Tema: No hay dudas sobre la victoria de Obama entre los hispanos en las elecciones norteamericanas de noviembre, pero sí sobre el peso del voto hispano en los estados en disputa.
Resumen: Los hispanos de EEUU se han convertido en una poderosa fuerza electoral, cuyo voto se orienta tradicionalmente de forma mayoritaria hacia el Partido Demócrata. En esta ocasión a esa tendencia se suma la nula cercanía de los candidatos republicanos, Romney y Ryan, con la población hispana, su insistencia en deportar a todos los inmigrantes irregulares o hacerles la vida imposible en EEUU, y sus propuestas de política económica. Sin embargo, el peso electoral de los hispanos está todavía muy por debajo de su peso demográfico, en gran medida porque una buena parte no acude a registrase como votante.
Análisis: Con más de 50 millones de personas, los hispanos forman ya la mayor minoría de EEUU, y su influencia política crece con su tamaño. En conjunto, uno de cada seis estadounidense es de origen hispano (el 16%) y su número no ha cesado de aumentar en las últimas décadas por la nueva inmigración y por la natalidad. Aunque se encuentran presentes en todos los estados de la Unión, su distribución es muy desigual, con una gran concentración en los estados del sur y del oeste: son la quinta parte de la población en Florida y Colorado, la cuarta parte en Nevada, más de un tercio en Arizona, Tejas y California, y la mitad en Nuevo Méjico. En varios de los estados en que se va a centrar la batalla electoral entre Obama y Romney, como Colorado, Florida y Nevada, estados cuyo resultado es dudoso, el voto hispano será clave para decidir el futuro presidente. Conviene recordar que el sistema electoral norteamericano ofrece al candidato ganador en cada estado todos los “votos electorales” asignados a ese estado (entre uno y 55 según el tamaño de su población) y que el ganador es el candidato que finalmente suma más “votos electorales” en el conjunto de la Unión. Por este motivo la campaña electoral se centra en aquellos estados de resultado dudoso, en los que las encuestas no ofrecen una ventaja clara de ninguno de los dos candidatos.
Pese a su crecimiento, el poder político-electoral de los hispanos está todavía muy por debajo de su tamaño demográfico, disminuido por varios factores, algunos inevitables y otros corregibles. Una gran parte de los hispanos no cumple las condiciones necesarias para acceder al derecho al voto: muchos no han adquirido aún la nacionalidad norteamericana porque su llegada al país es reciente y otros muchos no alcanzan la edad mínima requerida para votar (18 años). Sólo el 42% de los hispanos cumple las dos condiciones, frente al 77% entre los blancos no hispanos. Pero en EEUU sólo pueden votar los que previamente se registran para ello, y en 2008 sólo se registraron para votar el 60% de los hispanos con derecho a voto. Finalmente, en las últimas elecciones presidenciales sólo votó el 50% de los adultos hispanos de ciudadanía estadounidense, un porcentaje pequeño si se compara con el 66% de los blancos no hispanos o el 65% de los negros no hispanos en esas mismas elecciones. En total el voto hispano supuso sólo el 7% de los que se emitieron en el 2008.
Desde el año 2011 la influencia política hispana se enfrenta a un nuevo reto: las propuestas de 16 estados para modificar los requisitos exigibles para registrarse como votante en su territorio. Es competencia de cada estado legislar en esta materia. Hasta ahora bastaba generalmente con proporcionar los datos de identidad y dirección pero las propuestas de modificación exigen la presentación de documentos acreditativos, como el certificado de nacimiento o documentos de identificación oficiales con fotografía. Según el estudio realizado por el Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, un 11% de los ciudadanos estadounidenses (unos 21 millones de personas) carecen de un documento de ese tipo y son sobre todo las minorías negra e hispana las que resultan más perjudicadas por el cambio en la normativa. Otras medidas restrictivas son la supresión de la posibilidad de registrarse como votante el mismo día de las elecciones, la reducción del período para el voto anticipado y la restricción de la actividad de los registration drives, acciones de individuos u organizaciones privadas que cumplen un papel importante en el fomento del registro para el voto. Los estados argumentan que estas normas son necesarias para evitar el fraude electoral pero sus detractores aseguran que no existe ninguna prueba de que se esté produciendo ese fraude y apuntan a una táctica defensiva de las mayorías “blancas” frente a las crecientes minorías. Muchas de estas normas están recurridas por el fiscal general o por organizaciones de defensa de los derechos humanos pero no está claro cuáles estarán ya en vigor el día de las próximas elecciones.
Contra esta oleada de modificaciones, que se suceden desde 2011, conscientes de que esa tendencia a no registrarse para votar es la principal debilidad política de los hispanos, las asociaciones de defensa de los intereses hispanos se esfuerzan por animar a la participación electoral de esta población, empezando por el registro. Los pronósticos electorales auguran un aumento del total del voto hispano: se espera que éste suponga entre un 8% y un 9% de los que se emitan en noviembre en toda la Unión. Sin embargo, el voto hispano no es homogéneo, del mismo modo que la población hispana es heterogénea en muchos otros aspectos. Un empresario cubano de Florida tiene poco en común, en términos políticos, con un jornalero agrícola mexicano de California, por poner algún ejemplo. Comparten algunos elementos, como el idioma y una actitud más conservadora en todo lo relacionado con la religión, la familia, el trato a los mayores o la moral sexual, una actitud que acerca a los hispanos al Partido Republicano. Pero hay otros elementos más poderosos que atraen tradicionalmente a los hispanos hacia el voto Demócrata: los Demócratas son, en conjunto, más sensibles a las necesidades de protección social de la población de menos ingresos y los hispanos forman una buena parte de esa población. De modo que, aunque se sienten cerca del discurso conservador de los Republicanos sobre los valores morales, la mayor parte de los hispanos vota a los Demócratas. Por otra parte, éstos son más abiertos a la participación de las minorías en la vida política e institucional: de los 26 miembros hispanos de la Cámara de Representantes, 19 son Demócratas (el 10% de los representantes Demócratas) y siete Republicanos (el 3% de los representantes Republicanos). La Administración de Obama ha incluido a dos hispanos en su gobierno, a la cabeza de los departamentos de Trabajo y de Interior, y ha nombrado a una mujer de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor, como juez del Tribunal Supremo, un nombramiento de un alto valor simbólico por tratarse de una mujer de origen muy humilde, criada en el Bronx neoyorquino y diabética desde niña, que parece resumir en su biografía el sueño americano que promete la recompensa del esfuerzo y la igualdad de oportunidades.
Figura 1. Voto de la población hispana en elecciones presidenciales, 1996-2008
Fuente: Mark Hugo Lopez: The Hispanic Vote in the 2008 Election. Pew Hispanic Center.
También en esta ocasión las encuestas preelectorales y los estudios de opinión muestran un claro predominio del voto Demócrata frente al Republicano entre la población hispana. A los factores que tradicionalmente han producido un mayor voto Demócrata hay que añadir en esta campaña la visibilidad de la política migratoria y la clara diferencia de los discursos Republicanos y Demócratas respecto a la inmigración irregular. El presidente Obama no ha podido cumplir su promesa electoral de 2008 de una reforma general de la normativa migratoria que diera una solución a la presencia de los alrededor de 12 millones de inmigrantes “sin papeles” –la gran mayoría hispanos– ni ha podido sacar adelante en el Senado, por la negativa Republicana, la llamada Dream Act que habría abierto una puerta a los inmigrantes irregulares que llegaron como niños a EEUU y que han estado escolarizados o incluso han sido contratados como soldados profesionales. Cientos de miles de esos niños sólo hablan inglés y no han estado nunca en el país del que proceden sus padres. Ante el bloqueo parlamentario a la Dream Act en 2010, la Administración Obama ha lanzado el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), que suspende durante dos años prorrogables la deportación de inmigrantes de entre 15 y 31 años de edad que hayan residido en el país en los últimos cinco años, estén escolarizados, hayan obtenido su título de educación secundaria en una high school o hayan servido en el Ejército. El programa también les proporciona un permiso de trabajo, lo que equivale en la práctica a una regularización. El programa DACA ha sido muy criticado por el Partido Republicano, que ve en él un premio a la inmigración irregular y un paso en la dirección equivocada. La alternativa republicana para la inmigración irregular es hacer la vida imposible a los irregulares, impidiéndoles el acceso a los servicios públicos e incrementando la vigilancia laboral, de tal forma que decidan voluntariamente marcharse.
Los Republicanos han mantenido en los últimos cuatro años discursos duros contra la inmigración irregular y han alentado en varios estados que gobiernan una actividad legislativa dirigida a dificultar la vida de los irregulares. A su vez, estas iniciativas estatales han provocado un conflicto de competencias entre los estados y el gobierno federal que se está resolviendo en los tribunales. El caso más conocido es el de Arizona y su ley 1070, que el gobierno federal denunció y que ha sido anulada en parte por el Tribunal Supremo, que sentenció que la regulación de la inmigración es una competencia federal. Pero también Alabama, Carolina del Sur y Utah están a la espera de sentencias del Tribunal Supremo sobre leyes semejantes aprobadas a lo largo de 2010 y 2011.
Republicanos y Demócratas también discrepan respecto a cómo abordar la inmigración necesaria en el futuro: los primeros plantean en su programa electoral un esquema semejante al aplicado en Alemania durante los años 60, el de los “trabajadores invitados” o guest workers, en cuya filosofía late la confianza en la provisionalidad de su estancia. Los Demócratas, por su parte, plantean medidas que combinan la legalización de parte de la inmigración irregular con la apertura de canales de inmigración legal abiertos a la adquisición de la residencia permanente.
Las opciones de política migratoria son importantes para la población hispana aunque eso no implica que esté masivamente a favor de la regularización de los hispanos irregulares. En este terreno, como en otros, hay una gran diferencia entre los recién llegados y los ya bien asentados. Los segundos tienden a asemejarse, en sus opciones sobre inmigración, al conjunto de la población estadounidense pero, en cualquier caso, rechazan normas como la ley de Arizona, que puede convertir en “sospechoso” a cualquier individuo de aspecto hispano.
También la crisis económica ha favorecido el apoyo electoral hispano a los Demócratas al aumentar la población necesitada de ayudas estatales. La crisis ha tenido un efecto especialmente negativo sobre la población hispana, con una tasa de paro que supera en tres puntos a la media (11% frente al 8%) y con un porcentaje de pobres (27%) muy superior al de los blancos no hispanos (10%). La reducción de oportunidades en EEUU ha provocado también un descenso considerable de la inmigración mejicana: por primera vez el saldo migratorio entre EEUU y México es negativo para el primero.
Por último, entre los factores que perjudican a los Republicanos, la elección de Paul Ryan como candidato a vicepresidente tiene un gran peso. Ryan procede de Wisconsin, un estado con muy poca presencia hispana (5%) y no habla una palabra de español con que poder cortejar el voto hispano. El Partido Republicano cuenta con varias figuras que podrían haber cumplido ese papel de atracción del voto hispano, como Marco Rubio, de origen cubano y senador por Florida, que estuvo entre los candidatos a la nominación como vicepresidente. Pero la gran influencia del Tea Party sobre el Partido Republicano impuso finalmente a Paul Ryan.
Paul Ryan es, además, un miembro prominente de la facción más restrictiva ante la inmigración del Partido Republicano: se ha opuesto con fuerza a la Dream Act y apoyó en el 2005 la ley Sensenbrenner, el intento legislativo más radical de impedir la inmigración irregular. La ley Sensenbrenner (denominada así por el congresista que la impulsó) fue aprobada en el Congreso pero rechazada en el Senado, después de provocar una importante oleada de protestas. Para colmo, las propuestas de Paul Ryan de reforma radical y privatizadora del seguro Medicare, que presta servicio médico a los jubilados, le han granjeado las antipatías de los mayores, hispanos o no. Muchos de estos jubilados se concentran en Florida, uno de los estados en disputa. Por último, el hecho de que Ryan se opusiera en el pasado al bloqueo estadounidense a Cuba –una posición que después ha matizado– tampoco le ayuda entre los cubanos, que suponen la mayoría de la población hispana de Florida. De modo que ni siquiera entre el único grupo hispano que solía votar Republicano, el de los cubanos de Florida, tiene Romney ventaja en esta ocasión.
Las encuestas pronostican la peor derrota electoral de los Republicanos entre los hispanos en la historia reciente: una encuesta de USA Today/Gallup de junio les otorgaba el 25% del voto entre los hispanos registrados para votar (frente al 66% para Obama), un resultado aún peor que el de McCain en 2008, que obtuvo el 31%. Los resultados son aún más favorables a Obama entre las mujeres hispanas, con un 74% de apoyo (ImpreMedia Tracking Poll). Hay que retroceder hasta 1996, cuando Clinton se enfrentó a Dole, para encontrar un resultado peor.
Conclusiones: No hay dudas sobre la victoria de Obama entre el electorado hispano en noviembre, motivada a medias por los logros de su Administración y a medias por el temor que inspiran entre los hispanos las figuras de Romney y Ryan, que han hecho poco por captar el voto hispano y mantienen una posición muy restrictiva ante la inmigración y de crítica a todo tipo de programas de ayuda social a los grupos más pobres, entre los que se encuentran muchos hispanos. Sin embargo, la influencia del voto hispano en los resultados finales, en los estados en que Demócratas y Republicanos aparecen empatados, dependerá de su grado de participación electoral, comenzando por su registro previo para votar. Este registro suele ser bajo y en esta ocasión puede verse limitado además por la modificación de las normas estatales que lo regulan. Por otra parte, contrarrestando este efecto, la crisis económica y la clara diferencia de las propuestas de política económica y migratoria entre ambos candidatos pueden incentivar en noviembre la participación electoral de los hispanos.
Carmen González Enríquez
Investigadora principal de Demografía y Migraciones Internacionales del Real Instituto Elcano
