Tema: El gobierno español había preparado desde el verano de 2004 el estudio de la corrección de ciertas medidas insertas en la Posición Común de la Unión Europea (UE) sobre Cuba, vigente desde 1996, reforzada en 2003, ante la ineficacia de las mismas. En concreto, se sopesaba (entre bastidores discretos y luego con filtraciones a la prensa) el dudoso beneficio de mantener un explícito y público contacto con la disidencia en Cuba, al tiempo que las líneas de comunicación con el gobierno cubano estaban reducidas al mero y tortuoso proceso burocrático. No se cuestionaba el mantenimiento de las condiciones impuestas a Cuba para merecer un eventual acuerdo de cooperación, núcleo central de la Posición Común, sino algunos perfiles de las medidas adicionales impuestas en 2003.
Apenas el nuevo embajador español en La Habana había anunciado cambios en el trato diplomático a los disidentes (concretamente, las invitaciones que reciben para asistir a actos oficiales), un diputado español (acompañado de dos colegas y otras dos representantes de ONG) llegaba a Cuba con la intención de entrevistarse con la disidencia. Interpretado como una provocación política por el gobierno cubano, se procedió a su fulminante expulsión, creando una seria tensión diplomática, al tiempo que se ponía en duda cualquier modificación de la reglamentación europea ante Cuba. Además, sin apenas tiempo para reponerse del impacto de la nueva crisis, se producía en accidente de Castro que lo pueden dejar con serias limitaciones de movimiento por tiempo indefinido, con todas las especulaciones acerca del control efectivo de la maquinaria política del régimen.
Resumen: Un discurso y una expulsión eran los dos hechos acaecidos en la capital cubana con la diferencia de apenas tres días, que en principio estarían inconexos, pero que en realidad se hallaban íntimamente ligados en su trasfondo. Esta combinación insólita (pero que no sorprende a los observadores precavidos) ha colocado las relaciones hispano-cubanas y, por extensión, la frágil y contradictoria relación entre la UE y Cuba, en una nueva fase de congelación, a la espera de que una de dos partes decida ejecutar el siguiente movimiento o calcular que la inacción es el menor de los males.
El anuncio, tras la lenta evaluación y su inexorable filtración pública, por parte del gobierno español para liderar los esfuerzos de una reforma de la actitud colectiva de la UE hacia Cuba, recibió no solamente el disgusto de la disidencia, sino aparentemente el contraataque presentado por el viaje del dirigente del PP a Cuba y su rechazo al ingreso por parte de las autoridades cubanas, que de forma oportunista dramatizaron y explotaron al máximo el incidente. Un proyecto diplomático se había unido de esta manera a una crisis política. El dramatismo de ambas acciones se magnificó a renglón seguido por otro hecho, sin relación con los otros, pero de potencial impacto en las relaciones entre la UE y Cuba. La caída fortuita, con serias fracturas, de Fidel Castro en Santa Clara, con notables consecuencias para la efectiva toma de decisiones, incidirá en el panorama global.
El conflicto diplomático comenzó a recibir visos de grave tensión, cuando Jorge Moragas, diputado del PP y director de relaciones internacionales del Partido Popular, y dos parlamentarias holandesas (a su vez acompañadas por otros dos representantes de ONG) fueron expulsados del aeropuerto de La Habana el 15 de octubre. Habían llegado allí con simple visado turístico (según ellos, con aviso previo al gobierno español), pero con la intención publicitada de entrevistarse con dirigentes de la disidencia opositora al régimen cubano. Esta escena, con máxima capacidad para capturar los titulares de las portadas de los diarios y abrir los telediarios durante días, se producía con el precedente de un viaje anterior de Moragas a Cuba. Solamente había sido revelado por la publicación posterior de una foto en al que figuraba entregando el Premio Sajarov, la recompensa del Parlamento Europeo al dirigente la disidencia Oswaldo Payá, honor que curiosamente ya le había sido concedido en una ceremonia en Estrasburgo. Las autoridades cubanas, visiblemente irritadas, ya habían advertido que el incidente no se repetiría. Efectivamente, así fue, desencadenando una nueva crisis.
Inmediatamente al reenvío de los parlamentarios en el mismo avión de Air France en el que habían llegado a Cuba, los ministros de Asuntos Exteriores de España y los Países Bajos protestaron a los respectivos embajadores cubanos en Madrid y La Haya. Al mismo tiempo, como daño colateral, del que el gobierno español y los dirigentes del PSOE culparon a Moragas y al PP, en Bruselas se tenían serias dudas sobre las futuras perspectivas de una reforma en las medidas incluidas en la vigente Posición Común de la UE, que condiciona un eventual acuerdo de cooperación con Cuba.
El drama había tenido un primer acto días antes, cuando el nuevo embajador español en Cuba, Carlos Alonso Zaldívar, había invitado, a última hora y con reticencias según la oposición al gobierno español, a los representantes de la disidencia a la celebración del tradicional 12 de octubre. En ese acto anunció que se avecinaban cambios en las medidas específicas de ejecución de la Posición Común, concretamente las referentes a las invitaciones a los disidentes. Algunos líderes de la disidencia, visiblemente irritados, se retiraron antes de terminar el acto. Habían interpretado correctamente que la directriz protocolar que había desembocado en la llamada “guerra del canapé” estaba seriamente cuestionada por Madrid. El balance era que, como represalia por el reconocimiento explícito de la oposición en Cuba, los dirigentes gubernamentales cubanos rehusaban asistir a los mismos actos y relegaban a un bajo nivel los contactos con los entramados del poder en La Habana. Esta situación parecía tener los días contados, pero se conservaba cierta expectativa acerca de posibles negociaciones. Pero estalló una nueva crisis con la llegada de Moragas a La Habana.
Este análisis examina la relación entre la expulsión de Moragas y las repercusiones del discurso del embajador de España. El comentario traza y resume el estado actual de las relaciones entre España y Cuba, y entre la UE y La Habana en los últimos ocho años, y ofrece una especulación acerca de las alternativas a elegir, al tiempo que se aventuran algunas recomendaciones.
Análisis: El tormentoso escenario que se dramatizó con la expulsión de Moragas tenía su trasfondo y más cercano precedente en los graves acontecimientos de abril de 2003 que incidieron en la relación entre la UE y Cuba, cuando el régimen castrista sorpresivamente decidió encarcelar a más de setenta dirigentes del movimiento de la disidencia cubana. Recuérdese que esta oposición al castrismo se había destacado en los últimos años ostensiblemente, en parte gracias a la diseminación del Proyecto Varela (que aboga por la celebración, con rigor constitucional, de un plebiscito en Cuba en pos de la democratización) y la ulterior concesión del Premio Sajarov a Oswaldo Payá. Además, para agravar todavía más la tensión, casi simultáneamente, el régimen castrista fusiló sumariamente a tres secuestradores de un transbordador en La Habana.
La reacción de la Unión Europea fue fulminante y contundente, no solamente por el tono poco frecuente en el lenguaje frecuentemente opaco de Bruselas, sino también por el contenido innovador (y de ahí su carácter urticante) de algunas de las medidas que se añadirían a la actitud anterior. Algunos gobiernos europeos y colectivos culturales emitieron quejas explícitas y manifiestos. Importantes personalidades individuales abandonaron su apoyo anterior a Castro y lo cambiaron por la denuncia. En el ámbito de la UE (igual que había sucedido en 1996) las posibilidades de cualquier acuerdo de cooperación se esfumaron. Luego de una cuidadosa consideración, como preludio de las medidas que tomarían individualmente algunos países miembros, el entramado institucional de la UE actuó según sus competencias respectivas. El Parlamento Europeo aprobó una Resolución y el Consejo adoptó unas Conclusiones condenando a Cuba. La Comisión anunció el 1 de mayo de 2003 el congelamiento del procedimiento para la admisión de Cuba en el Acuerdo de Cotonou de los ACP.
El 5 de junio, la Presidencia griega de la UE emitió una declaración sin precedentes, en la que criticaba a Cuba por las “acciones deplorables” en “violación de las libertades fundamentales”, pidiendo la libertad inmediata de “todos los presos políticos”, y daba instrucciones a los Estados Miembros para que limitaran las visitas de alto nivel a Cuba, redujeran la participación oficial en actos culturales e invitaran a los disidentes a las celebraciones nacionales. El 21 de julio el Consejo de Asuntos Exteriores emitió una Conclusión empleando términos muy crudos para las acciones cubanas y confirmando las medidas políticas anunciadas. La UE exigió la liberación de los presos políticos, denunció la manipulación cubana de la campaña contra el tráfico de drogas como mecanismo de represión interna, condenó las manifestaciones contra las embajadas y esperó una nueva actitud del gobierno cubano, condicionando toda futura asistencia a las eventuales reformas políticas y económicas.
En resumen, estaba claro que, de una política basada en la persuasión, la UE había expresado primero frustración en la expectativa de signos de reforma y finalmente empleaba señales inequívocas de irritación. La política de Cuba hacia la UE era de esta forma vista desde Bruselas como dirigida al rechazo y la confrontación. Por este motivo, los líderes y observadores europeos se quedaban estupefactos tratando de hallar una lógica explicación.
Un año más tarde, sin mejoras en el horizonte, la UE tuvo que confirmar su Posición Común. El Consejo en sus conclusiones reiteraba los objetivos de la UE “alentando un proceso de transición pacifica hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Además, el Consejo notaba “la descorazonadora ausencia de progreso por parte del gobierno cubano hacia el cumplimiento de los objetivos de la Posición Común”, y “expresaba seria preocupación por amplia violación de los derechos humanos en Cuba”, condenaba los nuevos juicios contra disidentes de abril y mayo de 2004 y la continuada detención de un alto número de presos de conciencia, y lamentaba la imposición de restricciones a la empresa privada. Al mismo tiempo, la UE continuaba rechazando “todas las medidas unilaterales contra Cuba, que son contrarias a las normas del derecho internacional”, en una clara referencia a las medidas ejecutadas por los Estados Unidos. El panorama combinado de la actitud de la UE se componía de la oposición al embargo norteamericano y la exigencia a Cuba de una reforma democrática. En suma, las medidas de 2003 se mantendrían, incluyendo las invitaciones a los disidentes, fuente de las desavenencias con el gobierno cubano.
Recuérdese que las nuevas medidas, en realidad, no eran más que un simple endurecimiento de las condiciones generales de la Posición Común en vigencia desde 1996. Entonces, en pleno trágico contexto del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el deterioro de la precaria situación de los derechos humanos en Cuba, la UE condicionó un futuro acuerdo de cooperación al desarrollo favorable a Cuba a la ejecución de una serie de reformas políticas, del sistema de justicia y la apertura económica.
El fallido ingreso en los ACP
Fue imposible conseguir un acuerdo como el existente con todos los demás países latinoamericanos. Este proyecto ya había sido intentado por la UE durante la presidencia española de 1995 y las negociaciones del Comisario Manuel Marín, con el resultado del rechazo de Castro. Luego la UE diseñó una alternativa innovadora (una especie de puerta trasera) mediante la inserción de Cuba en el grupo África-Caribe-Pacífico (ACP), receptor de los beneficios de cooperación bajo la Convención de Lomé, y ahora en el Acuerdo de Cotonou.
El problema adicional surgió cuando los requisitos para ser miembro de este entramado también condicionaban el ingreso al cumplimiento de unas condiciones mínimas de credenciales democráticas y de apertura a la economía de mercado. Cuba consideraba que debía saber por adelantado de sus posibilidades de aceptación, además de no estar dispuesta a aceptar públicamente condiciones que consideraba como injerencias en la soberanía nacional. A pesar de que retiró su intención de solicitud, en un movimiento sin precedentes Cuba se convirtió en miembro de los ACP, pero sin disfrutar de los beneficios de Cotonou. Era, en metáfora deportiva, como pertenecer a un club de golf pero solamente para poder pasearse por las dependencias.
Al comienzo de 2003, cuando Castro había anunciado sorpresivamente que presentaría la definitiva solicitud, todo parecía conducente a una atmósfera amigable, mientras se inauguraba una oficina de la Delegación (“embajada”) de la Comisión Europea en La Habana. La UE incluso había decidido reevaluar los términos de la Posición Común cada doce meses en lugar de hacerlo semestralmente, para evitar la fricción que eso suponía y dar más tiempo a Castro a que pudiera presentar un dossier más aceptable. Recuérdese, sin embargo, que los Estados Miembros de la UE habían estado votando sólidamente en bloque contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su anual cónclave en Ginebra. Esta sólida actitud contrasta con la ambivalente y contradictoria posición de los países latinoamericanos, algunos de los cuales votan en contra, otros a favor, y algunos se abstienen. Al mismo tiempo, desde tiempo inmemorial los europeos se oponen al embargo norteamericano contra Cuba y muy especialmente su codificación, la ley Helms-Burton.
Pero los encarcelamientos y las ejecuciones de 2003 desencadenaron la serie de decisiones y represalias diplomáticas que se concretaron en el paquete de medidas que incluía el compromiso de los gobiernos a reconocer explícitamente la existencia del movimiento disidente mediante las invitaciones a las embajadas. El clima de tensión que se generó con el gobierno cubano culminó el 26 de julio, en pleno 50 aniversario del ataque al Moncada, con un discurso de grave tono agresivo en el que renunciaba a cualquier ayuda de la UE o de los Estados Miembros. Castro evidentemente valoraba más la confrontación con la UE (al nivel de la histórica fricción con los Estados Unidos) que la relativa ventaja de los beneficios asistenciales. En sus propias palabras, reveladas a diplomáticos caribeños, ya había calificado con anterioridad la oferta de Cotonou como “demasiado fastidio para tan poca plata”.
Acusando a la UE, y a algunos de sus dirigentes muy especialmente, de sintonía con la política de acoso profesada por los Estados Unidos, llegó a liderar incluso manifestaciones masivas frente a embajadas comunitarias. En un lenguaje que recordaba el de viejos tiempos, en que calificó al 12 de octubre como “fecha infausta y nefasta”, al presidente socialista del Congreso de los Diputados de España como “tipejo fascistoide”, y al ministro de Asuntos Exteriores como “cabo colonial”, ahora calificó al presidente Aznar como “cobarde”, “führer con bigotito” y “fascista”, evidente ascenso en acritud desde que lo etiquetó como “caballerito”. Era el contexto del reto del presidente de gobierno español en una cumbre iberoamericana a “mover ficha”. Nada tiene de extrañar, por lo tanto, que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, calificara a Moragas, por su ingreso polémico en Cuba, como “bufón”.
Conviene insistir en que, como endurecimiento de los términos de la Posición Común, la UE había acordado, además de instruir a las embajadas de los Países Miembros a que invitaran a los disidentes a las celebraciones nacionales, que se redujera al mínimo la participación oficial en ferias, conferencias y otras manifestaciones culturales. Como represalia, el gobierno cubano prohibió la asistencia de sus funcionarios a tales actos. Además, cortó la línea directa de acceso de los diplomáticos a los altos niveles gubernamentales. El más visible ejemplo de esta medida fue la presentación de cartas credenciales del nuevo embajador español, acto reducido a un recibimiento por un funcionario de tercer nivel. Al mismo tiempo, no se observaron apenas mejoras en el trato a los disidentes. Ante la naturaleza contraproducente de las medidas, el nuevo gobierno español resolvió reevaluar las condiciones de la Posición Común.
Después de los graves nuevos incidentes, el gobierno español ha reiterado su intención de proceder a una revisión de las medidas, plenamente dentro del contexto de la UE, de acuerdo con sus socios. Al mismo tiempo, se ha anunciado que cualquier cambio en el futuro no se producirá si Castro no da “pasos significativos” en los que demuestre que está interesado en la apertura. Simultáneamente, el gobierno español ha instado a la oposición a que actúe con responsabilidad y se abstenga de hacer una “diplomacia paralela”.
Se recuerda al mismo tiempo que en los ocho años de gobierno del PP, la oposición socialista mantuvo una actitud impecable de no intromisión en lo que eran las líneas básicas de la relación con Cuba, a pesar de los incidentes que habían tenido como protagonista central al presidente Aznar. Era, en cierta manera, la réplica correcta de la también leal actitud mostrada por el PP durante las anteriores administraciones del PSOE de 1982 a 1996, cuando el gobierno socialista también debió enfrentar crisis con La Habana, como la invasión de la embajada por un grupo de aparentes “asilados” o la polémica verbal alrededor del Quinto Centenario. Este básico consenso se rompió durante el segundo mandato del PP.
Conclusiones: El balance de la relación entre la UE (con España en posición privilegiada) y Cuba es contradictorio y confuso. Está en parte compuesto de un guión coherente consistente en las medidas de la UE diseñadas, en primer lugar, para mantener abiertas las líneas de comunicación. En segundo término se forjaron para contribuir a facilitar las condiciones idóneas para una “aterrizaje suave” en el terreno de la democracia y la economía de mercado en la eventualidad de una transición pacifica. Esta estrategia no se ha ofrecido sin cargo alguno para Cuba, como se demuestra por el persistente voto negativo de los países europeos en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el mantenimiento de la Posición Común impuesta en 1996, por la que se condiciona un futuro acuerdo de cooperación a la ejecución de reformas políticas.
Este andamiaje institucional contrasta, por un lado, con las aparentemente mal coordinadas políticas de los Estados Miembros que comercian e invierten en Cuba de acuerdo con sus intereses particulares. Este panorama ha convertido a la Posición Común en una realidad que “ni es una posición, ni es común”, en palabras sarcásticas de observadores internos del proceso. Por otra parte, la estrategia colectiva de la UE todavía contrasta ostensiblemente con la política de los Estados Unidos, basada en un clima de confrontación y acoso. Mientras los Estados Unidos han estado prosiguiendo una senda formada por el embargo y las leyes extraterritoriales como la Helms-Burton, la UE ha optado por la llamada “implicación constructiva”.
Mientras la pauta europea ha estado diseñada para preparar la transición, la política de los Estados Unidos se ha concentrado en la meta del cambio de régimen. Esta política, si bien ha tenido una época de cierta ambivalencia y cooperación pragmática en temas de migración, tráfico de drogas y reunificaciones familiares, está actualmente pasando por un periodo de recrudecimiento generado por un nuevo ciclo de medidas restrictivas de Washington, convenientemente explotadas por La Habana.
Ambas actitudes, sin embargo, comparten una dimensión: Cuba no ha cambiado ni se ha reformado según los resultados apetecidos. La estrategia europea puede ser etiquetada en sus etapas iniciales al final de la Guerra Fría como basada en “buenas intenciones” y razonables (sino altas) expectativas. Pero el resultado de todo intento de condicionar la oferta de un estatus especial en la estructura asistencial de la UE (acuerdo bilateral, Lomé, Cotonou), el resultado ha sido un alto nivel de frustración.
En la percepción europea, las prioridades de Castro sitúan la relación condicionado con la UE en un nivel inferior al disfrutado por la necesidad de mantener la disciplina interior. Al final de la jornada, los favores de la UE son “demasiado fastidio para tan poca plata”, según su propia expresión. El poder suave (soft, en la terminología al uso) ejercido por la UE y algunos de sus más influyentes Estados Miembros en otros escenarios no ha tenido éxito en seducir al régimen cubano.
Además, el enfrentamiento con Estados Unidos (y el acoso procedente de Washington) está considerado por el régimen cubano como la suprema razón existencial para justificar la continuación del sistema y el rechazo a modificarlo, y mucho menos a cambiarlo. Este tema omnipresente está obsesivamente insertado en todas las comunicaciones y declaraciones del gobierno cubano al tratar en público y en privado con los funcionarios de la UE. Cuba ha reclamado consistentemente una supuesta o real conducta de los funcionarios de los Estados Unidos en Cuba que califica como “agresiva,” “subversiva,” “irresponsable” y “provocadora”, con que se apoya a “mercenarios, creados, organizados, entrenados y financiados” por Washington.
El cuestionamiento de la política de oposición a esta pauta norteamericana o abogar por medidas similares de presión para reformar las políticas de Cuba, equivale al colaboracionismo. El rechazo de la presión y las condiciones, tal como el discurso de Castro del 26 de julio de 2003 explícitamente establecía, ha desembocado en que un acuerdo formal de cooperación y los beneficios del ACP sea un proyecto inviable. Queda por ver si una nueva táctica basada en la zanahoria procedente de Bruselas y Madrid generará resultados sustanciales. La evidencia muestra que el régimen cubano valora más el clima de confrontación que los beneficios de un acuerdo de cooperación.
La inserción de los asuntos cubanos en el contexto político español, mientras la UE se halla en transición (ampliación, constitución, Comisión), solamente producirá que la relación UE-Cuba sea más confusa. En consecuencia, la conducta más prudente a corto plazo y más efectiva a largo término para los Estados Miembros, con el fin de contribuir a un escenario mínimamente pacífico que domine la transición política, es el empleo de una diplomacia callada, distanciada de los incidentes hambrientos de titulares, que a la postre solamente endurecerán más la actitud de La Habana.
La tensión actual protagonizada por los representantes del PP contrasta también con la comedida y acertada actitud del gobierno español presidido por Aznar ante el desenlace de la crisis del año pasado, con la expropiación del Centro Cultural Español, sito en La Habana, clausurado por el gobierno cubano, como represalia por las medidas de la UE interpretadas como inspiradas por el gobierno español. En lugar de implicarse en una polémica de dudoso beneficio, el gobierno optó por reclamar soterradamente una compensación y esperar a mejores tiempos, surgiendo como víctima de un conflicto que a postre solamente perjudicaba al pueblo cubano. En la crisis actual, el escándalo parece ser la norma. En ese contexto también parecen insertarse las desafortunadas declaraciones de la todavía vicepresidenta de la Comisión Europea, desde ahora responsable de relaciones internacionales del PP, expresando la opinión de que “todos deseamos que Castro se muera pronto”, en plena alarma generada por el percance del dictador cubano.
Alternativas
Entre las alternativas para reducir la tensión destaca la sustitución de una política agotada, basada exclusivamente en los gestos simbólicos por una estrategia coherente, comprensiva y multilateral, hondamente anclada en una sólida legislación que siga condicionando la ayuda al desarrollo y el acuerdo de cooperación a los flecos políticos del respeto de los derechos humanos. Esta verdadera Posición Común sería mucho más difícil de manipular tanto por el gobierno cubano como por los intereses partidistas nacionales en Europa. Este nuevo escenario significará la desaparición de una relación frágil festoneada de crisis de invasión de embajadas, manifestaciones callejeras, guerras del canapé y cóctel, insultos personales, referencias despectivas a fiestas patrias, violaciones de tradiciones diplomáticas y manifestaciones masivas delante de representaciones extranjeras, no solamente inspiradas sino bajo el liderazgo directo de las más altas autoridades del país.
En este ambiente, conviene tener en cuenta que ciertas actividades económicas y turísticas han estado progresando bajo su propia dinámica, aunque sujetas a todas las limitaciones derivadas de la naturaleza del régimen cubano y la coyuntura mundial. Por lo tanto, la manera más razonable para mantener abiertas las líneas de comunicación es la reducción de las fuentes de fricción y los obstáculos para mantener a los gobiernos español y cubano con un mínimo de contacto y los ligámenes de las respectivas sociedades civiles en un nivel si cabe más alto, en la expectativa de los importantes cambios políticos que se avecinan.
En el exclusivo escenario español, una política efectiva con una sustancial predicción de éxito solamente será factible si se engarza en un sólido consenso nacional (una verdadera política de Estado), entre los dos grandes partidos políticos. Ambos tienen que renunciar explícitamente a lo que se llama “táctica de guerrillas”, solamente con miras al corto plazo. En el más amplio contexto de la UE, la compleja reevaluación deberá tener en cuenta que las condiciones impuestas sobre un eventual acuerdo de cooperación con Cuba contrastan con la evidente actitud displicente hacia regímenes en África, Oriente Medio y Asia (más escandalosamente, China) con peores expedientes de violaciones de derechos humanos que la dictadura cubana.
Si este contradictorio panorama se compara con la amplia gama de diversos acuerdos y relaciones económicas entre numerosos países miembros y Cuba, entonces el horizonte global aparece todavía más confuso y se convierte en una presa fácil para la manipulación y las maniobras oportunistas. Con el fin de contribuir a la pacifica transición en Cuba, la actual contradictoria situación debe ser sustituida por una nueva visión. El problema reside en que pocos, en estos tiempos peligrosos e inciertos, de los que están al timón de posiciones ejecutivas, parecen tener la fórmula mágica.
Las espadas, de momento, están en alto. Las perspectivas no son muy halagüeñas. Como ocurre lamentablemente con frecuencia, el ganador provisional es el régimen castrista. Ante este obvio diagnóstico, en lo que atañe a los intereses europeos, se impone una política coherente basada en la cooperación, despojada de iniciativas individuales verbales, el abandono de la manipulación partidista del tema cubano, y la suficiente sangre fría para evitar la construcción de maniobras provocadoras abiertas a la explotación. Siempre se deberá tener en cuenta que el objetivo básico de toda acción europea debe ser facilitar las mejores condiciones para estar presente en una cercana y pacífica transición cubana.
El resbalón y fractura doble de Castro en Santa Clara añaden, si cabe, un ingrediente más de incertidumbre que hará todavía más difícil la toma de decisiones arriesgadas en Madrid y Bruselas. No se descarta en absoluto que la medida más prudente a adoptar en Bruselas y Madrid sea precisamente un consenso de espera, ya que si en circunstancias normales un movimiento en falso podría tener consecuencias adversas, con el líder cubano físicamente neutralizado la especulación se convierte en más problemática si cabe. En todo caso, no parece ser el panorama del principio de la convalecencia de Castro el mejor momento para cambios sustanciales en la política de la UE. Si, como consecuencia de una oferta innovadora de parte de Bruselas y Madrid, se produjera un giro de timón en Cuba, se interpretaría que Castro no se halla al control, algo que el régimen no estará dispuesto a descubrir. Por lo tanto, la predicción es que, de momento, la UE y el gobierno español se van a mover con extrema cautela, lo que el liderazgo cubano probablemente agradecerá. Lo contrario lo colocaría en una situación todavía más aislada en el futuro.
Joaquín Roy
Catedrático Jean Monnet y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami