Resumen
Después de semanas de hacer ignorado la posibilidad de que el COVID-19 se propagara por EEUU, el gobierno estadounidense se prepara por fin para hacer frente a una emergencia nacional. La estructura federal da a los estados las competencias en seguridad y salud, que implementan y gestionan, mientras que el gobierno federal les da el apoyo financiero y las directrices. Lo que sí ha descartado Washington es liderar cualquier esfuerzo internacional para atajar la propagación del nuevo virus y hacer frente a las consecuencias. Políticamente también están surgiendo las primeras consecuencias, con los demócratas que han visto trastocadas sus primarias, mientras que Trump busca garantizarse su reelección a pesar de la crisis.
Análisis
Han pasado seis semanas desde que acabó el juicio del impeachment contra Donald Trump y casi ocho desde el primer caso de COVID-19 en EEUU. La absolución del presidente, gracias a la mayoría republicana en el Senado, le otorgó de una forma tácita poder más que suficiente como para seguir actuando como había hecho hasta entonces. Durante las semanas posteriores al juico político, atacó a jueces y fiscales por condenar a su amigo y ex asesor Roger Stone; echó al embajador estadounidense en la UE y al director para Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional; obligó a otros a renunciar a sus puestos por haber colaborado en la investigación del impeachment; y echó al director en funciones de Inteligencia Nacional por avisar de los esfuerzos de Rusia para interferir en las elecciones del 2020. Mientras, el coronavirus se expandía por Asia y Europa y también por EEUU, pero Trump parecía desconectado de una crisis global que empezaba a tener forma.
Extrañaba su prudente actitud inicial dada su reconocida fobia a los gérmenes. Todo respondía a una estrategia política que prefería ignorar la información y los consejos de los expertos para evitar cualquier molestia a los mercados. Una estrategia con la que tampoco se quería incordiar a China, con la que Washington acababa de alcanzar un acuerdo comercial, llamando demasiado la atención sobre el virus o sobre sus errores de gestión. Además, su propia reelección también quería cuidarla. Creó, eso sí, un Cuerpo Especial para el Coronavirus con el objetivo inicial de informar y hacer un seguimiento del brote en China, con quien afirmaba que estaba trabajando muy de cerca. De hecho, el gobierno estadounidense envió varias cajas con ayuda al país asiático y prometió 100 millones de dólares de ayuda a China y demás países afectados. Mientras, preparaba nuevas evacuaciones de ciudadanos estadounidenses desde Wuhan.
Donald Trump presionó a sus propios funcionarios para que quitaran hierro al asunto y algunos incluso advirtieron de la oportunidad que se abría para la economía estadounidense porque la crisis desencadenada en China podría traer de vuelta algunos empleos. Prefirió, además, dejar varado un crucero frente a la costa de California en vez de desembarcar a los pasajeros y tratarlos, para que los infectados no computaran en la casilla de EEUU. Afirmaba una y otra vez que el virus estaba bajo control y que cualquier idea contraria era un “bulo” de los Demócratas, que comenzaban a criticar su gestión frente a la expansión del COVID-19. Había pasado ya un mes desde que el nuevo virus llegara a EEUU, pero el riesgo, según la Casa Blanca, seguía siendo mínimo para los estadounidenses. Sin embargo, a nivel local se empezaban a cerrar algunas escuelas y universidades, y se limitaban o suspendían las reuniones públicas.
El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia a nivel mundial por el COVID-19, momento en el que Donald Trump decidió pivotar y declarar, desde el Despacho Oval, la guerra al “virus extranjero”.1 Echó la culpa primero a China y después a la UE por propagarlo –sin expresar solidaridad por lo que estaba pasando en lugares como el norte de Italia– e insistió en el “bajo, bajísimo, riesgo para los estadounidenses”. La declaración estuvo impregnada de un severo tono nacionalista, quizá no el más adecuado después de haber tenido que cambiar radicalmente de postura. Animó al Congreso a aprobar un recorte en el impuesto sobre la renta, advirtió a la gente de más edad que tuviera cuidado y evitara viajes no esenciales, y prohibió los vuelos de Europa a EEUU, una medida que posteriormente tuvo que clarificar y rectificar en algunos puntos (como que la prohibición afectaba también a las mercancías). No fue capaz de explicar la escasez de pruebas diagnósticas en el país y no habló sobre cómo debían prepararse para afrontar lo que se les venía encima. En vez de llevar la calma, su discurso desde la Casa Blanca aumentó la confusión en los mercados y entre los viajeros estadounidenses y los líderes internacionales.
Dos días después, declaró la emergencia nacional porque ya no podía infravalorar al “virus extranjero” que había trasladado el campo de batalla a su frente interno. La situación de emergencia nacional está diseñada para acelerar el apoyo federal a estados y localidades que habían comenzado a combatir la enfermedad, con la liberación de 50.000 millones de dólares de fondos federales, que se sumarían a los 8.300 millones de dólares para apoyar a las personas que se quedaran sin empleo como consecuencia de las medidas restrictivas que a nivel local se estaban implementando y que el Congreso tenía pendiente de aprobar. El fondo de emergencia se proporcionaría a través del Stafford Act, una ley federal que rige los esfuerzos de ayuda ante desastres naturales que, a diferencia de las pandemias, suelen afectar a una región concreta y no a todo el territorio.2 La decisión de tomar este paso era, además, una admisión tácita de los errores cometidos.
La Reserva Federal anunció seguidamente el recorte de los tipos de interés a prácticamente cero junto con otra serie de potentes medidas. Desde entonces la respuesta de la Administración ha ido escalando peldaños, presentándose un segundo paquete de estímulo de 850.000 millones de dólares que dé alivio a las aerolíneas, a las pequeñas empresas y a los contribuyentes, y un tercer paquete en la que trabaja el Congreso y que cuenta con el apoyo de la Casa Blanca, con el que se puede alcanzar una cifra record de miles de millones de dólares, incluido un cheque de 1.000 dólares a cada estadounidense. Se trata de sacarlo adelante con el apoyo del Partido Republicano, que tiene la responsabilidad de compartir las decisiones presidenciales en esta complicada situación.
Desde entonces las apariciones del presidente de EEUU reflejan un cambio radical ante esta crisis, con un semblante mucho más serio, advirtiendo sobre la prolongación de la crisis y sobre la recesión económica que se les viene encima. La economía es ahora su principal preocupación, sobre todo porque es año electoral y su buena marcha parecía garantizarle la reelección.
La respuesta federal
La capacidad y el papel del gobierno federal en EEUU en una situación como esta no son los mismos que los de China o de muchos otros países occidentales. La 10ª enmienda a la Constitución de EEUU reserva a los estados las competencias sobre seguridad y salud pública. Son los estados, por tanto, lo que gestionan la seguridad y salud, que se ejecuta localmente bajo un mosaico de leyes y regulaciones que varían de jurisdicción en jurisdicción, mientras que el gobierno federal da apoyo, principalmente financiero. Algunas ciudades como Nueva York y Boston, tienen grandes presupuestos y regulaciones muy claras, e incluso experiencia en epidemias. También es cierto que una gran mayoría de EEUU tiene menos suerte a nivel local, con agencias que cuentan con poco presupuesto, poco personal y poca experiencia. Es precisamente en tiempos de crisis cuando grandes y pequeñas localidades se apoyan más que nunca en el gobierno federal, porque necesitan no sólo sus fondos sino también sus directrices.
En las primeras semanas desde el primer caso confirmado en EEUU, los líderes estatales y las instituciones sanitarias locales tomaran la iniciativa para frenar la propagación del COVID-19, junto con un dinámico sector privado y sin olvidar el compromiso cívico de los estadounidenses. Antes de que Donald Trump declarara oficialmente la guerra al COVID-19, corporaciones, universidades e iglesias se habían puesto a la vanguardia de los esfuerzos nacionales, activando duras medidas. Decenas de facultades y universidades, desde Berkeley hasta Harvard, cerraron; líneas aéreas como Delta y American Airlines informaron sobre la reducción de los vuelos internacionales; y las residencias de ancianos recomendaron prohibir las visitas de amigos y familiares. En New Rochelle, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, estableció la primera área de contención en el país, desplegando a la Guardia Nacional para controlar la zona de aislamiento.
Algunos estados declararon la emergencia independientemente de la declaración de emergencia nacional que les permitía movilizar recursos ya y actuar rápidamente. San Francisco lo hizo el 25 de febrero, seguida de otras ciudades que declararon la emergencia sanitaria: el 29 de febrero lo hizo el estado de Washington, California el 4 y, de forma escalonada, le siguieron Maryland, Kentucky, Utah, Nueva York y Florida, estos dos últimos el 7 de marzo. Trump lo hizo el 13 del mismo mes.
Amazon restringió los vuelos a China de sus empleados a finales de enero y, posteriormente, los vuelos no esenciales dentro de EEUU. También donó un 1 millón de dólares –al igual que Microsoft– a Seattle para mitigar los efectos económicos. Google anunció que sus trabajadores podrían trabajar desde casa inmediatamente después de que California declarara el estado de emergencia. Le siguió Facebook. Ambas compañías se reunieron con la OMS para hablar sobre posibles respuestas y proveyeron fondos al fondo de respuesta solidaria COVID-19, lanzado por la OMS junto a la Fundación de Naciones Unidas y la Fundación Suiza de Filantropía. La Fundación Bill y Melinda Gates ha prometido 100 millones de dólares para la investigación y tratamiento del nuevo virus, y docenas de compañías farmacéuticas e institutos de investigación se han agrupado para acelerar el desarrollo de una vacuna. Varios líderes civiles en EEUU tratan de difundir en el país la importancia más que nunca de defender los valores “americanos”, y de resistir la xenofobia y el racismo ante la llegada del coronavirus.
La respuesta estatal y local era, por tanto, la esperada con una estructura federal como la de EEUU, lo que no ampara, sin embargo, la desconcertante respuesta del gobierno nacional. Los errores de la Casa Blanca abarcan desde la retórica hasta la organización. Tras minimizar los riesgos, anteponiendo las “corazonadas” del presidente a la información de los expertos, la declaración de emergencia nacional llegó tarde; la decisión de prohibir los viajes desde Europa excluyendo inicialmente a Reino Unido e Irlanda creó incertidumbre y mucha preocupación porque demostró que la respuesta de la Casa Blanca se guiaba más por cuestiones exclusivamente políticas que por evidencias; y las colas y el caos en los aeropuertos estadounidenses tras las primeras restricciones aéreas, con cumplir con la recomendación de la “distancia social”, mostraba falta de coherencia y mucha improvisación por parte de la Administración. Se aseguró que a todo el mundo se le iba realizar una prueba diagnóstica cuando no era posible; se afirmó que estaban muy cerca de la vacuna cuando aún faltan meses, y se anunció que Google tenía una página web para hacer pruebas diagnósticas cuando era una idea aún sin implementar. Mientras algunos estados llevan días pidiendo al gobierno federal que les ayude ante la escasez de batas, guantes y mascarillas, se les dijo a los gobernadores que buscaran la manera de conseguir ventiladores y respiradores porque el gobierno federal no los iba a proporcionar. El gobernador Cuomo, por su parte, imploró el apoyo federal para construir hospitales temporales ante el desbordamiento de la red hospitalaria del estado, porque solo el estado federal tiene la capacidad y los recursos para convertir residencias universitarias e instalaciones gubernamentales en hospitales: The state can’t do that.3
Uno de los principales fracasos a nivel federal ha sido la gran escasez de pruebas diagnósticas. Aquí hay que tener en cuenta dos componentes. Por un lado, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) –la principal agencia federal de salud– insistieron en hacer sus propias pruebas diagnósticas rechazando las que la OMS había aprobado y distribuido al resto de países desde enero. En principio no era una tarea excesivamente complicada ya que China puso inmediatamente a disposición de cualquiera la secuencia del virus que permitía a los laboratorios elaborar rápidamente los test. Una vez que los CDC obtuvieron la primera prueba diagnóstica tuvieron que esperar a la aprobación por parte de la Food and Drug Administration (FDA), que no se obtuvo hasta la primera semana de febrero, y una vez que comenzó a utilizarse resultó ser deficiente. Otros laboratorios estatales y compañías privadas comenzaron a hacer test propios para COVID-19, pero sin la aprobación reguladora de la FDA no podían ser utilizados y, en cualquier caso, la información que se desprendiera de ellos no se tendría en cuenta. En suma, se estaban perdiendo unas semanas muy valiosas.
Pero incluso si la primera prueba diagnóstica de los CDC hubiera salido bien, los problemas de escasez hubieran continuado. El gobierno ha buscado desde el principio una estrategia que perseguía una mínima realización de pruebas, consistente con el mensaje político que estaba enviando a la opinión pública de que los riesgos eran mínimos. La situación que se generó fue la del desconocimiento sobre la magnitud real del COVID-19 en EEUU, lo que con toda probabilidad retrasó la implantación de medidas necesarias basadas en una realidad seguramente mucho más sombría. La Administración dejó así de lado uno de los principales ingredientes de la solución: los datos de los test y la información necesaria para saber dónde hay que dirigir la ayuda. La FDA, finalmente, ha levantado las barreras en términos de concesiones, abriendo la posibilidad a que los laboratorios de los hospitales puedan desarrollar sus propios test y comiencen a utilizarlos. Están por ver las consecuencias en la salud de los estadounidenses de este grave retraso.4
La burocracia
El Covid-19 es un virus nuevo, pero la respuesta tanto a nivel local, estatal, nacional e internacional no lo es y, por lo tanto, en términos de planeamiento y preparación resulta bastante familiar. Las prácticas y los procedimientos se han ido perfeccionado en previos brotes, como el de la tuberculosis, la H1N1 y el Ébola. Cada una fue una oportunidad para aprender algo nuevo.
Sin embargo, los signos de alerta de que EEUU no estaba preparada para afrontar una pandemia de estas características llevan parpadeando más de una década, apuntando en buena medida a su sistema sanitario. Además, a lo largo de múltiples administraciones –no sólo de la Administración Trump– los gobiernos de EEUU no han dado prioridad a estar de antemano preparados para una pandemia. Por lo general, el flujo de fondos que se destinan a mitigar o contener una situación así suelen venir siempre después de que la crisis ha estallado. En este sentido, la declaración de emergencia de Donald Trump sigue el patrón de crisis previas –SRAS, MERS, H1N1, Ébola, Zika– que liberaron miles de millones de fondos federales hasta que todo acabó y se olvidó. Aunque EEUU tiene desde hace años una estrategia nacional para la gripe pandémica,5 los manuales de estrategia no suelen incluir una financiación, sostenida en el tiempo, para adquirir una capacidad de preparación y respuesta ante una situación de emergencia. Aunque algunos, como Barack Obama, lo intentaron.
La última vez que el gobierno de EEUU tuvo que hacer frente a la explosión de una pandemia en suelo estadounidense fue en 2009, con la gripe porcina o H1N1. Obama estaba aún completando su gobierno cuando en primavera tuvo que reaccionar ante un gran reto que puso en evidencia los vacíos en la capacidad de EEUU de fabricar con rapidez vacunas, y afrontar la escasez de máscaras y suministros vitales para los hospitales. Pero una semana después del primer caso en EEUU, la FDA aprobó el test de diagnóstico, a las dos semanas se declaró la emergencia sanitaria y los CDC publicaron directrices para cerrar escuelas. Los críticos acusaron a Obama de excederse en la amenaza y se criticó la sobreactuación de Washington. En agosto de 2009 el Consejo Asesor del presidente en Ciencia y Tecnología estimó que podrían morir entre 30.000 y 90.000 personas. Cuando la epidemia en EEUU se dio por finalizada, 60 millones de personas se infectaron y aproximadamente 13.000 murieron.
Cinco años después estalló la crisis del Ébola en África Occidental. De nuevo Obama respondió a una crisis, cuyo principal foco estaba fuera de sus fronteras, para proteger a los estadounidenses en casa. Había múltiples departamentos y agencias con una labor que hacer pero que apenas se hablaban entre ellas, una enorme orquesta llena de talentos sin que nadie les dirigiera. Para traer orden y harmonía puso al frente a Ron Klain, una especie de “zar de la epidemia” dentro de la Casa Blanca que lideraría una estrategia federal para el Ébola. Klain estableció los roles y los presupuestos de las varias agencias, con una persona al mando en cada país azotado por el Ébola y en EEUU. La orquesta empezó a tocar y todos en la misma tonalidad. Fue entonces Donald Trump el que provocó el miedo, criticó duramente a Obama, y se mostró a favor de abandonar a los ciudadanos estadounidenses infectados y expuestos sin traerles a casa para ser tratados.
Aprovechando la experiencia y lo que se construyó durante la crisis del Ébola, la Administración Obama configuró un grupo permanente de seguridad de salud global en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca al que por entonces se había unido el equipo del Consejo de Homeland Security con la idea de que los asuntos de seguridad no entendían de fronteras (y menos las pandemias). Este grupo estaba en permanente consulta con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y los CDC y contaba con el asesoramiento diplomático del Departamento de Estado. La calidad de la relación y de los procesos interagenciales serían fundamentales para que éxito o el fracaso de crisis futuras.
De esta burocracia no queda nada. Cuando comenzó a rodar la Administración Trump, el presidente no tardó en mostrar interés por recortar la ayuda internacional que el gobierno federal gastaba para prevenir posibles brotes epidemiológicos a través de los NIH, los CDC, la Agencia de EEUU para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés) y Naciones Unidas. Empezó a dejar sin cubrir varios puestos en salud pública mientras los expertos advertían que se estaba cometiendo un gran error.6
Los esfuerzos de la Casa Blanca por reducir la financiación de los programas de seguridad sanitaria global de la era Obama continuaron en 2018, enviando un potente mensaje al mundo de que, en este terreno, EEUU no estaba dispuesto a poner demasiado de su parte. Cuando la República Democrática del Congo anunciaba un nuevo brote del Ébola, Timothy Ziemer, que lideraba la seguridad de salud global en el Consejo de Seguridad Nacional, salía de la Casa Blanca y se disolvía su equipo. John Bolton, entonces asesor de Seguridad Nacional, había decidido remodelarlo. La salida de Ziemer junto con la del asesor Tom Bossert, eliminaba a las dos persones que estarían a cargo de la respuesta ante una pandemia desde la Casa Blanca. La sección global de los CDC fue drásticamente reducida en 2018, con la mayor parte del equipo despedido y reduciendo el número de países en los que trabajaba de 49 a 10. Y lo mismo ocurrió con otras agencias y programas federales.
Bill Gates se había reunido repetidamente con Bolton y su predecesor, McMaster, alertando sobre los recortes en la infraestructuras de salud global, advirtiendo sobre la posibilidades de que se diera una larga y letal pandemia. El think-tank CSIS advirtió sobre la gravedad por la falta de preparación de EEUU, debiendo invertir ahora y ganar protección y seguridad o esperar a la siguiente epidemia y pagar un precio mucho más alto en coste humano y económico.7
De no haberse desmantelado esa estructura formal en la Casa Blanca, EEUU quizá hubiera estado en una mejor posición para entender lo que estaba pasando y habría actuado de forma más rápida. Al carecer de ella, la Administración Trump improvisó un Cuerpo Especial del Coronavirus, inicialmente liderado por Alex Azar, secretario de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés), junto con representantes de los CDC, del Departamento de Estado, del Departamento de Homeland Security, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y el Departamento de Transporte. No se sabía muy bien cómo iba a funcionar, pero pronto surgieron los roces por quiénes estaban y quiénes faltaban, sobre quién aparecía en televisión o quién respondía a las preguntas de los periodistas. Los republicanos del Congreso pedían una respuesta más contundente y Trump decidió entonces poner al frente al vicepresidente Mike Pence, mientras volvía a cambiar a su jefe de Gabinete, Mick Mulvaney, por Marck Meadows.
Todo esto ha generado muchos fallos en la comunicación sobre lo que se estaba haciendo, junto con la ausencia de directrices sobre cómo actuar, por lo que se ha vuelto a perder un tiempo valioso. Afortunadamente, comienzan a solventarse los problemas gracias al buen trabajo del vicepresidente Pence, que se reúne a diario con gobernadores y expertos, y trata de lidiar con la crisis y con el presidente.
Ningún país por sí solo va a poder resolver esta situación y es necesaria una respuesta cooperativa internacional, liderada o no por EEUU. Hasta hace poco, la ayuda internacional y en particular la destinada a salud global había fortalecido el liderazgo de EEUU. Los miles de millones gastados en el President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) hizo que George W. Bush sea hoy en día una de las figuras más populares de África. Los científicos asiáticos y africanos educados en las universidades de EEUU o apoyados por los NIH y la USAID de vuelta a sus países, forjaron fuertes lazos y colaboración con las instituciones de EEUU para avanzar en el intereses científico, académico y educativo. En 2019 EEUU publicó su propia Estrategia de Seguridad de Salud Global, en la que precisamente se subraya el continuo compromiso de los gobiernos estadounidenses con los esfuerzos para establecer y mantener una capacidad de seguridad de la salud global.8 Este marco para trabajar en la mejora de las capacidades nacionales e internacionales no va acompañado, sin embargo, de programas específicos, ni de fondos, ni de prioridades. Y por lo que se ha visto hasta ahora, el presidente no parece tener ningún interés en implementarla.
En circunstancias normales, una crisis de estas características habría empujado a EEUU a asumir el liderazgo internacional movilizando de recursos y reuniendo a los países para remar en la misma dirección. Ese fue el caso tras el tsunami en el Sureste asiático, en la crisis financiera de 2008 y tras el brote del Ébola en 2019. Ahora no quiere ser más el director de orquesta de una comunidad internacional de la que tampoco parece querer formar parte. Según un diario alemán, el presidente Trump trató de persuadir a una empresa alemana que trabajaba en una vacuna contra el coronavirus para que trasladara la investigación de Europa a EEUU. Según el diario, la intención era eventualmente tener una vacuna solo para “América”. No está claro qué es lo que pasó exactamente, pero dado el comportamiento de la actual Administración parecer plausible tal comportamiento. A ello le podemos sumar que en Italia es China, y no EEUU quien envía equipos médicos y asistencia a un sistema sanitario al límite. O que las restricciones a los vuelos procedentes de Europa se decidieron unilateralmente sin ningún tipo de consulta previa ni coordinación o ni siquiera advertencia a Bruselas y socios europeos.
EEUU está demostrando que no es un socio fiable. Pero el COVID-19 le ha tirado por los suelos su teoría de “América primero”, con la falsa premisa de que el bienestar y los intereses de EEUU pueden quedar protegidos y defendidos de forma separada del bienestar del resto del mundo.
Las primarias
La crisis del coronavirus ha estallado en medio de unas primarias demócratas que deben elegir a aquel que deberá enfrentarse a Donald Trump el próximo 3 de noviembre. Y también va a tener consecuencias en el proceso.
Después de liderar la carrera demócrata, Bernie Sanders quedó muy tocado después del “supermartes” (3 de marzo) y las victorias de Joe Biden.9 Pero fue una semana después (10 de marzo), tras la celebración de seis primarias más, el punto de inflexión al tener que cancelarse los actos de campaña por el riesgo de propagación del COVID-19. Y no sólo afecta a las primarias demócratas, también a otras campañas al Congreso y al Senado que están en marcha.
Se han pospuesto las primarias de Connecticut, Georgia, Kentucky, Luisiana, Maryland y Ohio. También ha habido un impacto en la organización y funcionamiento tradicional de las campañas electorales, rompiendo con ese contacto directo con el electorado que es tan importante en EEUU. De hecho, la cancelación de grandes eventos y actos de campaña irritó particularmente a Trump, que se negó en un primer momento a cancelarlos por su capacidad para atraer a grandes multitudes en circunstancias normales y alimentarse de la energía de esas masas. Incluso la recaudación de fondos para la campaña que se hace personalmente, otro elemento característico de EEUU, no se podrá seguir haciendo. Además, con una economía con perspectivas de ralentizarse debido a la propagación del COVID-19, previsiblemente habrá menos dinero que recaudar para apoyar a los candidatos.
El coronavirus también llevó a celebrar el último debate televisado entre Joe Biden y Bernie Sanders sin público. De Phoenix y ante una gran audiencia, donde Sanders tenía la oportunidad de remontar a Biden, el debate se trasladó a Washington y sin audiencia en vivo. Durante el encuentro, el COVID-19 prevaleció por encima de cualquier otro asunto y desde entonces domina la agenda política. Al mismo tiempo, el nuevo virus ha dado nuevas alas a la campaña demócrata y no sólo por la crítica a la gestión de la Administración Trump.
Para Bernie Sanders ha sido la oportunidad para subrayar la importancia de su Medicare for all y ha aprovechado para recordar a todos los estadounidenses que tienen derecho a la sanidad pública. Aunque Trump ha afirmado que “ninguna nación está más preparada y más equipada para enfrentarse a esta crisis”, desde hace una década se alerta sobre las debilidades del sistema sanitario estadounidense extremadamente privatizado, que no es federal y que por lo tanto requiere mucha coordinación en situaciones como ésta. Según el ex secretario de Trabajo Robert Reich, “en lugar de un sistema de salud público, tenemos un sistema privado para las personas que tienen la suerte de pagarlo y un sistema de seguro social desvencijado para las personas que tienen la suerte de tener un trabajo a tiempo completo”.10 En la actualidad, 30 millones de personas no poseen seguro médico, y otros 40 millones sólo acceden a planes insuficientes, con copagos y seguros tan elevados que sólo pueden ser utilizados en situaciones extremas. El miedo a no poder pagar las costosas consultas y tratamientos puede impedir que se detecten más contagios y el COVID-19 siga propagándose.
El problema para Sanders en tiempos de pandemia es que ahora se necesita al establishment más que nunca. Los ciudadanos no quieren acabar con un sistema en un momento en el que la gente muere y la enfermedad se propaga. Se necesita más gobierno, y Biden lo representa mucho mejor.
Joe Biden ya advirtió en un editorial de USA Today del 29 de enero sobre los peligros que se avecinaban por la propagación del COVID-19 y sobre todo criticaba la errónea gestión de la crisis. Biden quiere devolver a EEUU su papel en el mundo, quiere que vuelva a liderar las respuestas internacionales, quiere que vuelva a cooperar ante los grandes retos y amenazas, y esta pandemia sería un magnífico ejemplo para volver a ello. Ofrece un liderazgo que Trump no sabe dar, y ha elaborado un plan para combatir el COVID-19 y para prepararse para futuras emergencias sanitarias fuera o dentro del país.11
La propagación del COVID-19 y su impacto en las primarias sólo ha comenzado. Existe, por un lado, peligro para aquellos que quieran ejercer el voto de manera presencial, pero, por otro, también hay un riesgo para la democracia si no se vota. Bernie Sanders tiene ya muy pocas posibilidades de alcanzar a Joe Biden en número de delegados, y ante los riesgos y complicaciones que supone continuar la campaña en estas circunstancias tan extraordinarias, previsiblemente en pocos días abandonará la carrera. Pero es necesario ir más allá para tener un plan “b” ante la celebración de las convenciones demócrata y republicana que se celebrarán en julio y agosto. Algunos incluso hablan de la posibilidad de que Trump posponga las elecciones si hay una segunda oleada del COVID-19 en otoño y empeoran las condiciones médicas y sociales.
Conclusiones
Según una encuesta de NBC/Wall Street realizada entre el 11 y el 13 de marzo, ante la pregunta “¿está preocupado porque su familia coja el coronavirus?, el 69% de los demócratas afirmó que sí, y el 40% en el caso de los republicanos. Uno de los motivos de esta diferencia puede ser el hecho de que muchos republicanos viven en áreas rurales, pero otro motivo es que caló el mensaje que persiguió durante semanas Donald Trump de minimizar el riesgo que suponía la propagación del COVID-19 en EEUU. Afortunadamente, el país se prepara ya para hacer frente a una situación de emergencia nacional. Desafortunadamente, el brote del coronavirus se ha desencadenado en un clima político polarizado y surge la pregunta de cómo van a reaccionar los estadounidenses ante una crisis oficialmente declarada, y si ésta les unirá o les alejará aún más.
Ahora la principal preocupación de Trump es la economía. Después de que la Reserva Federal recortara los tipos casi a cero, el gobierno pretende inyectar una cifra record de miles de millones de dólares, incluidos cheques de 1.000 dólares a cada estadounidense. Todo para evitar que, en un año electoral, la propagación del coronavirus abra la caja de Pandora de una economía aparentemente en plena forma que oculta muchos desequilibrios sociales.
Además de las medidas financieras, Trump debe mostrarse más presidencialista y más convencional que nunca. En una situación tan extraordinaria, los estadounidenses quieren y esperan ver más gobierno, más leyes y más instituciones. Esto choca con la manera poco convencional de Trump de gobernar y de entender el gobierno, y con el mensaje que ha mandado a sus votantes en los últimos tres años. Si quiere ganar en noviembre, no puede dejar al americano medio que le votó en 2016 solo frente a una inevitable crisis financiera y a un sistema sanitario que no responde.
Donald Trump descartó la posibilidad de liderar una respuesta internacional a la propagación del virus y abandonó a sus propios aliados occidentales en esta lucha. Pero se encuentra frente a un problema y a un reto que no puede ignorar: dar una respuesta a su país. Una respuesta que, de ser eficaz, le garantizaría su reelección y, de no serlo, le echaría sin miramientos.
Carlota García Encina
Investigadora principal, Real Instituto Elcano | @EncinaCharlie
1 Donald J. Trump (2020), “Remarks by the President Trump in Address to the Nation”, White House, 11/III/2020.
2 Charlotte Butash (2020), “What’s In Trump’s National Emergency Announcement on COVID-19”, Lawfare, 14/III/2020.
3 Mary Frost (2020), “Cuomo warns coronavirus “wave” threatens hospitals, calls for federal help”, Brooklyn Daily Eagle, 15/III/2020.
4 Carolina Chen, Marshall Allen, Lexi Churchill & Issac Arnsdorf (2020), “Key missteps at the CDC have set back its ability to detect the potential spread of coronavirus”, ProPublica, 28/II/2020; Olga Khazan (2020), “Why coronavirus testing on the US is so delayed”, The Atlantic, 13/III/2020.
5 Homeland Security Council (2005), National Strategy for Pandemic Influenza, CDC.
6 “Over 120 retired Generals, Admirals on State and USAID Budget: ‘now is not the time to retreat’, US Global Leaderhip Coalition”, 27/II/2017.
7 J. Stephen Morrison (Project Director) (2019), Crisis and Complacency in US Global Health Security, CSIS, noviembre.
8 White House (2019), United States Government Global Health Security Strategy.
9 Carlota García Encina (2020), “EEUU 2020: el partido gana el ‘supermartes’”, Blog Elcano, 4/III/2020.
10 Robert Reich (2020), “America has no real public health system – coronavirus has a clear run”, The Guardian, 15/III/2020.
11 Joe Biden (2020), “The Biden plan to combat coronavirus (COVID-19) and prepare for future global health threats”.
