Tema: Costa Rica y Nicaragua se encuentran enfrentadas en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia por un humedal en la desembocadura del río San Juan.
Resumen: Lo que empezó siendo un trabaja de dragado en la parte nicaragüense del río San Juan por iniciativa del gobierno de Daniel Ortega y la posterior acusación de Costa Rica de que se estaban produciendo importantes daños medioambientales en su territorio ha desembocado en un conflicto bilateral ampliamente sobredimensionado y con crecientes repercusiones internacionales. Esto ha sido así porque en él confluyen cuestiones políticas internas, especialmente visibles en una Nicaragua sumida en una intensa precampaña de cara a las próximas elecciones presidenciales. También se han ido añadiendo, por ambas partes, una serie de justificaciones post facto, como la violación de la soberanía nacional por la parte contraria, la disputa limítrofe por el trazado del río San Juan, los planes de obras faraónicas relacionados con la construcción de un segundo canal transoceánico paralelo al de Panamá y la acción o inacción frente al flagelo del narcotráfico, un problema cada vez más grave en América Central.
Análisis: El río San Juan, que delimita la parte más próxima al mar Caribe de la frontera común entre Costa Rica y Nicaragua, ha vuelto a ser protagonista de las desavenencias entre ambos países. Si bien se trata de una cuestión recurrente desde la independencia de los dos países, en esta ocasión y a causa de motivos de lo más variados ha renacido con un intenso vigor. Menos de dos años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallara sobre la soberanía y los derechos de las partes sobre la titularidad y utilización del río, el tribunal de La Haya volvió a celebrar audiencias para decidir sobre los últimos altercados. Aunque en esta ocasión no se trata de diferencias sobre el curso del río San Juan, sino de su desembocadura. Ya en la denominación comienzan las diferencias, dado que la zona del delta es conocida como isla Portillos por los costarricenses y Harbor Head por los nicaragüenses, y así aparece en los mapas de cada parte.
El río San Juan, con una extensión de 200 km, ha tenido una gran importancia histórica, sirviendo en la época colonial para el comercio entre las provincias españolas centroamericanas. Tras la independencia y el surgimiento de las nuevas repúblicas, el valor del río aumentó ante los diversos proyectos que hablaban de la posibilidad de construir un canal transoceánico, lo que provocó constantes altercados bilaterales entre Nicaragua y Costa Rica por su posesión. En 1858 se suscribió el Tratado de Cañas-Jerez, en el que los dos gobiernos acordaron el límite entre ambas naciones. El Tratado otorgaba a Nicaragua la soberanía sobre el cauce del río y a la vez reconocía a Costa Rica derechos de navegación con fines comerciales, con algunas restricciones, como la prohibición de navegar con buques de guerra. Estas condiciones fueron posteriormente ratificadas por los laudos Cleveland (1888) y Alexander (1897).
Durante más de un siglo la situación fronteriza parecía tranquila, pero en 1998 se produjeron varios incidentes bilaterales por la interpretación contradictoria que ambos gobiernos hacían del Tratado en lo relativo a los derechos de navegación en el río San Juan. No casualmente se volvía a hablar por aquel entonces de la ampliación del canal de Panamá y de la posibilidad de construir uno nuevo, mucho más barato y por el que pudieran circular navíos de mayor calado. La idea era hacerlo a través de territorio nicaragüense, al aprovechar como parte de su recorrido las aguas navegables del Lago Nicaragua y el cauce del río San Juan. Los viejos proyectos decimonónicos fueron desempolvados con la intención de convertirlos en una poderosa palanca para fomentar el desarrollo nicaragüense. Así fue como en septiembre de 2005, ante el desacuerdo con Nicaragua por la navegación del río San Juan, Costa Rica inició un proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya. La sentencia fue finalmente dictada el 13 de julio de 2009, cuatro años después de la denuncia inicial. El fallo de la CIJ estableció que aunque Nicaragua mantenía la plena soberanía sobre las aguas del río San Juan, Costa Rica gozaba de pleno derecho de navegación con fines comerciales, transporte de pasajeros y turistas en los 140 km del cauce fluvial en los que el río transcurre en la frontera entre ambos países.
Una vez conocida la sentencia, ambos gobiernos coincidieron en que la misma contribuiría a “des-sanjuanizar” las relaciones bilaterales y a sentar las bases para llevar a cabo el desarrollo económico de la zona. Sin embargo, el 24 de septiembre de 2009 el presidente Daniel Ortega, en plena discusión interna por su derecho a presentarse a la reelección, dio a conocer el Decreto y las Normas de Reglamentación para la Navegación sobre el río San Juan, conforme a la interpretación nicaragüense del fallo de la CIJ. La regulación propuesta no gustó del todo en San José, donde el gobierno costarricense tenía otras expectativas. Las normas nicaragüenses incluían la posibilidad de realizar determinados trabajos de dragado y limpieza del río para la recuperación del caudal y los humedales hasta su desembocadura en el Caribe. Se da la circunstancia de que este punto, la soberanía sobre los humedales, es precisamente el detonante de la crisis actual. Al año siguiente de conocerse el fallo de la CIJ, durante todo 2010, se sucedieron varias denuncias de los lugareños costarricenses sobre abusos de los militares nicaragüenses encargados de custodiar el río.
El 18 de octubre de 2010 Nicaragua inició formalmente los trabajos de dragado a lo largo de 33 km del cauce del río San Juan. Se trataba, según la interpretación del gobierno de Ortega, de limpiar el cauce del río para facilitar su navegación. Éste fue el detonante principal de la crisis actual. Costa Rica se había opuesto inicialmente al proyecto nicaragüense, argumentando que el dragado podía perjudicar las fuentes hídricas de su territorio, y también temía por las implicaciones medioambientales que pudiera acarrear la remoción de toneladas de sedimentos acumulados en el fondo del río. El gobierno de San José pidió a las autoridades nicaragüenses suspender las obras hasta que hubiera un estudio científico sobre su impacto ambiental. Posteriormente suavizó su posición y sólo insistió en que Nicaragua informara sobre el desarrollo de los trabajos.
Lo que empezó como un conflicto bilateral en torno a los posibles daños medioambientales se fue enredando con el inicio de acusaciones mutuas de incursiones en territorio ajeno y alusiones a la presencia de narcotraficantes en el área de conflicto. Tres días después de comenzar las labores de dragado, el gobierno de San José protestó ante el de Nicaragua por arrojar sedimentos en la orilla costarricense del río, afectando su soberanía nacional. Además, se hizo eco de una serie de denuncias de los vecinos de la zona que apuntaban al ingreso en territorio costarricense de militares nicaragüenses y otras personas extrañas. Costa Rica, que carece de ejército, mandó un grupo policial para verificar estas denuncias a un punto limítrofe entre ambos países, en isla Portillos. Casi simultáneamente, Daniel Ortega envió tropas militares a la zona, según él no como respuesta a las denuncias de Costa Rica sino para luchar contra el narcotráfico, un tema muy sensible en toda la región por la presencia de los cárteles mexicanos.
La presidenta costarricense Laura Chinchilla pidió la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Tras varios aplazamientos, su Consejo Permanente aprobó, el 12 de noviembre de 2010, una resolución que instaba a ambos países a retirar sus tropas y policías de la frontera y sentarse a dialogar. Nicaragua rechazó el acuerdo alegando que se extralimitaba la competencia del organismo. La principal consecuencia fue su amenaza de retirarse de la OEA, una actitud que no era nueva y en la que ha coincidido con declaraciones similares, en otros momentos, de Bolivia y Venezuela. Ortega también acusó a Colombia de liderar una conspiración contra su país junto con Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, todas ellas naciones “infestadas por narcotráfico”, por lo que el retiro de las tropas nicaragüenses sólo favorecería a los narcos. Dos días después, Costa Rica y México presentaron protestas diplomáticas por las palabras de Ortega. Se da la circunstancia de que Colombia mantiene también diferencias con Nicaragua por cuestiones limítrofes, y que los gobiernos de Guatemala y México han mantenido posturas contradictorias con Nicaragua y han apostado por impulsar un mecanismo informal de dialogo para propiciar la distensión entre Costa Rica y Nicaragua.
Costa Rica dio por acabado su reclamación contra Nicaragua en la OEA tras obtener, desde su punto de vista, el apoyo panamericano a sus reclamaciones. Aunque la resolución de la OEA no era vinculante, la presidenta Chinchilla aseguró que sería útil para respaldar sus gestiones ante la CIJ, organismo ante el cual presentó su queja el 7 de diciembre pasado. Costa Rica también solicitó algunas medidas cautelares contra Managua, comenzando por la retirada de las tropas presuntamente instaladas en su territorio, así como la suspensión de los trabajos de dragado.
Hasta ahora nadie había cuestionado la soberanía costarricense de isla Portillos (área en disputa, según el mapa), un área de humedales entre la laguna Portillos –conocida también como Harbor Head por ambos países– de soberanía nicaragüense y el río San Juan. Sin embargo, a partir de estos acontecimientos Nicaragua empezó a defender que sus tropas en isla Portillos –que ellos denominan Harbor Head como extensión de laguna Portillos– estaban acantonadas en su territorio nacional, lo que añadía un nuevo problema al diferendo limítrofe entre ambos países. Nicaragua aseguró que entre las labores de dragado estaba la limpieza un antiguo caño para volverlo a hacer navegable, caño que según Costa Rica nunca existió (en el mapa correspondería a la línea continua roja del área en disputa). Sobre la existencia de ese caño los nicaragüenses basan su reivindicación sobre la soberanía de isla Portillos.
Mapa 1. Zona disputada en el río San Juan
El área en disputa –isla Portillos– forma parte de lo que se conoce como isla Calero, que estaría formada por la isla Portillos más una parte del área de Costa Rica que aparece en el mapa.
Nicaragua se apoyó inicialmente para justificar su reclamación en los mapas del buscador Google, aunque el buscador se apresuró a corregir rápidamente su trazado. El gobierno de Managua anunció que en su momento presentaría una demanda contra Costa Rica ante el tribunal de La Haya y que denunciaría a su gobierno por los daños que causan en el río San Juan los desperdicios que abocan los ríos costarricenses, que solicitaría la libre navegación de sus embarcaciones por el río Colorado –un afluente del San Juan de soberanía costarricense– en las mismas condiciones que las lanchas costarricenses pueden hacerlo en una parte del cauce del San Juan y que seguiría defendiendo su derecho a construir un canal interoceánico utilizando en parte de su recorrido el cauce del río San Juan. Sin embargo, hasta la fecha, Nicaragua no han presentado ninguna demanda en la CIJ contra Costa Rica.
Los motivos del conflicto
Las repercusiones medioambientales fueron el primer detonante de las diferencias bilaterales ante el dragado de Nicaragua, que buscaba reforzar su soberanía sobre el curso fluvial en cuestión. Aunque posteriormente se han añadido otros factores, Costa Rica mantiene las implicaciones medioambientales como uno de los principales motivos de su desacuerdo con Nicaragua, y habla de ecocidio. Así, volvió a denunciar ante la conferencia de la ONU sobre cambio climático, celebrada a principios de diciembre de 2010 en Cancún, el daño a los humedales y la destrucción de sus bosques por el dragado nicaragüense. En Costa Rica se emitió una orden internacional de captura contra el legendario comandante sandinista Edén Pastora (el “comandante Cero”), responsable del dragado en tanto ministro de Desarrollo de la cuenca del río San Juan, por los supuestos daños ambientales. Los trámites judiciales contra Pastora siguen adelante en Costa Rica.
Existen varios informes que atestiguan la existencia de los daños medioambientales que argumenta el gobierno de San José. Un informe de la OEA sobre la zona y el impacto del dragado sobre la misma apunta a una creciente deforestación del área, mientras que la Fundación Neotrópica, una ONG costarricense, presentó ante la CIJ, durante las audiencias sobre el conflicto, los resultados de un trabajo sobre los costes medioambientales de la acción nicaragüense. Estas estimaciones tomaron como base un análisis previo de la Convención RAMSAR sobre los Humedales de Importancia Internacional, el único tratado multilateral y global relativo al medio ambiente que se ocupa de estos ecosistemas. También unas imágenes por satélite de la agencia de la ONU, UNOSAT, certifican algunos daños.
La mayoría de los expertos que han analizado el tema coinciden en que la crisis de isla Portillos se ha sobredimensionado. Algunos se preguntan por qué ha estallado ahora este conflicto y otros apuntan que, por parte de Nicaragua, se ha querido generar una crisis diplomática que permita estimular las pulsiones nacionalistas del pueblo nicaragüense y pueda ser utilizada como una herramienta electoral de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2011, donde Ortega pondrá en juego, si finalmente puede, su reelección. La apelación al nacionalismo también es un fenómeno visible en Costa Rica, donde la presidenta Chinchilla también espera bajar el tono de la conflictividad interna gracias a la instrumentalización del conflicto.
Los mismos expertos acusan a Ortega de ocultar los graves problemas que afectan a su país, como la corrupción y la crisis económica, para sacar a la luz un tema de soberanía y de defensa del interés nacional y poder ganar un poco más de apoyo de su electorado. El rechazo a la resolución de la OEA fue visto como una intención de prolongar la tensión interna e internacional en función de sus cálculos electorales, una campaña hacia las presidenciales que Ortega ha dado por iniciada, aunque por ley ésta sólo puede empezar seis meses antes. Ortega ha anunciado, además, que impedirá la presencia de observadores internacionales durante los comicios. Si el rechazo a la resolución de la OEA y la amenaza de romper con la organización han sido una herramienta electoral, por ahora éstas han obtenido un resultado positivo. En las últimas semanas se han producido en Managua multitudinarias manifestaciones universitarias donde se mezclaban consignas sobre la disputa limítrofe con otras en apoyo a la reelección de Ortega. Simultáneamente la intención de voto de Ortega pasó del 43,3% en octubre de 2010 al 47,2% en diciembre, aunque todavía la oposición no terminó de definir a su candidato o candidatos. Las elecciones todavía están muy lejos y la crisis puede enfriarse o escalar hacia un conflicto mayor, mientras la CIJ puede durar bastantes años en pronunciarse.
Lo que ha mostrado la crisis es la debilidad de la OEA y su escasa capacidad resolutiva, aunque después de varios intentos logró aprobar una resolución que se limitaba a pedir el diálogo entre las partes y la retirada de los efectivos armados. Pero la enérgica reacción de Nicaragua contra la resolución no se corresponde con su contenido. Además de rechazar el resultado de la votación, Ortega se enfrentó a muchos de los miembros acusándoles de estar “infestados” de narcotraficantes, y no le sentó nada bien la distancia que tomó Ecuador –su aliado en el ALBA–, que se abstuvo de votar. La actitud de Managua ha llevado a pensar que trata de prolongar la tensión en función de sus cálculos electorales, aunque esto ha conducido a un cierto aislamiento diplomático dentro de América Latina, y si bien amenazó con retirarse de la OEA, hasta ahora todo ha quedado en una bravata.
Mientras la OEA parece apostar porque el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua se resuelva con el tiempo, EEUU ha tratado de mantener un bajo perfil para no aparecer tomando postura por uno de los contendientes. Pocos días después de que los hechos empezaran a enredarse, Arturo Valenzuela, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, visitaba ambos países con la vista puesta en la lucha contra el narcotráfico. Aparentemente no tocó el tema, o al menos en público no lo hizo. Valenzuela viajó para revisar la cooperación antidrogas en la región. El narcotráfico está muy presente en Centroamérica, y más tras la lucha entre el Estado mexicano y los carteles de narcotraficantes. Según EEUU, el istmo que va desde Colombia a México es un gran territorio dominado por el narcotráfico y el crimen organizado. La agenda nicaragüense de la Casa Blanca ha estado en los últimos años centrada en la lucha contra el narcotráfico, mientras ha sido más cautelosa en los asuntos políticos. Ortega ha tratado de mantener buenas relaciones comerciales con EEUU, que compra el 60% de las exportaciones nicaragüenses, y ha consentido cooperar en temas de seguridad, al margen de su discurso antiimperialista y sus alianzas con Venezuela y Cuba. Ortega ha insistido, sin embargo, en la necesidad de que Washington destine más recursos para Nicaragua y la región para luchar contra el narcotráfico en el marco del plan Mérida suscrito con México en 2008, si bien la ayuda norteamericana ha crecido enormemente en los últimos años.
Costa Rica ha pasado de ser un país de tránsito de drogas a ser una importante base del narcotráfico con una creciente infiltración de los cárteles mexicanos, como aseguró Phillip Springer, el representante de la DEA en San José. El narcotráfico irrumpió en el conflicto cuando el gobierno de Managua aseguró que el personal militar desplazado al área en discordia desarrollaba labores antinarcóticos. Habló de una operación contra una banda de narcotraficantes que opera entre Honduras, Costa Rica y Colombia, conocida como “Los Tarzanes”, de la que no se ha sabido después nada más. En su momento, Costa Rica rechazó estos argumentos asociando el incremento de efectivos militares nicaragüenses a la presencia policial costarricense. Cuando el gobierno costarricense pidió a su Congreso, a mediados de diciembre, autorización para el ingreso en sus aguas territoriales de buques de patrulla estadounidenses contra el narcotráfico, las alarmas saltaron en Managua, que asoció la autorización con una toma de partido en el conflicto fronterizo y como una posible petición de ayuda militar ante la falta de fuerzas armadas. Costa Rica negó la acusación alegando que sólo se trataba de un problema de narcotráfico. Tras la resolución de la OEA, Ortega aseguró que el narcotráfico dirige la política exterior costarricense y que los intereses de los carteles estaban detrás de la reclamación de Costa Rica contra la presencia de tropas militares en isla Portillos, y que la zona fronteriza en conflicto es un área de continua actividad del narcotráfico internacional, en su intento de establecer una ruta entre Colombia y EEUU, pasando por Panamá y Costa Rica.
Los problemas de límites
A lo largo de los siglos XIX y XX la mayor parte de los conflictos bilaterales en América Latina respondían a cuestiones fronterizas, al impreciso trazado de los límites entre dos países y a las reivindicaciones territoriales de cada uno de ellos. De este modo, hemos visto como las disputas por trozos de tierra, cursos de agua o salidas al mar en América Latina han llegado hasta nuestros días, añadiendo tensión a algunas zonas de la región. En algunos casos, muy pocos, estos conflictos terminaban en una guerra abierta, como fue el caso del conflicto de Cenepa que enfrentó a Ecuador y Perú en 1995. Sin embargo, en la primera década del siglo XXI se vio la emergencia de otro tipo de conflictos bilaterales, que respondían a cuestiones económicas (crisis de las papeleras entre Argentina y Uruguay o nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia que afectó a la brasileña Petrobrás) o políticas (conflicto entre Colombia y Ecuador tras el bombardeo de un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano). Pese a ello, algunos conflictos fronterizos siguen latentes y en algún momento pueden estallar, como ha ocurrido en el caso particular de Costa Rica y Nicaragua.
Nicaragua no sólo mantiene conflictos limítrofes con Costa Rica sino también con Colombia. En este último caso hay pendiente un diferendo por la soberanía de las islas San Andrés y Providencia y 50.000 km2 de plataforma marítima en el Caribe, que Managua reclama para sí y Bogotá considera propios desde hace más de 80 años. Nicaragua llevó su reclamación a la CIJ en diciembre de 2007. Si bien la Corte sentenció que Colombia tenía soberanía sobre tres islas dentro del área reclamada por Managua, dejó para un segundo proceso dirimir los límites marítimos bilaterales. La causa se complicó tras el anuncio de Honduras y Costa Rica de personarse, al reclamar parte de la soberanía sobre una porción de la extensa plataforma continental que Nicaragua reclama. Las tensiones por el diferendo llevaron al presidente nicaragüense a amenazar con adoptar medidas militares para prevenir cualquier acción colombiana. Posteriormente bajó el tono, especialmente por la superioridad de poder de fuego de las fuerzas armadas colombianas.
Nicaragua y Honduras libraron durante años otra batalla jurídica por la delimitación de sus fronteras marítimas en el Caribe, que concluyó con la fijación de los límites por la CIJ en 2007. Otorgó a la parte hondureña la soberanía que reclamaba sobre cuatro islas (los cayos Bobel, South, Savanna y Port Royal). Al trazar una nueva línea divisoria a partir de las costas de cada país, los jueces repartieron el resto de la razón entre ambos. Una vez fijado el trazado sobre los paralelos 15 y 17, defendidos respectivamente por Tegucigalpa y Managua, la decisión complació a las dos capitales.
El gobierno de San José, por su parte, propuso en 2007 al de Managua el arbitraje de la ONU para delimitar la frontera de sus costas del Pacífico, después que un pesquero costarricense fuese capturado en aguas que Nicaragua consideraba propias. Al rechazar Nicaragua la propuesta, Costa Rica solicitó a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar que reconozca la frontera marítima que ha establecido. Para ello, presentó en 2009 un mapa que para la cancillería de Managua es lesivo para el territorio nicaragüense.
Actualmente, la CIJ tiene pendientes varios casos latinoamericanos, algunos por cuestiones de límites y otros no, como el de Ecuador contra Colombia. El de Argentina contra Uruguay por la fábrica de pasta de celulosa en Fray Bentos se cerró con una sentencia en el fondo favorable a Uruguay. Desde la perspectiva limítrofe, además del contencioso entre Nicaragua y Colombia está el de Perú contra Chile por el trazado de la frontera marítima entre los dos países, que afecta a importantes caladeros de pesca. Aún puede llegar al Tribunal de La Haya otro contencioso regional: el protagonizado por Belice y Guatemala, país este último que reclama más de la mitad del territorio beliceño. La actual crisis de isla Portillos revela la vigencia de los roces diplomáticos por el trazado de las fronteras y las dificultades para obtener resultados de las negociaciones bilaterales, ya que en numerosas ocasiones los conflictos esconden pugnas por el acceso y explotación de importantes recursos naturales. En otras, sólo se trata de agitar sentimientos nacionalistas. Ante la falta de mecanismos regionales adecuados para resolver pacíficamente los conflictos de este tipo, los países implicados no tienen más remedio que poner sus miras y esperanzas en la CIJ, un mecanismo que parece legitimar a los líderes ante su opinión pública, pese al elevado coste y al largo tiempo que tardan los pleitos en resolverse.
La escalada del conflicto entre Costa Rica y Nicaragua
El último enfrentamiento entre Costa Rica y Nicaragua ha vuelto a mostrar la división del hemisferio americano. Por un lado están los países del ALBA (Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua), más algunos afines, caso de Argentina, y, por el otro, un grupo menos cohesionado y con perspectivas diferentes. En este caso particular, la draga que realiza labores de limpieza del lecho del río San Juan exhibe el rótulo de ALBANISA, una empresa mixta estatal de petróleo de Venezuela y Nicaragua. Esta empresa se encarga de asuntos muy diversos, desde la distribución de combustible venezolano en Nicaragua o la construcción de una refinería, hasta la adquisición de maquinaria de construcción, equipos de seguridad y la entrada en el sector hotelero. ALBANISA surgió en el marco de Petrocaribe, la empresa creada por Venezuela y su petrolera PdVsa con fines eminentemente políticos, que busca garantizar el abastecimiento de hidrocarburos a los países del Caribe y América Central. Sin embargo, la cuestión va más allá y vale la pena preguntarse ¿qué busca el ALBA en la zona? Uno de sus objetivos estratégicos es la construcción de un canal interoceánico, un viejo proyecto que Ortega acarició en la década de 1980, tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Entonces trató de sacar adelante su propuesta con el auxilio de empresas de Japón y Brasil. La idea la volvió a defender recientemente, esta vez con el apoyo de Venezuela e Irán y de otros países que también puedan apoyar la iniciativa. Se trataría de un canal más moderno que el de Panamá y evitaría el atascamiento de este último.
Desde diciembre de 2010, y ante los avances nicaragüenses, Costa Rica inició la instalación de un sistema de defensa en las cercanías de isla Calero, en Pococí de Limón. Los trabajos incluyen la construcción de una red de helipuertos, la instalación de mallas para controlar el acceso a tres ríos de la zona fronteriza y la apertura de caminos que, por primera vez, darán acceso por vía terrestre a una región bastante despoblada. El gobierno explicó que los helipuertos permitirán dar apoyo logístico y movilizar al personal policial en caso de necesidad. Además, el Ministerio de Seguridad está instalando mecanismos para regular la navegación en los ríos costarricenses próximos a la frontera con Nicaragua, como el Colorado, el San Carlos y el Sarapiquí, mientras se prohibirá la navegación nocturna por esos ríos. Por su parte, el presidente de Nicaragua ha aprovechado la crisis para presentar a la Asamblea Nacional, como trámite urgente, tres proyectos de leyes sobre defensa y seguridad. Se trata de las iniciativas de Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Nacional, y Ley de Régimen Jurídico de las Fronteras.
Conclusión:La crisis de isla Portillos puede ser un gran escollo para el desarrollo del río San Juan y un retraso importante en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones ribereñas. Precisamente todo lo contrario de lo que se esperaba tras el fallo de la CIJ de 2009 acerca de los derechos sobre el río San Juan, y la consiguiente “des-sanjuanización” de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. De ahí que tenga todo el sentido el pronunciamiento de las cámaras empresariales de Centroamérica, incluidas las costarricenses, en torno al conflicto entre Costa Rica y Nicaragua, pidiendo que “en ningún caso se adopten medidas que sean restrictivas del comercio y la libre circulación de bienes y servicios entre ambos países y dentro de la propia región centroamericana”. Cerca del 14% de las exportaciones costarricenses tiene como destino Centroamérica y, para ello, debe pasar por Peñas Blancas (frontera con Nicaragua). La presidenta Laura Chinchilla criticó esta declaración.
Actualmente hay una tensa calma entre Nicaragua y Costa Rica pero la realidad es que el primero mantiene su tesis de dragado y limpieza de un caño en la desembocadura del río San Juan, además de operativos contra narcotraficantes, lo que implica la presencia de un retén permanente de efectivos militares nicaragüenses. Por su parte, Costa Rica sigue hablando de incursiones militares, irrespeto a su soberanía, y daños ecológicos. Hace hincapié además en que se trata de una excusa para unos planes faraónicos entre los que podría estar un gran proyecto hidroeléctrico o un canal interoceánico. No obstante admiten que dichos planes están aún lejos de ser verdad, comenzando por la falta de la ingente inversión necesaria para llevarlos a cabo.
El canciller costarricense René Castro realizó en enero de 2011 una gira por varios países europeos –entre ellos Alemania, España, Noruega y el Reino Unido– para dar a conocer su versión de los hechos, “hacer conciencia” según sus propias palabras, y solicitar un papel más activo de los europeos y de la UE en la resolución del conflicto. A la espera de las medidas cautelares que podría imponer el CIJ en breve, quiere tener todo el apoyo posible en el caso de que la tensión pudiera aumentar al negarse Managua a cumplir cualquier disposición de tribunal o hacer oídos sordos a la misma. Costa Rica, además, no descarta llegar hasta el Consejo de Seguridad de la ONU si no se satisfacen sus expectativas, en cuyo caso también necesitaría un importante apoyo de la comunidad internacional.
Paralelamente, Costa Rica y Nicaragua han aceptado la mediación de México y Guatemala para abrir un canal de diálogo y comunicación informal, con la única finalidad de rebajar la tensión. Nicaragua, mientras, ha abierto una cuarta draga que se sumará a las labores iniciadas en octubre pasado. Además, según algunas informaciones, también ha iniciado un programa turístico por la zona que incluye el recién dragado caño que conecta las aguas del río San Juan con la laguna de isla Portillos. No hay visos de que la tensión se reduzca aunque ninguno de los dos ve por ahora posibilidades de que haya un enfrentamiento armado.
Carlos Malamud
Investigador principal de América Latina, Real Instituto Elcano
Carlota García Encina
Real Instituto Elcano
