Tema: El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya ha fallado que el muro de 650 kilómetros que Israel construye en los Territorios Ocupados palestinos “es contrario a la legalidad internacional”. A pesar de que el veredicto no es vinculante, Israel podría verse obligado a revisar su trayectoria para evitar eventuales presiones de la comunidad internacional.
Resumen: Aunque es pronto para evaluar las consecuencias que tendrá el veredicto de la máxima instancia judicial de Naciones Unidas, es evidente que representa un serio contratiempo para las autoridades israelíes. El fallo, que reclama la paralización de la barrera y la demolición de las porciones ya construidas, coloca al Gobierno israelí en una situación delicada. Aunque la Unión Europea no se plantee la revisión de su Tratado de Asociación, ni tampoco EEUU contemple la posibilidad de presionar a su principal aliado en Oriente Medio, lo cierto es que la decisión del TIJ puede motivar la formación de un Gobierno de coalición entre el Likud y el Partido Laborista que acelere la evacuación de la Franja de Gaza y retome la Hoja de Ruta.
Análisis: En verano de 2002, aprovechando una oleada de atentados suicidas, el Gobierno dirigido por Ariel Sharon inició la construcción de una barrera de más de 650 kilómetros de longitud para separar Israel de los Territorios Ocupados palestinos, aunque no llegó a hacer público su trazado definitivo. Con esta decisión, el ejecutivo israelí mostraba su escasa confianza en la reanudación del proceso de paz y ponía de manifiesto su poca predisposición a alcanzar una solución negociada de la cuestión palestina.
Después del fracaso de las negociaciones de Camp David y del estallido de la Intifada del Aqsa, el Gobierno Sharon intensificó su política de hechos consumados destinada a entorpecer la creación de un Estado palestino viable y soberano. Esta política, mantenida hasta el día de hoy, se basa en la colonización de los Territorios Ocupados (donde ya viven más de 435.000 colonos), la judaización del Gran Jerusalén (que divide en dos a Cisjordania) y la nacionalización de los recursos naturales palestinos (incluida el agua, de vital importancia por su carestía en la región). No por casualidad, la mayor parte de los asentamientos construidos ilegalmente desde la guerra de los Seis Días, al igual que los acuíferos, quedarán del lado israelí una vez que se complete la construcción del muro.
¿Valla de Seguridad o Muro de Separación?
Para los dirigentes palestinos, no hay duda de que la barrera es un auténtico Muro de Separación que se inscribe dentro de la política de hechos consumados desarrollada por los diferentes Gobiernos israelíes en el curso de la última década. No comparten por lo tanto el planteamiento israelí de que el único propósito del muro, al que en Israel se denomina Valla de Seguridad, sea el de frenar a los kamikazes que se infiltran desde los Territorios Ocupados y el de poner fin a la sangría provocada por los atentados suicidas.
Una de las principales objeciones que pueden plantearse a la construcción del muro es que, para garantizar la seguridad israelí, sacrifica los más elementales derechos de los palestinos. En lugar de seguir la Línea Verde (la frontera oficiosa de Israel establecida en 1949), las autoridades israelíes han impuesto un trazado que en la mayor parte de los casos se adentra en los territorios palestinos anexando de facto una parte nada desdeñable del terreno que queda entre dicha línea y el muro, convertido unilateralmente en una “zona militar cerrada”. Este fenómeno es especialmente visible en las zonas colindantes con la Línea Verde, en el entorno del Gran Jerusalén y en el valle del Jordán que marca la frontera con Jordania.
Al haber finalizado la construcción de su primer tramo de 157 kilómetros, ya pueden comprobarse los efectos que el muro está teniendo sobre la población palestina. Según un informe de la organización israelí B’tselem publicado en marzo de 2003, este primer tramo “perjudica directamente al menos a 210.000 palestinos que viven en 67 aldeas, pueblos y ciudades” (B’tselem, Behind the Barrier, Jerusalén, 2003). Más de 11.000 palestinos han quedado atrapados entre el muro y la Línea Verde y, por lo tanto, incomunicados de los territorios palestinos circundantes. Otros, entre ellos los 40.000 habitantes de Qalqilia, han visto cómo las fuerzas de ocupación se apoderaban del 55% de los cultivos que rodeaban la ciudad y de los cuales vivían sus pobladores. Otra de sus quejas es que la única entrada y salida de la ciudad es un puesto de control (check-point) que es abierto y cerrado de forma arbitraria.
Ya antes del fallo del TIJ, varios organismos internacionales advirtieron de las devastadoras consecuencias del muro. El 8 de septiembre de 2003, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un informe en el que se señalaba: “El Muro no sigue la Línea Verde que demarca la frontera de facto entre Israel y Palestina. Al contrario, incorpora importantes zonas de Cisjordania a Israel. Los palestinos que viven entre el Muro y la Línea Verde quedarán aislados de sus terrenos de cultivo, así como de sus lugares de trabajo, escuelas, centros, centros de salud y otros servicios sociales”. Pero el acento mayor lo ponía la mencionada Comisión de Derechos Humanos en el peligro efectivo de que surja “una nueva generación de refugiados o desplazados internos” ya que “las evidencias demuestran que Israel tiene la voluntad de crear hechos sobre el terreno que conduzcan a una anexión de facto”. Es decir, amparándose en razones de seguridad, Israel podría estar trazando de manera unilateral las fronteras definitivas del futuro Estado palestino que, de esta manera, no abarcaría la mayor parte de los Territorios Ocupados desde 1967, tal y como recomienda la resolución 1.397 del Consejo de Seguridad, sino tan sólo una porción de los mismos.
Por medio del muro, Israel pretendería, según Jeff Halper, coordinador del Comité Israelí contra la Demolición de Casas, tres objetivos. En primer lugar se perseguiría la “separación” entre las poblaciones israelí y palestina en los Territorios Ocupados con el propósito de garantizar el control israelí de Jerusalén y de la red de asentamientos de Cisjordania. En segundo lugar se buscaría profundizar en la cantonización iniciada tras el proceso de Oslo con la delimitación de nuevas “zonas militares cerradas”. En tercer y último lugar se pretendería continuar con la política de hechos consumados basada en la modificación unilateral del statu quo de los territorios para hacer irreversible la presencia israelí e inviable la creación de un Estado palestino (Jeff Halper, “Incarceration or Transfer: The Post-incursion Plan”, Center for Policy Analysis on Palestine, Information Brief, nr 92, 29/V/2002).
Ilan Pappé, uno de los máximos exponentes de la “nueva historia israelí”, también duda de que la única finalidad del muro sea la de preservar la seguridad. Pappé, profesor de la Universidad de Haifa, considera que “la valla sirve a la ambición pasada y presente de Israel de destruir Palestina de una vez por todas […]. Con la ayuda de esta valla (en realidad, un muro), Sharon decide qué parte de Palestina quedará para las futuras generaciones: la mitad de Cisjordania dividida en cantones aislados y un islote sobre el 75% de Gaza. En estas áreas se dejará a los palestinos gestionar sus propios asuntos municipales e, incluso, se les permitirá llamar a estos pedazos de territorio ‘Estado’ ” (Ilan Pappé, “The Fence at the Heart of Palestine”, Al-Ahram Weekly, 11-17/VII/2002).
El fallo del Tribunal Internacional de Justicia
Tras deliberar durante más de tres meses, el TIJ emitió el 9 de julio de 2004 su fallo sobre “las consecuencias legales de la construcción de la barrera en los territorios palestinos ocupados”. De esta manera cumplía con la petición de la Asamblea General de Naciones Unidas que, en su resolución ES-10/14 del 8 de diciembre de 2003, había requerido una Opinión Consultiva del Tribunal alarmada por “la confiscación y la destrucción de la tierra y los recursos palestinos, el trastorno de la vida de miles de civiles y la anexión de facto de extensas zonas de territorio”.
Al considerar que el TIJ carecía de jurisdicción y que se trataba de un asunto político que debería ser abordado en negociaciones directas con los palestinos, Israel no acudió a las vistas celebradas entre el 23 y el 25 de febrero en La Haya. No es de extrañar, por lo tanto, que el veredicto afirme la plena jurisdicción del TIJ para evaluar el caso al considerar que el Tribunal debe velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad, así como por el arreglo pacífico de las disputas, tal y como se recoge en el párrafo 161 de la Carta de Naciones Unidas.
El fallo de la máxima instancia judicial de Naciones Unidas es rotundo al determinar que “el muro que está siendo erigido por Israel, la Potencia ocupante, en los Territorios Ocupados palestinos, incluido Jerusalén Este y sus alrededores, es contrario al Derecho internacional” (párrafo 163, 3.A.). Asimismo, el TIJ interpreta que “Israel está obligado a poner fin a sus incumplimientos del Derecho internacional; está obligado a interrumpir inmediatamente los trabajos de construcción del muro que edifica en los Territorios Ocupados palestinos, incluido Jerusalén Este y sus alrededores, y a desmantelar de manera inmediata las estructuras allí establecidas” (párrafo 163, 3.B.). Por último, dicho tribunal considera que “Israel está obligado a reparar todo los daños causados por la construcción del muro en los Territorios Ocupados palestinos, incluido Jerusalén Este y sus alrededores” (párrafo 163, 3.C.). El TIJ respalda asimismo el derecho de autodeterminación de los palestinos y reclama la reanudación del proceso de paz con la puesta en práctica de la Hoja de Ruta, tal y como recomienda la resolución 1.515 del Consejo de Seguridad (párrafo 53).
Israel no es el único aludido en la sentencia del Tribunal. En un hecho sin precedentes, los jueces de La Haya dan también una llamada de atención a la comunidad internacional por su indiferencia ante esta violación del Derecho internacional. El fallo hace un llamamiento para que la comunidad internacional se involucre de manera activa en la resolución del problema al indicar que “todos los Estados están en la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y de no prestar ayuda o asistencia en el mantenimiento de la situación creada por esta construcción; todos los Estados partes de la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la Protección de los Civiles en Época de Guerra del 12 de agosto de 1949 tienen, además, la obligación de asegurar el cumplimiento por parte de Israel del Derecho internacional humanitario” (párrafo 163, 3.D.).
La intervención de la comunidad internacional se justificaría por el reiterado incumplimiento israelí de los derechos humanos más elementales del pueblo palestino como el derecho a la libertad de movimiento (art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948), a la propiedad (art. 17 de la misma), a la salud (art. 56 de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949), a la educación (art. 50 de la misma), al trabajo (art. 6 del Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966), a la alimentación (art. 11 de la misma) y a la libertad religiosa (art. 58 de la Cuarta Convención de Ginebra).
La actitud de la comunidad internacional
Al no ser vinculante, el dictamen del TIJ sólo podrá aplicarse en el caso de que la comunidad internacional salga de su ensimismamiento y presione de una manera efectiva a Israel. El párrafo 163.3.E. de la Opinión Consultiva reclama que tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad se activen para “poner término a la situación ilegal creada por la construcción del Muro”. No obstante, la intervención de Naciones Unidas no parece factible mientras EEUU emplee su derecho al veto en el Consejo de Seguridad para frenar aquellas resoluciones contrarias a los intereses de Israel.
Al igual que ocurre en el caso de Irak, EEUU y la UE difieren en torno a las medidas a aplicar para solucionar el problema palestino. Mientras Washington se distingue por mantener una estrecha alianza con Israel que se materializa en una ayuda anual de 3.000 millones de dólares, Bruselas es favorable a un acuerdo que respete los derechos nacionales del pueblo palestino. Tras el fallo de TIJ, un portavoz de la Casa Blanca describió como “inadecuada” la decisión y manifestó que su país vetaría una eventual resolución del Consejo de Seguridad que reclamase el cumplimiento del fallo de La Haya.
Sin embargo, el Muro es mucho más que un mero “problema” (como lo definiera en su día el presidente George W. Bush) ya que podría hacer inviable la reconciliación israelo-palestina, dado que vacía de contenido cualquier futura conversación de paz al anexionar Israel, de manera unilateral, parte del territorio teóricamente sujeto de negociación. Ejemplificando esta nueva posición israelí, Sharon manifestó en la Knesset el 15 de marzo de 2004 en qué consistirá en un futuro el modus operandi israelí: “No hay ni un solo palestino que tenga la capacidad y la valentía necesaria para negociar. Por eso no habrá negociaciones con los palestinos sobre cuestiones políticas, por eso Israel se ve obligado a aplicar sus propios criterios y poner en marcha su plan unilateral” (El País, 16/III/2003).
En esta nueva coyuntura cobra especial relevancia el papel a desempeñar por la UE que, al contrario que EEUU, recibió positivamente el veredicto del TIJ al considerarlo acorde con el Derecho internacional y reclamó a Israel que “desmantele la barrera en el interior de los Territorios Ocupados palestinos, incluido Jerusalén Este”.
De cara a un futuro, la UE debe demandar, por incómoda que le resulte la tarea, el inmediato cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal Internacional de La Haya. De no hacerlo, correría el riesgo de que la posibilidad de crear un Estado palestino entre Israel y Jordania se esfume definitivamente ante la política de hechos consumados aplicada tenazmente por los Gobiernos israelíes, independientemente de cuál sea su signo.
En el caso de que Israel persista en su actitud, la UE debería contemplar la posibilidad de revisar el Tratado de Asociación con Israel, amparándose en la necesidad de que se cumpla su cláusula de Derechos Humanos. Incluso hay quien va más allá y considera necesario que se adopten medidas más enérgicas. Este es el caso del parlamentario laborista británico Gerald Kaufman, quien interpreta que “el único modo de salir del impasse actual es imponer sanciones económicas y un embargo de armas contra Israel. Esta misma política derribó el apartheid en Sudáfrica, que también fue condenada por el TIJ en 1971 por su ocupación ilegal de lo que hoy día es Namibia” (The Guardian, 12/VII/2004).
Israel ante el fallo de La Haya
Si en la escena palestina el fallo del TIJ ha sido recibido como una victoria simbólica, en Israel ha generado un profundo malestar. El primer ministro Ariel Sharon lo ha descrito como “inmoral”, mientras que uno de sus asesores, Raanan Gissin, ha asegurado que “acabará en el cubo de la basura de la historia” (El País, 10/VII/2004). Muchos interpretan que la decisión priva a Israel de su legítimo derecho de autodefensa. Una buena muestra de este planteamiento puede encontrarse en un artículo publicado por Ze`ev Schiff, uno de los más prestigiosos analistas israelíes, quien considera que “esta decisión, de la cual se deduce que el TIJ será el único capaz de decidir cómo debe defenderse Israel en la guerra que libra, no tiene precedentes. En cierta manera otorga un apoyo indirecto a los suicidas” (Ze`ev Schiff, “Two Messages from The Hague”, Ha´aretz, 13/VII/2004).
Pero lo que el fallo del TIJ señala es que debe existir un término medio entre las necesidades de seguridad israelíes y el desproporcionado daño que se causa a la población palestina. En su veredicto, el Tribunal de La Haya desestima el principal argumento esgrimido por las autoridades israelíes que insisten en que el Muro sólo obedece a la necesidad de defender a sus ciudadanos: “El TIJ no considera que el trazado que Israel ha elegido para el muro sea el indicado para lograr sus objetivos de seguridad”. Según los jueces, el Muro “infringe numerosos derechos de los palestinos que viven en el territorio ocupado por Israel y las infracciones residen en que su trazado no puede justificarse por las exigencias militares o los requerimientos de seguridad nacional u orden público”. Como señalara Kofi Annan tras conocerse el fallo, “el Gobierno de Israel tiene la responsabilidad y la obligación de defender a sus ciudadanos, pero cualquier acción que adopte ha de respetar la legalidad internacional”.
En este sentido, el TIJ coincide, al menos parcialmente, con la propia Corte Suprema israelí. Según una sentencia fechada el 30 de junio de 2004, el trazado del Muro a su paso por Jerusalén Este está provocando un “daño desproporcionado” a los 35.000 palestinos que viven en la zona al “recluirles en zonas aisladas de sus terrenos de cultivo, hospitales, escuelas y universidades”. En su fallo, la corte israelí señala que “el trazado trastorna el delicado balance existente entre la obligación del mando militar de preservar la seguridad y su obligación de suplir las necesidades de los habitantes locales” por lo que recomienda la modificación de su trazado. En su veredicto, el juez Aharon Barak indicó que “la lucha del Estado contra el terrorismo debe conducirse dentro de los límites de la ley; el cumplimiento de la ley es un aspecto de la seguridad nacional: no hay seguridad sin ley” (Jerusalem Post, 30/VI/2004). Esta decisión, aunque se limita únicamente a una pequeña porción del Muro, puede ser de gran importancia en el caso de que siente un precedente que obligue a revisar el trazado definitivo del muro, aunque se da por seguro que, en todo caso, los cambios serán menores.
Ante la magnitud de estos dos reveses se entiende la premura de Ariel Sharon a la hora de entablar negociaciones para formar una nueva coalición de gobierno. La salida de la actual crisis podría traducirse en la formación de un Gobierno de Unidad Nacional en el que los dos principales partidos sionistas –el Likud de Sharon y el Laborista de Peres– se repartan la mayor parte de las carteras. La presencia laborista serviría de bálsamo frente a las eventuales presiones internacionales, pero no contribuiría a revisar el futuro del Muro. En este sentido es pertinente recordar que la construcción de un muro que separase a israelíes y palestinos fue una idea original de los laboristas que, incluso, llegaron a proponer como uno de sus lemas electorales la frase “nosotros aquí y ellos allí”.
La formación de tal Gobierno de coalición no significaría que ambos partidos dispusiesen del mismo peso en el ejecutivo, puesto que el Likud duplica en número a los diputados laboristas (40 frente a 19). Entre los posibles efectos positivos de la creación de dicho Gobierno cabría mencionar el restablecimiento de un cierto diálogo y coordinación con los sectores más pragmáticos de la Autoridad Palestina, la aceleración del plan de evacuación de la Franja de Gaza y el retorno gradual a la Hoja de Ruta. No obstante, la inclusión de los laboristas en el Gobierno también podría tener efectos negativos al agravar las tensiones existentes en el seno del Likud en el caso de que los “barones” Benjamín Netanyahu y Silvan Shalom decidiesen cuestionar el liderazgo de Sharon, situación que, con toda probabilidad, conduciría al adelanto de las elecciones legislativas previstas inicialmente para 2006.
Conclusiones: La continuación de la construcción del Muro, además del elevado coste que representa para las arcas israelíes (unos 1.200 millones de dólares), pondría en peligro la reanudación del proceso de paz al dictar Israel, de manera unilateral, las fronteras del futuro Estado palestino. Este hecho vaciaría de contenido cualquier negociación futura. Dicho Estado, de proseguirse la actual política de hechos consumados, no sería ni viable ni soberano, sino más bien una sucesión de cantones aislados entre sí en forma de rompecabezas. Conviene tener en cuenta las palabras del historiador israelí Ilan Pappé quien considera que, en el caso de culminarse el muro, “Palestina estará probablemente perdida, pues la valla completará virtualmente el proceso que comenzó el movimiento sionista en 1882 y que ha sido proseguido por Israel desde 1948: el proceso de desarabización de la tierra de Palestina”. Corresponde, pues, a la comunidad internacional, y en particular a la UE, intervenir de manera decidida para evitar que la situación se degrade aún más y llegue a un punto de no retorno.
Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño
Profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, autor de “El miedo a la paz. De la guerra de los Seis Días a la Segunda Intimada” (2001) y editor del “Informe del conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta” (2003).