Tema
La política tecnológica necesita convertirse en una línea propia y singular de la acción exterior española y, por extensión, de la europea. Gestionar de forma coordinada los retos y oportunidades que la digitalización y las tecnologías emergentes y disruptivas presentan es una oportunidad para la adaptación de la acción exterior de España a las nuevas exigencias del multilateralismo y la necesaria anticipación a escenarios futuros en un ejercicio de prospectiva.
Resumen
La política tecnológica y digital se ha convertido en un terreno de competición global. Sin embargo, la mayoría de Estados siguen abordándola como un asunto meramente transversal a las acciones de la diplomacia tradicional, cuando la política tecnológica y digital demuestra que ya es un asunto propio a abordar bajo un marco propio y unificado. La política tecnológica y digital ya no es adjetivo, sino sustantivo. Este ARI analiza la necesidad de hacer de la política tecnológica y digital una línea propia y singular de la acción exterior. Para ello, propone una arquitectura de la acción exterior tecnológica de España en base a una visión, mandato y coordinación, y apunta a la necesidad de reconfigurar algunos instrumentos, figuras y su interacción con la diplomacia científica.
Análisis
Hacer de la política exterior una verdadera política de Estado, y vertebrar la misma sobre la base de las tres facturas del orden internacional –la fractura socioeconómica, la medioambiental, y la tecnológica y digital– es un reto necesario y urgente. Así se resume la comparecencia de la ministra Arancha González Laya ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados el 20 de febrero de 2020, en que presentó las grandes líneas de la acción exterior española.
De estas tres facturas, es en la de la gobernanza tecnológica y digital donde la velocidad de la transformación digital, su intensidad, alcance y dispersión sobrepasan las capacidades actuales de anticipación y gestión de buena parte de los Estados, así como de los instrumentos propios del multilateralismo. A ello se añade la percepción generalizada por parte de la sociedad de desasosiego a causa de una insuficiente respuesta de los instrumentos públicos a los retos que la digitalización presenta en su vida cotidiana –desde la adaptación del mercado laboral hasta la competitividad industrial–, así como la pérdida de confianza en las instituciones y del sentido de la comunidad a raíz de, entre otras causas, campañas de desinformación y una autoconciencia de individuación cada vez más fuerte y acelerada por la digitalización.
Este mosaico de rupturas, aceleraciones, frenos y solapamientos despiertan la necesidad de abordar la gobernanza tecnológica y digital como una línea propia y singular dentro de la acción exterior española. Ahora bien, no es sólo una cuestión de incluir un nuevo brazo lleno de componentes precisos en el marco de acción exterior, sino que también se trata de repensar la propia acción exterior española –la que trabaja hacia fuera de España, y la que fortalece lo que hay hacia dentro– en su totalidad.
Ello requiere la creación de herramientas orgánicas y figuras institucionales –nuevas o adaptadas–, capacidades de política pública, y canales de comunicación y coordinación entre toda la serie de actores involucrados en el asunto –agencias, Ministerios, sector privado, sociedad civil, ciudades, clústeres transfronterizos–. Asimismo, este documento parte de dos premisas. Primero, la ampliación del actual trabajo en ciberdiplomacia a lo tecnológico y digital. Segundo, la distinción entre la diplomacia científica y la tecnológica, puesto que ambas se entrelazan, pero lo cierto es que sus realidades son demasiado específicas y singulares como para ser abordadas únicamente en conjunto.
(1) La necesidad de hacer de la tecnología y la digitalización una acción exterior
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconocía en el debate sobre el Estado de la UE del pasado septiembre de 2020 que Europa había llegado tarde a la competición tecnológica, y había perdido la soberanía sobre los datos personales de su propia población. O Europa lidera el camino digital, o tendrá que seguir el camino de otros países, que están fijando las normas para la UE. Los anuncios sobre la puesta en marcha de una Identidad Digital Europea segura y transparente, o los Fondos de Transición Justa y el Programa de la Europa Digital con los fondos Next Generation EU, entre otros, son también acción exterior, pero hacia dentro: buscan incrementar y vertebrar las capacidades de los Estados miembros para trabajar entre sí, fortalecer lo endógeno, y construir una nueva vía europea de hacer diplomacia tecnológica y digital.
El primer Informe de Prospectiva de la UE –publicado en el mismo mes de septiembre de 2020– dedica buena parte de su contenido a cómo reducir la dependencia tecnológica de países terceros desde varios prismas. La UE sólo produce un 10% de la producción global de componentes avanzados para el procesamiento de datos –en particular microprocesadores–, algo que pone a las cadenas europeas de aprovisionamiento en un alto grado de vulnerabilidad y dependencia. La UE también es altamente dependiente de materias primas críticas, como el grafito, el litio y tierras raras, y que resultan esenciales para la autonomía estratégica en tecnologías verdes claves como las baterías, la energía solar y eólica, o el hidrógeno. Para conseguir los objetivos propuestos, la UE necesitará 18 veces más litio para el año 2030, y 60 veces más para 2050.
El siguiente paso es construir esta acción exterior tecnológica y digital hacia fuera, y de forma robusta. Por el momento, la UE ha puesto el foco en buscar un espacio propio en medio de la creciente competición geopolítica entre China y EEUU a través de regulaciones frente a las Big Tech –Digital Services Act (DSA) y Digital Markets Act (DMA)–, un nuevo paquete de ciberseguridad –para infraestructuras críticas, la actualización de la Directiva NIS, una Estrategia de Ciberseguridad, y otros documentos–, respuestas institucionales a medidas de aliados –como el programa “Red Limpia” de EEUU–, o una plataforma europea de datos, GAIA-X que, sin embargo, ha terminado acogiendo empresas no comunitarias.
Sin embargo, la UE todavía no ha consolidado una vía propia para internacionalizar como tal su propia visión de diplomacia tecnológica –al modo de la “Doctrina Sinatra”, My Way, del alto representante para la UE, Josep Borrell–; es decir, para hacer del estilo europeo el modus operandi de la gobernanza tecnológica global. China está consiguiendo grandes contratos de Ciudades Inteligentes y Seguras –como el megaproyecto de 172,5 millones de dólares de Huawei con la capital de Kenia, Nairobi, para apoyar el proyecto de Smart Cities y de implementación de 5G–, algo en lo que la UE puede quedarse atrás, pese a la hoja de ruta con África de 2020 en que la transformación digital ocupa el segundo lugar en el orden de prioridades. Lo mismo con los más de 17.000 millones de dólares invertidos en proyectos de la Ruta de la Seda Digital china desde 2013, desde cables de fibra óptica, hasta e-comercio o centros de datos.
Alejándonos de la diplomacia económica en que la UE necesita mayores esfuerzos, en materia de diplomacia política el trabajo realizado es más bien positivo. La UE y sus Estados miembros tienen vigor diplomático en los foros internacionales con su propuesta, junto con EEUU, de un modelo de Internet abierto, libre y seguro. Lo mismo ocurre con las normas internacionales sobre la responsabilidad de los Estados en el uso de la tecnología, pues cuentan con el apoyo de Brasil, la India y Sudáfrica, que decidieron alejarse del Código de Conducta propuesto por China y la Federación Rusia, sus compañeros de los BRICS.
No obstante, el modelo europeo –ni el conjunto con el estadounidense– sigue sin ser capaz de presentar un esquema robusto ni totalmente coherente entre todos los países. Si bien presentan propuestas valiosas en materia de acción exterior tecnológica, como la Alianza Global Democrática para la IA o la inclusión de tecnologías humanitarias en las agendas de cooperación al desarrollo, se sigue con una balcanización de lo tecnológico. A ello se une una asertividad creciente en los foros internacionales de toma de decisión hacia propuestas no-democráticas, la ayuda mutua en cooperación tecnológica y militar sino-rusa, y la designación continuada de personas de origen chino en puestos de alta dirección de instituciones multilaterales estratégicas en materia tecnológica y digital, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización para el Desarrollo Industrial.
Como el nuevo Grupo de Expertos en Cooperación Digital de Naciones Unidas señala, el multilateralismo depende de la interconectividad, respecto y protección de las personas en la era digital bajo los principios de libertad e igualdad. Desde la promoción de la digitalización como bien global común, hasta la construcción de capacidades digitales, y la protección de los derechos humanos en la era digital.
(2) Transformar lo disperso en un cuadro único
De ahí que 2021 se presente como oportunidad para reconfigurar la arquitectura de acción exterior española, haciendo de la política tecnológica y digital algo propio, con un marco singular y coherente, y con un relativo margen de influencia como modelo para países cercanos. Las razones son varias.
Primero, la política tecnológica y digital difumina la tradicional visión dicotómica entre la geopolítica y las políticas públicas. Esta hibridación abre paso a la implicación de nuevos actores a la acción del Estado en sus relaciones exteriores, como son la interacción de delegaciones diplomáticas con el sector privado cuando éste puede aportar información rápida sobre el bloqueo de acceso a Internet durante una jornada electoral o manifestaciones en las calles de un país que es de interés estratégico para España. También cuando una empresa española multinacional busca incrementar su proyección en el extranjero y necesita conocer no sólo aspectos de inteligencia económica, sino también política y geopolítica de otros lugares en materia tecnológica. O cuando la propia imagen y reputación de España –vinculado a la Secretaría de Estado para la España Global– requiere que España transmita un mensaje unificado de su estrategia en política tecnológica: un enfoque misión-país.
Segundo, los retos sociales, políticos, económicos, medioambientales y culturales que la tarea de prospectiva debe abordar permean con lo digital de una forma que hace que la política tecnológica no pueda ser un mero asunto transversal. Las campañas de desinformación se abordan en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) desde noviembre de 2020 y se parte del Plan de Acción contra la Desinformación de 2018. Se ha establecido una relación de cooperación con el grupo de trabajo para Comunicaciones Estratégicas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y otros Estados miembros a través del Sistema de Alertas Rápidas, por lo que se designa un punto de contacto. Ahora bien, con la finalidad no sólo de combatir la desinformación sino, además, de asegurar la imagen, reputación y credibilidad de España ante campañas falsas, un valor añadido sería sumar diálogos –si no a través del CSN, del MAEUEC – con representantes de medios de comunicación y sociedad civil, en tanto que viven el trabajo cotidiano de esta realidad.
Tercero, la falta de un representante especial para Asuntos Digitales Globales en el seno del Servicio de Acción Exterior Europea, y el reparto de competencias en esta materia entre los Comisariados de Competencia y de Mercado Único, en la Comisión Europea, va de la mano de cierta lentitud o divergencia en la respuesta rápida a eventos puntuales, lo que evidencia la necesidad de “estrategizar” estas respuestas tácticas a través de la creación de dicho representante especial tanto en la UE como en el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (de ahora en adelante, MAEUEC).
Una razón clara para hacerlo es el hecho de que España es líder europeo en proyectos piloto de Ciudades Inteligentes a través de 5G; va a ser la puerta de entrada hacia Europa de los importantes cables submarinos Grace Hopper de Google; empresas españolas van a crear un número significativo de centros de datos; y los aprendizajes tras no ganar la candidatura española para acoger el Centro Europeo de Ciberseguridad en la ciudad de León.
(3) Propuesta de una arquitectura de acción exterior tecnológica y digital
Todo ello demuestra que la política tecnológica no es un asunto que pueda abordarse, a día de hoy, con casos particulares o acuerdos puntuales. La Estrategia de Acción Exterior del MAEUEC y una posible Estrategia específica sobre Orden Global y Tecnología requiere de tres ejes esenciales: visión, mandato (a nivel orgánico y de capacidades) y coordinación (hacia dentro y fuera de España).
(3.1) Visión
En primer lugar, visión. Como la ministra de Asuntos Exteriores señaló en la comparecencia mencionada, el objetivo es de hacer de la política exterior una verdadera política de Estado. Para que sea verdadera, se necesita que sea perdurable en el tiempo (que supere los ciclos electorales), sostenible en capacidades (el segundo eje), factible (hacia dentro) y consensuada.
Para que sea factible, la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, perteneciente a la Presidencia del Gobierno, desempeña un papel esencial. La acción exterior tecnológica es más doméstica de lo que parece. En realidad, su principio y fin, y su hilo conductor, depende de abordar un análisis metodológico de los retos, oportunidades y tendencias del país para llevar a cabo estrategias anticipatorias y de previsión, con una mirada de largo plazo.
Internacionalizar lo propio requiere, primero, hacer factible que las transiciones digitales ocurran dentro del país, como el objetivo de Telefónica de cubrir con fibra óptica el 100% de España, y el 75% de la población con redes 5G para el año 2025. El Gobierno de España presentó en julio de 2020 su agenda España Digital 2025, por la que busca movilizar 140.000 millones de euros para la digitalización del país hasta dicho período. Si se es capaz de extender el espectro de 5G del actual 30% hasta el 100% esperado, ampliar al 80% el grupo de personas con competencias digitales básicas, conseguir una carta nacional sobre derechos digitales, o transitar hacia una economía del dato donde el 25% de empresas usen Inteligencia Artificial y Big Data, entonces una Estrategia de Acción Exterior Tecnológica será capaz de consolidar la internacionalización de sus objetivos –sean políticos, económicos, sociales, vinculados a la cooperación al desarrollo o a la seguridad y defensa– de una forma sostenida, robusta y legitimada hacia terceros actores.
Para que su visión sea consensuada, se requieren dos acciones. Primero, resolver las sensibilidades institucionales y sectoriales que puedan surgir ante una acción exterior tecnológica y digital que no sólo mira a la diplomacia fuera, sino también a la que tiene lugar hacia dentro, y que puede despertar escepticismos. Ante esta posibilidad, la clave es construir una acción exterior tecnológica basada en una serie de consultas y diálogos en los que todos los actores involucrados –desde los distintos Ministerios y Agencias, hasta empresas privadas de seguridad y defensa, o de energía y transición ecológica– puedan aportar sus inputs.
En tanto que esta diplomacia tecnológica hacia fuera irá intrínsecamente vinculada a las estrategias nacionales, el MAEUEC debería trabajar de la mano de la Oficina Nacional de Prospectiva para encauzar esta serie de diálogos, que permitirán anticipar y plantear los escenarios de futuro deseados tanto hacia dentro del país como en su posterior internacionalización. Abordar estos diálogos con las Comunidades Autónomas será otro pilar clave para facilitar un engranaje sólido, más a día de hoy con la distribución de los fondos europeos del Plan de Recuperación y Next Generation hacia cada una de las regiones.
(3.2) Mandato: orgánico y de capacidades
El segundo eje esencial es el mandato. Éste es doble: una estructuración orgánica de mayor complejidad, así como la creación de capacidades (nuevas o adaptadas). Respecto al nivel orgánico, a día de hoy, la llamada fractura tecnológica y digital en el orden global, mencionada por la ministra de Exteriores, se aborda desde el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y, concretamente, el Consejo Nacional de Ciberseguridad. Realiza la valoración de los riesgos y amenazas, analiza los posibles escenarios de crisis, y contribuye a la disponibilidad y coordinación de recursos, entre otras tareas.
Ahora bien, para internacionalizar las capacidades tecnológicas, así como para posicionar a España como país de referencia en incluir su visión de política digital en el seno del multilateralismo, las relaciones bilaterales y los regímenes normativos internacionales, se necesita acompañar a la tarea del DSN (en coordinación, verificación y planificación) de una dimensión propositiva para darle accionabilidad y ejecución a dichos recursos y escenarios en un sentido de acción exterior. Para ello, un órgano adecuado para este segundo pilar –y en coordinación con la DSN– podría ser la Secretaría de Estado para la España Global.
La Dirección General de Coherencia, Estrategia y Prospectiva dentro de la España Global actualmente sirve como puente entre las demandas y acciones de los distintos actores que trabajan en el ecosistema. Para una acción exterior tecnológica, esta Dirección General puede garantizar un enfoque misión-país. La manera de hacerlo es construir una estrategia interna basándose en las demandas externas, como ya ha venido caracterizando la cultura organizativa de esta Dirección en experiencias anteriores. En este caso, involucraría a la Secretaría de Estado para la Digitalización y la Inteligencia Artificial (SEDIA), el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Secretaría General de Política de Defensa, la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo.
Hoy en día el MAEUEC cuenta con un nuevo embajador español en Misión Especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad. Sin embargo, la naturaleza de la política tecnológica y digital abarca otras realidades para las que se necesitaría una nueva figura de embajador tecnológico específica que aborde asuntos más allá de lo cibernético, y la seguridad y la defensa.
Dinamarca es el país paradigmático de donde ha surgido esta figura de embajador tecnológico. Lo hizo a mediados de 2017, con los objetivos de incrementar su influencia internacional en asuntos como el impacto de la IA, la automatización del futuro del empleo, la protección de datos personales, las redes sociales y la democracia, y las criptomonedas en la arquitectura financiera global. Con oficinas en Beijing (China), Copenhague (Dinamarca) y Silicon Valley (EEUU), el embajador tecnológico trabaja mano a mano con las delegaciones diplomáticas danesas en estas ciudades, pero gestiona su mandato de forma autónoma. Esto significa que el embajador tecnológico trabaja a la vez a tres velocidades distintas: creando nuevas alianzas sectoriales, participando en foros multilaterales y con Estados, y generando esquemas multi-stakeholder (multi-actor).
Que un único embajador tecnológico sea el encargado de abordar desinformación, fiscalidad digital, ética de los datos y la IA, o derechos humanos digitales, da sin duda a un país un mayor grado de legitimidad y credibilidad en política tecnológica y digital. Además, permite mayor comunicación interactor dentro del país. Caso similar es el de Francia, en cuyo Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores existe una Dirección General para Asuntos Estratégicos Tecnológicos y de Ciberseguridad.
Estos modelos sirven de inspiración, pero el caso español debería trabajar por crear su propia figura de embajador tecnológico sui generis. Primero, porque para aprovechar su potencial debería disponer de un amplio equipo, lo cual exige que el embajador no lo sea solamente en Misión Especial. Segundo, porque las prioridades en capacidades y líneas de acción exterior entre países varían, pese a formar parte de la UE. La última Estrategia de Acción Exterior de 2015 apunta cuatro prioridades: la coherencia, eficacia y transparencia de la acción exterior; promover y proyectar los valores e intereses del país; situar a la ciudadanía en el centro de la política exterior; y proyectar globalmente a España como país avanzado. La nueva Estrategia del MAEUEC que llegue en 2021 deberá ir orientada a tales prioridades y a convertir a la digitalización y las tecnologías emergentes y disruptivas, tal y como se ha hecho con las distintas líneas de acción exterior, en un asunto transversal a los objetivos de paz y seguridad internacionales, multilateralismo, Estado de Derecho, lucha contra la pobreza, cooperación al desarrollo, control de armamentos, una Europa más fuerte, cambio climático, lengua y cultura, economía, y el foco en América Latina y el Caribe.
Tercero, porque las relaciones bilaterales de España son distintas: existe un foco importante en América Latina y el Caribe, y con el Sahel. Cuarto, porque España está liderando algunas actividades de las que puede enseñar: la Carta de Derechos Digitales, los planes de algunas empresas españolas en liderazgo de centros de datos o en industria de seguridad y defensa, y el foco que el MAEUEC pone actualmente en la ciudadanía como principio y fin de todas sus acciones. Un cuarto punto esencial es garantizar el principio de ética profesional durante y después del ejercicio de esta función de embajador tecnológico, ya que trabajaría estrechamente con empresas.
Con todo, estas particularidades del embajador tecnológico en España deberían ir de acuerdo con los dos objetivos de la UE: la autonomía estratégica y la resiliencia de una Europa sostenible en lo digital, social y verde.
(3.3) Coordinación (hacia dentro y hacia fuera)
Para llevar a cabo una acción exterior sostenible, factible y consensuada, con un mandato y una estructuración orgánica y de capacidades robusta, la coordinación es esencial.
Hacia fuera, se necesita que la primera aproximación de la UE a un EU Cyber Diplomacy Toolbox vaya más allá de un régimen de sanciones por riesgos, amenazas o ataques cibernéticos. Si la UE aspira a “hablar el lenguaje del poder” y a materializar su soberanía tecnológica, entonces las instituciones comunitarias se encuentran en el momento más adecuado para crear una línea propia de diplomacia tecnológica, a través de la institucionalización de una Estrategia propia desde el Servicio Europeo de Acción Exterior, la creación de un representante especial sobre Asuntos Digitales Globales, y nuevos instrumentos para la coordinación con los Comisariados europeos (Competencia, Mercado Único), Direcciones Generales (Investigación y Desarrollo, Redes de Comunicaciones) y Departamentos de Servicio (FPI, o Instrumentos de Acción exterior) que trabajan en el espectro de la política tecnológica y digital.
Hacia dentro, una estrategia de acción exterior tecnológica debería buscar la coordinación de su mandato con los objetivos ya establecidos y que se van a renovar y potenciar en la nueva Estrategia de Acción Exterior, que se apoya a su vez en la Ley de Acción Exterior. Esto significa que la estrategia debería entrar dentro del marco de actuación posible de otros asuntos como la cooperación al desarrollo –tecnologías humanitarias– y la diplomacia económica –adaptando nuevas operaciones en las Unidades de Cooperación en el Exterior y las Oficinas ICEX–. Esto permitiría priorizar las capacidades en la diplomacia tecnológica (IA, 5G, datos, Internet de las Cosas, blockchain, satélites, cables submarinos, criptomonedas y más) o los programas de acción exterior (liderar el desarrollo de regímenes internacionales sobre armas letales autónomas, o establecer programas de formación en capacidades de administración pública digital o protección de la democracia con países aliados de América Latina y el Caribe).
Sin embargo, esto también significa que los asuntos de diplomacia tradicional se adapten a los retos y oportunidades que la diplomacia tecnológica presenta. De ahí la necesidad de distinguir entre la diplomacia científica y la diplomacia tecnológica y digital. A día de hoy, ambas confluyen bajo el Informe sobre Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación. Éste ha sido un esfuerzo valioso por la conjunción de ambas áreas. Sin embargo, a día de hoy la ciencia ha crecido en complejidad tanto como la tecnología, y necesitan líneas diferenciadas.
Una efectiva coordinación de la gobernanza tecnológica requerirá responder a preguntas específicas para ella misma: si se opta por una gobernanza transversal o específica a cada tecnología (apostando por la primera en acción exterior); si la tecnología debe ser gobernada vertical u horizontalmente; si el nexo entre orden global y tecnología debe abordarse con medidas ex ante (preventivas, anticipatorias) o ex post (punitivas); y cómo puede involucrarse en la toma de decisiones de asuntos tecnológicos a actores no estatales, desde el sector privado, hasta el sector social y la propia sociedad civil.
Conclusiones
La gobernanza tecnológica global todavía se está escribiendo. Hay más preguntas que respuestas. Sin embargo, ello no debe coartar a un país de establecer una línea de acción exterior propia para las tecnologías emergentes y disruptivas y la digitalización. Todo lo contrario: se presenta como oportunidad, no sólo necesaria en contenido, sino también adecuada en tiempo. España ha venido en los últimos años estructurando algunas acciones de diplomacia tecnológica. El contexto actual es el idóneo para construir un marco coherente y robusto. Si lo hace con prontitud, España podría beneficiarse de tres grandes frentes en política tecnológica y digital.
Primero, la estructuración interna de un enfoque misión-país ante una realidad cuya velocidad sobrepasa en muchas ocasiones la capacidad de actuación y respuesta del Estado y los actores involucrados. Esto permitiría la anticipación y la prevención ante escenarios de crisis y de oportunidad, tanto en las dimensiones más puramente políticas (como los retos que la inteligencia artificial plantea para la democracia), hasta la de seguridad (ciberseguridad, armas letales autónomas y regímenes de derechos humanos) y la económica (competitividad industrial y aprovisionamiento de materias primas críticas).
Segundo, España podría ubicarse en la lista de países prioritarios o con mayor voz a la hora de definir las grandes líneas estratégicas de la nueva era tecnológica para el multilateralismo, los foros de toma de decisiones y las prioridades del siglo XXI. Es cierto que algunos países tienen una posición privilegiada, como China y EEUU. Sin embargo, que España sea capaz de definir una acción exterior robusta a día de hoy le permitiría ascender escalones en el posicionamiento dentro de la UE.
Tercero, la política tecnológica y digital es una de aquellas áreas que más difumina la frontera tradicional entre la geopolítica y las políticas públicas. Una acción exterior tecnológica tiene que ver con la política doméstica más de lo aparente. Esto permitiría la construcción de ecosistemas, no sólo a nivel orgánico y de capacidades, sino también de culturas organizativas más dinámicas y fluidas entre sectores tradicionalmente vistos como compartimentados.
Hacer de lo táctico algo estratégico no es una tarea sencilla. España ha venido en los últimos años estructurando algunas acciones de diplomacia tecnológica. Con la pandemia causada por el COVID-19 y las circunstancias de estos últimos años, aparecen la oportunidad y la necesidad para estructurar dichas iniciativas bajo una línea singular y propia de acción exterior tecnológica y digital. De construir un marco coherente dependerá, no sólo encontrar un lugar propio en el escenario internacional marcada por este tema, sino empezar a utilizar las herramientas del poder.
L’Hemisferic, Valencia (España). Foto: Tim de Groot (@timdegroot)
