Tema
En 2024, América Latina afronta un intenso año electoral, con seis elecciones presidenciales de gran repercusión regional y otras tres elecciones locales importantes. Las presidenciales serán en El Salvador (febrero), Panamá y República Dominicana (mayo), México (junio), Uruguay (octubre) y Venezuela (fines de año).
Resumen
En 2024, al menos nueve países latinoamericanos acuden a las urnas. Seis celebran elecciones presidenciales (El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela) y otros tres locales (Costa Rica Brasil y Chile). A esto se suma al menos la consulta constitucional que podría celebrar Ecuador en fecha aún por determinar. El año electoral es especialmente significativo porque supone el final del ciclo electoral iniciado en 2021. Todo apunta, además, a que en 2024 se interrumpirá la tendencia predominante desde 2018 del voto de castigo al oficialismo. Finalmente, los comicios afectarán a países relevantes: a las dos grandes potencias regionales (México y Brasil), a las dos economías más dinámicas (Panamá y República Dominicana), a Uruguay, un caso paradigmático de estabilidad político-institucional y social, y a dos países donde la institucionalidad democrática no existe (Venezuela) o está amenazada (El Salvador).
Análisis
A lo largo de 2024 se vivirá un intenso año electoral en todo el mundo. Más de 60 países, entre ellos Estados Unidos (EEUU), Rusia, India, Taiwán, Alemania y el Reino Unido, irán a las urnas. En América Latina también se vivirá una intensidad semejante (Figura 1). Se votará en, al menos, nueve países. En seis habrá elecciones presidenciales y en otros tres locales, sin olvidar la posible consulta constitucional en Ecuador. Se elegirán presidentes en El Salvador (febrero), Panamá y República Dominicana (mayo), México (junio), Uruguay (octubre) y Venezuela (fines de año). También habrá elecciones regionales y municipales en Costa Rica, Brasil y Chile. Finalmente se celebrará una consulta en Ecuador, aún sin fecha.
Figura 1. Elecciones en América Latina, 2024
| País | Tipo de elección | Fecha |
|---|---|---|
| El Salvador | Presidencial y legislativa | 4 de febrero (primera vuelta) 3 de febrero (segunda vuelta) |
| Costa Rica | Municipales | 4 de febrero |
| República Dominicana | Municipales | 18 de febrero |
| El Salvador | Municipales | 3 de marzo |
| Panamá | Presidencial, legislativa y municipales | 5 de mayo |
| República Dominicana | Presidencial y legislativa | 19/ de mayo (primera vuelta) 30 de junio (segunda vuelta) |
| México | Presidencial, legislativa y en nueve estados | 2 de junio |
| Uruguay | Presidencial y legislativa | 30 de junio (internas) |
| Brasil | Municipales | 16 de octubre |
| Chile | Municipales | 27 de octubre |
| Uruguay | Presidencial y legislativa | 27 de octubre (primera vuelta) 24 de noviembre (segunda vuelta) |
| Venezuela | Presidencial | Diciembre (¿?) |
Las claves del año electoral
Este año electoral es muy significativo, al suponer el final del ciclo iniciado en 2021, tras la pandemia. Desde entonces, y hasta final de año, todos los países latinoamericanos, salvo Bolivia, que lo hará en 2025, habrán renovado sus gobiernos. Todo apunta a que en 2024 se interrumpirá, parcialmente, la tendencia del voto de castigo al oficialismo, predominante desde 2018.
Estos comicios afectarán a países relevantes y se desarrollan en una coyuntura de bajo crecimiento económico, con el consecuente malestar contra los gobiernos. Desde 2018, con la excepción de Paraguay (2018 y 2023), ningún oficialismo (salvo Nicaragua en un contexto de gran represión) ha ganado una elección presidencial (Figura 2). Se trata de un voto de castigo que, con menor intensidad, se observa desde 2015. Los resultados muestran que la región no vive ni un giro a la izquierda (2021-2022) ni a la derecha (2022-2023), sino una reacción pendular del electorado, no relacionada con vínculos ideológicos sino con el castigo a los gobiernos de turno por su mediocre o mal desempeño en políticas públicas vinculadas a temas sensibles como el crecimiento económico, la reducción de la pobreza/desigualdad, la seguridad, la educación, la salud y la lucha contra la corrupción. Este año, sin embargo, no en todos los casos se castigará al gobierno. Al menos, en El Salvador, República Dominicana y México se esperan victorias oficialistas.
Figura 2. Elecciones en América Latina, 2015-2023
| País | Año | Tendencia política | Oficialismo vs. oposición |
|---|---|---|---|
| Guatemala | 2015 | Derecha | Oposición |
| Argentina | 2015 | Centroderecha | Oposición |
| Perú | 2016 | Centroderecha | Oposición |
| Rep. Dominicana | 2016 | Centroizquierda | Oficialismo |
| Nicaragua* | 2016 | Izquierda | Oficialismo |
| Ecuador | 2017 | Centroderecha | Oficialismo, que se convirtió en Oposición |
| Chile | 2017 | Centroderecha | Oposición |
| Honduras | 2017 | Derecha | Oficialismo |
| Brasil | 2018 | Derecha | Oposición |
| México | 2018 | Izquierda | Oposición |
| Colombia | 2018 | Derecha | Oposición |
| Venezuela* | 2018 | Izquierda | Oficialismo |
| Costa Rica | 2018 | Centroizquierda | Oficialismo |
| Paraguay | 2018 | Centroderecha | Oficialismo |
| El Salvador | 2019 | Derecha | Oposición |
| Guatemala | 2019 | Derecha | Oposición |
| Panamá | 2019 | Centroizquierda | Oposición |
| Uruguay | 2019 | Centroderecha | Oposición |
| Argentina | 2019 | Centroizquierda | Oposición |
| Bolivia | 2020 | Izquierda | Oposición |
| Rep. Dominicana | 2020 | Centroderecha | Oposición |
| Ecuador | 2021 | Centroderecha | Oposición |
| Perú | 2021 | Izquierda | Oposición |
| Nicaragua* | 2021 | Izquierda | Oficialismo |
| Chile | 2021 | Izquierda | Oposición |
| Honduras | 2021 | Izquierda | Oposición |
| Costa Rica | 2022 | Derecha | Oposición |
| Colombia | 2022 | Izquierda | Oposición |
| Brasil | 2022 | Centroizquierda | Oposición |
| Paraguay | 2023 | Centroderecha | Oficialismo |
| Guatemala | 2023 | Centroizquierda | Oposición |
| Ecuador | 2023 | Derecha | Oposición |
| Argentina | 2023 | Derecha | Oposición |
Habrá elecciones en países relevantes. En las dos potencias regionales, México y Brasil, en las dos economías más dinámicas, Panamá y República Dominicana, en Uruguay, caso paradigmático de estabilidad político-institucional y social, en dos países que han conocido democracias modélicas, Chile y Costa Rica, y en otros dos, donde o bien no existe institucionalidad democrática, Venezuela, o ésta está amenazada, El Salvador.
El Salvador (febrero)
La ruptura de la tendencia del castigo al oficialismo se dará en El Salvador, la primera elección del año. Todo apunta a que Nayib Bukele, con una popularidad cercana al 90%, más que cualquier otro presidente de la región, será reelegido de forma plebiscitaria en las elecciones del 4 de febrero. Algo similar se puede decir de las parlamentarias, donde muy probablemente su partido, Nuevas Ideas (NI), obtenga la gran mayoría de los escaños.
Si bien el triunfo de Bukele será claro, tras sus éxitos en el combate contra las bandas criminales, El Salvador entró en una dinámica de fuerte deterioro de las instituciones democráticas, mientras surge un régimen hiperpresidencialista, súper personalizado, que utiliza el aparato del Estado para arrinconar las voces críticas y acabar con la separación de poderes. Su candidatura es el ejemplo más claro. Si bien la Constitución salvadoreña no permite la reelección, la Sala de Constitucionalidad, controlada por el bukelismo desde 2021, reinterpretó el artículo 152 que la prohíbe. Sus magistrados, nombrados por la Asamblea Legislativa con mayoría absoluta de NI, reinterpretaron el texto constitucional diciendo que el presidente podía ser reelegido si técnicamente no ostentaba el poder. Bastaría que pidiera una “licencia” durante los seis meses previos al arranque formal del nuevo mandato para poder ser candidato. De este modo, al dejar el cargo en manos de su secretaria privada, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, sorteó la imposibilidad constitucional de ser reelegido. La oposición considera ilegal esta decisión, ya que el nombramiento no siguió los procedimientos y se hizo en plena campaña electoral.
Dado el carácter de su gobierno (personalista, carismático, con gran concentración de poder), la reelección tendrá un sesgo plebiscitario. Será facilitada por sus éxitos económicos y en materia de seguridad, así como por la debilidad de la oposición. Bukele llegó al poder en 2019, tras ganar las elecciones de forma contundente. Se impuso en la primera vuelta con el 53%, frente al 31% de su principal rival, dejando debilitados a los dos partidos que gobernaban desde 1989. El triunfo se completó en 2021, cuando obtuvo mayoría absoluta en el Parlamento. Con ese respaldo, ha desplegado su política de mano dura contra las bandas criminales, las maras, decretando sucesivos estados de excepción. Más de 70.000 pandilleros fueron encarcelados, mientras los niveles de inseguridad caían. Las tasas de crímenes y homicidios se desplomaron, pasando de 106 homicidios por cada 100.000 personas en 2015 a sólo ocho en 2022. Esto explica su amplio respaldo social, al resolver, al menos a corto plazo, la principal preocupación que agobiaba a la población, la inseguridad.
Su gobierno ha manejado bien la economía: descenso del desempleo, crecimiento del PIB, caída del déficit y reactivación del turismo. El Banco Mundial espera que el PIB crezca un 2,8% en 2023. A medio plazo, se prevé que éste se estabilice por encima del promedio histórico, gracias al consumo privado, la inversión pública y el turismo. También el déficit pasó de una tasa cercana al 10% del PIB, durante la pandemia, al 2%.
Mientras tanto, la oposición está debilitada y fragmentada y no ha conseguido articular un frente antibukelista unido. Esta vez, cinco candidatos opositores buscarán forzar una segunda vuelta: Luis Parada (Nuestro Tiempo), candidato de la sociedad civil, otros dos de los partidos tradicionales, Manuel “el Chino” Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y Joel Sánchez, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y dos más de fuerzas políticas de reducido tamaño.
La encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, publicada el 6 de diciembre, le otorgó a Bukele un 61,7% de intención de voto, mientras que los otros cinco candidatos sumados no alcanzaban el 10%. Los partidos dominantes entre 1989 y 2019, la exguerrilla del FMLN y la derechista ARENA, sólo obtendrían el 2,6% y el 1,5%.
A medio plazo, esta elección plantea otros interrogantes. Primero, ¿es sostenible su estrategia de seguridad? Y segundo, ¿tratará Bukele de expandir su proyecto a otros países de la región? (ya hay sucursales de NI en América Central). Al mismo tiempo, una nueva victoria plebiscitaría, le permitiría completar la transformación del sistema político.
Panamá (mayo)
Si El Salvador y la República Dominicana son ejemplos de “reeleccionismo” y de quiebra de la tendencia del castigo al oficialismo, Panamá es todo lo contrario. Fiel a su historia, no habrá continuismo en 2024. Las elecciones presidenciales del 5 de mayo son a una sola vuelta. Y son las séptimas tras la invasión estadounidense que acabó con la dictadura de Manuel Antonio Noriega en 1989.
El proceso electoral tiene cuatro características:
1) El sistema de alianzas presidenciales. Desde 1989, ningún partido ganó en solitario. Las grandes fuerzas predominantes, el Partido Panameñista (PPa), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y, desde 2009, el emergente Cambio Democrático (CD) siempre han necesitado aliarse con partidos más pequeños y minoritarios;
2) La discontinuidad. Ningún oficialismo ha revalidado la confianza del electorado, siendo siempre superado por la oposición en las presidenciales. En América Latina, Panamá comparte con Guatemala y Perú el hecho de que ningún candidato oficialista ganara las elecciones presidenciales en los últimos 25 años (Figura 3).
3) La pervivencia de los viejos ejes (arnulfismo y torrijismo, bajo las siglas PPa y PRD). Aun sin la presencia de sus históricos liderazgos carismáticos siguen ganando elecciones (2014 y 2019). En 2014, el arnulfismo recuperó la presidencia tras romper con Ricardo Martinelli y, en 2019, hizo lo mismo el panameñismo. Esta volatilidad esconde cierta continuidad, ya que desde 1989 torrijismo y arnulfismo se alternan en el poder.
4) La emergencia de nuevas fuerzas. Los dos partidos tradicionales ya no compiten sólo entre sí, ahora deben hacerlo con otras fuerzas emergentes que pueden desplazarlos de su posición dominante. Esto ocurrió en 2009 con CD, liderado por Martinelli, y podría suceder en 2024, con el partido Realizando Metas, también liderado por Martinelli.
Figura 3. Elecciones en Panamá, 1999-2024
| Presidente | Partido |
|---|---|
| Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) | PRD |
| Mireya Moscoso(1999-2004) | Arnulfismo |
| Martín Torrijos (2004-2009) | PRD |
| Ricardo Martinelli (2009-2014) | CD |
| Juan Carlos Varela (2014-2019) | Arnulfismo |
| Lauretino Cortizo (2019-2024) | PRD |
En esta oportunidad hay ocho candidatos. Los favoritos son los expresidentes Martinelli (derecha) y Martín Torrijos (Partido Popular, centroizquierda); el actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo (PRD-Molinera); y el excanciller de Martinelli, Rómulo Roux (Cambio Democrático, derecha). Además, participan el abogado y periodista Ricardo Lombana (centroderecha); la exdiputada oficialista Zulay Rodríguez (independiente); la maestra izquierdista Maribel Gordón; y el exministro de Comercio (2014-2015), Melitón Arrocha (centroderecha).
Según la mayoría de las encuestas, Martinelli es el favorito, pese a haber sido condenado recientemente a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales. Su candidatura depende de que la Corte Suprema de Justicia rechace o acepte su recurso de casación. De no prosperar, quedaría fuera de la carrera electoral. Hasta agosto, Martinelli tenía el 37% de los votos, muy por encima de sus competidores. Sin embargo, tras la sentencia condenatoria bajó al 29% y se produjo un empate técnico con el oficialista Carrizo (28%).Las últimas encuestas, como la de Gallup Panamá, vuelven a favorecer a Martinelli. Según la medición de octubre, el 43% de los panameños votaría por Martinelli, mientras Roux, Torrijos y Lombana tendrían menos del 10% cada uno.
El voto de castigo al gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) y a su partido (el PRD) se debe no tanto a la situación económica (Panamá creció un 10,8% en 2022 y cerca del 4% en 2023) sino a sus políticas públicas, que no canalizaron las demandas sociales y explica el malestar presente en los tres estallidos de los últimos cinco años.Las movilizaciones de 2019 obligaron a Cortizo a retirar su proyecto de reforma constitucional para modernizar el texto de 1972, con artículos que daban a los políticos la facultad de alterar el presupuesto del Estado, designar a un fiscal superior para investigar procuradores, censurar ministros y ajustarse los salarios. En 2022 se protestó contra el alza del coste de la vida tras la invasión rusa de Ucrania. El gobierno debió congelar los precios de los combustibles y de la cesta básica de la compra, tras las movilizaciones lideradas por maestros, médicos, sindicalistas y jóvenes.
La tercera ola de protestas, entre octubre y noviembre de 2023, fue motivada por la concesión a la minera canadiense First Quantum para explotar cobre en el norte del país durante 20 años, con una opción de prórroga por igual periodo. Después de 40 días de movilización popular, la población logró frenar el acuerdo. La Corte Suprema declaró “inconstitucional” el contrato que renovaba la concesión de la mayor mina de cobre a cielo abierto de América Central. Estas protestas fueron transversales (jóvenes, movimientos católicos, indígenas, sindicatos) y movilizaron al resto de la opinión pública. A diferencia de 2022, las clases medias y medias-altas se unieron a la protesta.
Las movilizaciones de fines de 2023 enturbiaron el ambiente político y condicionarán el voto. El Tribunal Electoral de Panamá (TE) ratificó su compromiso de velar por unas elecciones libres y transparentes tras la amenaza de un posible golpe de Estado por parte del diputado oficialista Benicio Robinson, a su vez presidente del gobernante PRD Durante la discusión de los presupuestos de 2024, éste declaró que “están diciendo que van a poner al pueblo a tumbar, significa que van a hacer ellos un golpe de Estado”, en aparente alusión a los sectores políticos de oposición y grupos civiles que reclaman transparencia al gobierno de Cortizo. Por eso, el presidente del TE, Alfredo Juncá, dijo: “El tiempo de los golpes de Estado, como ha señalado un honorable diputado de Gobierno, ha quedado en el pasado y este tipo de conductas solo contribuyen a socavar la democracia”. Por su parte, el capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) alertó sobre el estado de la democracia ante la amenaza de golpe de Estado.
República Dominicana (mayo)
La buena gestión económica, un hábil manejo de la popularidad y el liderazgo en la lucha contra la corrupción explican por qué en República Dominicana también se votará oficialista, facilitando la reelección de Luis Abinader. El 18 de febrero habrá elecciones a alcaldías, regidurías, direcciones de juntas de distritos municipales y vocalías. El proceso culminará el 19 de mayo con las presidenciales y parlamentarias (senadores, diputados y diputados de ultramar). Si ningún aspirante a presidente consigue los votos necesarios en la primera vuelta, habrá una segunda el 30 de junio.
Tras cuatro años de gobierno, Abinader aspira a la reelección. Es el favorito gracias a una gestión que ha mantenido la bonanza económica apoyada, junto a las remesas, en los sectores estrella: turismo y Zonas Francas,que han atraído 4.000 millones de dólares de inversión extranjera directa y más de 10 millones de turistas en 2023. El PIB creció un 10,2% en 2021 (efecto rebote postpandemia), el 4,9% en 2022 y se espera más del 4% en 2023, cuando el resto de la región creció en torno al 2%.
Abinader ganó las primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con el 91% de los votos. También aspiran a la presidencia otros ocho candidatos, entre los que destacan Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fuerza gobernante entre 2004 y 2020; el expresidente Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo (FP); Miguel Vargas, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Virginia Antares, de Opción Democrática; y María Teresa Cabrera, del Frente Amplio. La oposición, en especial Leonel Fernández, ha tratado, sin mucho éxito, de debilitar las opciones de Abinader, denunciando fallos de gestión en el combate contra el dengue y en los servicios eléctricos. República Dominicana ha sufrido más de 15.000 casos de dengue y 16 muertos en lo que va del año y ha tenido reiterados problemas del servicio eléctrico con un incremento de los apagones.
Sin embargo, el favoritismo de Abinader es abrumador. Todo apunta a una victoria en primera vuelta, con más de 25 puntos de diferencia, mejorando los resultados de 2020. Las encuestas así lo ratifican. CID-Gallup apunta a que Abinader ganaría en primera vuelta con el 54%, superando a Fernández, 29%, Martínez 15% y Vargas 2%. La oposición, coordinada en la “Alianza Opositora Rescate RD”, compartirá candidatos a las municipales y legislativas, respaldando al candidato presidencial que pase a una eventual segunda vuelta.
Estos resultados confirmarían que en 2020 se produjo un cambio en el sistema de partidos y en los liderazgos nacionales, que tiende a consolidarse. Hace cuatro años, Abinader acabó con la hegemonía del PLD, que gobernó entre 1996 y 2000 y desde 2004 a 2020. Su partido, el PRM, empieza a ser la nueva fuerza hegemónica, como antaño lo fue el PLD. Lo hace en el contexto de decadencia de los partidos que sostuvieron el sistema desde los años 90 (PLD y PRD) y de predominio de personalismos surgidos de las divisiones de los partidos históricos: Abinader rompió con el PRD y Fernández con el PLD.
México (junio)
México celebrará una macro elección a mediados de año. Junto a las presidenciales se elegirán nueve gobernadores en Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Asimismo, los 32 estados renovarán legislaturas locales y ayuntamientos, entre otros cargos. Pero, el foco estará en las presidenciales, donde se apunta a una victoria cómoda del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de su candidata Claudia Sheinbaum, a quien, dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia, apoyan el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El favoritismo de Sheinbaum nace de la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha rondado el 60% de respaldo ciudadano, eludiendo el desgaste por su gestión. Esa popularidad es la principal baza de Sheinbaum, que hasta ahora dobla en intención de votos a su principal rival, Xóchitl Gálvez, a quien respaldan el Partido de la Revolución Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dentro de la coalición Fuerza y Corazón por México. La encuesta del diario Reforma, de diciembre, daba un 48% a Sheinbaum y un 24% a Gálvez. En México no existe segunda vuelta y basta con ganar por un solo voto para convertirse en presidente. Otra encuesta, del diario El Financiero, otorga más ventaja a Sheinbaum, 52%, y sólo un 30% a Gálvez.
El partido Movimiento Ciudadano (MC), que se perfilaba como el gran regenerador de la política mexicana, ha caído en la vieja política y se ha enredado en peleas internas, que afectaron a su potencial candidato, el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Finalmente, éste no se presentará y traslada su apuesta política a 2030. De este modo, el candidato presidencial de MC será el diputado Jorge Álvarez Máynez, “destapado” al estilo priísta por García y su influyente esposa.
López Obrador ha sostenido su popularidad en dos pilares y, de momento, la ha podido traspasar a Sheinbaum. El primero, la economía, que ha crecido entre el 3% y el 4% tras la pandemia, superando las proyecciones durante tres años consecutivos. Esto fue posible, en gran parte, por diversas políticas públicas orientadas a estimular la demanda, una gestión financiera ortodoxa y ayudas sociales, junto al récord en ingresos por remesas, lo que impulsó el consumo. Las remesas, la inversión extranjera y la alta tasa de interés revalorizaron el peso mexicano, que se apreció un 13% frente al dólar. También el gobierno cosechó importantes logros en política interna y el salario mínimo aumentó un 85%, por encima de la inflación.
Esto explica la popularidad de López Obrador y el rédito que obtiene su candidata en unos comicios inéditos. Será un duelo femenino, que asegura que, por primera vez, la próxima mandataria será una mujer. Sheinbaum, ingeniera medioambiental especializada en temas energéticos, ocupó la Alcaldía de Ciudad de México entre 2018 y junio de 2022. Su principal rival, Xóchitl Gálvez, exsenadora, destaca por sus orígenes indígenas y humildes. De joven, se ganó la vida vendiendo tamales en la calle.
Más allá de si Gálvez podrá reducir la diferencia con Sheinbaum, en el caso de que ésta gane, la principal incógnita pasa por dilucidar cómo será su convivencia con López Obrador cuando éste sea expresidente. En el pasado, los exmandatarios han desempeñado diferentes papeles. Desde ser el poder en la sombra, como Plutarco Elías Calles en los años 20 y 30, cuando se acuñó la frase de “aquí vive el presidente, pero quien manda vive enfrente”, a ser expatriados de forma inmediata, como en tiempos del PRI. Luis Echeverría acabó de embajador en Australia. Es complicado pensar en López Obrador como un “jarrón chino”, aunque prometió no interferir en la gestión de su heredera. Habrá que ver si cumple y cómo se desarrollará la relación cuando el accionar de la nueva presidenta diverja del pensamiento y obra de López Obrador, la figura con mayor liderazgo político en México. ¿Querrá o sabrá Sheinbaum matar al padre, como regularmente sucede en otras partes de América Latina?
Uruguay (octubre)
En Uruguay, pese a la buena gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou, respaldado desde 2020 por una amplia coalición (Coalición Multicolor), que incluye a su propia fuerza política (Partido Blanco o Nacional) en el centroderecha, a la socialdemocracia (Partido Colorado y Partido Independiente) y a la derecha (Cabildo Abierto).
Aunque hay relativa paridad entre estos dos grandes bloques, las encuestas por el momento indican un predominio de la principal coalición opositora de izquierda, el Frente Amplio (FA) por sobre la Coalición Multicolor. Lacalle Pou, que en 2019 puso final a 15 años de gobiernos frenteamplistas, no logra, de momento, traspasar el respaldo a su gestión (que ronda el 50% de aprobación) a los precandidatos de los partidos que integran la Coalición Multicolor. La capacidad del FA de renovarse en ideas y liderazgos fuera del poder y los escándalos que han salpicado al gobierno pueden estar también detrás de esta tendencia. Unos escándalos que se llevaron por delante al canciller, Francisco Bustillo, y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
El año electoral será intenso. En julio serán las internas para elegir a los candidatos únicos de cada partido. Los favoritos para competir en las presidenciales de octubre son la mano derecha de Lacalle, Álvaro Delgado, del oficialista Partido Nacional y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector liderado por el expresidente José Mujica. La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, del FA, respaldada por el Partido Comunista y el Partido Socialista, se sitúa en segundo lugar por detrás de Orsi en intención de voto para las internas.
En el Partido Colorado, parte de la coalición oficialista, se postulan el extitular de la entidad rectora de la enseñanza pública, Robert Silva, el expresidente de la telefónica Antel, Gabriel Gurméndez, el diputado Gustavo Zubía, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, y el exdirector de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara. El senador Guido Manini Ríos será candidato de Cabildo Abierto y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, del Partido Independiente.
Una encuesta de Equiposreveló en diciembre que el FA encabeza las preferencias y supera por siete puntos a la coalición de gobierno. El 45% votaría al FA, el 29% al Partido Nacional, el 7% al Colorado, el 2% a Cabildo Abierto y el 2% a “otros partidos”, que individualmente no superan el 1%. Un 3% votaría en blanco o nulo y un 12% está indeciso. Según la encuestadora Factum, el 61% de los uruguayos cree que, independientemente de sus preferencias políticas, el próximo gobierno será del FA.
Venezuela (fines de 2024)
El cambio en el contexto geopolítico mundial ha modificado el panorama electoral venezolano, tras 24 años ininterrumpidos de gobiernos chavistas. Hugo Chávez (1999-2013) primero y Nicolás Maduro (2013- ) después. La invasión rusa de Ucrania aumentó la importancia geoestratégica de las reservas petroleras venezolanas, lo que llevó a EEUU a iniciar negociaciones con Maduro para levantar las sanciones. Venezuela, necesitada de recursos, vio una ventana abierta para regresar al mercado internacional si aceptaba la exigencia de la Casa Blanca de celebrar elecciones limpias en 2024. Este nuevo contexto explica que, tras prácticamente un año sin avances formales en la negociación entre el gobierno y la opositora Plataforma Unitaria, el 17 de octubre se firmara en Barbados un acuerdo que prevé mejoras en las garantías electorales para las presidenciales de 2024. Se trataría de establecer un marco regulatorio que garantice unos comicios libres e independientes, con observación internacional y posibilidad de participación de los más de siete millones de venezolanos que se encuentran fuera del país.
Este acuerdo provocó otras transformaciones del escenario político-electoral. EEUU emitió una licencia general de seis meses autorizando el regreso del sector petrolero y gasífero de Venezuela al mercado estadounidense, además de otras flexibilizaciones al sector aurífero y la deuda venezolana. Esta medida abre la posibilidad de que el gobierno acceda a nuevos recursos económicos. En este nuevo clima ha habido acercamientos y acuerdos entre Caracas y Washington: intercambio de prisioneros (liberación de Alex Saab, muy vinculado a Maduro) y fin de las sanciones energéticas. Incluso, Joe Biden señaló que “parece que Maduro, hasta el momento, está manteniendo su compromiso para unas elecciones libres, aunque aún no lo ha hecho. Tenemos un largo camino por recorrer, pero está bien hasta el momento”.
Por su parte, la oposición celebró unas elecciones primarias en las que María Corina Machado se impuso con el 92,5% de los votos. Esto coloca en un complejo dilema a ambos actores: el régimen aspira a mantener inhabilitada a Machado pues la Contraloría General de Venezuela la impide postularse desde 2015, cuando fue incapacitada por no incluir en su declaración patrimonial unos bonos que recibió siendo diputada, lo que Machado niega. Esa sanción, de hace ocho años, se vio ampliada recientemente tras su supuesta defensa de las sanciones de EEUU contra Venezuela. El gobierno estadounidense advirtió que el incumplimiento de los términos del acuerdo de Barbados supondría la reversión de las medidas de apertura y del fin de las sanciones. La prueba definitiva será ver si Machado, que hoy triplica en intención de voto a Maduro, podrá o no participar en las elecciones. Machado pidió en diciembre al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar su inhabilitación, haciendo uso del mecanismo acordado en Barbados.
Mientras, Maduro trata de pavimentar su reelección apoyándose en la mejora de la economía y enarbolando la bandera del nacionalismo en la crisis del Esequibo con Guyana. Tras la hiperinflación presente desde 2016, los precios empiezan a retroceder. La tasa anual de 2023 fue del 193%, lejos del 4.000% y 6.000% de 2016 y 2017. Tras la modesta tasa de crecimiento de 2023, se espera una expansión del PIB de entre el 2% y el 6% gracias a la recuperación del ingreso fiscal por el fin de las sanciones de EEUU.
Por otro lado, el régimen busca convertir la crisis del Esequibo en una apelación a la unidad nacional en torno al objetivo común. Maduro convocó un referéndum el 3 de diciembre, preguntando a los venezolanos si apoyaban la anexión del Esequibo, una región de 160.000 km2 que pertenece a Guyana. Tras un apoyo declarado de más del 95% (poco transparentes en cuanto a recuento y participación), Maduro tomó el resultado como un mandato popular para ocupar el territorio. Envió a la Asamblea una Ley Orgánica para crear el estado de Guayana Esequiba y firmó seis decretos, un plan de incorporación del Esequibo. Designó al mayor general Alexis Rodríguez Cabello como la “autoridad única” del Esequibo y creó “una Alta Comisión Nacional para la defensa y recuperación” del territorio encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. También ordenó otorgar licencias para extraer crudo.
Todo apunta a que, pese al acuerdo entre Venezuela y Guyana de no escalar la tensión, la reivindicación nacionalista seguirá marcando la campaña como fórmula de unir a la ciudadanía en torno al gobierno. Prueba de ello ha sido la utilización de la tensión con Londres por el envío de un buque de guerra británico al Caribe en respaldo a su antigua colonia. Maduro calificó el hecho de “amenaza inaceptable” y respondió con una “acción defensiva” en el Atlántico. Consideraba que la llegada del HMS Trent suponía una “ruptura” de los acuerdos que suscribió con su homólogo guyanés, Irfaan Ali, el 14 de diciembre, cuando se comprometieron a no amenazarse mutuamente y evitar nuevos incidentes.
Elecciones locales y consulta en Ecuador
En Brasil, las elecciones municipales son vistas como una palanca para consolidar al oficialismo y a la oposición de cara a las presidenciales de 2026. Bolsonaro aspira a tener candidatos propios en 3.000 de las 5.568 ciudades, incluidas las 26 capitales estaduales. La meta es vencer “al menos” en 1.000 y ocupar poder local con vistas a las presidenciales. Lula quiere recuperar ciudades emblemáticas, como São Paulo, la más poblada del país, donde su candidato a alcalde será el diputado socialista Guilherme Boulos. El Partido de los Trabajadores (PT) eligió sólo 182 alcaldes en 2020, su peor resultado desde 1998, mientras el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro ganó en casi el doble de ciudades (348), aunque menos que el Partido Social Democrático (PSD), 968, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), 838, el Partido Popular (PP), 712 y União Brasil, 564. Lula y Bolsonaro necesitan aumentar el número de alcaldes por el papel que estos podrán desempeñar en las elecciones a celebrarse en 2026 (gobernadores, diputados y presidente).
De la misma forma, las derechas chilenas aspiran a fortalecerse de cara a las presidenciales de 2025, arrebatando a la izquierda Santiago y Valparaíso. La reelección de Evelyn Matthei como alcaldesa de Providencia, la colocaría como una destacada presidenciable en la coalición de centroderecha.
El nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elegido en 2023 sólo para completar el mandato de Guillermo Lasso (hasta 2025) ha decidido convocar una consulta popular. Se trata de 11 preguntas que buscan dar herramientas al Ejecutivo en su intento de estimular el crecimiento económico y endurecer la lucha contra la inseguridad. De este modo, se permitiría la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada y se elevarían las penas de cárcel que deberían cumplir los delincuentes. La ratificación de estas medidas por la ciudadanía supondría un espaldarazo para las aspiraciones de Noboa de optar a la reelección el año que viene, al otorgarle un triunfo político en medio de la actual crisis de seguridad y parálisis económica. A la espera de que la Corte Constitucional emita su opinión sobre la consulta, aún no hay fecha para su celebración, que debería ser en algún momento de la primera mitad de 2024.
Conclusiones
Ninguna de las seis elecciones presidenciales que tendrán lugar a lo largo de 2024, salvo eventualmente en Venezuela en el supuesto de producirse un triunfo de la oposición, provocará un cambio dramático del rumbo político. Pese a ello, a lo largo de este año se quebrará la dinámica de voto de castigo al oficialismo presente desde 2015-2018. Al menos en tres países podrían producirse victorias oficialistas con dos reelecciones (El Salvador y República Dominicana) y una nueva victoria del partido gobernante en México. La ruptura de esta tendencia se debe a que, en estos casos, se observa una dinámica diferente al resto de la región. Sus gobiernos han sido exitosos para gestionar y dar soluciones, al menos aparentemente, a las principales demandas ciudadanas, se han beneficiado de una situación económica favorable, han liderado la lucha contra la corrupción y han tenido liderazgos fuertes y carismáticos.
Bukele es un maestro en la utilización de la comunicación política, Abinader sabe gestionar su popularidad y López Obrador ha conectado con la ciudadanía y controlado la agenda con sus mañaneras. Los tres han levantado la bandera de la lucha contra la corrupción señalando los excesos y abusos de anteriores administraciones mientras presentaban a sus gobiernos como limpios y transparentes. Abinader hizo de la lucha contra la corrupción una parte central de su campaña y, una vez en el cargo, impulsó investigaciones a través de la fiscalía que pusieron al descubierto la corrupción de varios funcionarios de alto rango del gobierno de Danilo Medina (2012-2020). En 2022 aprobó una ley de decomiso civil que permite al Estado recuperar activos robados.
Los tres, que han tenido estabilidad económica tras la pandemia, han sabido canalizar las demandas ciudadanas: el combate contra la inseguridad en El Salvador, la lucha contra la corrupción en México y el mantenimiento de la bonanza económica en República Dominicana, donde hubo un excelente manejo durante la pandemia y un mimo especial en apoyo del turismo, la principal industria nacional. La dureza con Haití (el sentimiento anti haitiano es inherente a la identidad nacional dominicana) le puede reportar a Abinader beneficios electorales. El cierre de la frontera, la suspensión de visados y la construcción de un muro son vistas como una reafirmación del sentimiento dominicano frente al “peligro” haitiano y a un posible contagio de la crisis del país vecino.
En Panamá, el modelo de crecimiento ha evidenciado carencias sociales traducidas en tres estallidos de protestas (2019, 2022 y 2023). En Venezuela, la inseguridad y la hiperinflación han golpeado a la sociedad si bien el chavismo sigue teniendo el control de los recursos del Estado para poder imponerse en las elecciones u obstaculizar a la oposición. Uruguay, finalmente vive casi un empate electoral entre el Frente Amplio y la Coalición Multicolor liderada por la centroderecha que llevó al poder a Lacalle Pou, por lo que cualquier resultado es posible: desde la renovación del apoyo al oficialismo, tras una positiva gestión del actual presidente, al voto de castigo que devuelva al poder a la izquierda.
