Tema: El nombramiento como candidato a la presidencia turca del ministro de Asuntos Exteriores, Abdulá Gül, perteneciente al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus iniciales en turco), partido que actualmente ostenta el poder y de carácter islamista moderado, ha sumido al país en una crisis política.
Resumen: Las elecciones presidenciales turcas han provocado una crisis política, poniendo de manifiesto la división cada vez mayor existente entre el establishment laico y el Gobierno islamista moderado liderado por el primer ministro Recep Tayip Erdogan. Tras una larga coexistencia con la sociedad islamista “paralela”, los laicistas temen que se destruya el equilibrio de poder existente entre ellos y los islamistas si el AKP llega a ocupar la presidencia. Las fuerzas armadas han reaccionado ante el nombramiento de Gül con una inequívoca amenaza de derrocar al Gobierno, demostrando así que el ejército sigue representando un papel principal en el escenario político turco. La idea es que el actual impasse político se supere en las elecciones generales convocadas para finales de julio. La crisis pone de relieve que, a pesar de la retórica democrática desplegada por Erdogan y su partido, amplios sectores de la opinión pública turca siguen desconfiando de la sinceridad de los principios democráticos de los islamistas. Estos últimos deben decidir ahora si, tras las elecciones generales, quieren seguir adelante con su candidato islamista a la presidencia, lo que reavivaría las tensiones, o si prefieren echarse atrás y tratar de encontrar un candidato de consenso.
Análisis
Laicistas e islamistas moderados: la oposición kemalista a un presidente del AKP
El tradicional establishment laico turco, representado por ciertos sectores de la burocracia y del poder judicial y respaldado por las fuerzas armadas, se enfrenta a un nuevo tipo de modernizadores políticos de orientación islámica. La gran división existente entre los laicistas y los islamistas moderados se ha venido haciendo cada vez más patente y ha sumido a Turquía en una grave crisis política. El parlamento debía haber elegido un nuevo presidente el 15 de mayo, y puesto que el AKP, islamista moderado, dispone de mayoría absoluta en el parlamento, cabían pocas dudas de que el puesto acabaría en manos de dicho partido. Tras la primera ronda de la votación celebrada en el parlamento el 27 de abril, el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus iniciales en turco), solicitó al Tribunal Constitucional que invalidara dicha votación por no haberse alcanzado el quórum parlamentario necesario en aquel momento. A medianoche de ese mismo día, las fuerzas armadas reaccionaron al nombramiento de un miembro del AKP como candidato a la presidencia de Turquía con una amenaza inequívoca de derrocar al Gobierno elegido democráticamente. Las fuerzas armadas se consideran a sí mismas las guardianas de las tradiciones seculares de la Turquía moderna y creen que la separación entre Estado y religión se vería amenazada con un presidente del entorno islámico. Un par de días después de la declaración de las fuerzas armadas, el Tribunal Constitucional aceptó el intento del principal partido de la oposición de bloquear las elecciones presidenciales y anuló la primera votación parlamentaria. Una vez anunciada la decisión del Tribunal, el parlamento decidió convocar elecciones generales para el 22 de julio, cuatro meses antes de lo previsto. El AKP ha repetido la votación presidencial, pero tras un nuevo fracaso provocado por el continuo boicot de la oposición, Gül anunció que se retiraba de las elecciones. Esto significa que el actual presidente, Ahmet Necdet Sezer, seguirá ocupando su puesto hasta después de las elecciones generales.
En la decisión de anular la votación presidencial, el Tribunal Constitucional se guió más por criterios políticos que jurídicos, puesto que anteriormente se habían elegido presidentes con la presencia de menos de dos tercios de los diputados en la primera ronda de votación. La necesidad de quórum para la elección de un presidente es una novedad introducida por el Tribunal que nunca antes había existido. Las consecuencias de la decisión del Tribunal para la democracia turca son muy significativas, ya que en el futuro cualquier boicot de unas elecciones presidenciales podría conducir a elecciones generales. El primer ministro Erdogan ha propuesto poner las elecciones presidenciales en manos de los ciudadanos, lo que haría más difícil que el establishment laico pudiera volver a bloquearlas. El principal partido de la oposición rechaza la propuesta, pero algunos partidos pequeños se muestran a favor y el AKP sólo necesita un puñado de votos para conseguir que se apruebe este proyecto de ley.
La anulación de las elecciones presidenciales pone de relieve la magnitud de la lucha entre el establishment laico de Turquía y la popularidad cada vez mayor de los partidos islámicos. Los laicistas turcos han desconfiado siempre de los orígenes islamistas del AKP. La simbólica llegada a la presidencia de un político de orígenes islamistas resulta difícil de digerir para los guardianes de la herencia secular de Kemal Atatürk. Las funciones políticas del presidente turco son fundamentalmente honoríficas, pero es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y nombra magistrados, puestos de la Administración y rectores universitarios. El presidente, elegido por un período de siete años, es el cargo más importante del país en lo que a defensa del secularismo y de la tradición republicana del país se refiere. Como firme defensor del orden laico tradicional, los laicistas turcos tienen en alta estima al actual presidente del país, Ahmet Necdet Sezer. Muchos turcos ven en Sezer un correctivo para el Gobierno islámico del AKP: en los dos últimos años, debido a la debilidad de la oposición, él ha encarnado la única resistencia visible a dicho partido. Si un miembro del AKP en el poder hubiese alcanzado la presidencia, los tres cargos más importantes del país (primer ministro, presidente y presidente del parlamento) habrían estado en manos del mismo partido. Más allá de una cuestión de ideología de Estado, la lucha gira también en torno al poder de una vieja guardia occidentalizada cimentada en el establishment y que se siente amenazada por las nuevas fuerzas rurales, religiosas y conservadoras del partido de Erdogan, cuyo poder económico, cada vez mayor, está provocando una transformación del carácter social del país.
La postura de las elites laicas se ve respaldada por una parte considerable de la sociedad civil turca, especialmente en las grandes ciudades. Los recientes acontecimientos políticos han hecho salir a la calle a cientos de miles de turcos laicos que temen que su estilo de vida se vaya a ver amenazado si el AKP llega a ocupar la presidencia. El 15 de abril, antes del nombramiento de Gül como candidato, cientos de miles de personas se manifestaron en Ankara ante la perspectiva de que el primer ministro se convirtiera en el nuevo presidente de Turquía. “No queremos a un imán de presidente. La República es laica y seguirá siendo laica” o “somos todos turcos, somos todos seguidores de Atatürk” fueron algunos de los lemas que se escucharon durante las manifestaciones. La sociedad civil turca cada vez hace oír más su voz ante el creciente papel del islam en el país. Los turcos liberales de orientación occidental quieren defender su estilo de vida ante cualquier indicio palpable de incipiente control religioso. Aun así, en cierta medida, cada vez mayor, tampoco quieren que el problema se solucione mediante la intervención de las fuerzas armadas. El 29 de abril, cerca de un millón de laicistas se manifestaron en Estambul al grito de “no a los golpes de Estado” y “no a la sharia”.
El papel del Islam en la sociedad turca
El conflicto religioso es uno de los principales problemas a que se enfrenta la sociedad turca actualmente. Durante el proceso de formación del Estado-nación, que comenzó en la década de 1920, la elite del nuevo Estado consideró necesario redefinir tanto el sistema político como la identidad turca. El islam fue reemplazado por otros ideales como el “turquismo”, la modernidad y el estatismo. El objetivo de los padres fundadores de la República era relegar la religión al ámbito privado. Tras la consolidación de la República de Turquía en 1923, el orden laico institucional no sólo era independiente de la religión, sino que además mostraba una actitud hostil hacia ésta. Y sin embargo, hasta el establecimiento de la República, el islam había sido un principio fundamental de la sociedad. Las reformas de Atatürk se llevaron a cabo desde las altas esferas y fueron impuestas a la población por un régimen unipartidista. A menudo se argumenta que el Estado turco obstaculizó la formación de la sociedad civil al centrarse en intereses nacionales a largo plazo a expensas de los intereses de cada una de las distintas facciones y que el kemalismo era un proyecto de modernización cuyo centro giraba en torno al Estado, represivo y marcado por las elites. El modo en que se creó el Estado turco explica algunas de las complejidades de la identidad turca moderna. En Turquía, la fuerte tradición estatal llevó a la creación de instituciones estatales con plena autonomía de la sociedad, como las fuerzas armadas, el Consejo de Seguridad Nacional, el Tribunal Constitucional y la administración pública, que desempeñan un papel dominante en el proceso de formulación de políticas.
La brusquedad y magnitud del distanciamiento de los principios religiosos durante los años de formación de la República de Turquía dieron lugar a una relación conflictiva entre la elite estatal y los segmentos religiosos de la población. A los segundos les costaba cada vez más permitir que una visión del mundo puramente secular dominase la vida pública. A partir de la década de 1970 el islam empezó a resurgir y a ganar visibilidad en la política turca. El Partido de Salvación Nacional (Milli Selamet Partisi o MSP, en turco), bajo el liderazgo de Necmettin Erbakan, logró un relativo éxito en las urnas en esa década y consiguió formar parte de sucesivos gobiernos de coalición con partidos tanto de izquierdas como de derechas. El Partido del Bienestar (Refah Partisi o RP, en turco) que estuvo presente en las décadas de 1980 y 1990, de nuevo bajo el liderazgo de Erbakan, realizó esfuerzos considerables por llevar a cabo una organización a nivel de base en las barriadas de las grandes ciudades y prestó asistencia social a los pobres, una medida que le otorgó la victoria en las elecciones municipales de 1994, en las que los candidatos del Partido del Bienestar consiguieron el gobierno en 28 municipios, incluidas las dos ciudades de mayor tamaño, Estambul y Ankara. La estrategia del partido le llevó posteriormente al poder con un gobierno de coalición tras las elecciones parlamentarias de 1995; Erbakan fue primer ministro entre 1996 y 1997. Al Partido del Bienestar le sucedió el Partido de la Virtud (Fazilet Partisi o FP, en turco), que se escindió posteriormente en el Partido de la Felicidad (Saadet Partisi o SP, en turco) y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (Adalet ve Kalkinma Partisi o AKP, en turco). Este último fue fundado por la joven generación reformista del Partido del Bienestar, encabezada por los actuales primer ministro (Erdogan) y ministro de Asuntos Exteriores (Abdulá Gül). Tras ser condenado a prisión por participación en actividades de agitación islamista, Erdogan se convirtió en un islamista laico y moderado. En su programa político de 2002, los jóvenes líderes del nuevo AKP manifestaron el compromiso de su partido con la consolidación de la democracia liberal en Turquía. Parecen haber aprendido la lección y extraído las conclusiones de la experiencia del Partido del Bienestar. Dado el pasado político de los actuales líderes del AKP, resulta comprensible, sin embargo, que los laicistas se muestren recelosos.
El debate sobre el papel de la religión en Turquía se ha endurecido recientemente. La posibilidad de que un antiguo islamista (que ha moderado sus opiniones considerablemente) pueda concurrir a las elecciones presidenciales ha hecho que cunda el pánico entre los laicistas. El 13 de abril, el actual presidente, Ahmet Necdet Sezer, pronunció su último discurso ante un público militar en Estambul, advirtiendo de que el sistema secular del país se enfrentaba al mayor peligro experimentado desde la fundación de la República.
El Gobierno del AKP desde 2002: islamismo, pero inocuo para el marco democrático
Tradicionalmente, el islamismo turco ha estado caracterizado, y legitimado, por un fuerte sentimiento antioccidental. A finales de la década de 1990, sin embargo, los partidos prooccidentales se dieron cuenta de que necesitaban a Occidente y sus valores de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho para hacer frente al núcleo kemalista. Adquirieron su legitimidad adoptando ese nuevo discurso y empezaron a plantar cara a la elite secularista. El AKP gobernante aceptó la separación de los asuntos religiosos y políticos y se ha valido tanto de los derechos humanos como del deseo de pertenencia a la UE para tratar de conseguir una legitimación de su sistema. El sistema jurídico universal de Occidente, basado en la protección de los derechos del individuo, era el único modo de proteger los derechos sociales, políticos y económicos de los musulmanes.
Aunque el primer ministro Erdogan ha tratado de aplicar algunas medidas de tinte islámico en los últimos años, en general no ha interferido en la orientación secular y prooccidental de Turquía. Es más, el Gobierno del AKP ha sido el más estable de los últimos tiempos. Las reformas aprobadas por el Gobierno de Erdogan aseguraron el inicio de las negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE en octubre de 2005. La economía marcha bien, con un crecimiento anual situado en el 5% o por encima de esta cifra. A instancias de la UE, el Gobierno del AKP ha reducido el poder de las fuerzas armadas, tomado medidas drásticas en materia de tortura y concedido más derechos a las minorías. La consecuencia general de estas reformas ha sido un progreso hacia una Turquía más abierta y democrática.
Aun así, en cuatro años y medio de gobierno, el AKP ha dado muchos pasos en la dirección del islamismo. Ha tratado de suavizar las restricciones al uso del hiyab en las universidades turcas, de tipificar el adulterio como delito, de ampliar la educación musulmana, de aumentar las oportunidades para quienes se gradúan por las escuelas religiosas imam hatip de formación de clérigos, de limitar la venta de bebidas alcohólicas y de colocar a musulmanes devotos en cargos clave de la Administración, especialmente a un antiguo banquero islámico al frente del Banco Central de Turquía. Hasta la fecha, la mayoría de esos intentos han fracasado gracias a la resistencia del presidente Ahmet Necdet Sezer, los magistrados y los militares. El ejército, los rectores de las universidades y los magistrados se han erigido a sí mismos, en los últimos años, en protectores de la República secular. Lo que temen es que si un político del AKP llegara a asumir el cargo de presidente el islamismo pudiera infiltrarse en la sociedad turca. Quienes se oponen a Erdogan y a sus seguidores apuntan a estos intentos como prueba de que los islamistas, aparentemente moderados, aún no han revelado sus verdaderas intenciones.
Una declaración a media noche de las fuerzas armadas, cuyo poder, supuestamente, estaba en descenso
El 28 de abril de 2007, los militares turcos emitieron una dura advertencia al Gobierno, anunciando que intervendrían si el AKP se apartaba demasiado del Estado secular. En teoría, las reformas constitucionales han reducido el margen de intervención política del ejército, pero los aliados de éste siguen controlando partes de la Administración y del poder judicial y aún tienen capacidad para movilizar a muchos seguidores. A pesar de la limitación de su poder en virtud del acercamiento de Turquía a la UE en los últimos años, las consecuencias de la declaración de los militares han puesto de manifiesto que las fuerzas armadas siguen teniendo un poder decisivo en el país.
Los militares, autoproclamados “guardianes” del Estado secular y unitario, están en la paradójica situación de “salvaguardar” la democracia pero al mismo tiempo suponer un importante obstáculo para una mayor democratización de Turquía. Han obligado al islam político a moderar sus objetivos pero también han impedido la ampliación de los derechos y las libertades. Según lo dispuesto en la Constitución de 1982, los militares tienen la facultad de intervenir si consideran que están en peligro intereses vitales de la ideología kemalista. Tras los golpes de Estado de 1960 y 1980, el ejército turco cedió el poder a Gobiernos elegidos democráticamente con relativa rapidez. Aun así, cada vez que abandonó el poder, se aseguró su papel de guardián del Estado turco. Uno de los últimos ejemplos de intervención militar tuvo lugar en 1997, cuando la coalición formada por el Partido del Bienestar, proislámico, y el Partido de la Recta Vía (Dogru Yol Partisi o DYP, en turco) fracasó tras el golpe de Estado militar “blando” (o “posmoderno”) del 28 de febrero de 1997. Desde finales de la década de 1990, los militares se han mantenido en un segundo plano de la escena política, conscientes de los problemas de gobernar directamente un país que se ha vuelto social, política y económicamente complejo. La respuesta militar a los desafíos religiosos en Turquía es compleja y no puede clasificarse sencillamente como antimusulmana. Existen elementos religiosos conservadores en todos los partidos políticos; la oposición sólo surge cuando se percibe una amenaza para la naturaleza estatal establecida. El propio ejército ha apoyado en el pasado la educación islámica. La mayor amenaza percibida tras el golpe militar de 1980 era el socialismo radical, motivo por el cual el Gobierno militar hizo obligatoria la enseñanza del islam en las escuelas. El objetivo del ejército es defender el Estado en su forma actual, y las amenazas que pueden percibirse con respecto al mismo pueden variar con el paso del tiempo. Incluso hoy en día, el laicismo y el nacionalismo (definidos en el programa originario de Atatürk) pueden considerarse la base de la identidad del ejército.
Los militares consideran que un presidente del AKP sería un instrumento para erosionar su poder una vez que abandonara su cargo el dócil Sezer, ya que con poder para nombrar al jefe del ejército, a los magistrados y a los rectores de las universidades de Turquía, un presidente del AKP podría haber alterado enormemente la distribución del poder entre el Gobierno islamista y el establishment laico y militar. Sin embargo, debido al cada vez mayor cambio de los valores en favor de la democratización de la cultura política turca, los militares no habrían podido reaccionar de forma más radical a como lo hicieron. Aun cuando las fuerzas armadas perciban actualmente un “peligro islámico”, un golpe de Estado clásico resulta improbable; su amenaza verbal a un presidente con antecedentes islámicos muestra que los generales han tenido que refinar sus instrumentos políticos. Dicho esto, el hecho de que una amenaza verbal haya bastado para bloquear la elección de un presidente viene a confirmar que el papel del ejército sigue siendo considerable. Puede que ya hayan quedado atrás los días de los golpes de Estado clásicos, pero aun así, el ejército sigue siendo capaz de continuar con su retórica contraria al Gobierno y eludir actos presidenciales o reuniones del Consejo de Seguridad Nacional. El futuro papel del ejército en el marco político turco se apreciará mejor según vaya transcurriendo este año. Las fuerzas armadas dispondrían de una oportunidad de conservar una posición de poder, siempre que se mantuvieran dentro del marco legal, si el AKP no consiguiera una mayoría absoluta en las próximas elecciones parlamentarias, algo que por otro lado resulta poco probable.
Conclusiones: Las elecciones presidenciales se han convertido en un pulso entre los laicistas y los islamistas moderados e incluso han supuesto una provocación para las fuerzas armadas. La decisión del primer ministro de nombrar a un compañero leal del AKP como candidato a la presidencia ha hecho estallar las tensiones culturales del país. Los laicistas turcos consideran una amenaza que la presidencia sea ocupada por alguien con antecedentes en el movimiento islámico político. El primer ministro Erdogan podría haber evitado la actual crisis de haber elegido a alguien de fuera de su partido. Dado el pánico que genera en Turquía cualquier vínculo religioso con la política, el AKP debería haber invertido más esfuerzos en tranquilizar a los turcos y haber evitado así la actual crisis. El AKP no ha conseguido, en cuatro años y medio, disipar las sospechas del establishment laico. Ha tratado las elecciones presidenciales como una cuestión de partido y no ha hecho todo lo que estuviese en su mano por evitar una polarización. Dado el reparto de poder en el país, en el que el AKP controla el Gobierno y los kemalistas las fuerzas armadas, el poder judicial y parte de la Administración, habría sido más inteligente por parte del AKP tratar de llegar a un acuerdo o consenso con “el bando contrario”. El Gobierno podía haberse esforzado más por subrayar que no hay motivos para temer una infiltración del islamismo en el país. Erdogan no ha conseguido tender un puente entre la parte secular y la religiosa de la sociedad turca y ha infravalorado la profundidad de las preocupaciones seculares.
Las tensiones políticas experimentadas en Turquía no se han visto disipadas por el aplazamiento de las elecciones presidenciales y la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 22 de julio. Las próximas elecciones generales provocarán una polarización aún mayor y darán lugar al verdadero enfrentamiento con los generales si el AKP obtiene en ellas una mayoría absoluta. Durante la campaña electoral, ambos bandos reivindicarán su legitimidad: el AKP se presentará a sí mismo como el único partido democrático del país y víctima del intervencionismo militar y la oposición, el Partido Republicano del Pueblo, en el mismo bando ideológico que los militares, seguirá invocando el peligro de que la religión se adentre en el escenario político. Si obtuviera otra aplastante mayoría, Erdogan podría optar por seguir manteniendo a Gül como candidato a la presidencia. Sin embargo, la mayoría de los observadores opinan que Gül no volverá a ser nombrado candidato, aunque el AKP obtenga mayoría absoluta, ya que en ese caso el ejército podría verse obligado a intervenir de nuevo. El que el AKP obtenga una mayoría absoluta (como en las últimas elecciones) dependerá de cuántos partidos alcancen la barrera del 10% necesaria para acceder al parlamento. En las últimas elecciones generales de 2002, el 45% de los votos fue a parar a partidos que no consiguieron llegar a ese umbral. Como resultado, aunque el AKP sólo había recibido el 35% de los votos, recibió finalmente el 66% de los escaños. Una fusión recientemente pactada entre diversos partidos de la oposición podría representar una seria amenaza para el objetivo del AKP de lograr una nueva mayoría absoluta.
Aunque el AKP, de tintes islámicos, controlase las dos instituciones más importantes de Turquía, la amenaza para la democracia turca sería limitada. Los sondeos de opinión muestran que Turquía se está convirtiendo en un país cada vez más religioso, pero que también se opone cada vez en mayor medida a un Estado islámico. Las consignas escuchadas en las recientes manifestaciones (“Ni golpe de Estado ni sharia”) demuestran que Turquía ha dejado de ser objeto de la clásica confrontación entre el laicismo de los estratos superiores y el fundamentalismo religioso de los inferiores. Una notable vuelta a las dictaduras militares o una nueva radicalización de las fuerzas religiosas resultan menos probables de lo que podría parecer. En los últimos años, Turquía ha empezado a experimentar un proceso fundamental de modernización y esto está imprimiendo una enorme presión a ambos bandos para que se muevan hacia el cambio.
Deniz Devrim
Analista en el Proyecto CIDEL (Ciudadanía y Legitimidad Democrática en la Unión Europea), financiado por el V Programa Marco de la UE. En la actualidad trabaja para el Comité de las Regiones de la Unión Europea