Resumen[1]
El panorama internacional en materia de democracia, derechos y ciudadanía está marcado por la guerra en Ucrania. Aunque ha venido acompañada de un gran esfuerzo de asistencia a los refugiados y ha servido para movilizar la defensa de valores fundamentales del orden liberal, ha supuesto sobre todo un flagrante quebrantamiento de este, con graves violaciones de derechos. También ha relativizado la importancia del cumplimiento de los estándares esperables en los países europeos. Es más, el deterioro de la calidad democrática afecta ya a casi todos los sistemas políticos occidentales y España no es una excepción. La realidad y la percepción exterior resulta menos sombría de lo que trasluce el crispado debate interno, pero no se vislumbra que el clima electoral de 2023 contribuya a la distensión.
Sí se espera, en cambio, que la acción exterior española durante el nuevo año siga siendo ambiciosa en derechos humanos (aunque se pondrá a prueba su compromiso si se producen condenas de tribunales internacionales en asuntos políticamente sensibles) y también en igualdad de género, con distintas iniciativas que conforman una política exterior feminista. Por su parte, el ámbito migratorio viene marcado, más allá de la solidaridad con Ucrania, por las desavenencias entre los países del sur de Europa y los altibajos en la cooperación con Marruecos.
Calidad democrática y Estado de derecho
La situación mundial y europea en lo relativo al fomento de la democracia y el respeto a los derechos está marcada en el tránsito de 2022 a 2023 por el impacto de la guerra en Ucrania y los claroscuros que ha supuesto. Es, ante todo, una agresión contra un Estado soberano (la violación más execrable del Derecho Internacional) desencadenando crímenes de guerra y violaciones flagrantes de derechos humanos. En el lado positivo, ha ayudado a movilizar la defensa de un país que quiere ser democrático frente al ataque de un régimen autoritario y ha revitalizado la reivindicación del orden internacional liberal en los debates nacionales internos, en la UE y en los foros globales. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado por amplia mayoría, aunque con la abstención de China, India y otros países relevantes del sur global, la invasión rusa dos veces, en marzo y octubre. España y el resto de los países europeos impulsaron sendas resoluciones, afirmándose como defensores de valores fundamentales (paz, autodeterminación, integridad territorial, derecho humanitario) y mostrando generosidad para la asistencia a los refugiados.
Otras consecuencias más indirectas de la guerra también pueden incluirse en el catálogo de efectos negativos, como los interrogantes por doble rasero (frente a conflictos ignorados en otras zonas del mundo) y el riesgo de retrocesos en la exigencia de cumplimiento de los altos estándares de respeto a la democracia y a la división de poderes exigibles, al menos, a los Estados miembros de la UE. En los procedimientos seguidos contra los casos recalcitrantes de violaciones del Estado de derecho en Polonia y Hungría, la Comisión ha adoptado una postura más laxa con Varsovia, influida por el papel geoestratégico de un país que está en primera línea del conflicto y recibe a muchos refugiados ucranianos. Y puede que, incluso, deba ceder frente a Budapest. La congelación de fondos y otras acciones contra el gobierno de Víktor Orbán (cuyo régimen ha sido declarado autocracia electoral por el Parlamento Europeo) están en riesgo por la necesidad de contar con la unanimidad para aprobar nuevas sanciones a Rusia y más ayuda a Ucrania.
Por desgracia, la recurrencia de los ataques al Estado de derecho en Polonia y Hungría no son la única mala noticia para la calidad democrática. La anterior edición de este documento señalaba que “el auge de la polarización sociopolítica afecta ya a casi todas las democracias occidentales”. El año ha dejado constancia de ello. Las elecciones de medio mandato en EEUU, donde fueron electos 178 republicanos que niegan los resultados electorales de 2020; la negativa de Jair Bolsonaro a reconocer oficialmente su derrota electoral en Brasil; los avances de derecha radical en las elecciones francesas, suecas e italianas; y hasta una conspiración golpista en Alemania son muestras de que el panorama no se limita a registrar defectos en países puntuales o un alza más o menos coyuntural de la crispación social y política, sino que existe una tendencia robusta y generalizada de amenaza a la salud de las democracias consolidadas.
España no escapa a ese fenómeno e incluso se ha convertido en caso paradigmático de estudio de la llamada polarización afectiva, con niveles de confianza en las instituciones que quedan muy por debajo de los países de su entorno. La fuerte confrontación está alimentada, sobre la base previa de años de crisis económica y territorial, por el auge de partidos en los extremos y por contenidos sensacionalistas cada vez más frecuentes en los medios de comunicación o las redes sociales. La tensión política no solo se manifiesta en una relación bronca entre gobierno y oposición, sino que también estructura la competición dentro de cada uno de los bloques ideológicos. El Partido Popular (PP), a pesar de un cambio de liderazgo en 2022 que buscaba orientarse al centro político, sigue condicionado por el temor a perder votos por su derecha. Paralelamente, se multiplican las diferencias en el seno de la coalición gobernante y dentro del propio espacio a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) porque así se puede marcar perfil propio. No obstante, los elementos polarizantes se concentran en consignas identitarias, guerras culturales y discursos divisivos sobre las supuestamente pobres credenciales democráticas del adversario, sin que apenas se discuta en la esfera pública sobre discrepancias de fondo acerca de los grandes desafíos de España y las políticas para abordarlos.
El consenso todavía dominante sobre política exterior y europea, que contrasta con las graves divisiones existentes en otros países acerca de su posición internacional, es un buen exponente de esa distancia paradójica entre radicalismo retórico y realidad mucho más moderada. Así, por ejemplo, puede mencionarse el contenido marcadamente europeísta del Informe de las Cortes Generales relativo a la Conferencia sobre el futuro de Europa, que fue aprobado en noviembre de 2022 por todos los grupos parlamentarios, con la única excepción de Vox. También destaca, frente a la controversia que ha suscitado la cuestión en otros países europeos, el respaldo contundente a Ucrania, expresado en el aplauso casi unánime del Congreso de los Diputados al discurso pronunciado en abril por el presidente Volodímir Zelenski en el Congreso. Un apoyo que se extiende a la opinión pública, tal y como muestran las encuestas realizadas, entre otros, por el Real Instituto Elcano[2]. La percepción exterior de la situación en España también resulta marcadamente más favorable que lo que se trasluce de la tensión con la que convive la ciudadanía.
De todos modos, no abundan los motivos para la complacencia. El clima político en 2023 quedará dominado por la celebración de distintas elecciones, incluyendo las generales, que están programadas para final de año. Las consideraciones electorales se interpondrán a cualquier intento de alcanzar consensos entre PSOE y PP. Prueba de ello es el sostenido fracaso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que amenaza con agravarse en el nuevo año, ampliándose el choque al Tribunal Constitucional. Este conflicto institucional ya le ha costado a España advertencias de la Comisión Europea, así como un descenso en la valoración de la calidad de su sistema político, que según el Economist Intelligence Unit (en su informe de 2021, publicado en marzo de 2022) pasó de democracia plena a democracia con defectos.
El calendario también condicionará el desempeño de la actuación diplomática española con el riesgo de que esta se politice y erosione los mencionados consensos en materia europea e internacional. La presidencia del Consejo de la UE se desarrollará en la segunda mitad del año y, por tanto, comenzará tras las elecciones municipales y autonómicas, para terminar poco después de celebrarse las generales. A la espera de que se concrete el programa para el semestre, no es arriesgado anticipar que parte de la agenda desplegada, al margen de su contenido, será criticada por electoralista. En el ámbito más amplio de la política exterior, dominará igualmente el deseo por marcar distancias de cara a las urnas, de modo que es de esperar confrontación en aspectos divisivos como, por ejemplo, Sáhara Occidental (considerando, además, que el giro llevado a cabo en 2022 respecto a este contencioso se realizó sin contar con el consenso que sería deseable para decisiones de esta trascendencia).
En lo referente a la cuestión catalana, que desde hace años va perdiendo presencia internacional, se espera para 2023 distintas decisiones de los tribunales europeos en Estrasburgo y Luxemburgo. Dependiendo del sentido de esos pronunciamientos, se puede llegar al fin de la inmunidad europarlamentaria de Carles Puigdemont que desembocaría en su detención y juicio, pero también en un conflicto con el Poder Judicial belga si vuelve a rechazar las euroórdenes o incluso en desautorizaciones de distinto alcance a la actuación del Tribunal Supremo desde 2017. En todo caso, el independentismo termina el año desmovilizado y dividido, quedando además el sector unilateralista en minoría, lo que reduce la preocupación de la diplomacia española. Esa pauta debería contribuir a rebajar las tensiones territoriales, que explican buena parte de la polarización en los últimos años, pero eso no se producirá en el corto plazo, Al contrario, la controvertida reforma de la sedición y otros delitos en el Código Penal (que la oposición considera un intercambio de favores indigno, mientras que el PSOE defiende que puede servir para facilitar la entrega a España de los huidos) acentuará aún más la confrontación política.
España y los Derechos Humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos, que cumplirá 75 años en 2023, está en entredicho. La agresión rusa en Ucrania, que está causando un enorme sufrimiento de la población ucraniana y ha supuesto la retirada rusa del Convenio Europeo de Derechos Humanos, marca un fuerte retroceso en este sentido. En palabras del nuevo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk: “necesitamos recuperar la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, y hemos de encontrar también una nueva energía que consiga motivar a los jóvenes de todo el mundo”. Por ello, el Día de los Derechos Humanos 2022 (10 de diciembre) se dedicó a abordar ese reto mediante la educación, promoción, movilización y empoderamiento de los grupos más vulnerables y la sociedad civil. Más allá, se espera que los gobiernos con un claro compromiso con los derechos humanos, como España, asuman su responsabilidad a través de una promoción continuada de los mismos, tanto en su orden interno como en su acción exterior.
La Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 hace hincapié en la universalidad de los derechos humanos, comprometiéndose a condenar y combatir sus vulneraciones con independencia de dónde se produzcan. Asimismo, manifiesta la indivisibilidad de estos derechos cuando prioriza tanto los de carácter civil y político como los de carácter económico y social. Las prioridades españolas son la “defensa de las libertades, la abolición de la pena de muerte, el combate contra todo tipo de discriminación y el avance de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento”, haciendo especial énfasis en la implicación del sector privado y las empresas en su defensa y promoción. Otra iniciativa destacable durante 2022 ha sido la presentación de la candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2025-2027. En septiembre, España presentó una declaración de intervención ante la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre Alegaciones de genocidio bajo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (Ucrania c. Rusia).
El compromiso español hacia la protección universal de los derechos humanos se manifiesta también en los esfuerzos por dar cumplimiento a las decisiones o sentencias condenatorias de su conducta emitidas por los órganos internacionales especializados en derechos humanos, incluyendo aquellas que resultan políticamente sensibles. Para ilustrar, en línea con las recomendaciones del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas de 2021, España ha adoptado la Ley sobre la Memoria Democrática a favor de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Se espera que España siga con la misma actitud a la hora de cumplir las sentencias o decisiones internacionales condenatorias que han sido emitidas durante 2022 y las que puedan venir en 2023.
En el último año España ha sido sometida a múltiples exámenes internacionales que han producido condenas. La mayoría de estos casos concierne al derecho a la vida privada que corresponde a una obligación estatal de proteger. En la sentencia en el caso de M.D. y otros c. España (28 de junio), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que España había vulnerado el derecho a la vida privada de un grupo de jueces que habían firmado un manifiesto sobre el “derecho a decidir” del pueblo catalán, por el incumplimiento del deber de investigar la filtración de datos sobre estos jueces a la prensa. En el caso Reyes Jiménez c. España (8 de marzo), que concernía a un niño expuesto a una intervención quirúrgica con consecuencias muy graves sobre su salud sin que sus padres hubieran dado su consentimiento libre e informado, el mismo Tribunal determinó que España había vulnerado el derecho a la vida privada. Un dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (14 de julio) declaró que una mujer que había sido sometida a inducción prematura del parto y cesárea sin su consentimiento había sido víctima de violencia obstétrica.
Otros exámenes que han producido decisiones internacionales condenatorias conciernen a vulneraciones de otros derechos fundamentales. En primer lugar, un dictamen del Comité de Derechos Humanos (12 de julio) concluye que España vulneró los derechos políticos de cuatro exmiembros del gobierno y del Parlamento de Cataluña al suspenderlos de sus funciones tras el referéndum independentista de 2017, antes de existir una condena de su conducta. En el caso Atristain Gorosabel c. España (18 de enero), El Tribunal Europeo declaró que España vulneró el derecho a un proceso judicial equitativo cuando se utilizó la confesión inicial de un sospechoso de terrorismo mantenido en detención incomunicada y al que se le negó, sin razones individuales, asistencia letrada. Otro caso destacable que fue examinado por el mismo Tribunal concernía una decisión de un tribunal español de conceder la custodia de una niña de siete años a su padre, a pesar de las acusaciones de abusos sexuales que pesaban sobre él. El Tribunal consideró que esta decisión vulneró el derecho a la familia (Veres c. España, sentencia del 8 de noviembre).
Migraciones y fronteras
El principal acontecimiento producido durante 2022 en el terreno de las migraciones internacionales ha sido uno completamente inesperado: la invasión de Ucrania por las tropas rusas y la salida de varios millones de refugiados ucranianos hacia la UE. Este flujo, compuesto básicamente por mujeres y menores de edad, ha sido recibido en los Estados de la Unión, por parte de la sociedad y de las instituciones, con los brazos abiertos, en una respuesta positiva que se ha visto institucionalizada a través de la activación de la Directiva de Protección Temporal, aprobada en 2001 pero nunca antes empleada.
Alrededor de 180.000 refugiados ucranianos llegaron a España, sobre todo en los primeros meses tras la guerra. Parte de ellos han retornado a Ucrania o se han trasladado a otros países de la UE. Las cifras más recientes disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (septiembre de 2022) señalan un total de 240.000 ucranianos empadronados en el país, de los cuales 143.000 se han acogido al estatus de protección temporal de la Directiva (la mayor parte del resto residía ya en el país con anterioridad a la guerra). España es, en el contexto europeo, un destino de tamaño medio, semejante a Italia o el Reino Unido, con cifras parecidas de refugiados ucranianos, pero lejos de la República Checa, con medio millón, Alemania, con más de un millón, y de Polonia, con millón y medio.
Los problemas suscitados por este acogimiento son semejantes en toda Europa. A partir de una primera reacción de extraordinaria movilización de la sociedad, con miles de iniciativas de particulares para recoger a refugiados ucranianos y un gran esfuerzo de gestión y provisión de alojamientos y ayudas por parte de las instituciones, se ha pasado a otra fase en la que prima la preocupación por el desafío de la integración a largo plazo (trabajo, vivienda, educación) y se comienza a detectar cierto cansancio de las poblaciones locales, mientras que la perspectiva temporal de la duración de este refugio se alarga. En España, siempre destacada en este terreno, la población sigue mostrando un apoyo muy masivo a la acogida de los refugiados ucranianos, mucho más alta que a la acogida de otros refugiados y más alta también que la de países vecinos.
La activación de la Directiva de Protección Temporal, aprobada por unanimidad de los Estados miembros de la UE, no ha supuesto un cambio sustancial de posiciones respecto a los refugiados o peticionarios de asilo procedentes de otras zonas del mundo. En consecuencia, la reforma del sistema de asilo europeo, una tarea pendiente desde 2015 y una prioridad para España, sigue bloqueada. El Consejo Europeo de junio de 2022, bajo la presidencia de turno francesa, consiguió avances en aspectos parciales (el procedimiento de screening en frontera de los que llegan de forma irregular, la base de datos de EURODAC) pero no en el que preocupa más a España y los demás países del sur europeo: el reparto entre los Estados europeos de los llegados por mar de forma automática y no dependiente de la voluntad de los Estados en cada momento. El Consejo aprobó la puesta en marcha de un mecanismo de reparto voluntario que, hasta ahora, en la práctica no ha funcionado, ya que sólo ha conseguido el reparto efectivo de unos cientos de inmigrantes, frente a las 8.000 plazas ofertadas por varios Estados.
Por otra parte, el triunfo electoral del partido Hermanos de Italia, la formación de un nuevo gobierno de coalición de estos con la Liga y Forza Italia, y el retorno de este gobierno a las políticas migratorias restrictivas de la época en que Matteo Salvini era ministro de Interior (2018-19) han alejado a Madrid de Roma en la defensa común de sus intereses ante la política migratoria europea. España se ha distanciado del grupo Med5 (España, Italia, Grecia, Chipre y Malta), muy influido por Italia, que en el pasado ha coordinado las posiciones de los Estados del sur sujetos a una presión migratoria semejante. A su vez, el enfrentamiento entre Italia y Francia por la acogida de inmigrantes rescatados en el mar ha llevado a Francia a retirarse del esquema de reparto voluntario. Todo ello augura mayores dificultades para avanzar en este tema dentro de la UE. Otro factor que contribuye a la mayor incertidumbre es el aumento sustancial de llegadas irregulares a través de la frontera oriental de la UE, la de los Balcanes, que se ha convertido ya en la ruta de mayor número de entradas irregulares y desplaza la atención política hacia los Estados del este y centro más afectados. La creciente importancia de esa ruta ha causado la negativa de varios Estados europeos a la inclusión de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen de libre circulación de personas que, sin embargo, sí se ampliará en el nuevo año a Croacia.
Durante 2022 la presión en España de esa inmigración irregular ha descendido respecto al año anterior, con un total de 27.000 llegadas por vía marítima o terrestre hasta noviembre, frente a las 34.000 del año anterior. Como en 2021, esto implica una presión sustancialmente menor que la que afecta a la ruta del Mediterráneo central (Italia y Malta), con 90.000 entradas en el mismo periodo. La importancia para España de la cooperación con Marruecos en el terreno migratorio ha vuelto a subrayarse como trasfondo del gesto político del gobierno español respecto a la solución del conflicto enquistado en el Sáhara Occidental. A su vez, los sucesos de Melilla del 24 de junio, cuando un gran grupo de inmigrantes, en su mayoría sudaneses, intentaron saltar las vallas desde suelo marroquí, con el resultado de varias decenas de muertos, muestran la dificultad de compatibilizar el control efectivo de fronteras, en casos de fuerte presión migratoria, con el respeto al espíritu y la letra de las normas nacionales e internacionales.
Por su parte, como se preveía, las solicitudes de asilo (sin incluir a los ucranianos) han aumentado en el 2022 tras la progresiva vuelta a la normalidad en la movilidad internacional: en los nueve primeros meses del 2022, 86.000 personas habían pedido asilo en España, lo que coloca a nuestro país, en números absolutos, en el tercero con más solicitudes en la UE, sólo por debajo de Alemania y Francia. Esa cifra todavía queda por debajo de la situación pre-pandemia (118.000 peticiones se presentaron en 2019), pero, como en años anteriores, plantea importantes dificultades de acogida en un sistema que estaba ya muy tensionado y que este año ha tenido que dedicar fondos, atención y gestión a los refugiados ucranianos.
La inmigración total recibida por España (de la que sólo una pequeña parte entra en el país de forma irregular) ha recuperado en 2022 el impulso que venía experimentado desde 2017, que se vio interrumpido por la pandemia y las consecuentes restricciones a la movilidad. En el primer semestre de 2022 el saldo migratorio positivo fue de 258.000 personas (mayor que el referido al mismo periodo de 2019: 209.000 personas), un saldo que suele duplicarse cuando se dispone de los datos sobre el conjunto del año. Es decir, excluyendo el periodo más afectado por la pandemia, el país lleva cuatro años desde 2017 recibiendo, como saldo neto, más de 200.000 inmigrantes anuales y más de 400.000 en 2019 y 2022. Como resultado, la población nacida en el extranjero supone ya el 16% de la población española, un porcentaje que se eleva al 27% para la población de entre 25 y 39 años. Estos porcentajes sitúan a España por encima de Francia, Italia, Portugal y el Reino Unido en cuanto al peso demográfico de la población inmigrante (definida por la División de Población de las Naciones Unidas como aquella nacida en un país diferente a ese en el que habita). En conjunto, todo el crecimiento experimentado por la población española en 2022 (182.000 habitantes más durante la primera mitad del año) se debe a la llegada de inmigrantes, que compensa un crecimiento vegetativo negativo (se produjeron más muertes que nacimientos).
Mientras tanto, siguen existiendo importantes desajustes entre la demanda de profesionales en determinados sectores y la oferta de trabajadores disponibles (en las condiciones laborales y de salario actuales), especialmente en el caso de la construcción, a la vez que España mantiene una tasa de paro muy alta en términos comparados. En estas circunstancias, las propuestas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de reformar las normas migratorias para facilitar la entrada laboral de inmigrantes a los sectores deficitarios y de ampliar el Catálogo de Puestos de Difícil Cobertura para contratar en el exterior a trabajadores especializados en la construcción, se han encontrado con el desacuerdo de otros ministerios y con la oposición de los sindicatos. Estos abogan por mejorar las condiciones de trabajo y salariales en esos sectores para hacerlos atractivos a los autóctonos y a los inmigrantes ya residentes en España que cuentan con permiso de trabajo.
Igualdad de género en la acción exterior española
Los progresos en materia de igualdad de género, en términos globales, no son lineales y en muchos países del mundo la situación de los derechos y libertades de las mujeres experimenta retrocesos. Según datos del Banco Mundial, las mujeres acceden a sólo tres cuartas partes de los derechos legales reconocidos a los hombres (y a la mitad en Oriente Medio y Norte de África). Sólo en 21 países, todos ellos integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), existe paridad jurídica entre hombres y mujeres. La violencia contra mujeres y niñas sigue afectando a una de cada tres mujeres, una cifra que prácticamente no ha variado durante la última década, según datos de ONU Mujeres. La guerra en Ucrania también tiene efectos mundiales desde una perspectiva de género. Debido al aumento de los precios y la escasez de alimentos en determinados contextos, se están profundizando las desigualdades ya existentes, aumentando el abandono escolar y el matrimonio infantil, la explotación sexual y el tráfico de personas y la brecha de género en materia de inseguridad alimentaria.
En Irán o Afganistán se mantiene desde hace meses el activismo de las mujeres reclamando sus derechos y libertades básicos. En EEUU, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la norma que no permitía a los estados legislar contra la interrupción voluntaria del embarazo (lo que ha resultado en prohibiciones del aborto en varios estados, así como en leyes que lo garantizan en otros). Mientras el nuevo gobierno sueco surgido de las elecciones de septiembre anunciaba el abandono de la política exterior feminista (aunque subrayando que la igualdad de género seguirá siendo una cuestión central de su política exterior), en los últimos meses varios países han adoptado políticas exteriores feministas: Alemania, los Países Bajos, Chile y Colombia. Se prevé que otros, como Liberia o Argentina lo harán en el futuro.
A lo largo de 2022, España mantuvo su voluntad de moldear la agenda de igualdad de género en las organizaciones internacionales de las que forma parte, como en la OTAN, coincidiendo con la Cumbre de Madrid. Si bien el nuevo Concepto Estratégico incluyó una referencia a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, el tema no encontró cabida en la agenda oficial de la Cumbre, por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación impulsó, en sus márgenes, un evento con participación de ponentes internacionales de alto nivel y organizaciones de la sociedad civil. El Informe de seguimiento y evaluación del II Plan Nacional de Acción 2017-2023 sobre Mujeres, Paz y Seguridad recibió un fuerte impulso en el segundo semestre del año, entrando en su fase final, lo que hace esperar su próxima presentación en el Congreso de los Diputados. En el marco de su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre, el presidente del gobierno anunció una aportación de 100 millones de euros durante los próximos tres años para apoyar a organizaciones que promueven la igualdad de género (incluida ONU Mujeres) y, en particular, a aquellas que trabajan en derechos de salud sexual y reproductiva.
La puesta en marcha de la política exterior feminista por parte del gobierno incluyó en 2022 medidas concretas hacia dentro (impulso a medidas de corresponsabilidad, lucha contra la discriminación y formación sobre igualdad de género); y hacia fuera (inclusión de la igualdad de género en la agenda con ocasión de todos los viajes y visitas oficiales; diálogos por parte de las jefaturas de Misión con organizaciones locales de mujeres; aplicación, en todas las Embajadas, de un Protocolo contra la violencia de género y para la protección de las mujeres en el exterior; nuevas herramientas para evaluar los impactos de género que cada acción o acuerdo internacional puedan tener; o el incremento del número de embajadoras del 22% en 2018 al 25% en 2022). El nombramiento de una embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista, encargada de acompañar e impulsar su desarrollo, ha contribuido a mantener la coordinación, así como la visión global sobre dicha política. No obstante, la política exterior feminista sigue adoleciendo de falta de recursos humanos y financieros para impulsar su implementación y desplegar todo su potencial, lo que representa un coste de oportunidad en un momento de alto potencial para el reconocimiento al perfil y liderazgo de España.
A principios de 2023 cabe esperar que se presente el Plan de Acción de la Política Exterior Feminista (PEF), que debería incluir medidas concretas para su fortalecimiento en el conjunto de la Acción Exterior y, por tanto, en la tarea de proyección internacional que realizan otros Ministerios, además del de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como para impulsar la propia conformación de una política exterior que sitúa la igualdad de género en el centro de la combinación de valores e intereses. Adicionalmente, se presentará en el Congreso un informe de evaluación sobre los avances y resultados de la PEF, y se creará el Grupo Asesor de alto nivel que identifique prioridades futuras y vías de actuación.
En 2023 la Coalición que co-lidera España en el Foro Generación Igualdad prestará especial atención a la economía de los cuidados, asunto que ha ido tomando relevancia en los últimos años. Como se ha señalado en anteriores análisis, la identificación de la igualdad de género como un bien público global que hay que contribuir a proveer requiere que España continúe haciendo propuestas que combatan la desigualdad estructural en cuestiones clave como los derechos y libertades de las mujeres, la lucha contra la violencia de género –incluida la violencia sexual en los conflictos–, el papel de agencia de las mujeres en materia de paz y seguridad, el comercio internacional o la lucha contra el cambio climático. En 2023 comenzará la elaboración del III Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2024-2029, en cuyo proceso se deberían incorporar, de una manera activa y no meramente consultiva, las organizaciones de la sociedad civil.
La presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023 constituye una oportunidad para subrayar el liderazgo de España en la materia y para elevar el compromiso de la UE con la igualdad de género. El ministro de Asuntos Exteriores ha señalado que la presidencia debe ser relevante para la política exterior feminista. Se desea impulsar avances en igualdad salarial, promoviendo una mayor transparencia y la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. La lucha contra la violencia de género será también prioritaria. En el ámbito de la acción exterior de la UE, y con el apoyo de los Estados miembros más comprometidos (Alemania, Finlandia, los Países Bajos, Francia y Luxemburgo), España podría hacer una aportación diferencial incorporando la perspectiva de género en el análisis sobre la eventual resolución del conflicto en Ucrania y la reconstrucción, una mirada que sigue estando ausente.
[1] Este análisis se publicará como una de las 10 secciones del Elcano Policy Paper “España en el mundo 2023: perspectivas y desafíos”, Ignacio Molina y Jorge Tamames (coord.), que se presenta en enero de 2023.
[2] Barómetro del Real Instituto Elcano. Edición especial: Guerra en Ucrania y Cumbre de la OTAN, junio de 2022.
