Tema
En el presente análisis se evalúan las relaciones entre España y Estados Unidos en energía (comercio e inversiones) y clima.
Resumen
Las relaciones energéticas entre España y Estados Unidos (EEUU) se desarrollan en un contexto de complementariedad y transformación. Mientras la revolución del gas y petróleo de esquisto ha convertido EEUU en unos de los principales suministradores de energía fósil a España y a Europa, las compañías españolas han aumentado sus inversiones en el país, principalmente en el sector de las energías renovables. En materia de clima, la Administración Biden ha desarrollado una agenda de reducción de emisiones y fomento de inversiones mucho más ambiciosa que la de su predecesor, alineando, al menos temporalmente, Madrid y Washington.
Análisis
El sector energético goza de buena salud en las relaciones bilaterales entre España y EEUU, habiéndose convertido en un importante vector de cooperación y dinamismo comercial e inversor. Durante las últimas dos décadas, la relación energética se ha desarrollado de forma complementaria: EEUU se ha posicionado con sus exportaciones de gas natural licuado (GNL) como un actor clave en la seguridad energética española tras el empuje derivado de la revolución del gas de esquisto, mientras que España se ha convertido en un importante inversor en el sector energético estadounidense.
En materia de gobernanza climática, pese al empuje de la producción de hidrocarburos en EEUU, la Administración Biden ha desarrollado una agenda en materia de energía y clima más alineada con el Pacto Verde Europeo y con los objetivos de descarbonización españoles, actualizados recientemente en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La Inflation Reduction Act (IRA), aunque polémica en su vertiente comercial, implica un incremento sustancial en la ambición climática de EEUU, aunque insuficiente para asegurar el cumplimiento de su compromiso de reducir las emisiones entre un 50% y un 52% en 2030 respecto a 2005. La IRA aporta cierta confianza a una senda de reducción de emisiones en EEUU después de que la Administración Trump diese marcha atrás en la política climática nacional y se retirase del Acuerdo de París. Se espera que la IRA, con un presupuesto estimado de 400.000 millones de dólares destinados a iniciativas de seguridad energética y mitigación del cambio climático, y la Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) –con 65.000 millones de dólares para la red y apoyo de energías renovables, 15.000 para apoyar el despliegue del vehículo eléctrico, 50.000 para ciberseguridad y cambio climático y 21.000 para la restauración ambiental– refuercen la cartera de inversiones españolas en EEUU.
Por otra parte, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), un arancel al CO2 que se impondrá en la Unión Europea (UE) a partir de 2023 en su fase de información y a partir de 2026 de manera completamente operativa (aunque progresiva), puede ser un catalizador para nuevas tensiones comerciales y en el ámbito de las negociaciones climáticas internacionales o, por el contrario, un instrumento que favorezca convergencia regulatoria, permitiendo integrar los flujos comerciales descarbonizados. En este sentido, un elemento regulatorio a observar es la ley PROVE IT, cuyo objetivo es el establecimiento de una metodología común para la medición de los gases de efecto invernadero de ciertos productos. En cualquier caso, se espera que el impacto del CBAM en las empresas estadounidenses sea limitado en comparación con países con legislación y objetivos ambientales menos ambiciosos. El futuro de la relación en política climática entre España y EEUU dependerá también del resultado de las elecciones presidenciales de 2024, sin que se esperen grandes cambios en la dimensión energética.
Así, este análisis destaca tres vectores de cooperación: (1) EEUU como garante de la seguridad energética europea, con foco en gas y petróleo y sus derivados; (2) el peso de las inversiones españolas en el sector energético estadounidense, que acapara el grueso de las mismas (más de la mitad en 2022); y (3) una política climática convergente hasta 2024, pero con serias incertidumbres ante una eventual victoria republicana.
1. Estados Unidos como garante de la seguridad energética europea
Con la invasión rusa de Ucrania y la reconfiguración de los flujos energéticos europeos, EEUU emerge como el garante de la seguridad de suministro de petróleo y gas en la UE. Este proceso, aunque con un impacto menor en España por su escasa dependencia histórica de Rusia, también ha generado una transformación de los flujos de combustibles fósiles en la península, resultado de su carácter atlántico y las posibilidades de una infraestructura de GNL enfocada al suministro energético por vía marítima. Las importaciones adicionales de GNL estadounidense han revalorizado temporalmente las infraestructuras gasistas de la península en la medida en que las exiguas interconexiones energéticas con Francia lo han permitido.
1.1 La revolución del gas de esquisto llega a Europa
Desde 2019, el GNL norteamericano ha comenzado a llegar en grandes volúmenes a la península Ibérica, ganando progresivamente cuota de mercado a otros suministradores tradicionales (Figura 1). En el año 2022 y como resultado del cierre del Gasoducto Magreb Europa (GME), EEUU desbancó por primera vez a Argelia como primer suministrador de gas natural de España. El descenso de Argelia al segundo lugar, que paradójicamente no se producía desde la construcción del propio GME en 1996, expone el impacto del GNL en el paradigma de seguridad de suministro español, históricamente asociado a las importaciones por gasoducto, reducidas el año pasado a solamente un 23% del total. La capacidad excedentaria de España para importar GNL permitió en 2022 alcanzar récords de exportación de gas (y electricidad) a Francia y Portugal (y Marruecos), aliviando parcialmente la crisis de suministro europea pese a la escasa capacidad de interconexión energética con Francia. Para EEUU, España fue el tercer destino más importante de GNL en 2022, tan sólo por detrás de Francia y el Reino Unido, superando importadores asiáticos tradicionales como Japón, Corea del Sur y China. Esta reorientación del GNL norteamericano se explica por el precio superior (premium) pagado por los importadores europeos, pero también por las presiones políticas ejercidas desde la Casa Blanca para desviar metaneros con destino a Asia hacia Europa y firmar nuevos contratos de suministro.
Tras la invasión de Ucrania, la llegada de metaneros con gas ruso a las terminales europeas ha supuesto un asunto delicado en las relaciones con EEUU. Desde el año 2016, España ha experimentado un rápido crecimiento de las llegadas de GNL provenientes de Yamal en Rusia (Figura 1). Pese a no encontrarse el gas natural bajo sanciones internacionales, tanto la Comisión Europea como el gobierno de España han solicitado públicamente a los operadores que las compras se limiten estrictamente al cumplimiento de los contratos firmados a largo plazo con Novatek antes de la invasión, evitando las compras en el mercado spot. Respecto a los contratos existentes, mientras la UE no prohíba la importación de GNL ruso como ha hecho con el petróleo, los operadores no pueden romperlos sin exponerse a arbitraje y la consiguiente indemnización.
Más allá de elementos geopolíticos o de seguridad energética, el desarrollo del GNL en EEUU ha tenido un efecto transformador en el mercado internacional del gas, con implicaciones directas para las empresas e infraestructuras gasistas en España. Los contratos de GNL firmados con las terminales estadounidenses hace una década han traído grandes innovaciones para un mercado tradicionalmente rígido y basado en el largo plazo. Esta flexibilidad ha venido dada por dos elementos: la eliminación de las cláusulas de destino (otorgando la posibilidad de decidir el destino final del gas por parte del comprador) y un papel cada vez más importante de los denominados portfolio players o agregadores de demanda, empresas energéticas que adquieren suministros de GNL de diversos orígenes y sirven de intermediarios. En la actualidad, se identifican cuatro grandes agregadores de demanda globales: las inglesas BP y Shell, la francesa TotalEnergies y la española Naturgy, en buena parte responsables de la reconfiguración de los flujos de GNL después de la invasión rusa de Ucrania.
Este modelo ha permitido atraer cargamentos de GNL estadounidenses destinados originalmente a Asia, reduciendo sustancialmente el efecto de la pérdida del suministro ruso en la UE, y transformando los fundamentales del mercado del gas natural. En este contexto, las terminales de GNL de la península Ibérica han tenido un papel protagonista, sirviendo de plataforma intermediaria para el envío de suministros a la terminal de GNL italiana de Livorno o Marruecos, y permitiendo la reactivación de la planta regasificadora de El Musel como centro logístico. Recientemente, EEUU ha cambiado su apuesta por la flexibilidad contractual del GNL para abogar por la firma de contratos a largo plazo con España y otros países europeos. Este cambio se explica por el espacio dejado por el gas ruso en Europa y la oportunidad para las empresas estadounidenses de asegurar la financiación de sus plantas de GNL.
En los próximos años se espera que continúe el incremento de las importaciones europeas de GNL estadounidense (Figura 2) conforme se completen las construcciones de nuevas terminales regasificadoras en Alemania, Italia, Francia y los Países Bajos. En España, con una infraestructura ya desarrollada y contratos de suministro a largo plazo firmados, el aumento de importaciones de GNL no será tan relevante y dependerá de la situación del sector gasista argelino, el devenir del gasoducto GME y el futuro de las importaciones de GNL ruso.
1.2. Petróleo y sus derivados
El comercio de productos petrolíferos y sus derivados ha experimentado una evolución similar a la del gas natural, con una creciente presencia de EEUU en las importaciones españolas (Figura 3). EEUU es exportador neto de petróleo desde 2019 y ha logrado alcanzar una cuota del 13,8% en el mercado español en la primera mitad de 2023, situándose como el segundo proveedor de España, sólo por detrás de México, y siendo en el 2022 el primer proveedor de la UE. La disparidad estructural en los precios del petróleo entre Norteamérica, con el West Texas Intermediate como indicador, y Europa, donde se usa el barril de Brent como referencia, ha estimulado un aumento progresivo en la llegada de crudo desde EEUU a las refinerías europeas. Estas refinerías han tenido que adecuar sus capacidades para procesar el petróleo de esquisto, que tiende a ser más ligero que el de los tradicionales suministradores europeos (la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y Rusia).
Esta transformación se desarrolla en paralelo a la tradicional complementariedad del sector del refino a ambos lados del Atlántico. EEUU exporta a España diésel y gas licuado de petróleo (GLP), mientras que el mercado norteamericano continúa atrayendo los excedentes de gasolina del mercado español. La gran capacidad y complejidad de las refinerías españolas, entre las más avanzadas técnicamente del mundo, permite absorber el crecimiento de la producción de petróleo de esquisto que no pueden procesar las refinerías del golfo de México, diseñadas en los años 70 para crudos más pesados. Estas exportaciones de diésel desde EEUU hasta el mercado europeo han ganado un carácter estratégico al ser fundamentales para equilibrar, al menos parcialmente, la pérdida del suministro ruso de los productos derivados del crudo más pesados.
La nueva posición de EEUU como proveedor energético estratégico para España, junto con el fuerte incremento de los precios del gas natural y del petróleo, han generado un creciente déficit comercial debido a la rápida progresión de las importaciones de combustibles fósiles (Figura 4).
2. Inversiones en el sector energético
Las empresas españolas han encontrado en el mercado energético estadounidense un destino preferente para sus inversiones debido a su tamaño, seguridad, estabilidad y fácil acceso al capital. Con la IRA y la IIJA se espera una aceleración de los proyectos españoles en actividades bajas en emisiones tan diversas como las renovables, la captura de carbono o el hidrógeno para uso industrial. Por el contrario, la inversión estadounidense en España, pese a situarse en máximos históricos concentrando un 27,7% de la inversión no ETVE[1] recibida en 2022, todavía se mantiene en un segundo plano en el sector energético, sin superar el 5% del total desde 2019. Sin grandes empresas estadounidenses especializadas en el desarrollo de proyectos internacionales de energía renovable, la inversión en España se ha realizado tradicionalmente a través de los grandes fondos de inversión. En los últimos años, estos fondos parecen haber incrementado su interés por el sector de la electricidad y los gases renovables después de rotar algunas de sus inversiones realizadas en el sector del gas natural español en los últimos años (Redexis, Madrileña de Gas y Nortegas). Destaca la apuesta de Goldman Sachs de invertir 1.000 millones de euros en el emergente sector del biometano español a través de la empresa Verdalia Bioenergy y la de JP Morgan con 839MW de energías renovables en operación a través de Sonnedix, en España desde 2009.
La presencia de compañías energéticas españolas en EEUU ha crecido de forma significativa, recuperando los niveles previos a la crisis financiera (Figura 5). Esta tendencia debe situarse en el contexto más amplio de una relación económica pujante y del enorme aumento de la inversión directa española en EEUU en la última década. En ella han tenido protagonismo los cambios en las políticas energéticas (gas de esquisto y primas a las renovables) y climáticas (objetivos de descarbonización) tanto de España como de EEUU, la coincidencia parcial de los ciclos económicos y las profundas transformaciones experimentadas en el sector energético global, como la descarbonización y la digitalización.
Las compañías españolas han invertido intensamente en el sector energético de EEUU adoptando perfiles diferenciados y diversos, encontrando también oportunidades para la descarbonización de sus activos. En el sector de las energías renovables, la inversión española se ha caracterizado tradicionalmente por un elevado nivel de innovación, apostando por tecnologías emergentes como la termosolar, hace una década, y la eólica marina en la actualidad.
Iberdrola destaca con una creciente presencia en el negocio de las redes eléctricas con su filial Avangrid y la eólica marina, con su proyecto insignia Vineyard de 800MW. Acciona es otro importante inversor con más de 1.300MW de energía renovable en operación, además de proyectos de infraestructura y agua. Repsol, con la reciente adquisición de una cartera de eólica terrestre por 768 millones de dólares, redobla su apuesta estratégica en un mercado en el que ya cuenta con una importante presencia en el sector de los hidrocarburos y que se espera amplíe con el megayacimiento Pikka en Alaska, un proyecto que requerirá una inversión de la compañía de cerca de 1.200 millones de dólares. Enagás, a través de su participación en Talgrass Energy, cuenta con activos en la red gasista del país y un novedoso proyecto para el transporte por tubería de CO2. Naturgy, uno de los principales actores del comercio de GNL en la cuenca atlántica, controla una cartera de contratos a largo plazo de unos 6,8 bcm/año con la estadounidense Cheniere, además de acuerdos para el suministro de gas natural en Puerto Rico. Sin embargo, también ha habido reveses de carácter legal, como la decisión del Tribunal Supremo del estado de Nuevo México de no autorizar temporalmente la fusión entre Avangrid, filial de Iberdrola, y PNM; o algunos fracasos comerciales como la biorrefinería de Abengoa en California o el escaso recorrido de los proyectos de energía termo-solar, hace una década la insignia de la inversión española en el país.[2]
Se espera que el buen posicionamiento de las empresas españolas les permita beneficiarse de los generosos subsidios en forma de exenciones fiscales de la IRA. En este sentido, Técnicas Reunidas ha obtenido recientemente un contrato asociado al hidrógeno renovable para desarrollar una planta de fertilizantes nitrogenados de carbono cero en el estado de Washington que previsiblemente se beneficiará de este nuevo marco fiscal. El desarrollo lógico es que las energías renovables y los productos y servicios relacionados (como el almacenamiento, el hidrógeno, las redes eléctricas inteligentes y otros servicios energéticos digitales) continúen ofreciendo nuevos incentivos para la cooperación con EEUU en I+D, inversión, comercio, transporte y distribución conforme avance la descarbonización y se reduzca el interés comercial en los combustibles fósiles.
3. Una política climática convergente… hasta 2024
Pese a que en 2023 EEUU alcanzó su máximo histórico de producción de hidrocarburos, incluyendo la extracción en Territorio Federal e incumpliendo la promesa electoral de Joe Biden, la política climática actual está mucho más alineada con España, y con la UE, que la de la era Trump.[3] La IRA, con incentivos federales a la descarbonización estimados en 370.000 millones de dólares[4], tiene el potencial de suponer un punto de inflexión en la reducción de las emisiones de la economía de EEUU, acercando el país a una reducción de las emisiones estimada de entre el 24% y el 35% en 2030 en comparación con las emisiones de 2005, lejos no obstante de las reducciones de entre el 50% y el 52% en 2030 frente a las emisiones de 2005 comprometidas en la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) de EEUU en 2021. Pese a la polémica inicial sobre las implicaciones comerciales y geopolíticas en torno a la IRA, se trata de un cambio de paradigma en la política climática norteamericana, aumentando parcialmente su credibilidad internacional tras reincorporare al Acuerdo de París en 2021.
En España, el borrador de la versión actualizada del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece también objetivos ambiciosos de reducción de emisiones (32% en 2030 en comparación con las emisiones de 1990), de renovables (48% de renovables sobre el uso final de la energía y 81% de la generación eléctrica proveniente de renovales en 2030) y de eficiencia energética (44% de mejora en la eficiencia energética en comparación con el escenario de 2007). Además, en cuanto al sector transporte, el borrador actualizado del PNIEC prevé un parque con 5,5 millones de vehículos eléctricos al final de la década. Se espera que la consecución de los objetivos anteriores posibilite tanto una menor dependencia energética, que se situaría en el 51% en 2030, como el ahorro de 90.700 millones de euros derivado de la reducción en la importación de combustibles fósiles. La inversión necesaria para alcanzar estos objetivos del PNIEC a 2030 se estima en 294.000 millones de euros, de los cuales el 85% (249.900 millones de euros) correrían a cargo del sector privado y el 70% de las inversiones públicas restantes (30.870 millones) serían financiadas por los fondos NextGenerationEU.
Por parte estadounidense, el CBAM ha sido en ocasiones interpretado erróneamente como una respuesta de la Comisión Europea frente a la IRA, pese a precederle en el tiempo y tener justificaciones muy diferentes. Aunque EEUU no exporta volúmenes significativos de los bienes cubiertos por el CBAM y su economía no es particularmente intensiva en carbono, existe el riesgo de que sea un catalizador para nuevas tensiones comerciales, sobre todo en el hipotético caso de una victoria republicana en 2024. Sin embargo, parece que este novedoso arancel habría despertado cierto interés regulatorio en el Capitolio, propiciando un espacio para el entendimiento. Prueba de ello es la introducción en el Congreso en junio de 2023 de la ley bipartidista PROVE IT, en lo que sería el primer intento del Departamento de Energía de establecer una metodología común para medir las emisiones de gases de efecto invernadero y que podría facilitar el establecimiento de un mecanismo de ajuste de carbono en frontera en EEUU, posibilitando el inicio de un club climático transformacional.
La idea detrás de esta medida es demostrar la baja intensidad en carbono de la economía estadounidense y utilizarlo como potencial herramienta para establecer futuros aranceles o restricciones comerciales a las importaciones desde países más contaminantes. No es descartable que haya difusión coercitiva o por aprendizaje del CBAM[5]; es decir, un cierto “Efecto Bruselas” por el cual otros países terminan por adoptar estándares europeos. La posibilidad de cooperar contra las “fugas de carbono” a través de nuevas iniciativas como el Transatlantic Initiative on Sustainable Trade (TIST) podría facilitar el entendimiento en otras áreas estratégicas como el acero, los minerales críticos o el sector de la automoción. No obstante, la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente de EEUU genera preocupación tanto en Bruselas como en Madrid y tiene un efecto inevitable en la credibilidad de la diplomacia climática tras los tres defaults climáticos previos de EEUU: la firma y no ratificación del protocolo de Kioto, el abandono –tras la ratificación– del Acuerdo de París y la brecha en el cumplimiento de sus compromisos de financiación climática internacional.
Conclusiones
Las relaciones energéticas entre España y EEUU continúan ofreciendo oportunidades para la cooperación fósil, principalmente a través de importaciones de gas y petróleo a medio plazo, y para inversiones cruzadas en el sector renovable. Las importaciones europeas de gas natural y petróleo desde EEUU serán cruciales para sostener en el tiempo el desacoplamiento energético europeo de Rusia. Se espera que la llegada de metaneros se intensifique en Europa conforme se completen las construcciones de nuevas terminales regasificadoras en Alemania, Italia Francia y los Países Bajos en los próximos meses. En España, con una infraestructura ya desarrollada y contratos de suministro a largo plazo firmados, este incremento no será tan relevante y dependerá de la situación del sector gasista argelino y de las importaciones de GNL ruso. El comercio de petróleo crudo y sus derivados continuará a medio plazo, con incertidumbres a largo plazo conforme avance la electrificación del transporte terrestre y se redimensione la capacidad de refino en el Atlántico.
Pese a que todavía es pronto para evaluar el efecto de la nueva política industrial de la Administración Biden, principalmente los programas de subsidios de la IRA y la IIJA, se espera un aumento de las inversiones españolas en EEUU dirigida a la generación renovable y las redes eléctricas, pero también en hidrógeno descarbonizado y sus aplicaciones industriales, así como la captura, almacenamiento y uso del CO2. El futuro de la inversión estadounidense en España dependerá de las estrategias de sus grandes fondos de inversión y la rentabilidad relativa de los activos renovables.
En materia de cooperación en la lucha contra el cambio climático, y pese a ciertos desencuentros asociados al diseño del CBAM y de la IRA, Washington y Bruselas están en esencia alineados en lo relativo a la necesidad de apoyar la agenda de la descarbonización, siendo ambos actores clave en las negociaciones internacionales. El futuro político de EEUU y el de la UE, con elecciones presidenciales y al Parlamento Europeo en 2024, determinará el grado de cooperación en el camino hacia un modelo de desarrollo de emisiones netas nulas entre el segundo y el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero. En un escenario cooperativo, la cuenca atlántica sería un espacio propicio para el desarrollo de un incipiente club climático transformacional con implicaciones relevantes para el comercio internacional y el éxito del esfuerzo global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
[1] Las operaciones de inversión se clasifican en dos tipos: las operaciones propias de sociedades denominadas Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) y las NO ETVE (el resto).
[2] El presidente Obama anunció en una de sus alocuciones semanales desde la Casa Blanca el desembarco del grupo Abengoa en Arizona para construir una gran planta solar y crear 1.600 puestos de trabajo. Barack Obama (2010), “Weekly Address: President Obama Touts Nearly $2 Billion in New Investments to Help Build a Clean Energy Economy”, The White House, 03/IIV/2010.
[3] No obstante, tanto la brecha entre los compromisos y la reducción esperada de emisiones gracias a la IRA, como la brecha entre la financiación climática comprometida por Biden (11.400 millones anuales) y la financiación climática aprobada por el congreso (1.000 millones en 2022) limitan la ambición y el liderazgo estadounidense en el ámbito climático.
[4] Una cifra que se podría incrementar hasta alcanzar los 1.200 millones de dólares ya que algunos incentivos fiscales de la IRA no están limitados. Además, Goldman Sachs estima que la IRA tiene la capacidad para movilizar hasta 3.000 millones de inversiones en tecnologías renovables hasta 2032.
[5] Berry, F. S., & Berry, W. D. (2018), “Innovation and diffusion models in policy research”, en C. M. Weible & P. A. Sabatier (Eds.), Theories of the policy process (4th ed.), Routledge, Oxon, pp. 253-297.
