Tema: Las Fuerzas Armadas y su Gobierno interino han recurrido a la represión violenta para sofocar la revuelta islamista encabezada por los partidarios del depuesto presidente Morsi y evitar que vuelvan a tener la opción de gobernar Egipto.
Resumen: La gestión de gobierno llevada a cabo desde la Presidencia por el islamista Mohamed Morsi y la labor legislativa impulsada desde el Parlamento por el Partido Libertad y Justicia (PLJ) –brazo político de los Hermanos Musulmanes– desencadenaron una segunda revuelta popular en Egipto a finales del mes de junio de 2013 que, a su vez, coadyuvó al golpe militar del 3 de julio siguiente. A pesar de las recomendaciones en contra por parte de la comunidad internacional, las Fuerzas Armadas –apoyadas en el Gobierno interino que ellas mismas habían designado– optaron por una estrategia altamente represiva y violenta, con el objetivo de devolver a los Hermanos Musulmanes a la clandestinidad y de condenarlos al ostracismo político.
El desalojo violento de las acampadas y el empleo de munición letal durante los tres días posteriores han causado más de un millar de muertos y unos 4.000 heridos. El estado de emergencia y las detenciones masivas de los dirigentes y cuadros intermedios de los Hermanos Musulmanes parece que han evitado la escalada hacia una guerra civil a costa de limitar los derechos fundamentales, las libertades públicas y el derecho a la información. Este ARI estudia cuáles han sido las estrategias violentas aplicadas tanto por el Estado como por los Hermanos Musulmanes, la posición de los principales actores políticos y sociales ante la espiral de violencia y las consecuencias para el nuevo proceso de transición que se inicia.
Análisis: El régimen autocrático de Hosni Mubarak fue uno de los primeros en caer sacudidos por las revueltas de las sociedades árabes a partir de 2011. Su caída no conllevó la del aparato del Estado que le había mantenido en el poder durante 30 años, pero sí el acceso a la Presidencia del candidato islamista Mohamed Morsi –aunque fuera por la mínima– y el control del poder legislativo por el Partido Libertad y Justicia (PLJ) de los Hermanos Musulmanes. Aunque en un primer momento, el “aparato” del Estado pareció aceptar el cambio de gobierno dictado por las urnas, poco a poco se fue distanciando de él a medida que emergía una nueva ola de movilizaciones. La revuelta contra el Ejecutivo y Legislativo islamistas se consolidó a partir de la reforma constitucional impulsada por Morsi en noviembre de 2012 y acabó con la intervención militar y civil del 3 de julio de 2013 que depuso al Gobierno.
Al malestar general provocado por la forma aparentemente sectaria de gobernar y de legislar de Morsi y del PLJ –en su afán por islamizar la sociedad– se unió su mala gestión económica y financiera. En los días previos a su derrocamiento, el crecimiento había bajado hasta el 2% del PIB, el desempleo afectaba al 14% de la población activa, según las cifras oficiales –siempre generosas– del Ministerio de Empleo y, sobre todo, un déficit público que crecía a razón de unos 2.000 millones de euros al mes. Una situación insostenible que países hostiles a la Hermandad Musulmana como son Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait ayudaron a empeorar reduciendo sus aportes energéticos y provocando desabastecimientos en el suministro de hidrocarburos y de electricidad que acabaron pesando en el debe del Gobierno islamista.
La irrupción en escena del movimiento Tamarod (rebelión) y la recogida masiva de firmas de apoyo a su manifiesto en contra del Gobierno –a la que contribuyeron otros grupos emergentes como el Movimiento 6 de Abril– coadyuvaron a que las Fuerzas Armadas se sintieran lo suficientemente legitimadas y amparadas para tomar el poder. Y no sólo para derrocar al Gobierno legítimo y poner en su lugar un Gobierno interino designado a dedo por los propios militares en nombre de la democracia, sino para acabar policial y judicialmente con cualquier oposición, pacífica o violenta, que los Hermanos Musulmanes pudieran presentar a su “hoja de ruta” que incluye la reforma de la Constitución y la celebración de elecciones legislativas y presidenciales a principios de 2014.
Los desalojos de las acampadas de Rabaa y Nahda
Entre los islamistas, el derrocamiento de Morsi dio paso a la creación de la “Alianza nacional por la legitimidad y contra el golpe”, a modo de plataforma que reunía a los Hermanos Musulmanes junto con otras corrientes menores que no comulgaban con Morsi pero estaban en contra de la militarización del sistema político. Así como las fuerzas nacionalistas habían tomado previamente el control de la emblemática plaza de Tahrir –principal símbolo de la revolución de 2011–, éstas decidieron hacer lo propio acampando en plaza de Rabaa Al Adawiya en Nasr City –la más multitudinaria- junto a otra menor en la plaza de Nahda del barrio de Giza–.
Desde el primer momento, el Gobierno interino advirtió que desalojaría las acampadas islamistas en algún momento, incluso por la fuerza, aunque la coincidencia con el Ramadán y las peticiones internacionales hicieron que no cumpliera sus amenazas (tanto EEUU como la UE, por razones humanitarias, como Turquía y Qatar por razones políticas, trataron de evitar el derramamiento de sangre). El impasse posibilitó que las acampadas se convirtieran en auténticos happenings islamistas, atrayendo a decenas de miles de personas procedentes de todo el país y dotándoles de una gran cohesión de grupo, al ayunar, dormir, rezar, leer el Corán y romper el ayuno todos juntos durante el mes de Ramadán. Pero también al celebrar mítines políticos cada noche, llamando a la abolición del renovado régimen militar, al cese del ministro de Defensa y principal artífice del golpe, el general Abdel Fatah El Sisi, y a la restauración de Morsi, al que definían como el presidente legítimo.
Antes de reprimir la revuelta, el Gobierno interino de las Fuerzas Armadas difundió todo tipo de rumores sobre supuestas ejecuciones sumarias de ciudadanos inocentes por parte del personal de seguridad de las acampadas –algunas de las cuales fueron documentadas por las organizaciones de derechos humanos– y la presunta posesión de armas de fuego e incluso agentes químicos, tales como gases sarín y mostaza –que nunca se llegaron a verificar–. Esta estrategia de criminalización iba encaminada a legitimar el uso de la fuerza ante la sociedad egipcia y ante la comunidad internacional. En la madrugada del 14 de agosto de 2013, la Policía recibió la orden de asalto que ejecutó con un uso excesivo y desproporcionado de la fuera contra quienes permanecieron en los campamentos (sí que dejaron salir a todos aquellos que lo desearon tras las correspondientes llamadas de advertencia).
Las imágenes de video y fotografías del asalto difundidas por los medios de comunicación afines al Gobierno interino demuestran la presencia de algunos individuos armados con pistolas y con fusiles de asalto kalashnikov en las acampadas y cajas llenas de cocteles molotov y todo tipo de artefactos artesanales. Pero ninguna evidencia de los agentes químicos, lanzagranadas o ametralladoras pesadas que habían denunciado las Fuerzas Centrales de Seguridad. Aún así, éstas no utilizaron los cañones de agua a presión como habían dicho que harían durante los días previos, sino tanquetas y vehículos blindados, a modo de elementos de protección de las unidades antidisturbios que progresaban por tierra bajo el fuego de cobertura de numerosos francotiradores policiales. Esto, unido al uso masivo de gases lacrimógenos y al incendio sistemático de las tiendas que los agentes encontraban a su paso, condujo al trágico balance final: más de 600 muertos como consecuencia del desalojo forzoso de la acampada de Rabaa y casi 400 más durante las 72 horas posteriores.
Los Hermanos Musulmanes descartaron las ofertas previas de evacuación de las plazas de forma pacífica, algo que hubiera evitado la tragedia humana y su posterior persecución policial y judicial. Prefirieron buscar la confrontación con el Estado, quizá con la esperanza de que un alto número de víctimas civiles provocara una intervención internacional o la deslegitimación del nuevo Gobierno y de las Fuerzas Armadas que lo sustentaban. Esta estrategia se convirtió en un error de cálculo tanto por la indiferencia de la comunidad internacional –salvo las excepciones de indignación política de Turquía y Catar, y las protestas oficiales de los países escandinavos– como por el hecho de que casi el 70% de los egipcios apoyaron el desalojo violento de las acampadas, tal como mostraban los sondeos de opinión locales.
Los Hermanos Musulmanes apostaron a doble o nada en su pulso al Estado y decidieron convocar una semana de movilizaciones masivas e incrementar los disturbios callejeros. La escalada de tensión resultó contraproducente para los intereses islamistas, ya que el Gobierno optó por la represión ilimitada: instauró el estado de emergencia para un período de un mes –limitando así los derechos de reunión y de manifestación, además de otorgando poderes especiales al Ejército– y decretó el uso de munición real para dispersar las manifestaciones. Así, la brutal represión de las marchas convocadas durante los tres días inmediatamente posteriores –en que policías con pasamontañas dispararon a matar a manifestantes que en su inmensa mayoría sólo lanzaban piedras– hizo que el número de víctimas mortales superara el millar. Entre ellas, también se encontraban un centenar de soldados y de policías, aunque más de la mitad de éstos murieron en el transcurso de operaciones militares en la Península del Sinaí contra los grupos yihadistas y contrabandistas.
La represión también afectó a medios de comunicación que cubrían las manifestaciones. Los desalojos de las acampadas de Rabaa y Nahda se cobraron la vida de tres periodistas, entre ellos un operador de cámara británico de la cadena Sky News. A los pocos días un jefe local del diario Al Ahram –que pertenece al grupo de comunicación más fuerte del país– fallecía tras ser tiroteado cuando aparentemente intentó saltarse un control militar durante el toque de queda nocturno. A partir de ahí el Gobierno interino dio orden de ejercer un control total sobre los medios, especialmente los extranjeros. La cobertura del sitio a la mezquita de Al Fatah –en la que se habían atrincherado cientos de islamistas por miedo a ser linchados por la turba del mercado de Ramsés– se saldó con las detenciones arbitrarias de numerosos periodistas foráneos, que pasaron varias horas retenidos en los furgones de la Policía. Además, a partir del día 14 de agosto el Ministerio de Información prolongó indefinidamente los procedimientos de expedición de carnés de prensa, obligando a los periodistas a trabajar sin acreditación oficial y, por lo tanto, bajo su propia responsabilidad.
El Gobierno interino no tardó en asociar a los islamistas que tiraban piedras y cócteles molotov en las ciudades con los yihadistas que disparaban y empleaban artefactos explosivos contra las Fuerzas de Seguridad en el Sinaí, presentando a unos y a otros como caras de una misma moneda a las que había que combatir con la fuerza que fuera necesaria. Desde entonces, el lema de “Egipto luchando contra el terrorismo” apareció superpuesto en la esquina superior izquierda de los principales canales de televisión egipcios justificando el uso excesivo de la fuerza armada durante las 72 horas posteriores al desalojo de las acampadas.
Aunque el Gobierno interino no ha llegado a ilegalizar formalmente a los Hermanos Musulmanes, ha optado por poner en marcha una campaña de arrestos, tanto de sus dirigentes como de sus cuadros intermedios e, incluso, de militantes de base que ha obligado a muchos a esconderse. Detenciones como la del guía espiritual Mohammed Badía han provocado también enfrentamientos internos por el control de la organización (inicialmente se anunció su sucesión por Mahmoud Ezzat –el representante del ala dura de la Hermandad– para desmentirse a las pocas horas). Como resultado, las movilizaciones han pasado a coordinarse peor, son menos numerosas, reúnen a menos asistentes y tienen recorridos más cortos debido al despliegue masivo de efectivos militares y policiales en las principales plazas y avenidas de las ciudades. La puntilla final a la resistencia fue el fallecimiento de 37 miembros de los Hermanos Musulmanes mientras eran trasladados bajo custodia policial a una penitenciaría de las afueras de El Cairo en un furgón policial. Según un comunicado del Ministerio del Interior, murieron por asfixia tras inhalar los gases lacrimógenos que se arrojaron para evitar que redujeran a un agente. Una explicación que se puso en duda por las organizaciones de derechos humanos y por la portavoz del Departamento de Estado de los EEUU, mientras que otras versiones atribuyeron la autoría a una acción premeditada de la Policía en represalia por un intento previo de fuga (la comisión del Colegio de Abogados egipcio que tuvo acceso a los cadáveres aseguró que algunos de ellos presentaban quemaduras, especulando que podrían haber sido quemados vivos). Cualquiera que fuera la causa real, lo ocurrido acabó de sembrar el miedo entre los dirigentes islamistas detenidos –se conociera o no su paradero– y por detener.
Posiciones de los principales actores ante la espiral violencia
Los principales beneficiarios de la escalada de la violencia han sido las Fuerzas Armadas, que han recuperado el prestigio perdido mientras se mantuvo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en el poder (todavía se pueden ver algunas pintadas en los murales de la plaza Tahrir contra el gobierno militar). Según todas las encuestas de opinión, tanto hechas desde organismos oficiales como desde centros demoscópicos independientes, son la institución mejor valorada dentro del Estado y el general Abdel Fatah El Sisi, ministro de Defensa y principal artífice del golpe del 3 de julio, ha pasado a ser un nuevo objeto de culto (sus fotografías aparecen constantemente junto a los retratos de Gamal Abdel Nasser y, en ocasiones, también junto a los de Anwar Sadat).
Las acciones represivas llevadas a cabo por el Ejército y la Policía han contado con el apoyo decidido del Gobierno interino –que a fin de cuentas había sido nombrado por los propios militares– salvo con contadas excepciones como la dimisión del vicepresidente para Asuntos Internacionales, Mohamed El Baradei. Si acaso, hacer notar el reparto de papeles: el duro del primer ministro Hazem El Beblawi, que niega cualquier posibilidad de reconciliación con aquellos que “han apuntado sus armas contra el Estado”, y el blando del vice-primer ministro Ziad Bahaa El Din, que ha pedido la supresión del estado de emergencia y la restauración de los derechos y libertades (ambos son miembros del mismo Partido Socialdemócrata –PSD–).
Las discrepancias interpartidistas también surgieron en el seno del Frente de Salvación Nacional, enfrentando al PSD con el liberal Al Dostour, después de que el secretario general de este último, Mohamed El Baredei, presentara su dimisión y que la Fiscalía General del Estado presentara cargos contra él por “traicionar la confianza de la nación”. Así como la figura del Premio Nobel de la Paz de 2005 resultaba fundamental a la hora de articular la oposición para doblegar el Gobierno de Morsi –sobre todo en su dimensión internacional–, su encausamiento posterior obligó a cerrar filas y suprimir las discrepancias para no sufrir la misma persecución judicial. Quizá por esta razón, aunque protestaron por el trato recibido por El Baradei, el resto de ministros del Gobierno interino afiliados a Al Dostour han permanecido en sus cargos.
Tras liderar las movilizaciones que derribaron al Gobierno Morsi, el movimiento Tamarod mostró públicamente su apoyo a la represión contra los Hermanos Musulmanes. También apoyó la creación de comités de autodefensa en los barrios que podían ser objetivo de los islamistas violentos (algunos de éstos han atacado a iglesias, comisarías pequeñas y edificios gubernamentales, poco protegidos al no poder luchar contra las fuerzas de seguridad). Como resultado, grupos de civiles armados en su mayor parte con bates de beisbol y palos –aunque en ocasiones con kalashnikov– han creado sus propias barricadas en las plazas de barrios cairotas como el de Mohandisin y establecido sus propios controles en los principales puentes sobre el Nilo. Paradójicamente, el movimiento acusa al depuesto Morsi de la excarcelación de Mubarak por no haber procedido contra él de forma inmediata tras asumir la Presidencia –en julio de 2012–, posibilitando que la defensa apelara las sentencias en su contra y lograra reabrir los juicios.
Cercano a los planteamientos de Tamarod, con quien actuó desarrollando una unidad de acción, primero contra Mubarak y después contra Morsi, el Movimiento 6 de Abril se ha dividido frente a la represión. Aunque participó activamente en el derrocamiento del Gobierno islamista y apoyó al Ejército como única alternativa viable para la eventual obtención de los objetivos de la revolución de 2011 –libertad, justicia social y dignidad–ha rechazado el uso indiscriminado de la violencia y, sobre todo, los llamamientos a eliminar al bando contrario. El Movimiento 6 de Abril aboga por una “tercera vía” que sea capaz de superar la dicotomía entre nacionalistas e islamistas, especialmente por la demonización mutua entre unos y otros. De este modelo de transición inclusivo en el que tendrían cabida todas las fuerzas políticas, incluidos los Hermanos Musulmanes, sólo se excluiría al extinto PND de Mubarak (el 6 de Abril es uno de los pocos que ha condenado públicamente la excarcelación de Mubarak, al considerarla parte de un proceso de involución hacia la autocracia).
De entre todas las fuerzas políticas, quizá el caso más interesante sea el del partido salafista Al Nour, cuyo sustento resultó clave a la hora de derrocar a Morsi pues añadía un componente extra de legitimidad al tratarse de un partido salafista. Aunque no mostraron un apoyo explícito al desalojo violento de las acampadas y la represión posterior, tampoco las condenaron. Su posición depende de si la futura Constitución recoge o no el islam como la religión oficial del Estado y la sharía como su fuente primaria de legislación y jurisprudencia. Si la Comisión formada por 50 representantes de los diferentes poderes del Estado y sectores de la sociedad revocara esos principios, los salafistas dejarían de prestar su apoyo para quizá verse perseguidos judicialmente, al igual que le ha ocurrido a El Baradei.
En términos generales el ciudadano medio estuvo de acuerdo con la represión de las acampadas islamistas. Según un sondeo del Centro Egipcio de Investigación Demoscópica Baseera entre los días 19 y 21 de agosto, el 67% de los encuestados se mostraron a favor de los desalojos, mientras que el 24% se mostraba en desacuerdo y el restante 9% se mostraba indeciso. Según el mismo sondeo, el 65% de los encuestados consideró que el uso de la fuerza no fue desproporcionado, mientras que el 23% lo consideró excesivo. En este sentido, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación locales ayudaron a polarizar mucho a la opinión pública al presentar un universo totalmente maniqueo, fuera en favor de uno u otro lado, presentado a los islamistas como terroristas o a los militares como criminales de guerra.
Conclusiones
¿Quo vadis, Egipto?
Es difícil prever que depara el futuro inmediato de Egipto, aunque 10 días después parece que no evolucionará hacia una guerra civil mientras se mantengan las condiciones actuales. En primer lugar, porque la campaña de represión violenta de las acampadas y de las movilizaciones subsiguientes, así como la persecución policial y judicial de los Hermanos Musulmanes, han resultado altamente eficaces. En segundo lugar, porque incluso si el PLJ concurre a las urnas, su apoyo electoral se verá mermado por el desgobierno de Morsi. Finalmente, tanta revuelta ha hecho que los ciudadanos egipcios deseen retornar a la normalidad cuanto antes para que la economía funcione, el turismo vuelva, se recobre la seguridad y se acaben los toques de queda.
Una vez el país retorne a la estabilidad política y social, el mayor reto inmediato será sin duda el de crecer, crear empleo y distribuir la prosperidad económica. Estos dos años y medio de turbulencias no sólo han destruido muchos puestos de trabajo sino que han hecho aumentar los índices de criminalidad, sobre todo en El Cairo (paradójicamente, la inseguridad ciudadana ha crecido más durante la aplicación temporal del toque de queda debido a que la Policía se concentra en otros objetivos). Tampoco se sienten seguras las minorías religiosas, especialmente la copta (el apoyo explícito del patriarca Tawadros II a la intervención de las fuerzas armadas y su apoyo al Gobierno interino le han colocado en el punto de mira de la violencia islamista).
Han pasado los días en que el general El Sisi decía que “todos tenían cabida en Egipto” y todo apunta a que seguirá el acoso policial y judicial a la Hermandad hasta llevarla a la clandestinidad. Como ha repetido el primer ministro Hazem El Beblawi, se van a tomar todas las medidas legales y políticas para hacerlo e impedir el concurso de los Hermanos Musulmanes en las próximas elecciones empezando por prohibir la existencia de partidos religiosos en la nueva Constitución, estableciendo una estricta separación entre Estado e islam. Es probable que la clandestinidad haga aumentar el nivel de radicalización de los Hermanos Musulmanes, alimentada a su vez por el martirologio del millar de muertos acumulados durante el desalojo de las acampadas el 14 de agosto y los tres días posteriores. Incluso podrían optar por perpetrar atentados terroristas en la misma línea que en su momento hizo la Gamaa Islamiya, aunque esta deriva les supondría un coste mayor todavía en términos de represión policial y judicial desde los aparatos del Estado, por lo que no parece factible a corto plazo. En cualquier caso habrá que esperar a conocer el contenido de las sentencias de los juicios a los principales dirigentes de la organización, que han quedado pospuestos para el próximo 29 de octubre.
Lo que también parece probable es que busquen alianzas con los grupos de yihadistas y de beduinos contrabandistas que durante el año de gestión de Morsi camparon a sus anchas por la Península del Sinaí. Ahora, el Gobierno interino se ha lanzado contra ellos y ha sellado la inmensa mayoría de los túneles que abastecían de armamento, munición y explosivos a las milicias palestinas de la Franja de Gaza (además de los alimentos, combustible y materiales de construcción que ahora tendrán que importar desde Egipto por la terminal de Kerem Shalom).
La revuelta egipcia de enero de 2011 tuvo una réplica en junio de 2013 que abre paso a una nueva transición en la que todas las opciones permaneces abiertas. O casi todas, porque el Gobierno interino está decidido a evitar cualquier revuelta o presencia islamista a corto plazo. Los revolucionarios puros, los que estuvieron contra los gobiernos de Mubarak y de Morsi seguirán reclamando la aplicación de su ideario de libertad, justicia social y dignidad, pero una vez más, serán las fuerzas fácticas y el aparato del Estado los que decidan los objetivos y las formas de sacar el país adelante. Si no lo consiguen tendrán que comenzar otra revuelta, pero esta vez no tendrán como compañeros de acampada a los movimientos islamistas, diezmados por la represión, ni a quienes lucharon con ellos por derribar a Mubarak y ahora le ven en libertad gracias al aparato del Estado.
Julio de la Guardia
Periodista y analista político residente en Jerusalén y que ha seguido desde El Cairo las revueltas de agosto que se analizan en este ARI
