Tema
El 19 de abril el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez cumplirá sus dos primeros años en el cargo.
Resumen
Después de los mandatos de Fidel (1959-2006) y Raúl Castro (2006-2018), el dirigente del Partido Comunista de Cuba (PCC) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nacido después del triunfo de la Revolución cubana y sin el capital histórico de quienes lideraron este proceso, asumió la jefatura del Estado y del gobierno el pasado 19 de abril de 2018. Lo hizo en condiciones socioeconómicas muy difíciles, en el contexto de un modelo sociopolítico que no se ha transformado en la magnitud demandada por la realidad, en uno de los momentos más complejos de las relaciones entre Cuba y EEUU, y bajo el compromiso de marchar únicamente por caminos legitimados por la prédica revolucionaria y la práctica social y política de sus antecesores. A sólo casi dos años de ocupar esta responsabilidad y en medio de las dificultades que padece la Isla, resulta casi imposible considerar si tal fórmula, asumida por el nuevo presidente cubano, será efectiva. No obstante, y precisamente por estas singularidades, al acercarnos al tercer año de su mandato resulta forzoso escudriñar algunos aspectos de este suceso.
Análisis
Introducción
Dos años no son un período extenso si consideramos el transcurrir del “tiempo político” en Cuba. Sin embargo, en cualquier otro sitio ya sería un lapso suficiente para hacer una primera evaluación. En las condiciones actuales y siendo Díaz-Canel el primero en ocupar tal responsabilidad después de los mandatos de Fidel (1959-2006) y Raúl Castro (2006-2018) se hace ineludible una mirada sobre ciertos aspectos de su mandato.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez nació en Villa Clara, una de las provincias centrales de Cuba, y cumplirá 60 años el próximo 20 de abril. Proviene de una trayectoria claramente partidista. Ocupó varios cargos en la Unión de Jóvenes Comunistas y posteriormente fue primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Villa Clara (1994-2003) y Holguín (2003-2009). En 1991 fue nombrado miembro del Comité Central de PCC y en 1997 llegó al Buró Político.
Una vez elegido in péctore como candidato a la jefatura del Estado, a modo de adiestramiento y de “campaña electoral” ocupó los cargos de ministro de Educación Superior (2009-2012) y vicepresidente del Consejo de Ministros (2012-2013). El 24 de febrero de 2013 comenzó a desempeñar el cargo de primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, una posición que siempre había sido ocupada por Raúl Castro y, durante un breve período, por José Ramón Machado Ventura, al quedar vacante porque Raúl sustituyó en la presidencia a Fidel Castro. Ese día quedó claro que si no ocurría un “accidente político” Díaz-Canel era el sustituto escogido por Raúl y Fidel Castro para desempeñar el cargo de primer mandatario cuando el otrora jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cesara en la jefatura del Estado en 2018, tal como había prometido.
Ascenso a la presidencia
El 19 de abril de 2018 Miguel Díaz-Canel fue nombrado presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Sin embargo, aunque el personaje era sobradamente conocido y todos esperaban el acontecimiento del relevo, no resultaba posible atisbar un perfil político suyo capaz de ofrecer elementos para un análisis más profundo en torno a su proyección futura en el ejercicio del cargo.
Se conocía su inteligencia, su gusto por las artes y que estudia y lee mucho de lo que se publica en Cuba. Se sabía que cuando estuvo en Villa Clara y Holguín se relacionó con la sociedad, procurando estar al tanto de lo que ocurría en su territorio y realizó una buena labor de gerencia, de administración. También se realzó su actitud “callada” mientras fue vicepresidente primero. Por eso, nadie podía saber que pensaba acerca del “todo” y de “cada cuestión” de la vida política cubana. La única excepción fue el derroche de “cólera ideológica” que caracterizó sus últimos años como vicepresidente. Muchos creen que en su limitado discurso político sólo utiliza consignas ideológicas y apelaciones a eslóganes de la historia. Su carácter “apocado” pareció quedar ratificado en su discurso de aceptación del cargo, cuando sólo comunicó “lealtad” al liderazgo de la Revolución.
Asimismo, el discurso de Raúl Castro para anunciar el nombramiento de Díaz-Canel fue atípico. Por lo general en sus discursos dialoga con otros actores, con la sociedad y con otras partes del mundo. Sin embargo, en esa ocasión sólo se encargó de hablarle a la estructura de poder, de reafirmar su apoyo al nuevo mandatario. Esto pudo responder a la necesidad de fortalecerlo ante ciertas carencias de legitimidad dentro del propio poder y/o a otras lógicas. Tal vez no respondió a nada sensible, sino sólo a que era forzado a hacerlo dado el modo en que se produjo la selección sucesoria. De todas formas, sea cual sea la razón, expresa alguna dificultad. Además, esta manera contraproducente (en sentido político) de seleccionar al presidente aún permanece en la nueva ley electoral de 2019, aunque esta norma jurídica no posee naturaleza de “ley”, pues es sólo un reglamento que fija los procedimientos para nombrar a las personas que ocupan los cargos del Estado.
En tal sentido, Díaz-Canel ocupó el máximo sitio en la política cubana sin contar con la legitimidad necesaria. Es decir, no tenía el apoyo de las necesarias bases sociopolíticas, ni de redes de influencias, ni suficientes vínculos internacionales. Igualmente, no disfrutaba de las necesarias expectativas sobre su gestión, las cuales contribuirían al entusiasmo y a la implicación de “los otros” en torno a su liderazgo.
Contexto sociopolítico
Como consecuencia, no resulta factible considerar que la gestión de Díaz-Canel expresa acuerdos societales y políticos gestionados por él. De este modo debe conducir su gestión a partir de la aceptación de sus políticas por parte del círculo histórico de poder y justificar sus actitudes y propuestas ante las estructuras de gobierno y los grupos de influencia. Asimismo, no puede modificar los marcos de las estrategias y políticas establecidas oficialmente, aunque tales cambios no sean contrarios a éstas.
Al mismo tiempo, ha debido conducirse dentro de un entramado institucional complejo. Para relacionarse con la sociedad cuenta con un sistema de órganos (asociativos y periodísticos) anexos al PCC, que abarcan toda la sociedad, aunque de un modo rígido y desgastado. Probablemente en estos momentos sólo representen a muy pocos ciudadanos, y no sean muy capaces de lograr una interlocución auténtica, eficaz y efectiva con el conjunto de la sociedad.
Por su parte, el Parlamento y su Consejo de Estado están llamados a contrastar, controlar e impulsar los quehaceres del presidente. Para eso, poseen mucho poder formal. Sin embargo, no cumplen este papel, porque aún constituyen meros tramitadores de lo que orienta el “poder real”.
Este “poder real” se concentra de forma consistente en Raúl Castro. Quizá podría ampliarse a la influencia que ejercen algunos “dirigentes históricos” en el entorno del general-expresidente. También sería posible extenderlo un poco más allá, hacia aquellas personas o entidades que colaboran con Raúl Castro de manera tangible y continua, con independencia de que pertenezcan a una institución u otra. Estas pueden ser el parlamento o su Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, o el Buró Político (entidad que en otros tiempos participaba de forma más activa que otras en el esquema de poder que implementó Fidel Castro).
El PCC tiene una cuota de poder e influencia que está garantizada de manera legal a partir del respaldo que le garantiza Raúl Castro. Sin embargo, ya no posee la fuerza y la influencia de antaño. Es cierto que conserva mayor vigor en el gobierno de las provincias, pero sobre todo en cuanto al desempeño gerencial más que como un actor “político de la política”.
Todas estas consideraciones debieron adecuarse a las condiciones de la sociedad cubana actual y de sus necesidades. Se trataba, de este modo, de dinamizar la evolución del modelo sociopolítico. Sin embargo, las cosas no ocurrieron como se esperaban. Esto afecta obviamente a la gobernanza del país, pese a que no se puede decir que Cuba carezca de gobernanza y gobernabilidad.
En contra de este proceso ha conspirado la dificultad, ya casi endógena, de incorporar a los jóvenes a las instituciones políticas. También los temores a compartir el poder, de funcionar, allí donde es posible, de forma colegiada y de consultar más allá de una especie de encuesta a través de cierta dramaturgia, y de facilitar que nuevos actores se conviertan en personas con autoridad.
Cuba no cuenta con nuevos “actores con autoridad” presentes en la vida política y en la gestión gubernamental. Faltan personas e instituciones que puedan ser percibidas como portadoras de medidas de confianza y de certeza. No hay personas con la legitimidad necesaria para ser escuchadas y atendidas por la mayoría social. Ni que, al mismo tiempo, puedan convocar y pedir el apoyo de esa mayoría para el impulso de sus políticas y objetivos. Por supuesto que estas autoridades deberían pertenecer a generaciones más jóvenes que la elite tradicional. Esto debería haberse conseguido por caminos diferentes a los de “Sierra Maestra”, las “guerras internacionalistas” y la “lucha de los movimientos latinoamericanos”. Pero no ha sucedido.
Este escenario complejo ahonda las dificultades que afronta Díaz-Canel. No obstante, para algunos, este “contexto desértico” le deja el “camino libre” al jefe del Estado y del Gobierno y, por ello, contribuye a consolidar su liderazgo. Craso error. Estos no le han dejado el “camino libre”, sino que le han “vaciado el camino”. No podrá haber Estado próspero sin ciudadanos activos, ni un gobernante vital sin una sociedad pujante, ni un líder en una esfera pública incapaz de garantizarle que su proyección prevalezca porque sobresale del contraste con todas las proyecciones posibles.
La encrucijada del actual equipo de gobierno
Pese a estos condicionantes, el discurso mantenido por el ejecutivo que encabeza Díaz-Canel desplaza su centralidad hacia las condiciones de vida de la sociedad. Sin embargo, padece un conjunto de circunstancias que le dificulta su gestión. Sólo me referiré en este punto a tres de ellas.
Para poseer riquezas, primero hay que crearlas. Es algo que resulta imposible si cada persona que puede beneficiarse de su uso no puede desplegar simultáneamente sus potencialidades creadoras. No obstante, la política oficial se orienta básicamente a “recuperar” el protagonismo de las empresas estatales y que la economía cubana funcione a través de estas. Para lograr un mejor desempeño se trata de buscar el apoyo de la inversión extranjera. También se apuesta por una presencia de actores económicos “privados” nacionales de un protagonismo menor, que permitan liberar al Estado de aquellas gestiones que le demandan mayores esfuerzos y recursos, sin aportarle ningún beneficio económico o político.
Pero esto resulta disfuncional. La estructura económica del Estado no posee las capacidades requeridas para ocupar todo el sistema empresarial que demanda el bienestar nacional. Será difícil que el gobierno pueda acceder a todas las fuentes de financiación necesarias para lograr estos objetivos. No sólo es cuestión de contar con el capital suficiente, sino también de acceder a muchas otras condiciones inexistentes, al menos y de momento, de un modo suficiente. Incluso el solo hecho de plantearse una economía con sentido empresarial, sin subsidios, con exigencias de eficacia y rentabilidad, a partir de una paridad cambiaria distinta a la actual, que gire en torno a una moneda única en relación con las divisas convertibles, exigiría suprimir un gran número de las empresas estatales actualmente existentes.
Muchos expertos han sostenido que ello demandaría impulsar la iniciativa económica ciudadana. Estos aseguran que de ese modo se contribuiría al desarrollo económico, algo que en el caso cubano el Estado por sí solo no puede garantizar. Sin embargo, el camino de esta ruta no está despejado, ya que el quehacer económico “privado” nacional sólo es admitido, por la práctica política, como periférico o marginal.
Ante esto, y para atenuar la falta de capacidades de la estructura económica del Estado, el gobierno apela a la inversión extranjera. No obstante, la concibe sólo a modo de apoyo a las empresas estatales y no desea que sobrepase la dimensión del sistema empresarial estatal. Y esto, aunque la actual Constitución le brinda mayor respaldo que a las empresas privadas nacionales y por momentos parece que podría haber cierta laxitud al respecto. Esta lógica también reduce las potencialidades del desarrollo social. Por su parte, el crecimiento de la inversión extranjera demanda un conjunto de facilidades que Cuba no brinda. Sólo citaré cuatro: las empresas extranjeras necesitan para su desempeño de un universo empresarial que les provea de bienes y al cual ofrecer su producto social; requieren, además, de un elenco de normas legales apropiadas a su quehacer económico y de las necesarias garantías de inversionistas y empresarios; y, muy especialmente, de la facultad de emplear y retribuir directamente a sus empleados, junto con una burocracia pública racional.
Los miembros del ejecutivo y el presidente reconocen las complejidades económicas existentes. Incluso en ciertas ocasiones parecen dispuestos a “desatar las fuerzas productivas” (según la jerga de los funcionarios estatales) y conducir la economía por senderos estrictamente “económicos”. Sin embargo, se contradicen sin poder trascender el “dogma”.
Todo este esfuerzo interno tropieza con las consecuencias del conflicto político entre Washington y La Habana. Sin la mayor normalización de los vínculos entre ambos países, será improbable la estabilidad y el desarrollo de Cuba, así como su fácil acceso al mundo globalizado. No obstante, ciertos poderosos e influyentes sectores estadounidenses se empeñan en mantener la polarización. Lamentablemente, para un sector importante del oficialismo cubano resulta igual Obama (la distención) que Trump (la confrontación). Éste preferiría una relación que permita beneficiarse de los recursos de EEUU, pero con poca presencia estadounidense en la Isla. Tampoco desearía vínculos difíciles, pero manejables, que orienten al desmontaje del actual “modelo de resistencia” y a la evolución de un “modelo de desarrollo” que, por lógica, ensancharía la autonomía del ciudadano. Desde este juicio, Trump dificulta la posibilidad de beneficiarse de los recursos de EEUU y Obama menoscaba los fundamentos de un “modelo de resistencia”, ya naturalizado, cómodo para este sector.
Acerca de las relaciones con EEUU, el actual ejecutivo cubano sostiene una posición algo equidistante de las posturas oficiales más beligerantes, pero también de aquellas proyecciones que estuvieron dispuestas a normalizar las relaciones bilaterales. Mientras tanto rechazan la confrontación “con” y “desde” EEUU, pero no parecen querer vínculos más intensos y dinámicos con este país, sino una especie de ignorancia desde EEUU hacia Cuba, que evite las sanciones y permita mayor libertad al gobierno socialista. Sin embargo, esto no sucederá, en tanto la naturaleza humana posea una dimensión política. Frente a esto sólo cabe optar entre dos posiciones posibles que laten en las entrañas del vecino: “conducirse” en medio de sus deseos de “seducir” a la Isla o “asumir” la “confrontación”. Una tercera opción práctica, no existe, ni existirá de momento.
Aún queda pendiente el avance sin trabas hacia el Estado de Derecho. Sin el cual resulta inaccesible el bienestar compartido y la libertad necesaria. A continuación, señalo cuatro ejemplos. Los ciudadanos cubanos carecen de garantías legales e institucionales a favor de poder expresar todas las ideas, todos los criterios y todas las posiciones políticas. Resulta imposible legalizar asociaciones, así como movimientos sociales y políticos. No existen instrumentos que faciliten de manera suficiente el ejercicio de la libertad de prensa. Los ciudadanos cubanos son los únicos de América Latina que no eligen a su presidente de manera directa. El actual ejecutivo ha hecho tímidas menciones sobre el necesario desarrollo de la democracia. Sin embargo, jamás ha reconocido la naturaleza de las actuales dificultades en torno al tema, ni parece que intentará corregir tales deficiencias. Actúa como si no resultara de su competencia.
Todo lo anterior dificulta que la figura y la gestión de Díaz-Canel sean percibidas como una “ruta certera y entusiasmante” hacia las libertades por conquistar, hacia el progreso, hacia el futuro –en el sentido alegórico del término–.
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y presidente de la República
Con la aprobación de la Constitución cubana de 2019, el cargo de Díaz-Canel cambió su denominación. Ahora es el de presidente de la República. Algunos se cuestionan si este cambio contribuirá al desarrollo de sus prerrogativas presidenciales. Sin embargo, resulta muy difícil responder esta pregunta. En cuanto al futuro, quizá como en pocas ocasiones en Cuba, todo puede ocurrir. No obstante, a la vista del texto constitucional se puede señalar que no existe suficiente claridad en torno a la naturaleza y concepción del nuevo cargo.
La nueva Constitución diseña una especie de policentrismo en las formas y mecanismos de ejercer el poder. Para ello, formalizó la autonomía municipal, potenció las facultades del Consejo de Estado e incorporó el cargo de primer ministro. Sin embargo, estos mecanismos no están definidos claramente, lo cual podría generar disfuncionalidades en determinadas circunstancias.
Así, mientras incorpora la figura del presidente de la República, simultáneamente le recorta las funciones de jefe del Gobierno al crear el cargo de primer ministro. El Artículo 140 establece que el primer ministro es el jefe del Gobierno. Pero, paradójicamente, el Artículo 127, inciso e), concede al presidente de la República la facultad de proponer al parlamento los integrantes del Consejo de Ministros. Esto implica que a partir de la conformación del gabinete ya comienza a ser dudoso que el primer ministro pueda constituirse en jefe de un gobierno que no seleccionó. Asimismo, el artículo 140, inciso k), señala que corresponde al primer ministro refrendar las disposiciones adoptadas por el Consejo de Ministros, mientras el artículo 127, inciso w), indica que el jefe del Estado preside las reuniones del gobierno. En fin, ¿quién responde realmente por el quehacer del gobierno? y ¿quién lo dirige de manera efectiva?
Manuel Marrero Cruz ha sido designado para ocupar por primera vez el cargo de primer ministro. Es importante recordar que desde 2004 ocupa una cartera ministerial. Ha dirigido el Ministerio de Turismo, el de mayor contenido práctico y concreto del país. Se trata de un ministerio que domina prácticamente buena parte de la realidad nacional cubana. Marrero es coronel de las FAR y es muy cercano a los círculos del “poder real”. Si bien tiene relaciones de trabajo con el PCC, nunca ha sido miembro de su Comité Central. Además, cabe destacar que cuando fue anunciado su nombramiento estaba sentado detrás de Raúl Castro, a su derecha estaba el general ministro de las FAR y a su izquierda el general ministro del Interior.
Personas cercanas a las instituciones oficiales aseguran que Raúl Castro pretende que sea el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, quien mande de un modo efectivo en el país. Para asegurarlo, a partir del próximo año, 2021, este ocupará el cargo de primer secretario del Comité Central del PCC. Para algunos, ello le garantizaría la transferencia a su persona del “poder real”.
Sin embargo, tal vez esto no pueda afirmarse de una manera tan categórica. El PCC no posee la pujanza y el influjo de otros tiempos. La composición del Comité Central salido del último Congreso no garantiza la presencia de personas que posean el talante requerido para ocupar el próximo Buró Político y asegurar que éste constituya una autoridad política “hegemónica”, “indiscutida” e “indiscutible”. Por otra parte, los sostenes del “poder real” se ajustan a una etapa distinta, más complicada e incierta, donde los individuos serán importantes, pero ya nunca más “pilares definitivos” del poder, de la estabilidad.
Conclusiones
A pesar de todo, el presidente posee condiciones que pueden favorecerlo. Carga con el peso de las dificultades y la carencia de un discurso de esperanza; pero después de sólo dos años de mandato no está desgastado de manera suficiente como para asegurar que no podrá ser parte de ese “futuro” necesario y posible o liderarlo de manera clara. Amplios segmentos sociales pueden criticar lo que no hace o no dice, pero no suelen reprocharle, al menos de momento y de un modo categórico, un trabajo realizado con ahínco. Igualmente, aunque no sea el centro del poder, como fueron sus antecesores, está sólidamente colocado en el centro del entramado institucional y en el entorno del poder. Conoce muy bien el país y sus problemáticas, así como la estructura del Estado y sus potencialidades. También controla las carencias potenciales de cada ámbito y entidad del país. Además, tal vez como ningún otro cubano, debe sentir que toda su persona se encuentra frente al peso implacable de la realidad, frente a toda una sociedad que demanda bienestar y esperanza, frente a la historia. No obstante, sólo podrá sobrepasar dicha encrucijada (por supuesto, si lo desea) con la convicción de que, en el empeño, lo ganará todo o lo perderá todo.
Roberto Veiga González
Interamerican Dialogue, cofundador de Cuba Posible (@cubaposible)
