Tema: La primera reunión de alto nivel (RAN) entre España y Marruecos después de una crisis bilateral que ha durado 27 meses, ha terminado con resultados ambiguos. Marruecos parece preferir aguardar al Gobierno que surja de las elecciones españolas de marzo de 2004.
Resumen: No del todo mal, pero tampoco del todo bien, es quizá lo que mejor resume la impresión sobre la reciente RAN entre España y Marruecos, la sexta desde que ambos países firmaron el Tratado de Amistad y Buena Vecindad de 1991. Aunque Marruecos parece inclinarse por posponer el tratamiento de las principales diferencias políticas a después de las elecciones legislativas españoles de marzo de 2004, las nuevas relaciones hispano-marroquíes que habrá que volver a tejer, sea ahora o después de esa fecha, tendrán que abordar y tratar de solucionar de una vez por todas las tensiones que nada tienen que ver con la defensa de legítimos intereses.
Marruecos ha personalizado esta crisis que acaba formalmente de concluir en el presidente del Gobierno español, y no parece valorar adecuadamente el fondo de intereses encontrados, de diferente apreciación de los problemas del Mediterráneo occidental, sea el Sáhara, la construcción de la Unión del Magreb Árabe (UMA) o los contenciosos territoriales residuales, ni el auténtico deseo de España de mantener relaciones económicas y políticas igualmente cordiales con todos los países de la región.
Análisis: Un periódico marroquí sugería hace unos días que a Marruecos le convenía esperar a los resultados de las elecciones españolas y afirmaba que, aunque prefería a José Luis Rodríguez Zapatero, tanto con un Gobierno presidido por el actual candidato del PP, Mariano Rajoy, como por otro encabezado por el líder del PSOE, a los marroquíes les iría mejor que con el actual presidente del Gobierno, José María Aznar. De acuerdo con ese sentimiento, que según fuentes políticas marroquíes parece muy extendido en el establishment de Marruecos, los acuerdos alcanzados durante la reciente RAN de Marrakech no han sido malos, pero tampoco lo suficientemente buenos como para pretender que España y Marruecos se han reconciliado totalmente.
Se logró un acuerdo en principio para la repatriación de los menores marroquíes que se encuentran ilegalmente en España, pero no para la devolución automática de los inmigrantes ilegales de origen subsahariano como establece el acuerdo ratificado en 1992 entre los dos países. Marruecos, por el contrario, sí ha obtenido resultados satisfactorios, como el protocolo financiero firmado por un total de 390 millones de euros, 90 de ellos reconversión de deuda en inversiones, que es el más importante concedido por España.
La RAN hispano-marroquí de los pasados días 8 y 9 de diciembre fue el resultado de una reconciliación que comenzó hace un año con los intercambios de visitas de los titulares de exteriores, altos funcionarios y empresarios. Tuvo lugar tan sólo unos días después de la RAN hispano-argelina celebrada en Argelia los días 26 y 27 de noviembre, con la presencia del presidente del Gobierno español y el presidente argelino, Abdelaziz Buteflika. El punto culminante de lo que la prensa ha calificado como “reconciliación” hispano-marroquí fue la entrevista en Quintos de Mora, a principios del pasado mes de junio, del presidente del Gobierno español, José María Aznar, y el primer ministro marroquí, Driss Jettou.
La crisis, que tuvo su punto culminante en el episodio de Perejil de julio de 2002, colocó a los dos países al borde de una grave e imprevisible confrontación. Los dos mecanismos bilaterales de prevención, uno de jure y otro de facto: por un lado el Tratado de Amistad y Buena Vecindad de 1991, y por otro el tópico “colchón de intereses” que impediría que ninguno de los dos países pusiese nada importante en entredicho para preservar lo logrado, no funcionaron. La escalada militar que, al menos como hipótesis de trabajo, hubiera sido posible, fue evitada gracias a la mediación de EEUU, que suplió la relativa ineficacia demostrada por la Unión Europea en ese dominio.
Otro momento crítico fue la autorización por el Consejo de Ministros español, a finales de diciembre de 2001, a Repsol YPF para realizar prospecciones petroleras en aguas próximas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Rabat protestó enérgicamente por estimar que esa autorización incluía a aguas marroquíes –en parte aguas pendientes de una solución internacional que atribuya su soberanía– y pedía una delimitación del espacio marítimo en esa zona. La controversia ha sido solventada formalmente mediante el Acuerdo Provisional de Delimitación de Espacio Marítimo y Cooperación de septiembre pasado, pero el problema de los espacios marítimos subsiste intacto para las zonas más conflictivas del mar de Alborán y en el Mediterráneo, donde siempre está latente la reivindicación soberanista marroquí.
Un tema de alto contenido conflictivo en la relación de España con Marruecos, el acuerdo de pesca, ha desaparecido al desaparecer el acuerdo mismo, no renovado por Marruecos a su expiración en diciembre de 2000. El efecto negativo causado en la opinión pública española ha quedado, no obstante, amortiguado por la autorización unilateral concedida por el Rey Mohamed VI a un grupo de armadores gallegos –64 embarcaciones en total– que faenan en aguas marroquíes desde el 17 de abril de 2003, como gesto solidario tras el desastre originado por el petrolero Prestige.
Otro expediente problemático –probablemente el que más– para el futuro de esas relaciones, el de la inmigración ilegal, se ha instalado con carácter estructural entre España y Marruecos. Aunque el Gobierno marroquí debería sentirse obligado por el Acuerdo relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, del 13 de febrero de 1992, ni el ministro del interior marroquí, Mustapha Sahel, en su visita a Madrid el 18 de noviembre pasado, ni las negociaciones celebradas los días 8 y 9 en Marruecos, fueron suficientes para que Marruecos haga honor a su compromiso de aceptar la devolución automática de ilegales subsaharianos que el acuerdo, no obstante, contempla. Ese problema no ha quedado resuelto en esta sexta RAN, pero tampoco está bloqueado. El Gobierno español admite hoy que las circunstancias han variado sensiblemente desde la firma del citado acuerdo, y que Marruecos no es ya solamente país emisor, sino también de tránsito de candidatos ilegales a la emigración. El Gobierno marroquí ha mostrado ciertos deseos de cooperar y ha creado en noviembre 2003 una Dirección de la Migración y un Observatorio de los Flujos Migratorios. La recién creada Agencia Europea para el Control de Fronteras Exteriores, que tiene como cometido la unificación de las políticas comunitarias sobre inmigración, colocará en un marco más global, comunitario, el tratamiento de este grave y controvertido problema. Pero la proximidad de España y Marruecos, con fronteras marítimas y territoriales, hará que la inmigración ilegal siga siendo un problema bilateral recurrente que las respectivas diplomacias tendrán que añadir a los problemas permanentes.
Los magrebíes se quejan, con razón, de que Europa enfoca el proceso de integración euromediterráneo desde una óptica librecambista, y que la cuestión de la inmigración es tratada como un problema de seguridad sin hacer el esfuerzo de explorar otras posibilidades. Por ejemplo, las que apunta la ONU en su informe Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Populations?, en el que se afirma que la población de la Unión Europea disminuirá, entre el año 2000 y 2050 en 44 millones de personas y que para solucionarlo serán necesarios más de 40 millones de inmigrantes si Europa quiere mantener su desarrollo económico y sus sistemas de pensiones. Hasta ahora las sucesivas reformas de las leyes de inmigración o de extranjería, europeas y españolas, incluida la que entrará en vigor el próximo 22 de diciembre, tienden tanto a combatir el problema de la inmigración ilegal como a mejorar el marco de acogida, instalación e integración de la inmigración legal. Sin embargo, el problema todavía no es abordado desde la óptica de una población europea decreciente y que envejece, ni de cómo se articula ese envejecimiento en una Europa tantas veces ampliada. Una reflexión española y europea sobre este asunto debería permitir situar las políticas de inmigración en el marco más amplio y constructivo de esas perspectivas demográficas de futuro.
La persistencia del conflicto del Sáhara
Tanto los anteriores Gobiernos socialistas como los del Partido Popular, han hablado siempre de proyección española global hacia el Magreb. La importancia de las relaciones económicas de España con todos los países de la región avala hoy el acierto de esa política. Sin embargo, la persistencia de conflictos como el del Sáhara, las inextinguidas reivindicaciones marroquíes de territorios de sus vecinos, España incluida, las malas percepciones mutuas entre españoles y marroquíes, y una vecindad geográfica fuente constante de nuevos problemas y conflictos, hizo y hace que Marruecos acapare la casi totalidad del esfuerzo político, humano, de cooperación, de diálogo y de reflexión, tanto institucional como social, de España con el Mediterráneo occidental.
Más de un cuarto de siglo después de iniciado, el conflicto del Sáhara sigue afectando negativamente a las relaciones hispano-marroquíes y parece tan lejos de una solución de compromiso entre los países interesados como en sus inicios. Las partes implicadas no han logrado en ese tiempo ponerse de acuerdo ni sobre la aplicación de las resoluciones de la ONU pertinentes, ni sobre una solución pactada entre ellas. A falta de ese acuerdo, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el pasado 31 de julio la resolución 1495 que hace suyo el informe del 23 de mayo del secretario general de la ONU y el Plan Baker para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, que la propia resolución 1495 define como la “solución política óptima” para el conflicto.
El Frente Polisario la aceptó en una carta enviada al secretario general, Kofi Annan, el 6 de julio de 2003. Marruecos, por el contrario la rechazó en principio y el 17 de septiembre de 2003, en la reunión que mantuvo una delegación marroquí en Houston con el representante del secretario general de la ONU, pidió más tiempo para dar una respuesta. Para atender esa petición, el Consejo de Seguridad prorrogó –mediante la resolución 1513 del 28 de octubre– el mandato de la MINURSO hasta el 31 de enero de 2004, y en su reciente gira por la región, el secretario de estado estadounidense, Colin Powell, urgió a Marruecos a “concentrarse en la respuesta a dar al Plan Baker”.
La lucha contra el terrorismo ha dado la oportunidad a Marruecos, a su prensa y a sus partidos políticos, de intentar descalificar al Frente Polisario con la acusación de terrorismo, aunque nada en los 28 años transcurridos desde la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid permita avalar esas tesis. Durante la reciente Cumbre 5+5 de Túnez, el propio Rey Mohamed VI hizo suya esa tesis al sostener que el problema del Sáhara se inscribe en el de la lucha contra el terrorismo. El presidente argelino Abdelaziz Buteflika le respondió que “el problema del Sáhara no es de terrorismo sino de autodeterminación”.
La diplomacia marroquí parece en la actualidad relativamente aislada y su estrategia, tanto ante su opinión pública como hacia el exterior, ha seguido el mismo patrón establecido con respecto a otros conflictos, como el de Perejil. Dicha estrategia se basa en la presentación parcial del problema por la prensa a la opinión pública; la caricaturización del adversario y la personalización de las adversidades propias en terceros, en este caso el secretario general de la ONU y su enviado especial. Las imputaciones de la prensa marroquí contra Kofi Annan y James Baker recuerdan las formuladas en 1984 contra el secretario general de la Organización de la Unidad Africana, Edem Kodjo, en una controversia que en definitiva terminó con la retirada de Marruecos de la organización africana tras la admisión de la República Árabe Saharaui Democrática.
A título de ejemplo, un diario moderado y vocero del empresariado marroquí, L’Economiste, escribía el pasado 5 de agosto que “no nos asusta ni la América de Bush, ni su representante Baker, ni las resoluciones de la ONU […] Hoy Washington da prueba de su ingratitud: olvida nuestros 40 años de compromiso con el campo occidental, durante la guerra fría y la guerra del Golfo […] nuestra apertura democrática […] Como recompensa América se confabula para una solución en el Sáhara que agrade a Argelia, país durante 40 años pro-soviético y base de todos los movimientos antiamericanos, hoy día gran refugio del terrorismo y régimen opresor”.
Marruecos reclama a EEUU, y a España de una manera más apremiante, el apoyo a su idea de que el Sáhara Occidental debe quedar, en cualquier caso, bajo soberanía marroquí, con el doble argumento de las relaciones privilegiadas mantenidas todos estos años con Washington y Madrid y del pasado pro-sovietismo de Argelia.
El Gobierno español ha reiterado en varias ocasiones, a través del propio presidente Aznar, que estaría dispuesto a aceptar cualquier acuerdo de solución al que lleguen las partes, en beneficio de los ciudadanos de ese territorio y de la estabilidad en la región, que no conculque los principios básicos de la ONU. Ese entendimiento ha fallado hasta ahora porque Rabat entiende que el problema es exclusivamente entre Argelia y Marruecos, y que la solución la deben pactar el Rey Mohamed VI y el presidente argelino directamente, lo cual excluye al Frente Polisario, que ha sido tradicionalmente descrito por Rabat como un “instrumento de Argelia” y hoy como movimiento terrorista. Ello ha dado lugar a que Argelia a su vez se atrinchere en el formalismo de que se trata de un problema que corresponde a la ONU solucionar y rechace una discusión con Marruecos, que a fin de cuentas podría ser beneficiosa. Aunque Hassán II aceptó por los Acuerdos Tripartitos de Madrid repartirse el territorio con Mauritania, su sucesor Mohamed VI rechaza repartirlo, en aras de una solución de compromiso, con el Frente Polisario.
La falta de solución prolonga la imposibilidad de desarrollar económicamente el territorio, cuyas importantes riquezas podrían contribuir poderosamente al bienestar de sus habitantes. Grandes empresas internacionales se han interesado por la valorización económica del Sáhara, pero la actual indefinición política lo impide. La prolongación de este conflicto sigue afectando negativamente a las relaciones de España con Marruecos, y aunque la posición española ha sido la misma en los últimos treinta años, Marruecos lleva el mismo tiempo intentando que la modifique en su beneficio.
Es precisamente esa percepción de la “Argelia pro-comunista” que apuntaba el diario marroquí antes citado, que prevaleció en las décadas de los años 60, 70 y parte de los 80, hasta la disolución de la URSS, la que ha comenzado a cambiar. La economía argelina ha emprendido, partiendo de los hidrocarburos, una integración estratégica en la economía occidental, y el país ha iniciado un tímido acercamiento a la OTAN. España, cuando se complete la construcción del segundo gasoducto transmediterráneo que elevará la dependencia española del gas argelino casi al 60 por ciento permitido por la Unión Europea, será el país europeo más estrechamente vinculado con Argelia a este respecto.
La reciente liberación de los líderes integristas argelinos y la posibilidad abierta por las declaraciones de Abbasi Madani en favor de un compromiso con el poder, así como la política de reconciliación nacional del actual presidente Buteflika, permiten de nuevo, tras once años de guerra, concebir una cierta esperanza de apaciguamiento interno. Para España la pacificación de Argelia, al igual que la vuelta de Libia a la escena internacional, representa una oportunidad para que sus empresas recuperen y amplíen el espacio que ya habían logrado en ellos. Se trata de una coyuntura que el Gobierno español se ha mostrado diligente en aprovechar. Rabat por el contrario la percibe, según comentarios de su prensa, como una confabulación de España y Argelia contra Marruecos.
Durante los últimos años, España ha hecho grandes progresos en sus relaciones con Argelia. El presidente del Gobierno español visitó Argel por primera vez en el año 2000, acompañado por una importante delegación de empresarios. Luego el presidente argelino viajó a Madrid durante el semestre de presidencia española de la Unión Europea, y los dos países firmaron un Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad, similar a los ya concluidos por España con Túnez y Marruecos.
Actualmente, tanto las privatizaciones como las reformas de la economía argelina están paralizadas a la espera de las elecciones presidenciales de abril de 2004, pero la evolución de las relaciones entre Madrid y Argel, sobre todo tras la cumbre hispano-argelina de los primeros días de diciembre, confirma que Argel y Madrid, al igual que la Unión Europea y Argelia, han establecido unas relaciones que España y la Unión Europea consideran estratégicas.
Reivindicaciones territoriales contra Argelia
En el actual contexto de bloqueo y crispación por el conflicto del Sáhara Occidental, la prensa marroquí, a un mes de que Argelia se incorpore al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, informaba que el Partido Liberal Reformador, dirigido por Mohamed Aluah, había creado a principios de octubre el Frente de Liberación de la Argelia Marroquí (FLAM), que reclamaba para Marruecos el 38% del territorio argelino y pedía al primer ministro, Driss Jettou, que financiara sus futuras operaciones. Otras organizaciones hasta entonces desconocidas en Marruecos habían anunciado propósitos similares, mientras que el FLAM anunciaba a principios de noviembre a través del semanario marroquí Al Usbú haber efectuado un “primer ataque en territorio argelino”. Veintinueve “combatientes”, según la misma fuente, supuestamente habían atacado a un grupo de soldados argelinos en la madrugada del 29 de octubre cerca del bosque de Mizab, en la wilaya argelina de Tlemcen.
Marruecos tardó más de un mes en reaccionar oficialmente, y cuando lo hizo fue después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores argelino convocara al embajador marroquí en Argel para pedirle explicaciones. Finalmente, el fiscal general del Rey ha intervenido en contra del FLAM, un movimiento que a fin de cuentas perjudica el entendimiento que Rabat proclama que desea con Argelia.
Esa reivindicación, no obstante, tiene calado porque, como han repetido varios diarios portavoces de partidos nacionalistas marroquíes en estos días, ésa es exactamente la posición inextinguida del nacionalismo marroquí, como el partido del Istiqlal, que entiende que esos territorios le fueron expoliados a Marruecos como resultado del trazado de fronteras consecuente al Tratado de Lalla Maghnia de 1844, cuando Argelia era un departamento más de Francia que, según los nacionalistas marroquíes, tenía interés en agrandar al máximo sus fronteras.
El objetivo práctico de resucitar esa reivindicación, que ya dio lugar en 1963 a una guerra entre Marruecos y Argelia, resulta tan difícil de discernir, como resultó difícil de entender la supuesta creación de un movimiento de liberación de Ceuta y Melilla anunciado por el mismo Partido Liberal Marroquí y otros grupos menos conocidos del norte de Marruecos, durante la pasada crisis de Perejil con España.
En todo caso, estos hechos han contribuido a recordar que Marruecos es el único país del Magreb que surge a la independencia con una importante reivindicación territorial contra todos sus vecinos, aún no agotada. Esta reivindicación es causa hoy de una recurrente inestabilidad en la región, que necesita una solución definitiva basada en el reconocimiento internacional de las fronteras ya existentes e internacionalmente reconocidas.
En lo que a España concierne, esa latente inestabilidad sugiere que tal vez sería interesante cooperar con todos los países del Magreb afectados por las reivindicaciones territoriales marroquíes para buscar una solución común con Marruecos, moderna, ajustada a derecho, sobre la doble base de una importante cooperación económica transfronteriza y regional, aceptación de las fronteras internacionalmente reconocidas y respeto de los intereses económicos y culturales de las poblaciones afectadas por esas reivindicaciones.
Negativas percepciones mutuas de españoles y marroquíes
Políticos, diplomáticos y actores de la sociedad civil de España y Marruecos han coincidido en señalar la influencia que tienen las negativas percepciones mutuas entre españoles y marroquíes, que se inscriben además en un contexto internacional de enfrentamiento entre culturas y religiones. Para paliar ese problema en España se intenta crear un espacio común que favorezca el cambio de esas negativas imágenes cruzadas. La utopía de las tres culturas que vivieron en armonía y entendimiento es un intento loable y pedagógico, positivo en lo global y filosófico, pero que no tiende a solucionar ningún problema práctico de convivencia entre culturas en España, y mucho menos de los choques pequeños pero infinitos a que da lugar diariamente la vida de millones de inmigrantes legales o ilegales en una cultura tan diferente de la suya como la española o la europea.
Parecería más práctico, sin embargo, dedicar parte de ese esfuerzo humano, intelectual y financiero a una doble acción: la primera, a promover la imagen de la España real actual, la octava o la novena potencia económica dentro de la OCDE, y un país que ha llevado a cabo una transición democrática modélica, estable y donde funcionan el Estado de derecho y las instituciones; la segunda, a atender a los inmigrantes legales, a facilitar su integración en las empresas y en la sociedad, a familiarizarles con nuestro modo de vida y nuestras costumbres, a asesorarles en su trato con las administraciones públicas, con el funcionamiento institucional y político, con el Estado de derecho de España y de Europa y, por qué no, sobre el estatuto de los sexos que tantos conflictos suele ocasionar.
Conclusiones: La recurrencia de los numerosos conflictos, sobre todo los territoriales, que enfrentan a países magrebíes entre sí y a España con Marruecos, y la permanente aparición de nuevos problemas motivados por la vecindad geográfica, deberían incitar a Madrid a asumir un cierto protagonismo en el Mediterráneo occidental que supla a la vez la imposibilidad de los países magrebíes de entenderse por sí mismos, y la lentitud –y en algunos casos la inoperancia– de la Unión Europea para abordar problemas como los aquí descritos.
España tiene en esta área de su política exterior problemas específicos que la invitan a ejercer un mayor activismo en el Magreb y a tomar iniciativas para solucionar problemas que la afectan directamente, y que tal vez pudieran ser tratados mejor en ese marco global magrebí que en el puramente bilateral.
Los atentados terroristas de Casablanca del 16 de mayo de 2003 y la amplitud de la implantación del integrismo y el radicalismo en todo Marruecos hacen necesario reforzar la preocupación por la seguridad en las relaciones hispano-marroquíes. En esto influye la ósmosis importante entre territorios españoles y marroquíes contiguos, y la particular visión de España por el islamismo.
En cualquier caso, España tiene que acabar con esa agotadora alternancia de ciclos de crisis y ciclos de entendimiento con un Marruecos que no acaba de dar por concluidos sus contenciosos residuales con sus vecinos. Asimismo, España debe hacer un esfuerzo suplementario para que se la conozca no como lo que fue, sino como lo que es hoy: una nación moderna, democrática, moderadamente rica, que pesa en sus escenarios naturales europeo y americano, y que debe pesar también en el magrebí.
Domingo del Pino
Periodista