Tema: El actual presidente brasileño, Luis Inácio “Lula” da Silva, es el candidato favorito para las elecciones del próximo 1 de octubre. Lula podría conseguir un nuevo mandato de cuatro años ya en la primera vuelta, aunque se verá obligado a llegar a pactos con otras fuerzas políticas para tener mayoría en el Parlamento.
Resumen: Brasil afronta las elecciones de octubre para presidente, gobernadores, diputados y senadores sin las presiones del mercado financiero que marcaron las elecciones de 2002. Los escándalos de corrupción del actual Gobierno han sido asimilados de tal modo por el electorado que el presidente Luis Inácio “Lula” da Silva podría hacerse con un segundo mandato en la primera vuelta de las elecciones. Su partido, sin embargo, pagará la factura por la crisis política, lo que obligará al próximo mandatario a llegar a pactos con organizaciones de diferente signo político para asegurarse un cierto control del futuro Parlamento. La razonable marcha de la economía, la autosuficiencia petrolífera o los programas sociales son los principales triunfos de Lula, cuya política económica seguirá la senda ortodoxa que ha recorrido estos cuatro años aunque es posible que ponga más acento en el desarrollo para intentar que el país crezca más rápidamente y se reduzcan las enormes desigualdades sociales.
Análisis: Casi 126 millones de brasileños están convocados a las urnas electrónicas el próximo 1 de octubre. La tercera mayor democracia del mundo, en número de votantes, elegirá un presidente para gobernar el país los próximos cuatro años. También escogerán 27 gobernadores para otros tantos estados más el distrito federal (Brasilia), 513 diputados federales, 1.059 diputados estatales y a un tercio de los 81 senadores que componen la Cámara Alta.
A diferencia de hace cuatro años, cuando la economía brasileña atravesó un grave periodo de inestabilidad –inflación descontrolada, fuga de capitales, depreciación considerable de la moneda nacional– hoy la situación es muy distinta. Ni el presidente Luis Inácio “Lula” da Silva ni su Partido de los Trabajadores (PT) son vistos como amenazas de ruptura del modelo económico. Los fundamentos económicos de Brasil también son mejores que en 2002. A modo de ejemplo, la Bolsa de São Paulo mantiene una tendencia alcista desde hace meses y el real se cotiza estable y relativamente valorizado con respecto al dólar con independencia del proceso electoral. El riesgo-país, de más de 2.400 puntos antes de las elecciones de 2002, es hoy más de diez veces menor.
Las expectativas populares ante estas elecciones son más difíciles de cuantificar. Algunas estadísticas apuntan a que el interés (o desinterés) del electorado es similar al de 2002. Según una encuesta del Instituto Datafolha, la mitad de la población dejaría de ejercer su derecho al voto si este derecho no fuese, además, una obligación legal. Es la misma cifra registrada hace cuatro años y también en las elecciones de 1994 y 1998. Sólo en 1989, fecha de las primeras elecciones presidenciales directas tras más de dos décadas de dictadura militar, hubo mayor número de brasileños (54%) satisfechos con la idea de acudir a las urnas que al contrario.
Las razones que explican la evidente tranquilidad de los mismos agentes financieros que en 2002 estuvieron a punto de dejar a Brasil en la bancarrota se relacionan con la buena marcha de la economía y la ortodoxia económica aplicada por el Gobierno de Lula. Los puntos presentados en la Carta ao Povo Brasileiro, un documento de campaña lanzado cuatro años atrás para intentar calmar a quienes temían la llegada al poder de un gobierno de supuesto carácter rupturista, se han cumplido sin excepción, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los contratos y compromisos firmados por Brasil con inversores privados y organizaciones internacionales de crédito.
Lejos de promover cambios radicales en la administración de la economía brasileña, el Gobierno Lula ha realizado mayores esfuerzos fiscales que el de su predecesor, Fernando Henrique Cardoso (1994-1998 y 1998-2002). Como media, el Estado brasileño, en sus tres esferas de gobierno, ha dejado de gastar un 4,25% de su Producto Interior Bruto al año para amortizar el pago de los tipos de interés de la gigantesca deuda pública –del orden de 365.000 millones de euros, un 50,3% del PIB en julio de 2006–. El resultado es que la deuda, a pesar de haber crecido en términos absolutos, ha mejorado en su relación al PIB (57,2% a comienzos de 2003). Conviene señalar que la deuda brasileña es, hoy en día, de carácter interno: el Gobierno federal ha conseguido liquidar sus obligaciones con el FMI y negociar favorablemente con sus acreedores privados.
Los razonables resultados macroeconómicos de Lula –inflación controlada por debajo del 4% para 2006, creación de seis millones de puestos de trabajo en el sector formal, crecimiento de la economía superior al 3% de media en cuatro años, crecimiento de las reservas internacionales, además de las citadas práctica desaparición de la deuda pública externa y fin del acuerdo con el FMI, de gran valor simbólico para quien llegó a defender en las calles “Fuera FMI”– son uno de los principales triunfos del antiguo líder sindical, que ha dicho tener que enfrentar una “herencia maldita”, en referencia a las difíciles condiciones recibidas de los gobiernos anteriores.
Pero el hecho de haber conseguido esos resultados con una política económica ortodoxa heredera de la aplicada por Cardoso le ha supuesto, al mismo tiempo, una contradicción y un cierto coste político. Su intento de reforma de la seguridad social, a fines de 2003, basándose en criterios considerados neoliberales según algunos sectores de su propio partido, provocó la expulsión de conocidos representantes del PT, como la senadora Heloísa Helena, hoy líder del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y candidata a las elecciones presidenciales. Helena se presenta al electorado con lo que considera son las banderas tradicionales del PT –intervención directa del Estado en la economía, reducción drástica y por decreto de los tipos de interés y ruptura con el capitalismo financiero– que Lula y su Gobierno habrían traicionado.
La otra gran traición de Lula y el PT, en opinión de sus críticos, y en esto coinciden tanto los que se ubican a izquierda como a derecha, no sería económica sino de comportamiento. Los escándalos por financiación ilegal de partidos políticos, las acusaciones de compra de votos en el Parlamento, o casos como el del dirigente del PT sorprendido en el aeropuerto de São Paulo con una importante cantidad de fajos de dólares escondidos en su ropa interior, han llevado a algunos a hablar de la etapa más corrupta de la historia brasileña. Los ministros José Dirceu y Antonio Palocci, responsables de las áreas política y económica, respectivamente, perdieron sus puestos en diferentes escándalos y Dirceu fue castigado con la pérdida de su mandato de diputado por el Parlamento y no podrá presentarse a ningún cargo electivo hasta 2016.
Sin necesidad de valorar si el Gobierno del PT y sus aliados ha sido el más corrupto de la historia de Brasil, los escándalos conocidos desde mediados de 2005 llegaron a poner al ejecutivo brasileño y al propio presidente Lula en una situación de debilidad. La oposición de centro-derecha flirteó durante meses con la amenaza de presentar el equivalente a una moción de censura en un régimen parlamentario, el impeachment. La medida no fue tomada debido a una más que posible falta de votos en el Parlamento y la ausencia de apoyo popular a una iniciativa tan drástica, sólo implementada una vez en la historia reciente del país –en 1992, contra el entonces presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción–. Los peores momentos de la crisis política han pasado y el ejecutivo ha conseguido llegar a la campaña electoral con índices de popularidad nunca alcanzados durante la legislatura. Más del 50% de la población, según las encuestas, consideran que su gobierno es óptimo o bueno. El mismo porcentaje declara que votará en Lula el 1 de octubre, lo que le daría una nueva presidencia en la primera vuelta.
Candidatos y programas
Junto al Partido Comunista do Brasil (PC do B) y el Partido Republicano Brasileiro (PRB), el PT forma la coalición A força do povo. El candidato a vicepresidente es el actual segundo de Lula, el empresario José Alencar (PRB). El programa de gobierno de Lula para el periodo 2007-2010 está construido en torno a seis ejes de acción: combate a la exclusión social, a la pobreza y a la desigualdad; profundización del nuevo modelo de desarrollo basado en el crecimiento con distribución de renta y sostenibilidad ambiental; educación masiva y de calidad; ampliación de la democracia y diálogo político; e inserción soberana de Brasil en el mundo.
No existen grandes novedades ni medidas o promesas de efecto. El programa insiste, desde una perspectiva realista y pragmática, en la senda recorrida priorizando los programas y políticas sociales. Es en la reforma política donde se pueden detectar algunas de las preocupaciones presentes en el debate político y que se reflejan en el programa de Lula. La reforma serviría para combatir la corrupción y aseguraría “la pluralidad de partidos, la fidelidad partidaria, la financiación pública de las campañas electorales y el voto proporcional –de forma preferencial en listas pre-ordenadas–, además de incentivar la construcción de mayorías necesarias para la gobernabilidad” (véase Lula presidente. Programa de Governo 2007/2010. p. 12, disponible en http://www.pt.org.br).
En el campo económico se mantendrían las grandes líneas de actuación que han permitido reducir la vulnerabilidad externa de Brasil, contener la inflación en niveles históricamente bajos para el país y crear, en opinión del Gobierno pero también de agencias internacionales de calificación de riesgo como Standard and Poor’s, las condiciones para un crecimiento sostenible. Esta es la principal baza electoral de los actuales gobernantes en el aspecto económico. Brasil sigue teniendo los tipos de interés más altos del mundo, lo que hace que el precio del dinero sea muy alto, dificultando el acceso al crédito. Un nuevo Gobierno Lula, según su programa electoral, continuaría promoviendo reducciones graduales de los tipos de interés, y fomentaría medidas para abaratar el crédito.
La importante deuda pública dificulta la capacidad inversora del Estado, lo que se traduce en infraestructuras generalmente mal conservadas o insuficientes para los retos de crecimiento del país. Durante el pasado Gobierno, el PT aprobó una ley por la cual el Estado podrá acordar con empresas privadas inversiones en carreteras, puertos y sistema ferroviario. El primer caso de PPPs (Parcerias Público Privadas), hasta ahora prácticamente inéditas en Brasil pero utilizadas en países como el Reino Unido, se da en São Paulo con la construcción de una línea de metro.
En general, el programa no da señales claras de que se vaya a profundizar en la ortodoxia. Pero tampoco de lo contrario. La previsión de gastos para 2007 indica, en todo caso, que en el Gobierno, desde la caída de Antonio Palocci, han perdido fuerza los sectores más monetaristas y, en contrapartida, han salido ganando los desarrollistas. Un ejemplo es que el programa no discute la autonomía del Banco Central ni mayores índices de esfuerzo fiscal anual de los que ya se practican. El carácter desarrollista también se refleja en la apuesta por ampliar las inversiones en el sector energético y una apuesta clara por el desarrollo de combustibles alternativos, como el biodiesel. Durante el mandato de Lula, Brasil alcanzó la autosuficiencia petrolífera y se hicieron importantes descubrimientos de yacimientos de crudo y gas. Queda pendiente la resolución del conflicto con Bolivia por la nacionalización de los hidrocarburos y sus consecuencias en el precio del gas para las industrias brasileñas.
Un nuevo Gobierno del PT seguiría comprometido, según su programa, con el desarrollo equitativo del agro negocio, pilar del sector exportador, y la agricultura familiar. La reforma agraria, con la distribución de tierras para cientos de miles de familias, seguiría siendo una prioridad que en estos cuatro años no ha estado exenta de críticas por organizaciones como el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), tradicional aliado del PT que ha considerado tibios los pasos dados y ha hablado de un Gobierno de dos cabezas: una que sólo se preocuparía con los beneficios de los grandes productores agrícolas y otra, más débil, que intentaría sacar adelante la reforma agraria.
El crecimiento del agro negocio también plantea problemas ecológicos y conflictos con los pueblos indígenas. La deforestación del Amazonas, motivada por la expansión de la ganadería y las áreas de cultivo, ha continuado creciendo. Organizaciones ecologistas y el Ministerio del Medio Ambiente han cuestionado la falta de capacidad del Gobierno de frenar esta expansión a veces descontrolada. Las organizaciones indígenas han criticado la falta de pulso del Gobierno federal para defender sus derechos frente a las ansias expansionistas de ganaderos y grandes productores agrícolas.
Lula también se presenta a las elecciones con la promesa de continuar el programa Bolsa Familia, un conjunto de ayudas monetarias para las familias más pobres (con la contrapartida de enviar a sus hijos a la escuela y mantener al día su cartilla de vacunación) que incluye el programa Fome Zero. En agosto de 2006, once millones de familias recibían algún tipo de ayuda en el marco de este programa. Es el mismo número de familias que según el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está en situación de vulnerabilidad social. Para la oposición, Lula se estaría garantizando millones de votos con este programa. El Gobierno y el PT lo consideran el principal instrumento de distribución de riqueza en uno de los países más desiguales del mundo.
El principal candidato de la oposición, Geraldo Alckmin, del PSDB, ha criticado el programa de Lula, al que acusa de ser “vacío, retórico, generalista y hueco”, un ejercicio de voluntarismo y un catálogo de buenas intenciones que no explica, por ejemplo, de donde saldrán los recursos para los fondos sectoriales prometidos en infraestructuras o industria o qué medidas garantizarán que la tasa de inversión privada alcance el 25% –hoy en día la tasa ronda el 20%–.
Alckmin, ex gobernador del estado de São Paulo, se presenta a las elecciones con un discurso que intenta, por un lado, mostrar una supuesta incompetencia administrativa y gestora del Gobierno, prometiendo un “choque de gestión” para resolverla, mientras carga las tintas en los escándalos de corrupción de estos años. Alckmin también achaca al Gobierno la responsabilidad por la crisis de la seguridad pública, especialmente grave en las grandes ciudades. Los atentados de la organización criminal que controla la vida en las cárceles paulistas (el Primeiro Comando da Capital, PCC) dejaron a la ciudad más importante del país en estado de pánico en distintos momentos de mayo, junio y julio. El ex gobernador, promotor de una política de mano dura con los delincuentes –que en opinión de sus críticos sería la responsable de la respuesta igualmente dura del crimen organizado– promete seguir la misma receta como presidente.
La coalición que encabeza Alckmin, formada por el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) y el Partido da Frente Liberal (PFL), fue la misma que gobernó Brasil durante buena parte de los años noventa y que se caracterizó por poner en marcha medidas reformistas y aperturistas de la economía –privatizaciones de empresas y bancos públicos o apertura al capital extranjero–. La propuesta económica de Alckmin, que insiste en la necesidad de reducir el papel del Estado y disminuir el gasto público, también aboga por flexibilizar el carácter fluctuante de la moneda y una mayor intervención del Banco Central en el mercado de cambio para evitar pérdidas de competitividad del sector exportador, relativamente perjudicado en los últimos meses por la valorización del real respecto al dólar. Hasta el primer fin de semana de septiembre, a un mes de las elecciones, Alckmin no había presentado formalmente su programa de gobierno.
La intervención directa del Estado en la economía, a través de un Banco Central “autónomo e independiente del capital financiero y subordinado a los intereses nacionales” es la principal propuesta económica de Heloísa Helena, candidata del PSOL. Helena pregona reducir de forma drástica y por decreto los tipos de interés y conseguir un volumen multimillonario de recursos que sería invertido en políticas sociales y obras de infraestructura. Su programa también señala la necesidad de favorecer un crecimiento acelerado para que el mercado de trabajo pueda absorber los excedentes de mano de obra. Propone dar tierra a más familias que el Gobierno Lula y califica a los sectores del agro-business como capitalistas sin escrúpulos que sólo aparentemente colaboran con el desarrollo del país. Por último, Cristovam Buarque, ex ministro de Educación y antiguo militante del PT, se presenta con un discurso basado casi íntegramente en la necesidad de hacer una gran reforma educativa. Buarque, del Partido Democrático Trabalhista (PDT), propone centralizar la enseñanza primaria, hoy en manos de estados y municipios.
El desafío de la gobernabilidad
Es común calificar el sistema político brasileño como un presidencialismo de coalición. Su rasgo fundamental es la dificultad para formar mayorías en la Cámara de los Diputados y en el Senado federal. Para conseguir aprobar sus proyectos y reformas, el ejecutivo necesita negociar con un gran número de partidos de diferentes tendencias y que representan diversos grupos de interés, de carácter corporativo o regional. Con frecuencia, esta negociación adquiere un tinte personal e implica un mercadeo de cargos, transferencias de recursos federales a los reductos electorales de los caciques locales y formas de financiación a campañas políticas con fondos no declarados, la llamada caixa dois. Esta ingeniería política implica altos costes y elevados riesgos para la gobernabilidad, como probó el episodio de la enmienda constitucional que permitió la reelección de Cardoso o, más recientemente, la grave crisis política que ha atravesado el país. La poca habilidad de Lula y de parte del PT para formar una coalición de gobierno con base en un programa, unida a la necesidad de llegar a alianzas con políticos de dudosa fiabilidad, fue el caldo de cultivo de los principales escándalos de corrupción: la supuesta compra de apoyos en el Congreso a cambio de dinero o el cobro de comisiones ilegales en empresas estatales a las que algunos aliados habían llegado como parte de los acuerdos para la formación de una base de gobierno (para un análisis más detallado de estas cuestiones véase el ARI nº 107/2005, “La crisis política en Brasil: la esperanza se transformó en decepción”, ).
Bruno Ayllón
Investigador posdoctoral MEC en la Universidad de São Paulo, Brasil