Tema: El desenlace de los hechos en la Mezquita Roja de Islamabad pone de nuevo en evidencia el problema del extremismo religioso en Pakistán, que ha agudizado aún más la crisis interna en que vive el país desde hace varios meses por la creciente movilización contra el presidente, el general Musharraf.
Resumen: El texto analiza el incidente ocurrido en la Mezquita Roja de Islamabad en el contexto de la fallida política de Musharraf de combatir el extremismo religioso en el país y en un momento en que la oposición al presidente comienza a cobrar fuerza. La reaparición en un primer plano nacional de la violencia extremista, que en realidad siempre ha estado presente, puede tener efectos adversos en la convocatoria de elecciones parlamentarias anunciada por el presidente para los próximos meses. Parte de la actual situación deriva de la conflictiva relación entre el poder militar, en este caso, y el poder religioso, cuyas relaciones se deterioraron mucho a raíz de la intervención internacional en Afganistán y como consecuencia de la adhesión de Pakistán a la lucha contra al-Qaeda y el régimen talibán. El conflicto afgano actual ha tenido consecuencias negativas para la estabilidad y las esperanzas de democratización de Pakistán, pero a ello también ha contribuido una política poco acertada por parte de la comunidad internacional, especialmente de EEUU, que no ha sabido arrancar firmes compromisos al Gobierno de Islamabad.
Análisis: El asalto al complejo de la Mezquita Roja de Islamabad por parte del ejército paquistaní durante la madrugada del pasado 10 de julio terminaba con el desafío lanzado al Gobierno por el clérigo radical Abdul Rashid Ghazi y sus seguidores, pero se saldaba también con varios centenares de muertos ocasionados durante la semana de asedio y posterior ataque. Las protestas callejeras del maulana y sus estudiantes y seguidoreshabían subido de tono en los últimos meses, por su violencia y por sus demandas de imposición de un Estado islámico en Pakistán similar al anterior régimen talibán en el país vecino. Si bien Musharraf mostró una inusual paciencia para lograr la rendición del clérigo mediante interlocutores de los partidos religiosos, al final recurrió a la solución militar.
Tras el suceso se han producido atentados en el noroeste del país que han causado varias decenas de bajas militares. La llamada a la lucha contra el Gobierno paquistaní del líder segundo de al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, puede haber contribuido al empeoramiento de la situación, pero lo cierto es que estas proclamas ya se habían producido con anterioridad, dado que Pakistán se comprometió con la lucha antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre. A pesar de ello, la situación se ha agravado en los últimos días en el área fronteriza con Afganistán, al romperse la frágil tregua que el Gobierno mantenía con los jefes tribales de la zona.
El caso de la Mezquita Roja supone el último episodio de la tensa situación que vive Pakistán desde hace varios meses y que ha acentuado aún más los interrogantes que se ciernen sobre la estabilidad y la gobernabilidad de este país. El suceso también cuestiona seriamente la capacidad y el interés de Musharraf en combatir el extremismo islámico. El momento actual parece especialmente crítico, puesto que se espera que próximamente se celebren elecciones en el país para renovar el parlamento y las asambleas provinciales, aunque no está claro si tendrán lugar antes o después de la elección del presidente. El general también debe abandonar su cargo de jefe de las fuerzas armadas antes del final de 2007; de todas maneras, no sería de extrañar un incumplimiento de esa promesa, tal como ha hecho Musharraf con anterioridad.
La relación entre el extremismo islámico y el poder militar y político en Pakistán
Uno de los principales hechos que llama la atención en este caso de violencia extremista es que haya tenido lugar en una zona relativamente céntrica de Islamabad, la capital del país y una de las ciudades más seguras y vigiladas. A esta situación se une la circunstancia de que las actividades del clérigo Abdul Rashid Ghazi y sus seguidores –entre los que se encontraban las estudiantes de la escuela coránica femenina adyacente a la Mezquita Roja– eran conocidas y toleradas por las fuerzas de seguridad desde hacía meses. Por lo tanto, resulta difícil comprender que la agencia de servicios secretos, el experimentado ISI (Inter-Service Intelligence), no haya tenido conocimiento de la entrada de armas en la mezquita y de los propósitos del clérigo.
Además, durante el desarrollo de la crisis, se produjo un nuevo intento de asesinato del presidente (del que no ha transcendido mucha información), que ha contribuido a añadir mayor confusión a la verdadera situación interna en el país. Estos hechos llevan a pensar que Musharraf pueda tener algún tipo de oposición dentro del ejército, si bien resulta difícil determinar el alcance y el sentido político de la misma. No hay que olvidar que en diciembre de 2003 el presidente sufrió dos atentados en un breve espacio de tiempo, uno de cuales fue llevado a cabo con la implicación de oficiales de rangos inferiores.
Lo que sí parece cierto es que la controvertida relación entre los grupos extremistas y el poder militar y político en Pakistán, gestada particularmente hace casi tres décadas a raíz del conflicto afgano, sigue estando vigente, tal y como demuestran las ambivalencias existentes en la actualidad en la lucha contra los taliban. Desde que a principios de los años ochenta, al amparo del Gobierno del dictador Zia ul-Haq, se facilitara el entrenamiento militar y adoctrinamiento ideológico de los jóvenes en las escuelas coránicas para luchar contra la invasión soviética en el país vecino –particularmente en las localizadas en las provincias a lo largo de la frontera afgana–, la violencia extremista se ha convertido en un instrumento más del poder para servir determinados fines políticos y estratégicos. Incluso los precarios gobiernos democráticos de Benazir Bhutto y de Nawaz Sharif durante la década pasada no alteraron esta relación, pues eran incapaces de revisar cuestiones de especial sensibilidad para el ejército, como la política afgana o la disputa de Cachemira.
A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el consiguiente giro de la política de Musharraf con respecto al Gobierno afgano de los talibán, parecía evidente que se iba a producir una disociación entre el extremismo religioso y el poder militar y político, dada la presión internacional sobre Pakistán. Sin embargo, ésta no ha tenido lugar, aunque el Gobierno paquistaní haya destacado sus esfuerzos por combatir el terrorismo de al-Qaeda y por regular la educación en las escuelas coránicas a fin de erradicar los ideales de intolerancia religiosa que fomentan la violencia. Las razones pueden obedecer al difícil equilibrio de poder (por el necesario respaldo de los partidos religiosos), a las dificultades de abordar un tema de especial sensibilidad en el país como es la reforma de las escuelas coránicas y quizá también a motivos de estrategia, dado el realineamiento regional causado por la intervención internacional en Afganistán. En este último caso, hay que tener en cuenta que el Gobierno paquistaní se sigue mostrando ambiguo frente a la causa de los talibán, a pesar de que condene contundentemente a al-Qaeda.
La situación de las escuelas coránicas en Pakistán
El suceso de la Mezquita Roja también pone de manifiesto la compleja situación de las escuelas coránicas paquistaníes y las poco eficaces medidas del Gobierno para reformar estas instituciones. Por un lado, se cuestiona su interés y capacidad para hacerlo, pues además de tratarse de una medida posiblemente impopular, los partidos islamistas de la coalición Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) han sido desde el año 2002 los principales apoyos parlamentarios de Musharraf y son generalmente reacios a la intromisión en lo que constituye su principal su feudo de poder. Por otro lado, se podría discutir también la efectividad de una posible reforma, es decir, si bastaría con regularizar y adaptar el currículum de estas instituciones. En una interesante reflexión publicada en el periódico paquistaní The Dawn el pasado día 9 de julio, el profesor Muhammad Zakria Zakar ponía en duda la difícil relación entre las madrasas y la modernidad, tanto por el sistema de aprendizaje y los ideales que se imparten en ellas, como por el papel que las jóvenes generaciones formadas al amparo de estos centros tendrán en una sociedad paquistaní cambiante.
El problema de las escuelas coránicas también está directamente relacionado con la pésima situación de la educación primaria pública, que se extiende a todo el sistema educativo, puesto que estas instituciones son un recurso para muchas familias pobres que ven en estos centros una oportunidad para la formación de sus hijos (de acuerdo con los principios religiosos del islam), además de procurarles alojamiento y comida en numerosos casos. Por ello, no resulta extraño escuchar las palabras del propio Musharraf equiparando las escuelas coránicas a ONG, en vez de afrontar la responsabilidad que tiene el Estado en este tema. Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2006, el gasto en educación en Pakistán entre 2002 y 2004 se situaba en un 2% del PIB, mientras que el de defensa era de un 3,5%.
A pesar de que existe una confusión sobre las cifras, se estima que el número de escuelas coránicas en Pakistán supera ligeramente las 10.000 (como consta un informe del International Crisis Group publicado en 2002 sobre la situación de estos centros), pero un buen número de ellas siguen sin estar inscritas oficialmente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todas estas escuelas ofrecen el mismo tipo de formación, puesto que algunas se limitan a que los alumnos aprendan a memorizar el Corán durante un par de horas al día. A veces también resulta muy difícil distinguir lo que es una madrasa en función de sus instalaciones y los servicios que ofrece.
Sin embargo, en lo que no hay duda es en la relación de estos centros con la expansión de la lucha de tipo yihadista, no sólo en Afganistán sino también en Cachemira, y con el fomento de la violencia interreligiosa en el país. Además del conocido enfrentamiento entre suníes (que constituyen el 75% de la población) y chiíes (en torno al 25%), existen rivalidades entre las distintas escuelas de pensamiento del islam suní, principalmente entre los barelvis (que representan un islam tradicional o popular) y los deobandis (cuya ideología se puede calificar de purista y de muy crítica con Occidente), pero también hay notables diferencias entre los deobandis y el islamismo ortodoxo que defiende políticamente la Jamaat-i-Islami. Así, por ejemplo, los deobandis, escuela a la que pertenecía el clérigo Rashid Ghazi, apoyan generalmente a los talibán, mientras que el islamismo ortodoxo y popular no suele identificarse con ellos.
Los otros frentes abiertos del presidente: la sociedad civil y la demanda de elecciones con garantías
A pesar de que el caso de la Mezquita Roja ha atraído de nuevo el interés internacional en el problema del extremismo religioso en Pakistán, durante los últimos meses Musharraf ha tenido que hacer frente a las crecientes movilizaciones por todo el país ante su controvertido cese del presidente del Tribunal Supremo, el juez Iftikhar Chaudhry. Estas manifestaciones se han convertido en una verdadera oposición a su régimen. A lo largo de los meses de abril y mayo tuvieron lugar diversas protestas por el cese del juez en varias ciudades, si bien no exentas de violencia por el choque entre la oposición y los simpatizantes gubernamentales, como los enfrentamientos que causaron unos 34 muertos el 12 de mayo en Karachi. Fruto de ese convulso clima, el Gobierno amenazó a principios de junio con restringir la libertad de información, lo que significó un nuevo enfrentamiento con los medios de comunicación.
Esa realidad muestra las crecientes dificultades que tiene el general Musharraf para mantenerse en el poder ante el aumento de la presión existente, interna y externa, para que se celebren elecciones democráticas en el menor plazo posible. No obstante, la evolución política en Pakistán resulta muy confusa, pues a la incertidumbre sobre las intenciones del presidente, y también del ejército, hay que añadir las dudas sobre capacidad que pueden tener los principales partidos –el PPP (Partido Popular de Pakistán) de Benazir Bhutto y el PML-N (Liga Musulmana de Pakistán, facción Nawaz) de Nawaz Sharif– para cooperar y contribuir a una verdadera normalización democrática.
Los líderes exiliados de la oposición firmaron el año pasado en Londres un acuerdo en el que se comprometían a colaborar en la restauración democrática. A pesar de ello, en un intento de dividir a ambas fuerzas políticas, parece ser que Musharraf ha contactado con el PPP con el objetivo de, eventualmente, acordar un reparto de poder. Si esto es así, indicaría una falta de confianza entre los dos partidos tradicionales. Cualquier nuevo Gobierno de carácter civil que se forme en Pakistán debe afrontar la delicada pero necesaria tarea de redefinir el papel de ejército en la sociedad y, para ello, se hace indispensable la cooperación entre las dos principales fuerzas políticas, el PPP y el PML-N.
La influencia del conflicto afgano en Pakistán y el papel de la comunidad internacional
Los actos terroristas que se han sucedido tras el asalto a la Mezquita Roja evidencian las peligrosas ramificaciones del conflicto afgano y el grave problema de seguridad que tiene Pakistán, aunque de algún modo este país haya contribuido a crearlo. Los atentados en la Provincia Fronteriza Noroccidental y la ruptura de una frágil tregua que el Gobierno había pactado con los jefes tribales de Waziristán del Norte el año pasado vuelven a desestabilizar una región que hasta ahora ejercía de amortiguador, mediante un acuerdo tácito de no-injerencia, con lo que ocurría en el país vecino.
Si bien la evolución de la situación actual depende de la capacidad del ejército para responder a estos actos violentos, la cuestión de fondo está en al ambigüedad de la política del Gobierno paquistaní frente a los talibán, cuya afinidad no es tanto de tipo ideológico como estratégico. La comunidad internacional, y especialmente EEUU (por ser el actor internacional con mayor influencia en la región), tiene la percepción de que Pakistán no hace lo suficiente para combatir a los talibán en sus fronteras, pues hay abundantes referencias de que algunos de ellos se refugian en la zona fronteriza del norte y en la provincia de Baluchistán.
Es importante tener en cuenta que parte del problema reside en el reordenamiento regional que ha causado la intervención internacional en Afganistán y en la instalación en el poder de un Gobierno próximo a los intereses del gran rival de Pakistán, la India. Esta realidad refleja en cierta medida el impasse a que ha conducido la política estadounidense de ofrecer contraprestaciones económicas y militares a Pakistán como recompensa por su colaboración frente a la lucha contra el terrorismo. Por un lado, esta acción no ha contribuido a mejorar la situación interna del país en términos de estabilidad y perspectivas democráticas y, por otro, a excepción del proceso de diálogo con la India (que el Gobierno norteamericano ha respaldado), tampoco ha tenido los efectos deseados a nivel regional, especialmente con respecto a Afganistán.
Quizás la cuestión principal se halla en que si se desea que Pakistán desarrolle un papel más decisivo en la estabilidad de la zona, sería conveniente que se tuviesen en cuenta sus necesidades –principalmente en cuanto a su viabilidad como una democracia estable y también en cuanto a su seguridad–, frente a la habitual actitud de considerar este país en función de los intereses regionales, léase Afganistán, la India o incluso China. No obstante, el mayor obstáculo de esta política radica en la falta de proyección estratégica de los propios principales responsables paquistaníes de la toma de decisiones.
Conclusiones: Cabe esperar que, en el mejor de los escenarios, durante las próximas semanas vaya cediendo la espiral de atentados que ya asola una parte del país y que ya se han cobrado más de medio centenar de víctimas. En caso contrario, la estabilidad de Pakistán correría un serio peligro, lo que desencadenaría consecuencias muy negativas para Afganistán e incluso podría repercutir negativamente en el otro foco de tensión regional, en Cachemira. El control de la situación depende de la capacidad de actuación del ejército, pero éste es también parte del problema, o al menos sí lo son algunos de sus mandos (respaldados desde ámbitos políticos), que practican una política ambigua en relación a los grupos extremistas.
El caso de la Mezquita Roja ha restado protagonismo a las movilizaciones que se están desarrollando en varias ciudades del país en oposición a Musharraf y que reclaman una forma de Estado bien distinta a la de los clérigos radicales, es decir, un retorno a la democracia. Éste debería constituir el primer paso a dar por el presidente y despejar el confuso futuro político del país, dejando que un Gobierno elegido democráticamente pudiese afrontar las reformas necesarias con la suficiente visión estratégica que el país necesita urgentemente para evitar la actual deriva.
La comunidad internacional entiende que la estabilidad de Pakistán es crucial en la región, y especialmente con respecto a Afganistán, pero por ello tendría que redefinir su estrategia hacia el Gobierno de Islamabad, pues la política de compensaciones económicas a cambio de compromisos en la lucha antiterrorista se ha mostrado poco creíble y difícil para ambas partes.
Antía Mato Bouzas
Especialista en el área de Asia Meridional por la Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi