Tema
En relación con los riesgos y amenazas asociados al terrorismo yihadista, la cooperación con Marruecos es fundamental para España. Actualmente es mejor que nunca es sus dimensiones judiciales y policiales, pero una faceta de dicha colaboración ofrece a Rabat ventajas de las que puede hacerse un doble uso que no siempre coincida con nuestros intereses nacionales.
Resumen
Para España es fundamental la cooperación con Marruecos en materia de terrorismo internacional. La excepcional movilización yihadista relacionada con Siria e Irak que tiene lugar desde finales de 2011 invita a reflexionar sobre el mantenimiento y la mejora de la misma. La cooperación hispano-marroquí se remonta a los años ochenta y noventa del pasado siglo. Registró un salto cualitativo tras la matanza que tuvo lugar el 11 de marzo de 2004 en Madrid y en la actualidad es mejor que nunca antes, tanto en su dimensión judicial como en la policial. Ahora bien, la colaboración prestada por las autoridades de Marruecos en iniciativas orientadas a inhibir procesos de radicalización en el seno de colectividades de origen marroquí establecidas en España, ofrece a Rabat posibilidades de ejercer sobre las mismas una influencia que podría terminar sirviendo mejor a los intereses marroquíes que a los intereses nacionales de España.
Análisis
En nuestros días, referirnos a la cooperación antiterrorista entre las autoridades españolas y las marroquíes es hacerlo de cooperación bilateral contra actores individuales y colectivos implicados en actividades de terrorismo yihadista, es decir, inmersos en actividades terroristas inspiradas en una u otra manifestación de la ideología del salafismo yihadista. Esta visión fundamentalista y belicosa del credo islámico es una de las variantes del salafismo y, como tal, resulta extraña al entendimiento consuetudinario de la religión, concretamente el asociado a la escuela y el rito malikí, que es la forma oficial y moderada del islam propia de la gran mayoría de los musulmanes en Marruecos, quienes suponen un 99,4% de la población del país, prácticamente en su totalidad sunníes.
La radicalización yihadista afectó a centenares de súbditos marroquíes que durante la década de 1980 se trasladaron a Afganistán, respondiendo a un llamamiento a la denominada yihad defensiva emitido por múltiples autoridades religiosas de orientación salafista establecidas en distintos países del mundo islámico –incluida alguna formada en el rigorismo doctrinal saudí que predicaba en el norte Marruecos–, a raíz de la invasión soviética del país surasiático. Pero no será hasta la siguiente década, ya avanzados los noventa, cuando se detecte en territorio español la presencia de células terroristas de orientación yihadista, directa o indirectamente relacionadas con al-Qaeda, entre cuyos miembros se incluían inmigrantes marroquíes procedentes de ciudades como Tánger, Tetuán o Casablanca, entre otras.
Del atentado en el hotel Atlas Asni al 11-M
La movilización yihadista de los años ochenta y noventa fue el fenómeno que condujo a los primeros intercambios de contenido antiterrorista entre España y Marruecos. Aunque ya en agosto de 1994 se produjo un acto de terrorismo yihadista en el hotel Atlas Asni de Marrakech en el que perdieron la vida dos turistas españoles y otro más resultó herido, esos intercambios se desarrollaron como consecuencia de dos acontecimientos especialmente relevantes ocurridos en uno y otro país con posterioridad. En primer lugar, en España, debido al desmantelamiento en noviembre de 2001 de la célula que al-Qaeda había fundado en nuestro país siete años antes, cuyo líder había conseguido captar a algunos marroquíes, aunque en su mayoría estuviese formada por individuos de origen sirio. A continuación, en Marruecos, por los atentados perpetrados el 16 de mayo de 2003 en Casablanca, uno de cuyos blancos fue el restaurante y lugar de ocio Casa de España. Entre los 45 muertos ocasionados por esos atentados hubo tres fallecidos españoles, por lo que en el Audiencia Nacional se abrió un sumario en el marco del cual se avanzó en el intercambio de información antiterrorista entre las autoridades españolas y las marroquíes.
Ahora bien, la cooperación antiterrorista entre España y Marruecos registró un salto cualitativo después de esos dos sucesos, pero más concretamente tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Recordemos que la red del 11-M estuvo integrada en su mayoría por marroquíes y que algunos de estos lograron huir de nuestro país, siendo detenidos en Marruecos o extraditados posteriormente a éste, su país de origen, tras ser capturados en Siria. Marruecos, como es sabido, no extradita a sus nacionales. Sin embargo, esos individuos fueron juzgados y condenados en dicho país por hechos relacionados con la preparación y ejecución del 11-M. Para entonces, el Gobierno español había tomado la decisión de destacar en Rabat a un magistrado de enlace que, además de agilizar el intercambio judicial en casos de terrorismo, facilitó los encausamientos y los consiguientes veredictos condenatorios. Esta innovadora y valiosa figura del magistrado de enlace establecido en Marruecos persiste en la actualidad como una herramienta muy eficaz en la colaboración judicial.
Una excelente cooperación antiterrorista
Tanto las autoridades judiciales –en concreto la Fiscalía de la Audiencia Nacional, única jurisdicción que en España se ocupa de delitos de terrorismo– como policiales españolas –los respectivos servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil (GC) con competencias en terrorismo dentro del territorio nacional– coinciden en señalar que, en estos momentos, la cooperación antiterrorista con Marruecos se desarrolla en unos términos muy positivos: mejor que nunca antes. Como ilustración de ello basta reseñar que entre 2013 y 2014 los cuerpos policiales españoles y marroquíes desarrollaron conjuntamente seis operaciones antiterroristas, con un saldo de 40 detenidos a ambos lados de la frontera: Operación Cesto (junio-septiembre de 2013), Operación Azteca (marzo de 2014), Operación Gala (junio de 2014), Operación Kibera (agosto de 2014 y diciembre 2014) y Operación Farewell(septiembre de 2014).
En relación con los riesgos y amenazas asociados al terrorismo internacional, esta colaboración con el vecino del Sur es fundamental para España. Ello obedece no sólo a factores de proximidad geográfica, sino también al hecho de que la gran mayoría de los residentes en España que proceden de países con poblaciones mayoritariamente musulmanas son de origen marroquí. Añádase a ello la evidencia de que, entre la totalidad de los condenados o muertos en España de 1996 a 2012 por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista, el 27,4% tenía nacionalidad marroquí (cifra que alcanzó el 40,7% para cuantos de estos fueron detenidos o se inmolaron con posterioridad a 2003) y hasta un 28,8% había nacido en Marruecos (dato que se eleva hasta el 42,6% desde 2004).
Igualmente fundamental en materia de prevención y lucha contra el terrorismo internacional es para España la cooperación con Francia. Ambos países comparten similar valoración respecto a focos y fuentes de la amenaza terrorista, además de una preocupación especial respecto a yihadistas de origen marroquí, en el caso francés sobre todo respecto a segundas generaciones, es decir, descendientes de inmigrantes procedentes de Marruecos. Pese a que en el pasado reciente han funcionado incluso equipos conjuntos de cooperación judicial antiterrorista compuestos por miembros de los tres países, los intercambios de Francia con Marruecos se deterioraron extraordinariamente a lo largo de 2014, una circunstancia que, aun subsanada a inicios de 2015, ha contribuido a elevar aún más el perfil adquirido en la actualidad por el alcance de la relación hispano-marroquí.
Aun cuando la cooperación antiterrorista entre España y Marruecos es en la actualidad, como decimos, excelente, los desafíos que ambos países afrontan, de la misma manera que lo hacen otros en y alrededor del Mediterráneo Occidental, no se han manifestado aún en su previsible potencial. Muy especialmente respecto a la excepcional movilización yihadista relacionada con Siria e Irak que tiene lugar desde finales de 2011, cuyo impacto en términos de riesgos y amenazas terroristas incide sobre todos los países del Magreb así como en nuestro entorno europeo. De Marruecos proceden más de 1.500 individuos incorporados a organizaciones yihadistas activas en esos dos países (cuarto principal emisor después de Túnez, Arabia Saudí y Jordania), algunos de ellos con posibilidad de acceder al territorio español. Ello invita a reflexionar sobre la necesidad del mantenimiento en los actuales términos –e incluso la mejora– de la cooperación bilateral antiterrorista con Marruecos, socio que es el país más estable en la región del Magreb por lo que atañe a la incidencia del terrorismo –entre 2011 y 2013 se registró en el país un solo atentado terrorista, lo que contrasta con no menos de 33 ocurridos en Túnez, 77 en Argelia y 353 en Libia durante ese mismo periodo de tiempo–, en sus distintos niveles estructural, organizativo e individual.
Mantenimiento y mejora de la cooperación
En el nivel estructural no debe minimizarse la importancia de los condicionamientos políticos de la relación bilateral, pese a la autonomía relativa que se atribuye a la relación existente entre agencias estatales de seguridad de España y Marruecos. Es más, a diferencia de lo que ocurre con otros países de la región o con otros sectores de las relaciones bilaterales, España y Marruecos carecen aún de un convenio que proporcione el marco jurídico en el contexto del cual desarrollar más adecuadamente, superando incluso algunas diferencias en las respectivas legislaciones, la cooperación bilateral en materia de seguridad, incluyendo la lucha contra el terrorismo. Su inexistencia, que sería recomendable subsanar con prontitud, revela que las relaciones bilaterales entre ambos países han sido, en el plano político general, más irregulares de lo que conviene a una eficaz cooperación antiterrorista.
Respecto a la Administración de Justicia y la cooperación antiterrorista, una vez culminado el Programa de Modernización de dicho sector –entre cuyos principales logros destacan la mejora técnica de las instituciones judiciales y la creación de una red de cooperación judicial hispano-marroquí– y tras ponerse en marcha una segunda fase del mismo, al igual que otras iniciativas relacionadas, es preciso reformar protocolos bilaterales ya obsoletos. Estos, en cualquier caso, deben acomodarse a un principio de reciprocidad, que, por ejemplo, permita la entrega temporal de Marruecos a España,y viceversa, de encausados en procedimientos abiertos sobre terrorismo que se encuentren en uno de esos países mientras la acción judicial que le afecta se desarrolla en el otro. Así se atenuarían las dificultades derivadas de que las autoridades marroquíes no extraditen a sus nacionales.
A un nivel organizativo y en el ámbito judicial, adquiere un valor singular la existencia de un grupo cuatripartito de trabajo entre fiscales antiterroristas de España, Francia, Bélgica y Marruecos. A este mismo nivel organizativo, pero en el campo policial, la realidad de la cooperación entre España y Marruecos es dual. El CNP, a través de su Comisaría General de Información, se relaciona con la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN) marroquí, mientras que el correspondiente servicio de Información de la GC lo hace con la Gendarmería de nuestro país vecino al sur. Las potenciales disfunciones de coordinación a que ese tipo de arreglos duales son susceptibles podrían subsanarse a través, por una parte, de la División Antiterrorista del recientemente creado Centro de Inteligencia contra Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) y, por otra, mediante el trabajo efectivamente conjunto a la vez que integrado, es decir, sin sesgos corporativos, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en Rabat para desempeñar tareas relacionadas con las competencias internacionales propias del ministerio del Interior, independientemente del cuerpo al que pertenezcan.
Es precisamente a este último respecto, en el nivel individual, donde cabe insistir en algunos aspectos que requieren un particular cuidado para el desarrollo de una cooperación antiterrorista tan crítica para España como lo es la que se mantiene con Marruecos. Convendría así, con el propósito de que las relaciones personales de cariz informal basadas en la confianza que tanta importancia tienen para canalizar con la mayor rapidez y efectividad las relaciones oficialmente formalizadas, subrayar la importancia que tienen el hecho de que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adscritos como Consejero o Agregados de Interior en la Embajada de España en Marruecos tengan, como requisito imprescindible, además del rango apropiado para tratar con sus interlocutores locales y sólida experiencia en el campo de la Información, un buen manejo de la lengua francesa, además de incrementarse el número de quienes entre ellos se expresen con fluidez en árabe.
Cooperación y prevención de la radicalización
Hay una faceta preventiva, en el ámbito de la cooperación hispano-marroquí contra el terrorismo internacional, que debe ser traída a colación. Se trata del empeño de las autoridades marroquíes en controlar la designación de los imanes que ejercen su labor en lugares de culto islámico en España, particularmente en aquellos oratorios cuya congregación está principalmente compuesta por musulmanes de origen marroquí, a fin de evitar que predicadores extremistas promuevan la radicalización entre sus nacionales. Esto es de interés para España, que aún no tiene las capacidades necesarias ni para intervenir en ese sector religioso ni sobre temas de cultura marroquí en otros afines como el educativo. Estas iniciativas deben estar, además de concertadas con las autoridades españolas en el marco de las relaciones bilaterales, controladas por ellas. En este sentido, el Plan Nacional de Prevención de la Radicalización aprobado por el Gobierno de España en enero de 2015 es una adecuada iniciativa dentro de la cual encuadrarse.
Dicho Plan, contempla de hecho, en lo que se refiere a prevención de la radicalización yihadista, la colaboración hispano-marroquí en áreas como la formación de imanes –una faceta a la que Marruecos presta una especial atención en el contexto norteafricano, habiéndose convertido en referente regional–, la participación de docentes marroquíes en la impartición de contenidos sobre lengua y cultura de su país en colegios españoles a descendientes de inmigrantes procedentes del mismo, e incluso la financiación del culto islámico en Ceuta y Melilla. Ahora bien, esta colaboración prestada por las autoridades de Marruecos en iniciativas orientadas a inhibir procesos de radicalización en el seno de colectividades de origen marroquí establecidas en España, ofrece a Rabat posibilidades de ejercer sobre las mismas una influencia que podría terminar sirviendo mejor a los intereses marroquíes que a los intereses nacionales de España.
Conclusión
La cooperación antiterrorista entre las autoridades españolas y las marroquíes, iniciada hace unas tres décadas y centrada en el terrorismo yihadista, es actualmente excelente. En relación con los riesgos y amenazas asociados a este fenómeno, particularmente en una situación como la actual, en la que ambos países afrontan una movilización yihadista sin precedentes relacionada con los conflictos en Siria e Irak, la colaboración con el vecino del Sur es fundamental para España. Ello obedece no sólo a factores de proximidad geográfica, sino también al hecho de que la gran mayoría de los residentes en España originarios de países con poblaciones mayoritariamente musulmanas lo son de Marruecos o a que el 40,7% de cuantos individuos fueron detenidos o se inmolaron en nuestro país entre 2004 y 2012 eran de nacionalidad marroquí.
Ello invita a reflexionar sobre el mantenimiento e incluso la mejora en la cooperación bilateral antiterrorista con Marruecos, en los distintos niveles estructural, organizativo e individual, a través de los cuales se desarrolla la misma. Ahora bien, la colaboración prestada por las autoridades de Marruecos en determinadas iniciativas orientadas a inhibir procesos de radicalización dentro de colectividades de origen marroquí establecidas en el territorio español, concede a las autoridades marroquíes ventajas de las que puede hacerse un doble uso.
