Tema
En medio de la pandemia y de una profunda crisis económica y social, América Latina entra en la recta final de 2020 con un intenso calendario político-electoral (seis convocatorias), antesala de un 2021 lleno de elecciones e incertidumbres.
Resumen
América Latina llega al último tercio de 2020 (septiembre-diciembre) siendo el epicentro mundial de la pandemia y con un cargado panorama electoral, en el que la polarización, la incertidumbre económica, el deterioro social y la ausencia de agendas consensuadas en los países implicados marcarán un intenso final de año. La región está inmersa en su peor crisis económico-social en medio siglo. Se entra, así, en una “nueva normalidad” política y electoral donde coincidirán desescaladas, fines de confinamientos, leves indicios de recuperación económica y elecciones con nuevas normas que terminarán poniendo a prueba las instituciones democráticas, los partidos políticos y los viejos y nuevos liderazgos.
Análisis
América Latina alcanza el tramo final de 2020 como epicentro mundial de la pandemia y con un cargado panorama electoral, en el que la incertidumbre económica y el deterioro social se unen a la elevada polarización política y a la ausencia de agendas nacionales consensuadas. En esta “nueva normalidad” coincidirán desescaladas, fines de confinamientos, leves indicios de recuperación económica y elecciones con nuevas normas.
A la espera del principio del fin del pico de la pandemia
Desde el punto de vista sanitario, los meses centrales de 2020 no trajeron grandes cambios a la región. El 22 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que América Latina era el “nuevo epicentro” de la pandemia del COVID-19. En esa condición se ha mantenido hasta septiembre. En agosto, casi la mitad de las muertes mundiales por el virus ocurrieron en América Latina y el Caribe. El SARS-CoV-2 se extendió rápidamente por algunos países, como Perú, que registró la mayor tasa de mortalidad mundial.
En líneas generales siguió aumentando la velocidad de expansión del virus.Al mayor número de rastreos en países como Chile se unió la capacidad de multiplicación de la pandemia. El primer millón tardó dos meses en alcanzarse, mientras que el segundo llegó en 20 días, el tercero en 17, el cuarto en sólo dos semanas, el quinto en 13 días y los 6 millones se alcanzaron en una semana y media. Todo apunta a que la curva de la pandemia empezará a aplanarse entre septiembre y octubre, dependiendo de cada país y más allá de posibles rebrotes y segundas olas antes de la disponibilidad de la vacuna. El hecho de que la llegada a los 7 millones se haya demorado dos días más respecto al incremento anterior –de 5 a 6 millones– indica cierta disminución en la velocidad de la expansión del virus, lo que podría verse confirmado después de que los 8 millones tardaran un día más en completarse (véase la Figura 1). Figura 1. Velocidad de expansión de la pandemia en América Latina
| Número de casos | Fecha | Tiempo en sumar un nuevo millón de contagios |
| Primer millón | 1 de junio | Más de dos meses desde el primer caso |
| 2º millón | 21 de junio | 20 días |
| 3er millón | 8 de julio | 17 días |
| 4º millón | 22 de julio | 14 días |
| 5º millón | 4 de agosto | 13 días |
| 6º millón | 15 de agosto | 11 días |
| 7º millón | 28 de agosto | 13 días |
| 8º millón | 11 de septiembre | 14 días |
Fuente: elaboración propia con datos de la Universidad Johns Hopkins.
La OMS declaró el 8 de septiembre que América Latina seguía siendo la región más afectada por el COVID-19 y que entre los 11 países con los indicadores más negativos de la pandemia seis son latinoamericanos: Brasil, Perú, Colombia, México, Argentina y Chile. Muchos presentaban, a comienzos de septiembre, una ratio de infección superior a 1: Paraguay (1,95), Argentina (1,22), Perú (1,09) y Colombia (1,07). Aunque, en la lista de países con un Rt superior a 1 ya no figuran Chile (0,85), Brasil (0,98) y Bolivia (0,87). Esa reducción del ritmo de contagio y el aplanamiento de la curva ha llevado a varios países a iniciar la desescalada.
En Bolivia, el descenso de la curva de contagios diarios coincide desde el 1 de septiembre con la entrada en la etapa de post-confinamiento y la flexibilización de la cuarentena establecida en junio. Colombia inició también el 1 de septiembre una nueva etapa, con “distanciamiento individual responsable”, quedando atrás las cuarentenas obligatorias. En Ecuador, desde el 13 de septiembre que finalizó el estado de excepción, se puede circular libremente por todo el país. En Guatemala, el gobierno del presidente Giammattei ordenó la “reapertura” de su economía el 27 de julio.
La pandemia y su prolongación temporal han transformado no sólo la vida cotidiana, la económica y comercial, sino también los usos y costumbres de la política. Tanto los gobiernos como las oposiciones han debido acomodarse a una nueva realidad cambiante y muy incierta acerca de las consecuencias de las acciones individuales y colectivas. En algunas circunstancias el virus ha servido como excusa para que ciertos gobiernos pongan en marcha políticas clientelares (Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador), para lograr sus objetivos por una vía más rápida.
La pandemia ha afectado el discurso político e impulsado relatos “innovadores”. Salvo excepciones, los desvalorizados partidos han debido dejar buena parte de su espacio a líderes establecidos, sin prácticamente tiempo para su renovación. La situación ha favorecido la consolidación de “hombres fuertes”, de estilo caudillista y mensaje populista. Bukele es el caso más relevante. Ha utilizado la lucha contra la pandemia para orientar el gasto público, impulsar prácticas clientelares que fidelicen el voto, confrontar con la oposición y desprestigiar las instituciones que no controla. Incluso ha pactado con las maras para reducir el número de homicidios y dar la impresión de que sus políticas de orden público están siendo exitosas.
Algunas viejas formas de comunicación política han quedado desfasadas a favor de otras nuevas. Durante lo más álgido del confinamiento, las redes sociales se convirtieron en esenciales y con ellas la circulación de fake news y campañas de desinformación y desprestigio, así como de mensajes con un claro contenido propagandístico. No todo quedó allí. Algunos parlamentos han dejado de funcionar y otros lo hacen telemáticamente. En Argentina ha habido sonados escándalos por los intentos del kirchnerismo de controlar el funcionamiento de ambas Cámaras en debates tan trascendentales como el de la reforma judicial. Finalmente, hubo elecciones suspendidas y postergadas, o incluso algunas celebradas con una cierta normalidad (República Dominicana y Surinam).
Entre 2021 y 2024 prácticamente todos los países latinoamericanos deberán elegir o renovar a sus presidentes. En algunos casos las elecciones presidenciales coincidirán con las parlamentarias, pero, de todos modos, se deberá afrontar un intenso calendario electoral. La cuestión más inmediata es saber cómo el SARS-CoV-2 afectará en los próximos meses el contacto con las urnas. ¿Cómo será votar con el riesgo de introducir en las urnas un sobre que no sólo contenga el voto, sino también la posibilidad de transmitir el coronavirus? ¿Cómo se seleccionarán los candidatos y quién lo hará? ¿Habrá elecciones primarias allí dónde es preceptivo o la decisión dependerá del criterio del líder partidario?
En lo que queda de 2020 habrá numerosas elecciones. Pero, como se ha visto más arriba, la pandemia todavía está en una fase crítica y no sería descartable en los próximos meses que algunos comicios se pospongan, suspendan o sufran importantes cambios procedimentales. En la Nicaragua de Daniel Ortega, una resolución del progubernamental Consejo Supremo Electoral cambió la Ley Electoral en detrimento de los partidos de la oposición, sin tener las facultades legales para hacerlo. Uno de los grandes desafíos de los gobiernos, algo que vive con preocupación EEUU en relación al voto por correo, es cómo garantizar el sufragio ciudadano y la libertad de elegir y ser elegido sin vulnerar derechos adquiridos. Pero al mismo tiempo, las autoridades electorales deben decidir qué precauciones tomar para no convertir el acto de votar en fuente de nuevos brotes infecciosos.
De manera simultánea está en juego el nivel de participación. ¿Cuánta abstención es admisible para que el resultado se considere legítimo? Esta pregunta es clave para el futuro del plebiscito constitucional chileno, al igual que para las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre próximo.
La forma de afrontar las campañas electorales deberá cambiar radicalmente, al ser desaconsejables las reuniones multitudinarias y los mítines en lugares cerrados. En Surinam se dio la circunstancia de que los contagios crecieron justo después de los comicios, aunque no hay ninguna constancia de que ambos hechos estén relacionados. Como recuerda Daniel Zovatto, la pandemia deja, a corto plazo, la obligación de ejercer el voto bajo unos estrictos protocolos sanitarios (medidas de desinfección, incremento del número de lugares para ejercer el sufragio y ampliación de horarios con el objetivo de dificultar las aglomeraciones). A medio y largo plazo plantea el debate sobre la modernización y tecnificación de los mecanismos de votación, como alargar su ejercicio a todo un fin de semana, el impulso al voto electrónico o en el propio domicilio vía telemática.
Dada la existencia de temores fundados, el funcionamiento de las mesas electorales y todo lo relacionado con el voto (la forma de hacer cola, la introducción del sobre en la urna, el papel de las autoridades), el escrutinio posterior y la transmisión de los resultados deberán adecuarse a la “nueva normalidad”. Esta situación se ve agravada, en algunos casos, por claros avances contra la libertad de expresión o por medidas que tienden a recortar la transparencia exigida a instituciones y autoridades.
Un panorama electoral cargado y polarizado
El final de 2020 no sólo contempla un intenso calendario electoral, sino también que, en la mayoría de los casos, las contiendas sean muy polarizadas (Bolivia), con agendas incompatibles o ausencia de consensos sobre el futuro marco institucional (Chile) y con panoramas político-partidistas fragmentados (Brasil). Esta combinación no contribuye a garantizar la gobernabilidad, con conflictos potenciales y crecientes entre el ejecutivo y el legislativo.
La pandemia ha condicionado u obligado a retrasar varios comicios. Las elecciones dominicanas, fijadas para mayo de 2020, se realizaron en julio. Las locales uruguayas, programadas para el 10 de mayo, se postergaron para septiembre. Las bolivianas, las únicas presidenciales en este final de 2020, sufrieron dos retrasos: fueron diferidas del 3 de mayo al 6 de septiembre y, finalmente, fijadas el 18 de octubre. Igualmente, el plebiscito chileno, previsto para el 26 de abril, tendrá lugar el 25 de octubre.
En este final de año se empezarán a sentar las bases del panorama político de 2021, con elecciones presidenciales en Ecuador, Perú, Chile, Nicaragua y Honduras, y legislativas de medio término en México y Argentina. Estas dos últimas serán claves para definir el futuro de la IV Transformación (4T) de Andrés Manuel López Obrador y el segundo bienio de Alberto Fernández y su todopoderosa vicepresidenta Cristina Kirchner. Igualmente serán importantes las elecciones legislativas en El Salvador, donde el presidente Bukele aspira a conquistar una mayoría legislativa de la que ahora carece e impulsar un cambio político e institucional. Figura 2. Postergación de elecciones en América Latina, 2020
| País | Tipo de elección | Fecha inicial | Fecha final |
| República Dominicana | Presidencial | 17 de mayo | 5 de julio |
| Uruguay | Municipales | 10 de mayo | 27 de septiembre |
| Bolivia | Presidenciales | 3 de mayo 6 de septiembre | 18 de octubre |
| México | Locales (Coahuila e Hidalgo) | 7 de julio | 18 de octubre |
| Chile | Plebiscito | 26 de abril | 25 de octubre |
| Brasil | Municipales | 4 de octubre | 15 de noviembre |
| Venezuela | Legislativas | 6 de diciembre |
Fuente: elaboración propia.
Uruguay, un renovado voto de confianza al partido del gobierno
En 2020 las elecciones serán, en la mayoría de los casos, un premio o un castigo para los gobernantes, dependiendo de cómo hayan gestionado la pandemia. El presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou (en el gobierno desde marzo), se perfila como el gran triunfador, tras haber convertido a su país en un ejemplo en la lucha contra el COVID-19. El número diario de casos se ha mantenido en cifras de un solo dígito y se ha logrado sin recurrir al confinamiento obligatorio. Uruguay, con 3,4 millones de habitantes, tenía el 18 de septiembre 1.812 casos (239 activos) y 45 muertes.
Se eligen autoridades departamentales (miembros de las Juntas Departamentales e intendentes) y municipales (alcaldes y concejales). Si bien la crisis económica producto de la pandemia y los recortes del gasto público pueden dañar las opciones del gobierno, todo apunta a una confirmación de los resultados de las presidenciales de 2019:
- Voto de castigo al anterior oficialismo (el Frente Amplio –FA–, de izquierda, que gobernó entre 2005 y 2020). El FA retrocedería, al perder dos de los seis departamentos que controla, aunque seguiría ganando en Montevideo (el mayor por población y peso económico), así como en Canelones, Rocha y Salto, mientras peligra su hegemonía en Río Negro y Paysandú.
- El gran triunfador será el oficialista Partido Blanco o Nacional (PN), que se impondría en 14 departamentos, dos más que en 2012. A Florida, San José, Flores, Durazno, Maldonado, Lavalleja, Cerro Largo, Tacuarembó, Treinta y Tres, Colonia, Soriano y Artigas se podrían unir Río Negro y Paysandú, en manos del FA.
- El Partido Colorado (PC) –socio de gobierno del PN– ganaría un solo departamento (su bastión electoral de Rivera), como en 2015.
Óscar Bottinelli destaca que estos comicios suponen un examen de reválida para el ejecutivo y para la oposición, ya que las “departamentales de 2020 podrían verse –no puede afirmarse con absoluta claridad– como “elecciones de medio período”, o al menos aproximarse algo a esa definición, pues ya transcurren con un gobierno con alto rodaje, no sólo porque va a estar culminando su séptimo mes, sino por la intensidad política, económica y social que implica la pandemia. “En la memoria de todos los uruguayos, febrero es un mes lejano, de otro mundo… Ese antes queda muy lejos de este después”.
La pandemia va a estar muy presente en unas elecciones de voto obligatorio. La Corte Electoral difundió un protocolo que incluye el uso de “tapabocas” (mascarillas), gel hidroalcohólico antes de emitir el voto y distanciamiento en las colas. Además, la población de riesgo (mayores de 65 años y personas con enfermedades) podrá presentar un certificado médico en caso de no poder concurrir a votar.
Bolivia, un doble voto de castigo
El voto de castigo al oficialismo, que explica gran parte de los resultados electorales en 2019, y que comenzó a manifestarse desde 2015, tendrá un doble escenario en Bolivia. Las encuestas indican que el Movimiento al Socialismo (MAS), el anterior oficialismo (2005-2019), deberá afrontar una segunda vuelta por primera vez desde que conquistara el poder en 2005. Esos mismos sondeos han conducido a la presidenta interina Jeanine Áñez, que también era candidata presidencial, a renunciar a su candidatura dada la caída en el apoyo ciudadano que la colocaba muy lejos de poder disputar un balotaje y beneficiaba al MAS, al acentuar la fragmentación del voto de centro y de la derecha. El respaldo a Áñez había disminuido del 18% al 12%, tanto por sus problemas en el combate al COVID-19, como por haber politizado su gestión y roto su promesa de no ser candidata. Cuando asumió el cargo, en noviembre de 2019, tras la huida de Evo Morales, lo hizo como presidenta interina y con el objetivo de organizar, lo antes posible, las presidenciales, manteniéndose al margen de las mismas. Sin embargo, acabó presentando su candidatura y, por lo tanto, politizando la toma de decisiones, que forzosamente pasaban por el tamiz electoral. Ahora la gran incógnita es saber hacia dónde migrarán esos votos: hacia el voto útil que encarna Mesa o hacia las candidaturas más a la derecha (sobre todo hacia el “cruceñista” Camacho). Algunas encuestas calculan que en torno a dos tercios del voto a Áñez migraría hacia Mesa y un tercio a Camacho.
El MAS, que entre 2005 y 2015 sumaba cerca del 55% de los votos (y hasta más del 60%) en cada elección, caería al 30%. Esto no ocurriría sólo por el desgaste de más de una década en el poder –como se percibió en las elecciones suspendidas del año pasado– y el colapso del régimen en octubre-noviembre de 2019. También hay que considerar que la estrategia de las últimas semanas ha golpeado la imagen del partido por su apoyo a los bloqueos de carreteras en plena pandemia, dificultando la llegada de insumos a los hospitales durante la plena alerta sanitaria. También pesará su lejanía del poder, la falta de control sobre ciertos medios y la menor disponibilidad de recursos públicos, así como la repercusión de ciertos escándalos que salpicaron a Morales (relaciones sexuales con menores y corrupción) y a otros dirigentes partidarios (corrupción).
Gracias al voto duro que aún conserva el MAS (y la adhesión a su líder), así como a la fragmentación del voto antimasista, el candidato impuesto por Morales (Luis Arce, su exministro de Economía) podría disputar la segunda vuelta, al contar con un 33% de intención del voto. Su más probable rival sería el expresidente Carlos Mesa, que con un 32% de apoyo lidera el muy dividido voto de centroderecha, en donde además de Mesa estaban la presidenta Áñez (17%) –ya fuera de la carrera presidencial–, Luis Fernando Camacho (9%), Jorge Quiroga (5%) y Chi Hyung Chung (3%). En una segunda vuelta, Mesa se impondría a Arce como apunta la encuesta de agosto de Mercados y Muestras para Página Siete. Los últimos sondeos fortalecen a Arce, que amplía su ventaja pero sin estar garantizada la victoria en la primera vuelta. Esto lo apuntan tanto la encuesta de Ciesmori de septiembre (Arce, 37% del voto válido, Mesa, 24%, y Áñez, 14%), como la última de Mercados y Muestras (Arce, 37%, y Mesa, 32%, con Áñez y Camacho empatados en el 12%). Estos resultados que podrían variar debido a la existencia de un amplio voto oculto y por el peso del voto rural, donde el masismo cuenta con muchos apoyos, lo que podría ampliar la ventaja de Arce.
La actual campaña preanuncia la situación del país en el próximo quinquenio, gane quien gane. La marcada polarización política sobre el eje evismo-antievismo divide y fractura al país y lleva a las fuerzas políticas a posiciones extremas: el MAS apoyando los bloqueos de carretera y la oposición con campañas negras contra Morales, acusándolo de pederasta y terrorista. El eje de la campaña ha pasado por el regreso del MAS al poder y por permitirle a Morales participar en los comicios. Esa fractura se ha visto incrementada por ciertas decisiones, como su exclusión electoral, dado su autoexilio en Argentina. Ha sido inhabilitado como candidato al Senado por Cochabamba, primero en febrero por el Tribunal Electoral y en septiembre por el Tribunal de Justicia de La Paz, al no cumplir con el requisito legal que exige a los candidatos residir en el lugar al que aspiran a representar.1 Esta decisión, si bien saca de la campaña a Evo, lo victimiza y refuerza los vínculos entre el partido y sus seguidores más incondicionales.
En ese contexto tan polarizado, Mesa presenta un perfil bajo (pocas apariciones públicas y críticas más matizadas al evismo), con el fin de ganar el voto centrista, más tibio y blando con el MAS. Áñez encarna un voto radicalmente antimasista, que Mesa espera atraer en la segunda vuelta, cuando se juegue el regreso del MAS al poder. Él no es el candidato preferido ni por los partidarios de Áñez ni por el cruceñismo (el departamento de Santa Cruz –motor económico del país– tiene en Camacho a su teórico candidato), pero su estrategia pasa por que el “voto del espanto” (el temor a un regreso del MAS al poder) unifique el voto anti-Evo en la segunda vuelta.
Bolsonaro, a examen
En Brasil las elecciones locales serán un test tanto para los aliados de Jair Bolsonaro, como para los mandatarios locales que han afrontado la crisis de la pandemia en contra de las recomendaciones del gobierno federal. La mirada del mandatario está puesta, sin embargo, en las presidenciales de 2022 y, sobre todo, en mantener a salvo su patrimonio político. Su repunte en las encuestas lo deja bien posicionado para la reelección, al ser nuevamente, como en 2018, la única alternativa ante un posible regreso del PT de Lula o una victoria de la izquierda.
Bolsonaro fracasó al intentar crear su propio partido (Aliança pelo Brasil) para las municipales, por eso optó por una cierta distancia y un discreto respaldo a ciertos candidatos, especialmente en la primera vuelta. Su objetivo es no verse salpicado por posibles derrotas de aliados circunstanciales: “Tengo mucho trabajo en la Presidencia y esa actividad me llevaría todo el tiempo en un momento de pandemia y de recuperación de nuestra economía”. En Rio de Janeiro, por ejemplo, ha mostrado cercanía con Marcelo Crivella, obispo evangélico de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que busca reelegirse como prefecto carioca. Sin embargo, los recientes escándalos que lo rodean han aumentado la lejanía del presidente en estos comicios.
Bolsonaro busca conservar el apoyo popular, que ha aumentado en los últimos meses. Según una encuesta de Datafolha, su aprobación pasó del 33% al 37% y el rechazo bajó del 44% al 33%. Este respaldo se sostiene en dos pilares. En primer lugar, en su capacidad de llegada. Como describe el expresidente Fernando Henrique Cardoso, sabe captar las expectativas y el pensamiento del brasileño medio: “Llegó allí porque es como el hombre común. Estalla, dice tonterías de una manera grosera. Pero su mensaje llega a las personas, que son la mayoría, que son similares a este estilo”.
En segundo lugar, esa subida en las encuestas se explica en las políticas de ayuda social que ha impulsado a raíz de la crisis económica desatada por la pandemia. El PIB brasileño cayó un 9,7% en el segundo trimestre de 2020, en comparación con el primero. Ante esta crisis económica, con repercusiones sociales, su gobierno ha aparcado las reformas liberales del ministro de Economía, Paulo Guedes, para centrarse en un programa de ayuda de emergencia a las familias pobres, un subsidio mensual de 600 reales (unos 100 dólares) a 64 millones de brasileños que ganan menos de 500 reales mensuales. Esto no solo ha aliviado la situación de muchas familias, sino que también explica su subida en los sondeos. En este tiempo han pasado a un segundo plano su gestión de la crisis (con tres ministros de Sanidad desde febrero), que Brasil sea el líder regional en la expansión del virus, sus tesis negacionistas o su minusvaloración de la pandemia.
Como señala Thomas Trauman en Americas Quarterly, “¿Cómo explicar este cambio en la conversación nacional? ¿Y en el comportamiento cotidiano de los brasileños? En dos palabras: Jair Bolsonaro. El presidente… ha hecho un trabajo desastroso con la respuesta de salud pública a la pandemia… Pero está ganando la guerra narrativa, que lo enfrenta a científicos, periódicos y líderes de la oposición, y sus cifras de aprobación se han fortalecido en las últimas encuestas al 50%… Hay muchas razones para la victoria de Bolsonaro, pero una destaca: entiende el alma y los temores del brasileño medio mejor quizá que cualquier otro político en 2020… A partir de su propia intuición, y quizás de algunos familiares y asesores, Bolsonaro entendió que la primera preocupación de los brasileños sería su propia supervivencia económica. Los expertos en salud pública insisten en que el debate entre economía y cuarentena es falso: que la economía eventualmente sufriría incluso sin un cierre. Pero la mayoría de los brasileños no lo veía así. Por tanto, el presidente de Brasil hizo todo lo posible para minimizar los efectos del COVID-19, boicotear las recomendaciones científicas y bloquear las iniciativas de cuarentena de gobernadores y alcaldes”.
A Bolsonaro le favorece no sólo su propia mejora en las encuestas sino también la división de la izquierda brasileña. Como dice Carlos Siqueira, presidente del Partido Socialista Brasileño (PSB), “no existe unidad en la izquierda. Cada uno va a la suya”. Los principales partidos (de los Trabajadores, Socialista Brasileño, Democrático Laborista, Comunista de Brasil, Socialismo y Libertad y Red de Sostenibilidad) irán por separado y competirán entre sí. Sin embargo, el expresidente Lula da Silva, a diferencia de Bolsonaro, está teniendo un elevado protagonismo en esta campaña, tratando de mejorar las opciones del PT en las municipales como forma de reconstruir una plataforma de poder local desde la que impulsar una candidatura presidencial petista más fuerte en 2022. Su opción y la de muchos dirigentes del partido es con el propio Lula como candidato.
Chile, cambio constitucional sin amplios consensos
Chile, que en 2021 deberá elegir nuevo presidente, empieza el camino hacia un cambio institucional buscando enterrar la Constitución de 1980, elaborada durante la dictadura de Pinochet y muy reformada al final del régimen militar y en las presidencias de Ricardo Lagos (2000-2006) y la segunda de Michelle Bachelet (2014-2018). Sebastián Piñera, acosado por las protestas sociales de octubre pasado, optó por un cambio constitucional que nunca deseó, y que era una clara aspiración del centroizquierda (la vieja Concertación), de la nueva izquierda (Frente Amplio) y del Partido Comunista.
El plebiscito para permitir o no la reforma de la Constitución se saldará con una abrumadora mayoría del “Sí”, que podría oscilar entre el 60% y el 70% de los votantes. La incógnita es cómo se solucionará el gran reto que afronta el país: que la clase política sea capaz de construir consensos intra e inter partidarios para elaborar una Constitución que acoja a todas las sensibilidades. Por el momento, es mucho más lo que diferencia que lo que une al oficialismo (Chile Vamos) con el centroizquierda (la antigua Concertación), la izquierda (Frente Amplio) e incluso hay serias diferencias al interior de todas estas coaliciones y dentro de cada fuerza política. Así, por ejemplo, dentro de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de sus referentes, el presidenciable Joaquín Lavín, defiende la opción del “apruebo” para iniciar el cambio constitucional, mientras otros dirigentes del partido, cuyo líder histórico Jaime Guzmán fue el padre de la actual Constitución, apoyan el “rechazo” de la reforma.
En el centroderecha hay partidarios tanto del “apruebo” como del “rechazo” al cambio constitucional, una fractura transversal que afecta a todos los partidos del bloque. Tampoco hay acuerdo sobre qué constitución apoyar. Así pues, el tramo más fácil (aprobar en plebiscito el inicio del cambio constitucional) dará paso a un período lleno de tensiones e incertidumbres con vistas a las elecciones para la futura Convención Constituyente (abril de 2021), con sesiones en un período poco propicio para negociar y alcanzar acuerdos, en plena campaña electoral para las presidenciales de noviembre.
Otro reto es lograr una amplia participación que legitime los resultados, algo complejo al coincidir el plebiscito con la pandemia. Como señala La Tercera, “es indudable que el referéndum… plantea muchos desafíos, uno de los cuales es buscar todos los mecanismos posibles para asegurar una amplia participación ciudadana. Nuevamente, esto no debe implicar la postergación de la consulta; significa hacer todos los esfuerzos para que las personas, especialmente los mayores, sientan que están frente a un evento seguro”.
El rompecabezas de Venezuela
En Venezuela todo parecía preparado para que el oficialismo venciera en las elecciones legislativas y que el único rastro opositor fueran unas fuerzas no chavistas “amables” con el poder tras haber sido intervenidas por organismos judiciales progubernamentales. La oposición no aliada con el gobierno, liderada por Juan Guaidó, abogaba por no participar, al considerar que su presencia legitimaba al régimen. Boicotear los comicios implicaba quedar fuera del Parlamento y dar carta blanca al gobierno, repitiendo el mismo error de 2005, cuando no se participó en las legislativas y durante años el chavismo careció de control y contrapeso institucional.
El panorama se ha transformado tras las conversaciones entre el chavismo y la facción opositora liderada por Henrique Capriles, un cambio plasmado en el indulto de Nicolás Maduro a más de 100 presos políticos y diputados. Su gobierno también ha invitado a la UE y a la ONU como observadores del proceso electoral. Por último, el Tribunal Supremo dejó sin efecto el nombramiento del “opositor” Luis Parra como máximo representante de Primero Justicia, fuerza política que vuelve a estar bajo el control de sus dirigentes históricos.
De todos estos movimientos sale ganando, por ahora, el régimen, que ha logrado aumentar la división opositora y lavar, en parte, su imagen internacional gracias a la liberación de presos y al acercamiento a una parte de la oposición (Capriles), no cooptada por el gobierno y que cuenta con el visto bueno de parte de la comunidad internacional. La oposición incluye ahora tres diferentes tipos de partidos y coaliciones enfrentadas: las 27 organizaciones que respaldan la abstención en los comicios, como propone Guaidó; el sector que lidera Capriles, que acepta participar en las elecciones a la vez que aspira a que la presión de la UE le permita obtener mejores condiciones electorales e incluso postergar la elección; y una oposición domesticada y cooptada de partidos minoritarios que han pactado con Maduro.
El antichavismo ha quedado atrapado en una guerra civil interna (Guaidó/Leopoldo López vs Henrique Capriles) en la que Capriles parece tener las mejores opciones. Al participar en los comicios logrará presencia institucional, cierta capacidad de supervisión sobre el ejecutivo y, sobre todo, un creciente apoyo exterior, en especial de la UE. Aquí se incluye a España, que apuesta por una salida negociada y no por la vía insurreccional. Por el contrario, es cada vez más evidente que la opción que encarna Guaidó ha tocado techo y ha entrado en un callejón sin salida (la apuesta abstencionista es una clara muestra), mientras se debilitan sus apoyos internacionales, y mucho más en caso de derrota de Donald Trump en noviembre.
Conclusiones
América Latina, aún en pleno pico de la pandemia, concluirá 2020 con una intensa actividad electoral, que se prolongará durante todo 2021. Un período marcado por cuatro variables que condicionarán el curso político.
En primer lugar, la persistencia de una pronunciada polarización política, con agendas nacionales poco compatibles –o directamente incompatibles– entre los diferentes actores. El eje de la polarización en Bolivia pasa por la defensa o rechazo de la figura de Morales, cuyo liderazgo la fractura en dos partes irreconciliables. En Chile, el mayoritario consenso para reformar la Constitución (más aparente que real dentro de los partidos políticos, sobre todo del centroderecha) esconde posiciones distantes en cuanto a cómo y qué debe ser el futuro marco de convivencia institucional. Una polarización que será cada vez más marcada a corto plazo. Por ejemplo, las legislativas de El Salvador en 2021 serán un duelo entre los partidarios y detractores de Bukele.
Asimismo, esta polarización va de la mano de una elevada fragmentación dentro de los diferentes bloques políticos. La derecha y el centroderecha bolivianos acudían a las elecciones divididos en cinco fuerzas, mientras la oposición antichavista presenta liderazgos (Capriles y López) y estrategias incompatibles. Esa fragmentación va a ser una constante en 2021 (en Ecuador hay 16 precandidatos para las elecciones presidenciales). A la fragmentación de las oposiciones se une el debilitamiento de antiguas hegemonías, como la del MAS en Bolivia. Sin embargo, la renuncia de la candidatura de la presidenta Añez muestra la preocupación de algunos sectores de la derecha boliviana de no repetir errores del pasado. La división del voto podría favorecer al MAS, ya que si su candidato obtiene más del 40% de los votos y una diferencia mayor al 10% respecto al segundo evitaría la segunda vuelta y, de ese modo, el regreso de los seguidores de Morales al poder estaría asegurado.
En tercer lugar, persistirá el marcado voto de castigo a los gobiernos –salvo en Uruguay y en El Salvador, en 2021– por los problemas políticos, institucionales y económico-sociales heredados tras la anterior bonanza, a los que se ha unido la mala gestión de la pandemia y el agravamiento de la situación económica y social. Esta mezcla alimenta los sentimientos preexistentes de desafección y frustración de expectativas que han definido la situación latinoamericana desde 2013 y que explican este voto de castigo.
Finalmente, estas características (mayor polarización, incremento de la fragmentación y persistencia de la frustración) delinean un panorama en el que la posibilidad de llegar a acuerdos y grandes consensos se hace más complejo, tanto para impulsar reformas político-institucionales (Chile y Bolivia) o para plantear transformaciones económicas y de la matriz productiva.
La pandemia representa un reto político –además de económico y social– para los sistemas democráticos de América Latina. Si se quiere mantener la democracia y sus instituciones en funcionamiento será necesario garantizar el conjunto de libertades y derechos que permiten celebrar los comicios en condiciones de equidad para toda la ciudadanía. Así como en el pasado se ponían los medios para que las personas de mayor edad y aquellos con problemas de movilidad pudieran acudir a las urnas, en estos momentos, y con independencia de si el sufragio es obligatorio o no, habría que impulsar todas las medidas que hagan posible votar con entera normalidad, incluyendo a los afectados por el COVID-19.
Carlos Malamud
Investigador principal, Real instituto Elcano | @CarlosMalamud
Rogelio Núñez
Investigador senior asociado del Real Instituto Elcano y profesor colaborador del IELAT, Universidad de Alcalá de Henares | @RNCASTELLANO
1En Ecuador el expresidente Rafael Correa, huido a Bélgica tras ser condenado por la justicia de su país, también ha sido excluido por los jueces para poder presentarse como candidato a vicepresidente en las elecciones presidenciales de 2021.
