Tema: Zimbabwe es uno de los Estados fallidos de África debido a la violencia y el monopolio del poder ejercido por el régimen de Mugabe.
Resumen: Zimbabwe es un Estado fallido a punto de explotar. Robert Mugabe y su partido –el Zimbabwe African National Unity Front – Patriotic Front (ZANU–PF)– llevan en el poder desde la independencia a principios de los ochenta y lo detentan abusando de los resortes del Estado, empleando la violencia y perpetuándose mediante el fraude electoral. Si a esto se añade que la economía del país y la situación humanitaria se deterioran día a día, la situación se convierte en una bomba de relojería, que podría estallar en cualquier momento en forma de guerra civil para la que sólo falta un detonante. Zimbabwe ejemplifica las consecuencias del abuso sin límites del poder y la incapacidad de las presiones internacionales para prevenir el fallo anunciado de un Estado que pone en peligro la estabilidad regional. Este ARI examina las causas estructurales del problema: la violencia y el monopolio del poder detentados por el régimen de Mugabe. También se describe la catastrófica situación social, humanitaria y económica de la población. Con el fondo de las próximas elecciones del 29 de marzo, se estudian las posibilidades de un cambio en la situación que conduzcan al fallo final de Zimbabwe o al inicio de su recuperación.
Análisis: Después de la independencia, la mayoría de los países del África subsahariana se convirtieron en sistemas de partido único bajo la asunción de que era necesario para la reconstrucción de la nación y el desarrollo económico. Partiendo de esa asunción, la oposición se acabó tolerando si no era una amenaza en el mejor de los casos pero lo normal era que se la eliminara, cooptara o simplemente se la forzara a exilarse como muestran los casos de Túnez, Chad, Senegal, Tanzania, Zambia, Kenia y Costa de Marfil, por nombrar algunos. Otros países no convergieron en un partido único sino en un régimen militar, como Etiopía, Liberia y Uganda, pero la mayoría de estos y de los otros países son hoy en día Estados fallidos.[1]
En los noventa, con el fin de la guerra fría, cambió la situación drásticamente en la región y se produjo la alternancia en el poder en países tan dispares como Malí, Zambia, Kenia y Santo Tomé y Príncipe, a lo que se añade el fin de las guerras en Mozambique y Angola y la transición a la democracia en Sudáfrica, donde Nelson Mandela fue investido presidente de la República en 1994 tras pasar media vida en prisión, convirtiéndose el cono sur africano en un punto de referencia para la estabilidad política y el potencial económico del continente. No obstante, en otros países la oposición no tuvo el mismo éxito, como es el caso de Zimbabwe donde el presidente Robert Mugabe y su partido –el Zimbabwe African National Unity Front – Patriotic Front (ZANU–PF)– llevan en el poder desde la independencia a principios de los ochenta. La intimidación, el abuso de los resortes del Estado por parte del partido gobernante, la violencia y la falta de transparencia han sido la tónica dominante de todos los procesos electorales habidos hasta la fecha, cuya finalidad ha sido refrendar “electoralmente” el régimen de Mugabe. La oposición no ha tenido opción alguna, tanto por la legislación vigente y la interpretación de la misma, como por la presencia generalizada de violencia política, una de las principales causas del desmembramiento político y económico actual, que hacen que el país haya transitado desde la independencia a comienzos de los ochenta al caos a finales de esta década.
En el año 2007, Zimbabwe se encontraba en el cuarto lugar de la lista de Estados fallidos del Fund for Peace, tras Sudán, Irak y Somalia, encabezando los indicadores de “alarmante presión demográfica” y “agudo declive económico”. Si la inestabilidad de Zimbabwe se añade a la existente en la República Democrática del Congo y la registrada actualmente en Kenia tras el fraude electoral de 2008, nos encontramos con un triángulo de inestabilidad regional que no sólo amenaza a los países mencionados sino que hace peligrar la estabilización política y relanzamiento económico del cono sur africano y del África central.
Zimbabwe obtuvo la independencia real en 1980 después de un largo enfrentamiento entre el ZANU–PF y el Zimbabwean African People’s Union (ZAPU), por un lado, y el gobierno que se declaró unilateralmente independiente del Reino Unido en 1965 por otro. Desde la independencia, Robert Mugabe, líder del ZANU–PF puso en marcha un proceso para obtener poder absoluto en el país hasta el punto de que hay áreas, especialmente a nivel local, donde no se distinguen las estructuras institucionales de las del partido gobernante. Zimbabwe ha celebrado elecciones parlamentarias en 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 y las últimas en 2005, todas ellas ganadas por el ZANU–PF de Mugabe y todas ellas con acusaciones de fraude, violencia e intimidación. Las siguientes están previstas parafinales de marzo de 2008.
Hasta la aparición del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), el principal partido de la oposición fue el ZAPU, pero quedó absorbido por el ZANU–PF en 1987. Desde entonces han aparecido nuevas organizaciones de oposición, como la Asamblea Nacional Constitucional en 1997 y, en 1999, el mencionado MDC. La única derrota del ZANU–PF en las urnas ocurrió en el referéndum constitucional de febrero de 2000, lo que hizo pensar que en las elecciones presidenciales de 2002 podría llegarse a una alternancia en el poder. Sin embargo, éstas fueron de nuevo ganadas por el ZANU–PF con unos niveles inusitados de intimidación y violencia. La impunidad con la que han actuado militantes del partido en el gobierno y fuerzas de seguridad es total y Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente de violaciones de derechos a las propias fuerzas de seguridad del Estado –policía, ejército e inteligencia–, así como a las milicias que cuentan con el consentimiento y aquiescencia del Gobierno y que disponen de recursos y fondos públicos. Los anteriores gozan de impunidad estructural en Zimbabwe debido a las amnistías y clemencias presidenciales, a la falta de transparencia y de colaboración para identificar a los agentes estatales acusados de perpetrar violaciones de derechos humanos y al acoso a los activistas de derechos humanos y a la prensa independiente, por no hablar de la parcialidad del sistema judicial.
El uso generalizado de la tortura en Zimbabwe no es un fenómeno nuevo. Ya en los años setenta, durante la guerra de liberación contra el Gobierno de Ian Smith, la tortura era algo común y así ha continuado desde entonces. Durante los gobiernos de Mugabe, la tortura –y la violencia política en general– también han estado y están presentes. Por ejemplo, durante las revueltas por la escasez de alimentos en 1988 en la capital, Harare, Mugabe envió unidades de policía y del ejército para controlar la rebelión, lo que dio lugar a actos de tortura masivos tanto en las calles como en los centros de detención. Desde 1999 la tortura fue en aumento y se utilizó principalmente para reprimir a la oposición y contra los sospechosos de militar en el opositor MDC, evitando que prosperara el proceso de democratización real, aunque también se ha utilizado contra granjeros y periodistas que han sido víctimas de la política de terror impuesta desde el Gobierno para controlar a la población.
La tortura y la violencia han repuntado en períodos electorales y sólo se escapan a ella los miembros del ZANU–PF. Según Amani Trust, una ONG humanitaria que opera en Zimbabwe, los casos de tortura se dan tanto antes como después de los procesos electorales, siendo alrededor del 90% de las víctimas miembros del MDC y el resto docentes, sindicalistas y granjeros sin filiación política. La misma organización estima que aproximadamente un 20% de la población total del país han sufrido tortura, incluidas las denominadas “violaciones políticas” a mujeres que pertenecen al MDC, son sospechosas de serlo o están casadas con militantes, aunque no se dispone de documentación detallada al respecto.
Otro colectivo que también ha sufrido violaciones sistemáticas es el de los granjeros. Desde la independencia, la redistribución de la tierra en manos de los colonizadores blancos fue una promesa del presidente Mugabe. En el año 2000, para satisfacer las demandas de la población negra, especialmente de los seguidores del presidente, insatisfechos por el retraso de más de 20 años en la redistribución, el Gobierno incitó a la ocupación de granjas por parte de los veteranos de guerra, lo que dio lugar a asaltos, violaciones y muertes. Según datos de Amani Trust sobre población granjera que había sido expulsada de sus tierras, el 71% de los propietarios había padecido torturas y en el 55% de los casos documentados se habían llevado a cabo en presencia de niños. El programa de reforma de la tierra, que básicamente consiste en dar vía libre al asalto de granjas de forma impune, ha tenido un efecto paralelo: el descenso de la productividad de las granjas, la disminución de exportaciones, la pérdida de entrada de divisas y el descenso en la producción alimentaria. Si a esto se añaden malas cosechas y sequía en todo el cono sur africano, el resultado es una escasez galopante de alimentos que afecta en la actualidad a una gran parte de la población y que está creando una situación humanitaria sin precedentes, a lo que el Gobierno ha respondido impidiendo la ayuda exterior. Es más, el Gobierno optó por prohibir planes de ayuda alimentaria privados y usar planes públicos para penalizar a los opositores y ayudar a los correligionarios del régimen.
Tampoco se libraron de la violencia y la tortura los miembros de los medios de comunicación. Los periodistas independientes operan en Zimbabwe bajo severas restricciones sobre lo que pueden decir. Quienes critican a Mugabe o al Gobierno son oficialmente objeto de arresto y prisión y, oficiosamente, objeto de tortura. Una nueva ley, la Ley de Protección de Privacidad e Información, criminaliza de facto la libertad de expresión al exigir a los periodistas obtener una licencia para trabajar sin la que no pueden ejercer, arriesgándose a dos años de cárcel si ejercen sin autorización. Esto fue usado para impedir la labor de periodistas extranjeros en el país y para eliminar a los periodistas que no apoyaban las directrices del Gobierno. La Ley de Orden Público y Seguridad (POSA) criminaliza los mítines públicos y es usada para cancelar mítines de la oposición y detener a manifestantes, y la Ley de Mantenimiento del Orden y la Ley (LOMA) ilegaliza la publicación de aquello que pueda “causar alarma” según la apreciación discrecional y arbitraria del Gobierno. Por si fuera poco, entre 2000 y 2001, los periódicos independientes fueron objeto de ataques con bombas en sus sedes y asaltos físicos contra los periodistas bajo la acusación de ser lobbies de poderes extranjeros y que su trabajo era una traición al país.
La cultura de la violencia está conectada con la impunidad existente en Zimbabwe que permite que los ciudadanos resuelvan sus disputas políticas por la fuerza. Sistemáticamente, y después de cada conato de guerra, enfrentamiento o levantamiento social, se acaba aprobando una ley que perdona a todos los que hayan cometido violaciones de derechos humanos y otros excesos. A esta sucesión de leyes de “punto final” hay que añadir los numerosos indultos aprobados por el presidente. Esta práctica data ya de 1975, cuando el primer ministro Ian Smith aprobó una ley perdonando los excesos de sus fuerzas de seguridad. Sucedió otra vez en 1980 después de que se ganara la independencia y de nuevo en 1987 después de los “sucesos de Matabeleland”.[2] Mugabe ha aprobado leyes de clemencia perdonando tortura y otras ofensas en 2000 y 2002 y ha emitido una serie de perdones presidenciales con las mismas intenciones. Por ejemplo, la ley de amnistía de 2000 permitió perseguir el asesinato y violación pero no el secuestro, ni la quema de casas ni las torturas. A esta impunidad hay que añadir una impunidad de facto, ya que la policía rechaza investigar acusaciones de tortura y asesinato, alegando que los crímenes son de carácter político y que, consecuentemente, escapan de su jurisdicción.
Zimbabwe en la actualidad
Es cierto que la situación de intimidación y violencia mejoró en las elecciones de 2005 respecto a las anteriores: por ejemplo, el MDC pudo celebrar mítines en zonas rurales, cosa harto difícil en las elecciones anteriores, aunque no es menos cierto que durante las elecciones se detuvo a Ian Kay, candidato del MDC, y se le llevó al mismo centro de interrogatorios donde un año antes había sido torturado (esta vez pudo marcharse una hora después sin que le fracturaran dos costillas y sin que le explosionaran su casa como la vez anterior). A pesar de todo, la policía, según el propio Kay, sigue impidiendo que la población acuda a sus mítines mientras que les obliga a acudir a mítines alternativos del ZANU–PF. Los periódicos independientes han sido cerrados (por ejemplo, The Weekly Times, The Daily News y The Daily News on Sunday), el poder judicial está silenciado y es complaciente y el asalto a tierras propiedad de la población blanca está casi completado.
Por lo tanto, el relativo ambiente de aparente calma que prevaleció en las últimas elecciones parlamentarias de 2005 debe analizarse en este contexto de represión estructural eficaz para entender el valor relativo de los 78 diputados para el partido ZANU–PF (el 63% de los votos), a los que el presidente añade otros 30 diputados más con su nombramiento directo, frente a los 41 diputados obtenidos por el opositor MDC (34% de los votos). Sin embargo, como en pasadas elecciones, han vuelto a registrarse diferencias entre los votos posibles y los contabilizados el día de las elecciones. Por ejemplo, en la circunscripción Mutare South los datos de la comisión electoral indicaron que el total de votos emitidos era de 14.054. El candidato del MDC obtuvo 12.613 y el del ZANU–PF 16.521, lo que suma un total de 29.034, dejando una discrepancia de 14.980 votos. Casos similares se dieron en Kariba, Seke Rural, Buhera South, Marondera East, Buhera North, Murehwa South, Mutasa South, Nyanga, Chimanimani, Manyame y Goromonzi entre otras circunscripciones. Asimismo, el MDC fue incapaz de realizar un análisis exhaustivo en las circunscripciones de Mahonaland Central, Masvingo, Matabeleland North, Midlands North y Midlands South ya que la Comisión Electoral Central simplemente no proporcionó los datos detallados. A todo esto hay que sumar la negativa del Gobierno a autorizar misiones de observadores electorales de EEUU, de la Commonwealth, la UE, Japón y Australia entre otras. Para las elecciones de finales de marzo de 2008 el presidente ya ha anunciado que no aceptará observadores internacionales.
Sin embargo, a pesar de su control total del país, Mugabe está sentado encima de una bomba de relojería o, en palabras de Eddie Cross, portavoz del opositor MDC en asuntos económicos, Mugabe “sabe que el hielo bajo sus pies es muy fino, y el agua bajo el hielo muy fría”. La situación económica se ha deteriorado de tal manera que ya en 2005 la hambruna afectaba prácticamente a un tercio de la población, más de cuatro millones de personas, lo que contrasta con el gasto de más de 500 millones de dólares en armamento encargado ese año. Desde entonces pueden formarse colas de más de dos millas en la capital, Harare, para comprar gasolina, y suele escasear el maíz, que es el elemento básico de la seguridad alimentaria en Zimbabwe, sin que se pudieran realizar las importaciones masivas anunciadas –más de un millón de toneladas de maíz– por falta de reservas de divisas. Los cortes de suministros básicos se suceden y cientos de miles de hogares se han quedado sin agua corriente ni electricidad. Durante mucho tiempo, especialmente hasta las últimas elecciones, el Gobierno mantuvo la moneda artificialmente alta (casi tres veces su valor real) y las consecuencias se están pagando ahora. La situación económica se fue deteriorando hasta cerrar el año 2007 con una inflación de más del 66%.
La situación en el último año no ha hecho más que empeorar. No es posible comprar combustible en el país ya que las compañías no suministran ante la falta de pagos. Comprar pan es casi imposible y en las tiendas apenas quedan productos alimenticios. El estado de máxima alerta en el que se encuentra movilizado el ejército, los controles policiales en las carreteras durante las 24 horas o las medidas de seguridad excepcionales en torno al Palacio presidencial demuestran inquietud por los acontecimientos que vienen.
Perspectivas de futuro
El futuro de Zimbabwe parece estar íntimamente ligado al futuro de su presidente. Robert Mugabe, de 84 años, que ya ha anunciado que se presentará a las elecciones del próximo 29 de marzo. Esta vez tendrá oponentes de incluso sus propias filas: Simba Makoni, antiguo ministro de Finanzas, que inicialmente contaba con el apoyo de la vicepresidenta Joyce Mujuru. Sin embargo, esta última ha pedido el voto para Mugabe, con lo que el octogenario presidente volverá a presentarse a las elecciones sin rival con capacidad de disputarle la presidencia.
El contexto socioeconómico en el que se celebrarán estas elecciones está más deteriorado que el de las anteriores. En enero de 2008 el dato oficial de la inflación interanual entre enero de 2007 y enero de 2008 se situó en el 100,58%, batiendo un récord mundial. El desempleo es superior al 80%, ya en 2000 –según datos del Afrobarómetro (www.afrobarometer.org) de la Universidad de Ciudad del Cabo– alrededor del 70% de la población admitía haber tenido un amigo cercano o familiar muerto por SIDA, existe una gran escasez de fármacos esenciales, alimentos básicos, suministro de electricidad y divisas, y más del 80% de la población vive con menos de 2 dólares al día y Naciones Unidas ya ha puesto en marcha planes especiales de protección, sobre todo a niños.
Sin embargo, lo más probable es que Mugabe vuelva a ganar las elecciones debido principalmente a la existencia de una oposición dividida en cuanto a estrategia y sin un claro y sólido liderazgo, y, como en casos anteriores, debido a la violencia y al control del sistema electoral, un gran fraude en el que las personas designadas por Mugabe controlan el registro electoral, las circunscripciones y la comisión electoral. Ni los ciudadanos no residentes pueden votar ni se admiten observadores internacionales que puedan denunciar el fraude.
El MDC da por muerto el proceso de “diálogo” para la reforma política, lo considera como una catástrofe tanto para los ciudadanos de Zimbabwe como para la estabilidad de la región, e incluso duda sobre cuál será la situación después de los comicios y si los ciudadanos de Zimbabwe empezarán a “usar el machete” tras las elecciones.
Para que el país entre en un estado de colapso total sólo falta un detonante, que perfectamente podría ser el gran fraude electoral esperado o, por ejemplo, las consecuencias de una epidemia sin control como la que podría haber surgido del brote de cólera que ya se ha dado en la región de Mashonaland Central y Oriental y que causó al menos 11 muertes o los casos de malaria detectados. Según el Gobierno y los medios de comunicación afines al mismo, ya se ha controlado la epidemia pero el propio ministro de Sanidad, David Parirenyatwa, admitió que algunas zonas no eran accesibles debido a las recientes inundaciones. No es el primer brote de cólera, ya que en 2006 y 2007 se registraron similares brotes debido al desbordamiento de aguas residuales y falta de suministro de agua potable. Por estas mismas razones ya ha habido más de 800 casos de diarrea en Mabvuku, Tafara, Hatcliffe y Chitungwiza, y a esto se añade que ya hay ciudades como Bulawayo –la segunda más importante del país tras Harare– que están sin liquidez y sin la consecuente capacidad de prestar servicios básicos a los ciudadanos, como recogida basuras, mantenimiento de alcantarillado o potabilizar el agua.
Conclusiones: En tan sólo dos décadas, Zimbabwe ha pasado de ser un país próspero a un Estado fallido, constituyendo un claro ejemplo de las consecuencias derivadas de la perpetuación en el poder y del abuso de los resortes del Estado por parte de un partido político: falta de respeto a los derechos humanos, ausencia de Estado de Derecho, desorden, caos económico y social, epidemias, bloqueo de comunicaciones terrestres en el cono sur, factor de inestabilidad regional y ¿guerra civil?
La Comunidad Internacional ha tratado de endurecer las sanciones internacionales con acciones como el embargo de armas y prohibición, por parte de la UE, de viajar a Mugabe y a unos 100 altos cargos del Gobierno, la congelación del voto de Zimbabwe en el Fondo Monetario Internacional, la imposición de restricciones monetarias, el bloqueo de las cuentas de los altos cargos del Gobierno de Mugabe y el fomento del aislamiento regional de Zimbabwe, a lo que el presidente ha respondido con indiferencia, demostrando que es necesaria una colaboración más estrecha entre los dos actores externos más importantes, el Reino Unido como actor internacional y Sudáfrica como actor regional. Sin embargo, aunque ha habido presiones para que organizaciones regionales como la Unión Africana presionen al Gobierno de Mugabe, no ha habido éxito ya que el presidente de Zimbabwe sigue siendo considerado como un héroe de la independencia en África y las presiones se han limitado a promover un “diálogo nacional” que ya ha sido dado por muerto. Cuando las críticas han ido más allá, el presidente ha respondido desafiante a las mismas.
En definitiva, Zimbabwe está al borde del abismo y cualquier detonante podría generar un crisis humanitaria de magnitudes insospechables y que a buen seguro desbordaría las fronteras del país, afectando a la estabilidad regional y todo ello justo a las puertas de un país, Sudáfrica, que aspira a celebrar uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo –la copa del mundo de fútbol– y a ser un escaparate de África a todo el mundo en 2010.
Carlos García Rivero
Profesor titular de Universidad del Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Burgos y especialista en elecciones, democracia y estabilidad política en África subsahariana
[1] En el índice de Estados fallidos de 2007 del Fund for Peace (http://www.fundforpeace.org), hay 32 países en la zona “crítica”, de los cuales 18 están en África; en zona “en peligro” se encuentran 34 países africanos, mientras que hay sólo dos Estados africanos en la zona “límite” –Isla Mauricio y Sudáfrica– y ningún país africano en zona “estable”.
[2] En los años ochenta el ejército masacró a miles de ciudadanos y detuvo y torturó a otros cientos en la provincia de Matabeleland, para reprimir el levantamiento popular que surgió como reacción al poder absoluto y sin control del partido de Mugabe. Se estima que hubo más de 7.000 víctimas entre 1980 y 1987.