Costa Rica: grandes sorpresas electorales, mayor polarización, ¿menor gobernabilidad?

Ver también versión en inglés: Costa Rica: big election surprises, increased polarisation and eroding governability?

Tema

Las elecciones parlamentarias de Costa Rica y la primera vuelta de las presidenciales han dejado un escenario bastante abierto y con algunas novedades políticas.

Resumen

Este análisis se centra en los principales resultados, circunstancias e implicaciones de las elecciones presidenciales en Costa Rica del 4 de febrero pasado, en las que ningún candidato alcanzó el 40% mínimo de votos válidos para ser declarado ganador. Así, se llega a la segunda vuelta (el 1 de abril) en una tesitura inédita y con grandes desafíos para el nuevo gobierno, especialmente en lo fiscal. Los resultados de las elecciones parlamentarias plantean, igualmente, importantes retos. La democracia costarricense permanece sólida, pero se enfrenta a dilemas profundos.

Análisis

Las elecciones del 4 de febrero en Costa Rica inauguraron un ciclo de seis elecciones presidenciales en América Latina en 2018. Normalmente, no tendrían tanta importancia e interés, pero la irrupción de un partido pentecostal como ganador en la primera ronda y el desplazamiento de los dos más tradicionales al tercer y cuarto lugar respectivamente, le otorgan un significado y atención inesperados; también por las circunstancias en que esto ocurrió, especialmente un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (con sede en el país), sobre temas de familia y matrimonio.

Las elecciones

El pasado 4 de febrero se celebró la primera vuelta de las elecciones para elegir al presidente, los dos vicepresidentes y los 57 diputados a la Asamblea Legislativa (Congreso). Ningún partido obtuvo el mínimo de 40% de los votos válidos. Los resultados difícilmente podrían haber dejado sorpresas mayores. La segunda vuelta (balotaje) estaba cantada desde hacía varios meses pero, según las encuestas, con otros candidatos.

Entre las sorpresas más significativas destacan las siguientes: el partido más votado es de carácter religioso, protestante de la rama pentecostal (Partido de la Restauración Nacional, PRN), con Fabricio Alvarado de candidato. El segundo fue el PAC (Partido Acción Ciudadana), actualmente en el poder y con muy bajo índice de popularidad (negativo), medido por aprobación-reprobación de la figura presidencial, con Carlos Alvarado de candidato.

Los dos partidos que gobernaron entre 1953 y 2014 quedaron en tercer y cuarto lugar respectivamente. El primero fue Liberación Nacional (PLN), que mantuvo su mismo nombre y bandera durante nueve períodos (37 años, discontinuos), y el segundo el Social Cristiano (PUSC), que con varios nombres, composiciones y banderas, pero manteniendo su núcleo básico, gobernó en seis períodos (24 años, también discontinuos). El candidato Juan Diego Castro, un abogado penalista con escasa participación política previa y de encendida y colorida retórica, a quien las encuestas mostraban como uno de los probables ganadores, obtuvo una votación muy por debajo de la esperada. Se presentó bajo el sello del Partido Integración Nacional (PIN).

Fuente: Elecciones Nacionales 2018, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), República de Costa Rica.

Entre los aspectos destacados de la dinámica de esta elección destacan:

El PRN obtuvo su votación más nutrida entre los votantes de menor nivel socioeconómico, según las áreas geográficas que ganó. El PAC reafirmó su condición de partido fuerte en las zonas urbanas y en los niveles socio económicos medios.
La elección confirma el declive del bipartidismo tradicional (PLN y PUSC, que podrían calificarse de tendencia socialdemócrata y socialcristiana neoliberal, respectivamente), pero no su muerte o desaparición, atendiendo a los resultados de la elección legislativa.
El Partido Libertario (de tendencia liberal “extrema”) y su líder Otto Guevara fueron superados por nuevas opciones políticas y no lograron elegir ni un diputado. Probablemente van a desaparecer y su espacio sería ocupado por el nuevo partido “Liberal Progresista”, de planteamientos similares, pero con líderes más pragmáticos. Este partido no obtuvo un buen resultado en su primera participación, principalmente por contingencias internas que lo afectaron en su salida al campo.
Los aspectos ideológicos y hasta programáticos muestran una importancia declinante del voto como factor de definición, igual que las afiliaciones familiares tradicionales, que gravitaron fuertemente en las elecciones nacionales desde la Revolución de 1948, origen de lo que se suele denominar “la Segunda República”. Aunque aún es prematuro para darle categoría de permanente, las características anteriores parecen sugerir una mayor importancia del perfil de los candidatos, en la definición del voto, sin excluir lo programático. Habrá un peso menor de las cuestiones ideológicas y más del pragmatismo ante problemas cotidianos y de “valores”.
La elección estuvo muy influida y determinada por “eventos” (fenómenos impredecibles o que adquieren dimensiones mayores que las anticipadas), surgidos durante el proceso. Uno fue el “cementazo” (presumible estafa y escándalo de corrupción que dominó la campaña durante varias semanas). El otro, más importante, la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una consulta planteada por la segunda vicepresidenta de la República sobre los derechos de personas con preferencias sexuales no tradicionales o grupos LGBTI. La consulta fue respondida a tres semanas de las elecciones. El tema conmovió a la sociedad, adquirió enorme relevancia y polarizó aún más al pueblo y a la política. Tanto que condicionó el resultado de la primera vuelta e incidirá en la segunda.
La mayoría de los análisis de encuestas y de tracking muestran que hasta mediados de diciembre el candidato del PLN Antonio Álvarez se mantenía en primer lugar, con una intención de voto superior al 40% necesario para triunfar en primera ronda, con Juan Diego Castro del PIN segundo. En esas fechas y coincidiendo con el inicio de la llamada “tregua electoral de fin de año”, Castro se vio desplazado del segundo lugar y Álvarez logró mantenerse liderando, pero por debajo del 40%. Tras el fallo de la CIDH, Fabricio Alvarado del PRN y, pocos días después, Carlos Alvarado del PAC tuvieron un rápido crecimiento, más acelerado el de Fabricio, para terminar en primer y segundo lugar respectivamente.

A los puntos (d) y (f) se añade una observación importante: los pronósticos de las encuestas y trackings se dan en un ambiente de alto abstencionismo (alrededor del 40%). Al final fue inferior al 35%. Para saber cuán determinantes fueron los abstencionistas e “indecisos” en provocar un cambio tan fuerte y acelerado en las tres semanas finales, se requerirá conocer con mayor detalle tanto los datos desglosados como algunos estudios centrados en el tema. En especial, uno realizado por el “Programa del Estado de la Nación”, un esfuerzo independiente promovido por las universidades públicas y algunas otras entidades también públicas. Ese trabajo se concentra en un seguimiento horizontal de una muestra de votantes a lo largo de varios meses.

Las elecciones legislativas y el nuevo Parlamento

El sistema de elección y asignación de los escaños es proporcional en función de las listas provinciales de los partidos y favorece a los minoritarios (a los que no pudieron elegir al menos un diputado por cociente). Así, se otorga primero el escaño a quienes sólo obtuvieron “sub cociente” (mitad de un cociente) antes que a un partido que ya eligió por cociente, aunque su residuo sea mayor que el sub cociente.

Los resultados fueron: PLN, 17 diputados (uno menos que actualmente); PRN, 14 diputados (gana 13); PAC, 10 diputados (pierde dos); PUSC, 9 diputados (gana uno); PIN, cuatro diputados (vuelve a tener representación tras ocho años); PRSC, dos diputados (primera vez en la Asamblea Legislativa); y PFA (Partido Frente Amplio), un diputado (pierde ocho).

Ningún grupo tiene la mayoría (29 diputados). La primera minoría es el PLN. Si se consideran los resultados de la votación parlamentaria no se produjo la muerte del bipartidismo tradicional, pero sí su debilitamiento y la aparición de nuevas fuerzas políticas, cuya permanencia temporal (sostenibilidad) habrá de juzgarse en los próximos cuatro años o tras las elecciones de 2022.

Las reglas básicas que regulan la toma de decisiones en el Congreso son:

Se necesitan 38 votos para lograr el quórum mínimo para que el plenario de la Asamblea sesione legalmente. El mismo número para alterar el orden del día, esencialmente para que un determinado proyecto de ley ocupe un lugar de mayor prioridad para que sea debatido y votado. A diferencia de otros Congresos, el quórum legal es obligatorio durante toda la sesión, no sólo al inicio de la misma y en las votaciones. Es un arma de la oposición (o excepcionalmente del partido de gobierno) para impedir tramitar determinados proyectos de ley o presionar en una negociación ya sea de “control político” o de la agenda misma. Es un mecanismo similar al filibusterismo parlamentario en EEUU.
Con 29 votos hay mayoría absoluta, necesaria para aprobar la mayoría de los proyectos de ley y mociones de modificación con quórum completo (57) y cuando así lo exige el Reglamento.
La mayoría relativa, condición de aprobación cuando el quórum no es completo pero suficiente y el Reglamento no lo exige (el que obtiene al menos un voto más gana).

Dadas las reglas anteriores, para lograr un mínimo consenso para aprobar la mayoría de los proyectos se requerirán acuerdos de un mínimo de dos fracciones partidarias (mayorías relativa y absoluta, según sea el caso). Para lograr la mayoría cualificada (dos terceras partes del quórum completo, equivalente a 38 diputados) deberán concurrir al menos tres fracciones.

Lo anterior muestra lo difícil que ha devenido el ejercicio del gobierno, esencialmente en lo referente a todo aquello que requiere la aprobación del Legislativo: presupuestos del gobierno central, aprobación de nuevas leyes (o derogación de existentes) y nombramientos importantes, como magistrados del Poder Judicial, Contralores de la República, Defensor de los Habitantes, etc. A esto se agrega la creciente dificultad en la gestión diaria de los Ministerios e “Instituciones Autónomas del Estado” (incluidas empresas estatales como bancos, la refinadora de petróleo RECOPE, el ICE o Instituto Costarricense de Electricidad, etc.). Todo esto evidencia las dificultades operativas del Estado, un actor esencial en la vida diaria de los costarricenses, en mayor grado que en la mayoría de las democracias occidentales.

Con este sorprendente resultado de la primera ronda, especialmente en lo referente a la elección legislativa, se abre la extraña posibilidad de mejorar la operatividad de la Asamblea Legislativa. Por supuesto, esto conlleva la formación de alianzas complejas (¿coyunturales, caso por caso o permanentes?) entre tres o más fuerzas o partidos (PLN, PRN y PUSC). Con la información disponible por el momento, y lo que aparentemente indican las encuestas para la segunda ronda (medianamente confiables, pero congruentes con los resultados de la primera), esta alianza para alcanzar la mayoría cualificada (al menos dos tercios, o 38 diputados) tendría 40 diputados y podría elegir el Directorio Legislativo, alterar el orden del día para discutir y aprobar proyectos según sus intereses y aprobar o no otros proyectos de ley.

Esta posibilidad es actualmente sólo una teoría, pero ya hay quienes marchan en esa dirección. Supone un gran pragmatismo de todos sus miembros, especialmente del PRN si triunfa en la segunda vuelta. Seguramente, a cambio de apoyo para proyectos urgentes (como la reforma tributaria y fiscal), deberá ceder y alcanzar compromisos, especialmente en los temas de familia. Hay margen para ello. Pero requiere esencialmente saber operar y conciliar, algo necesario de aprender por un partido marginal y muy ideológico (religioso), sumado a las necesidades que implica la responsabilidad de gobernar el país.

A la vez, estas tres fuerzas políticas harán cálculos sobre las implicaciones de dicha “alianza” en el futuro político de cada una de ellas y en las condiciones que deberán ir negociando en el tiempo para mantener o disolver la alianza o limitarla. Los otros partidos con representación parlamentaria también jugarán sus cartas. Una “alianza parlamentaria” del PAC hacia la gobernabilidad, de acuerdo con los resultados y la experiencia reciente, así como al origen y composición del partido, parece inicialmente más difícil.

El PUSC y el PIN tienen acuerdos muy avanzados con el PRN, aunque aún no se han cerrado. El PAC surgió a la vida política para desplazar al PLN (y al PUSC en algún grado). Esto se ha manifestado en los procesos electorales en que el PAC participó desde 2002. Ya son cinco elecciones muy disputadas entre dos partidos que se consideran socialdemócratas. La reciente campaña incrementó ese antagonismo. Y aunque ambos comparten valores y hasta programas, hay corrientes de ambos lados que impiden una convergencia en la labor parlamentaria y gubernamental. Esto hace que esta alianza se vea hoy muy difícil, aunque para algunos sectores simpatizantes de ambas entidades sería lo deseable. Sin embargo, al PAC le resultará muy difícil consumar una alianza (o incluso alianzas coyunturales) para facilitar la gobernabilidad. Pero falta la segunda ronda y pueden pasar cosas.

Las reglas y resultados de la elección presidencial

En la primera ronda gana la fórmula presidencial que obtenga una mayoría relativa de votos válidos (sin votos nulos), siempre que represente al menos el 40% de la votación. Los votos en blanco se consideran válidos y cuentan para calcular el 40%.
Si ningún partido alcanza el mínimo indicado se irá a una segunda vuelta con los dos partidos más votados. Esto ocurrió el 4 de febrero. En ella participarán Fabricio Alvarado del PRN y sus dos candidatos a vicepresidentes y Carlos Alvarado del PAC y sus dos compañeros de fórmula.
Las fórmulas presidenciales deben tener al menos un representante de cada uno de los dos sexos, en cualquier puesto y orden.

En la primera ronda, el PRN obtuvo alrededor del 25% (505.000) de los votos válidos; el PAC, casi el 22% (440.000). Una diferencia de 66.000 votos:

El PLN obtuvo 377.000 votos (19%) y el PUSC 325.000 (16%). Para el PLN fue, por mucho, la votación más baja de su historia. El PIN obtuvo el 10%. Los demás partidos tuvieron votaciones más bajas o ínfimas.
El PRN ganó 37 cantones de 81 y le arrebató 26 municipios al PLN, nueve al PAC y dos al Frente Amplio. En comparación, en las elecciones de 2014 el cantón que le dio más votos al PRN fue Quepos, donde sumó sólo un 3,9%. Es un cantón con un número relativamente pequeño de votantes. La mayor sorpresa la dieron las costas, que habían sido bastiones del PLN en las últimas tres elecciones. De los 28 cantones costeros, el PRN arrasó en 23: ganó todos los municipios limonenses, 10 de los 11 en Puntarenas y siete de los 11 guanacastecos.
No le habría resultado suficiente al partido ganador arrebatarle votos y territorios sólo al PLN, también lo hizo con el PAC, triunfador en las elecciones presidenciales de 2014. Según La Nación: “El actual partido de gobierno (PAC), perdió nueve cantones que había conquistado (en 2014). Fabricio Alvarado, le arrebató los premios gordos al PAC, partido con el que se enfrentará en una segunda ronda el próximo 1° de abril. El actual diputado se impuso en cinco de los seis cantones con más electores. Se trata de San José, Desamparados, Pérez Zeledón, Alajuela y San Carlos. A la lista de cantones con mayor número de votantes se suma Cartago, el único cantón que Restauración perdió frente a Carlos Alvarado. Estos son municipios con más de 100.000 votantes, que representan casi una tercera parte (29%) de los votos válidos”.
La segunda ronda será el 1 de abril, domingo de Resurrección para los católicos, todavía la mayoría de la población, aunque sea por tradición y origen. El dato, que en otras circunstancias podría ser irrelevante o meramente anecdótico, importa por el carácter religioso de uno de los dos partidos contendientes. Ese día, el final de la “Semana Santa”, es muy común que una parte importante de ciudadanos regrese de sus vacaciones, sea desde la playa o la montaña o del exterior. ¿Afectará al caudal total de votación? ¿Influirá sobre la votación relativa? Es bueno agregar que para los “pentecostales” –rama predominante en el PRN– ese día no es tan trascendental.
El PRN parte con una ventaja de algo más de tres puntos porcentuales sobre el PAC, unos 65.000 votos en términos absolutos. Pero están en juego casi un millón de votos (dependiendo del nivel de abstencionismo). Ese millón de votos, distribuido entre los otros partidos, más los votos en blanco y nulos de la primera ronda, si bien no votarán disciplinadamente por quien les indique su partido o su ex candidato, sí muestran inclinaciones más o menos colectivas, si juzgamos por manifestaciones en redes sociales, medios de comunicación y la única encuesta realizada entre ambas opciones, después del 4 de febrero. En ésta, Fabricio (PRN) aparece con una ventaja de entre 12 y 13 puntos sobre Carlos, en la tercera semana de febrero.
La campaña del PAC se ha centrado hasta ahora en atacar las posiciones de Fabricio en cuanto al tema de “matrimonio entre personas del mismo sexo” y su rechazo a la Respuesta de la CIDH, tratando de conservar y atraer lo que usualmente se conoce como “voto progresista”. Sus activistas en redes y en algunos medios enfatizan el peligro de un retroceso en materia de Derechos Humanos.
Fabricio Alvarado, con la ventaja que obtuvo en primera ronda y la fuerte animosidad entre sectores mayoritarios del PAC frente al PLN y el PUSC, ha procurado atraer a estos votantes moderando sus posiciones y declaraciones sobre estos temas y buscando acercarse a algunos líderes de esos partidos para alcanzar acuerdos, o incorporando en su equipo técnico de campaña a representantes de estos partidos.
Carlos Alvarado (PAC), también ha llevado a cabo reuniones con líderes de otros partidos, incluyendo públicamente a dos ex presidentes liberacionistas y a uno del PUSC. No es público que se haya reunido con los otros tres ex presidentes (dos del PUSC y uno del PLN), pero hay fuertes rumores al respecto.
El Directorio Político del PLN dejó libertad de voto a sus militantes, dada la materia tan delicada que polarizó la elección y su responsabilidad como mayor grupo en la próxima Asamblea Legislativa. Hay un fuerte debate y deseos de influir internamente entre miembros de base y dirigentes del partido, a favor de uno u otro candidato, pero no es evidente por quién se inclinará la mayoría y en qué proporción.
Las autoridades del PUSC anunciarán su posición oficial en la primera o segunda semana de marzo, supuestamente una vez acabadas las conversaciones y negociaciones con ambos candidatos en lisa, especialmente con el PRN.
Los debates por radio y televisión serán más determinantes en esta ronda. Primero, porque sólo habrá dos comparecientes. Segundo, porque los temas de fondo para el interés general fueron postergados en la primera ronda, especialmente el déficit fiscal y su resolución (se prevé un 7% del PIB para 2018), la reforma tributaria, la acción del Estado especialmente en educación, la construcción de infraestructuras, el acceso y calidad de la salud pública y la seguridad ciudadana. Todos temas del mayor interés para la población. Sería ingenuo pensar que no se incluirá la agenda de Derechos Humanos, familia o matrimonio. Fabricio tratará de aprovechar el desgaste del PAC en el gobierno, dada la insatisfacción de la mayoría de la población con su desempeño. Y a Carlos le tocará defender a su partido y su gobierno, en el que fue ministro por varios años.

Conclusiones

La consulta de la vicepresidenta a la CIDH y su respuesta a sólo tres semanas de las elecciones del 4 de febrero cambiaron radicalmente (en sentido literal) la dinámica y el resultado de la elección. Si bien las encuestas en muchos países, al menos las conocidas por el público, han mostrado una cierta tendencia a ofrecer sorpresas, ninguna apuntaba ni de lejos, antes de este hecho, un resultado como el que se dio. Evidencia adicional de esta tesis la ofrece la discrepancia entre los resultados partidarios para la elección presidencial y la de diputados.
Lo anterior conlleva cuestionarse sobre la sapiencia de la CIDH y sobre el timing de su respuesta. Esto habrá que analizarlo con mejor perspectiva en los próximos meses.
Otra consecuencia fue el desplazamiento de otros temas de importancia para los ciudadanos, tanto en la discusión y conversaciones públicas y privadas como en cuanto a los criterios para la definición del voto.
Esto sigue gravitando en la dinámica política hacia la segunda ronda y habrá que esperar para saber si otros temas importantes logran colarse en el debate, en la decisión del voto y el resultado final.
Costa Rica ya vivía un proceso de polarización en el debate público y en el comportamiento de los actores políticos, los medios y el público en general. Su génesis puede estar en las manifestaciones sobre el “combo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)” en 1998,¹ los escándalos de corrupción que afectaron a ex presidentes y otros funcionarios y empresarios y el proceso de negociación y aprobación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con EEUU, que culminó y se resolvió positivamente con un referendo con un resultado muy ajustado. Cuando parecía que disminuiría la polarización, la dinámica sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y otros temas anexos parece que provocaron una nueva polarización.
Cualquiera que sea el resultado de la segunda vuelta, la sociedad y el país no podrán evitar afrontar problemas apremiantes, como lidiar con el déficit fiscal, del 6,2% en 2017 y del 7% en 2018. La calificación financiera de la deuda nacional ya ha sufrido una baja y el aumento de las tasas de interés ha comenzado, pero probablemente se acelerará en los meses siguientes. La demora en lograr un acuerdo político (que tampoco podrá ignorar la agenda sobre tipos de familia y matrimonio aceptados y legales en Costa Rica) para resolver estos desafíos, incidirá sobre el desempeño económico y la distribución del ajuste entre los diversos sectores sociales. También sobre otros elementos centrales de la vida democrática, como la protesta social, las asignaciones presupuestarias hacia los diversos sectores de gobierno y el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos.
Aunque los actores políticos y la sociedad civil han tenido muchas dificultades en llegar a acuerdos sobre la reforma del Estado y el desafío fiscal, quizá la nueva composición del Parlamento y el elevado riesgo de crisis fiscal (y económica), logren “hacer el milagro”. Los medios de comunicación también tienen tareas y responsabilidades en ello.
Entre estos desafíos, sobre cuya prioridad sí hay consenso, reflejado en los discursos políticos, los programas de gobierno presentados por los partidos, los informes de entes especializados nacionales e internacionales, y los artículos y comentarios de opinión, destacan: la mayor eficiencia y volumen en la inversión en infraestructura física, la calidad de la educación y la salud, la mejora en la seguridad ciudadana, la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema y la mayor progresividad de la tributación.
Costa Rica posee instituciones fuertes. El proceso electoral –más allá de la forma de elegir diputados, de asignar los puestos elegidos en un sistema que dejó de ser bipartidista, la necesaria revisión del financiamiento electoral– respondió sólidamente. Los resultados fueron rápidos y aceptados por todos, lo cual habla bien del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), prácticamente un “cuarto poder” constitucional en el sistema de gobierno.
La economía es una de las más abiertas y diversificadas del continente. El Banco Central y sus órganos auxiliares de supervisión y control son independientes y eficaces. Esto neutraliza, hasta cierto punto, la posibilidad de una crisis económica generalizada en lo externo, resultado del urgente y profundo ajuste fiscal, con costes inevitables. Pero no debe menospreciarse los riesgos que entraña la compleja situación fiscal.
La eficiencia general del aparato estatal, bastante complejo y quizá más descentralizado de lo necesario, es una asignatura pendiente por más de dos décadas, a pesar de cambios puntuales. El sistema general de contratación del sector público debe ser revisado y reformado para acercar los incentivos al objetivo general de mayor eficiencia. La redistribución de fondos públicos, recaudados por impuestos podría mitigar la profundidad del ajuste fiscal y sus consecuencias de corto y mediano plazos.
No soy optimista en cuanto a que en medio de las premuras de un gobierno que será electo el 1 de abril y asumirá cinco semanas después pueda haber un plan ordenado y congruente de largo plazo. Pero esto deberá hacerse, para luego ser ejecutado –aunque con falencias y carencias– en los próximos cuatro años. El gobierno solo no dará abasto, ni técnica ni políticamente. Y si sabe cómo plantearlo, el país posee los recursos humanos y reservas democráticas para hacerlo.
Esta elección en Costa Rica, que inicia un ciclo de seis en el ámbito latinoamericano en 2018, ha adquirido dimensiones mayores de las originalmente previstas. Ha dejado lecciones para todo el subcontinente. Ojalá los costarricenses sepan leer bien, no sólo los resultados sino todo el proceso. Y los latinoamericanos, y quienes desde el sector privado, público y académico y del ámbito internacional, interactúan o tienen interés legítimo en la región como un todo, también deben analizar y estudiar el caso, pues las lecciones son muchas e importantes.

Saúl Weisleder
Ex presidente del Parlamento de Costa Rica

¹ El llamado “Combo del ICE” fue un proyecto de ley que integró en un solo expediente la reforma del sector eléctrico y la de telecomunicaciones. Hasta entonces existía un monopolio estatal (Instituto Costarricense de Electricidad – ICE) sobre las telecomunicaciones y el “transporte y distribución” de energía eléctrica, y fuertes limitantes para su generación privada. El ICE poseía ese monopolio. Al discutirse y aprobarse la reforma en un solo proyecto, los sindicatos del sector público, especialmente los del ICE, los más fuertes del país, lograron movilizar a los universitarios y otros sectores, al punto de paralizar el país. Tras un diálogo mediado por varias entidades, especialmente la Iglesia Católica y la Defensoría de los Habitantes, se lograron acuerdos importantes, incluyendo la derogación de la reforma legal, luego sustituida por otra menos “drástica”, pero que acabó con el monopolio de la telefonía, especialmente servicios celulares, Internet y otros. El país avanzó rápido y volvió a estar en los primeros lugares de América Latina, especialmente en telefonía celular, con presencia de varias empresas privadas. Está pendiente una reasignación del espectro radioeléctrico.