulados fueron la base del Acuerdo Guaymuras y finalmente del Acuerdo Tegucigalpa-San José. La importancia relativa del reconocimiento costarricense a las elecciones deviene precisamente del liderazgo del presidente Arias como mediador y como el primer presidente en condenar enfáticamente el golpe en Honduras, señalando el camino a seguir y culminando con la condena continental de la OEA. A pesar de esto, después de una reunión en el marco de la visita del presidente electo Porfirio Lobo a Costa Rica, Arias reiteró su apoyo a las elecciones de noviembre y al mismo tiempo hizo un llamamiento a la comunidad internacional para reconocer al nuevo gobierno consagrado en las urnas. Después de su reunión con Lobo, Arias dijo a la prensa que “mi gobierno y el del presidente Ricardo Martinelli, fuimos los primeros en América Latina en manifestar que queremos apoyar al presidente electo y pasar la página del golpe de estado, sobre todo, pensando en el pueblo hondureño, que es uno de los más pobres del continente, que no se merece la agonía de que la comunidad internacional no reconozca la voluntad manifiesta en las urnas”.
En un inicio, el gobierno español condenó el golpe de estado perpetrado en contra del presidente Zelaya, con una posición más cercana a la del duro grupo de países miembros del ALBA. Empero, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, dijo recientemente que “España ni reconoce ni ignora las elecciones en Honduras”, dejando de alguna forma abierta la posibilidad de la normalización de relaciones. A pesar de su fallido intento por cuadrar el círculo, el ministro Moratinos deja entrever en sus declaraciones una posición mucho más suave en relación con la implementada en los últimos meses. “No reconocemos y no ignoramos”. En otras palabras, se sugiere que en un futuro cercano el gobierno español suavizará su posición respecto al gobierno de Porfirio Lobo y termine por reconocerlo.
En el plano de la integración centroamericana, es previsible que se marque aún más el distanciamiento entre los miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA): Guatemala y Nicaragua más alineados con la política exterior del ALBA; El Salvador y Honduras más cercanos a Costa Rica y Panamá. Esto podría traer como consecuencia un debilitamiento en el ya de por sí lento proceso de integración de Centroamérica.
La posición de la UE sobre el resultado de las elecciones será clave para decidir el futuro del Tratado de Asociación entre la UE y Centroamérica. Las negociaciones se han visto afectadas directamente por la situación de Honduras, al punto de llegar a estar suspendidas casi por completo debido al golpe de estado. En este sentido, la posición de Costa Rica parece sensata cuando solicita a la UE concluir el proceso de negociación y dejar la puerta abierta a Honduras para que se una después al acuerdo. Hasta este momento el futuro de las negociaciones es incierto ante la negativa de la UE de continuar el proceso hasta que se solucione la crisis y se retorne a la constitucionalidad en Honduras. Si la UE decide rechazar en pleno las elecciones generales de noviembre pasado, esto dejaría por fuera a Honduras del Acuerdo de Asociación y podría significar un impasse en el proceso de negociación.
Conclusión: A pesar de la ausencia de observación internacional por parte de la OEA y otros organismos internacionales, los resultados de la monitorización de organizaciones de la sociedad civil, como la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, dan fe de la transparencia de las elecciones generales realizadas en Honduras en noviembre pasado.
Aunque las recién celebradas elecciones se perfilen como un paso en el camino para salir de la crisis política de Honduras, el gobierno de Porfirio Lobo tendrá que hacerle frente al reto de llevar adelante un proceso de reconciliación y unidad nacional y, a nivel externo, iniciar una campaña diplomática para recobrar o ganar reconocimiento a su mandato. Aun con la presión de muchos países de la comunidad internacional por el retorno al orden constitucional en Honduras, es poco probable que el presidente Zelaya reasuma control del país antes de la inauguración del presidente electo, Porfirio Lobo, el 27 de enero de 2009.
La comunidad internacional deberá decidir si continúa aislando a Honduras o pasa la página de la crisis política para iniciar, junto a los hondureños, el arduo y largo camino hacia la reconciliación y unidad nacional, la recuperación económica y la consolidación del estado de derecho, las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos.
Teniendo en cuenta que la posición sobre las elecciones en Honduras asumida recientemente por el Departamento de Estado de EEUU es opuesta a la de la OEA, la polarización y futuras pugnas de poder e influencia en América Latina podrían intensificarse en los meses venideros. Para finalizar, no hay que perder de vista dos puntos importantes. Por un lado, aunque el bloque ALBA tiene, por ahora, influencia sobre la posición de la OEA, está compuesto por ocho países de 33 que conforman la región. Si al ALBA le sumamos otros países simpatizantes en relación al tema de Honduras, todavía no suma la mitad de los países del continente. La otra mitad podría inclinar la balanza en la pugna continental.
En vísperas de la elección por el puesto de secretario general, habrá que prestar mucha atención a los resultados y a quien llevará las riendas de la Organización. De eso dependerá, en gran medida, la futura posición de la OEA en el caso de Honduras.
Óscar Álvarez Araya, PhD
Director ejecutivo de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia