Tema: Para abordar con éxito los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las políticas de desarrollo, tanto de los países donantes como de los países en vías de desarrollo, deberían centrarse en mayor medida en los Objetivos, así como en las características específicas de cada país y cada región.
Resumen: Este análisis apunta a que las políticas de desarrollo de los países donantes y de los países en vías de desarrollo deberían centrarse en mayor medida en los ODM y adaptarse a las características específicas de cada país y cada grupo de población. Para ello, sería necesario adoptar políticas de crecimiento “pro-pobre” y prestar servicios sociales no discriminatorios, lo que requeriría cambios políticos de gran envergadura. Es necesario centrarse en las características particulares de cada país y de las poblaciones que los conforman para adquirir los conocimientos adecuados que permitan elaborar estrategias nacionales efectivas y no discriminatorias. Por último, en este documento se adelantan algunas recomendaciones para los países desarrollados en general y para España en particular.
Análisis
Objetivos de Desarrollo del Milenio: breve resumen
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son una serie de metas de desarrollo concretas y cuantificables, la mayoría de las cuales deberán alcanzarse para el año 2015. Emanan de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, adoptada en 2000 por “la mayor concurrencia hasta la fecha de jefes de Estado”, como se manifiesta en el Informe Sobre Desarrollo Humano 2003 (IDH-03) publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Los siete primeros Objetivos tienen como finalidad reducir el hambre y la pobreza (objetivo 1), mejorar la enseñanza y la salud (objetivos 2, 4, 5 y 6), eliminar la desigualdad de género (objetivo 3) y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (objetivo 7). Según el Consenso de Monterrey, la responsabilidad de estos siete objetivos recae principalmente en los países en vías de desarrollo: sin la “apropiación” en la formulación de sus políticas de desarrollo, los Objetivos 1 a 7 no podrán cumplirse. El Objetivo 8 consiste en crear una “asociación para el desarrollo” y ofrece fundamentalmente una indicación de aquello que los países desarrollados deben realizar para contribuir al cumplimiento de los demás objetivos.
Estos ocho Objetivos se dividen en 18 Metas. De seguir con el ritmo de progreso registrado en la década de 1990, solo se alcanzarían a escala global dos de las Metas (reducir a la mitad la pobreza y reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso a agua potable). Con todo, estos logros tendrían sus deficiencias. En primer lugar, se sabe que el Objetivo 1/Meta 1 de reducir la pobreza de ingresos (1 dólar al día en Paridad del Poder Adquisitivo) conlleva numerosos inconvenientes. En segundo lugar, no basta con cumplir globalmente los ODM: los objetivos deberían alcanzarse en cada uno de los países en desarrollo. Actualmente, China es el país gracias al cual se está avanzando el cumplimiento a escala global de la Meta de reducción de la pobreza mientras que a otros países les queda mucho camino por recorrer para alcanzar dicha meta. En tercer lugar, existe la posibilidad de que un país alcance alguno de los Objetivos, pero que no toda su población se beneficie de ello. Por ejemplo, una disminución generalizada de la pobreza puede coexistir con grandes bolsas de pobreza. Asimismo, se puede disminuir la tasa de mortalidad infantil, pero mediante progresos de los que sólo se beneficien poblaciones relativamente acomodadas.
Para acelerar el proceso conducente al cumplimiento de los ODM, tanto los países en vías de desarrollo como los desarrollados tienen que introducir cambios en sus políticas. El Proyecto del Milenio de Naciones Unidas –un grupo de investigación compuesto por cerca de 300 expertos– analiza estas prioridades políticas y para 2005 se espera la publicación de un informe final. El IDH-03 se nutre de las investigaciones realizadas por el Proyecto, por lo que, de momento, constituye la propuesta más completa sobre la forma de cumplir los Objetivos. Este análisis se basa en gran medida en sus ideas. La recomendación más general que emana de las investigaciones previas es que las acciones deben concentrarse en los Objetivos y en las particularidades económicas, sociales, institucionales y culturales de cada país. Aunque esta recomendación puede parecer algo vaga, puede resultar un punto de partida muy útil y una referencia permanente a lo largo del proceso.
Centrarse en los ODM
Tradicionalmente, se ha abordado el desarrollo de una forma un tanto indirecta. A menudo se ha dado por sentado que cuando se han cumplido una serie de objetivos intermedios, los objetivos de desarrollo finales (por ejemplo, los ODM) llegan por sí solos. El crecimiento económico quizá haya sido el más frecuente de esos objetivos intermedios. Pero incluso el énfasis en el crecimiento ha sido sustituido, en ocasiones, por un mayor hincapié en las supuestas precondiciones del mismo: estabilidad macroeconómica, libre mercado y Estados más pequeños (Estados con menor peso económico).
No obstante, como señala el Premio Nobel Joseph E. Stiglitz en su contribución al IDH-03, “el descrédito de este tipo de economía de goteo (trickle-down economics) se debió a una razón obvia: eran una falacia. Hay ocasiones en las que el crecimiento ayuda a los pobres, pero otras en las que no lo hace”. Más concretamente, se ha demostrado que las condiciones previas a las que acabamos de referirnos no han sido ni necesarias ni suficientes para lograr el crecimiento; no se puede establecer una relación clara y directa entre crecimiento y objetivos como los ODM; y, más aún, en aquellos países que se enfrentan a “trampas de pobreza”, el crecimiento no es sólo insuficiente, sino que además es poco probable sin un mínimo de desarrollo social.
Por tanto, dado que concentrarse en objetivos intermedios no garantiza el cumplimiento de los ODM, se hace necesario un enfoque más directo. Este enfoque directo para abordar los ODM requiere dos líneas de acción principales. La primera es fomentar el crecimiento “pro-pobre” (es decir, un crecimiento que beneficie en mayor medida a los pobres, o que, al menos, beneficie a los pobres de la misma manera que beneficia a los no pobres). En segundo lugar, es necesario ofrecer servicios sociales básicos. El crecimiento “pro-pobre” abordaría principalmente el Objetivo 1, pero también contribuiría a cumplir los Objetivos 2 a 7. Unos servicios sociales no discriminatorios en el ámbito de la educación y la salud, y también el acceso al agua y servicios de saneamiento, abordarían los Objetivos 2 a 7, pero también ayudarían a cumplir el Objetivo 1.
Lograr el crecimiento “pro-pobre” – Teóricamente, el crecimiento ayuda a los pobres directamente puesto que cuando se elevan los ingresos medios, aumentan los ingresos de las personas pobres, e indirectamente cuando el crecimiento se materializa en unos ingresos públicos más elevados que se invierten en los pobres. Pero puede darse el caso de que la desigualdad aumente al mismo ritmo que lo hacen los ingresos per cápita y contrarreste el impacto del crecimiento medio sobre la reducción de la pobreza. Asimismo, puede ocurrir que los ingresos públicos no aumenten al mismo ritmo que la renta nacional, o que los mayores ingresos no se inviertan en los pobres.
Es más probable que el crecimiento beneficie a las poblaciones pobres si éstas participan directamente en dicho crecimiento, esto es, si el crecimiento se produce en aquellos sectores en los que participan los pobres (habitualmente, la agricultura y las industrias manufactureras intensivas en mano de obra), si el crecimiento se sirve de los factores de producción que poseen los pobres (fundamentalmente la mano de obra y, en ocasiones, las tierras) y si el crecimiento se produce en zonas de alta concentración de pobres (habitualmente zonas rurales, pero también en algunos asentamientos urbanos). A continuación se presentan algunas de las medidas que pueden emprenderse para fomentar este tipo de crecimiento.
En primer lugar, es necesario incrementar el acceso de los pobres a activos de producción, principalmente la tierra, el crédito y la formación. Cumplir los ODM relativos a la educación contribuiría a facilitar la formación profesional. En relación con el crédito, las microfinanzas suponen un potencial que no hay que desdeñar, pero sólo si los créditos efectivamente llegan a los pobres (aunque para ello haya que incorporar un componente de subvención). Asimismo, se podrían fundar bancos especializados en desarrollo agrícola o pequeñas y medianas empresas (PYMEs). En relación con la tierra, la solución podría pasar por impulsar reformas agrarias mediante las cuales los pobres obtendrían la propiedad de pequeñas tierras. La necesidad de reformas agrícolas se sustenta en la observación empírica de que las pequeñas granjas suelen tener una mayor productividad de la tierra que las grandes explotaciones. Por último, no es necesario conceder todas las tierras a propietarios individuales; en algunos casos, sería más recomendable la propiedad comunal.
En segundo lugar, es necesario impulsar políticas concentradas en sectores concretos de la producción. En agricultura, se debería fomentar la productividad de las pequeñas explotaciones. Esto podría lograrse desarrollando tecnologías respetuosas con el medio ambiente y facilitando el acceso de los pobres a las mismas, construyendo infraestructuras rurales (irrigación y carreteras) que lleguen a las pequeñas explotaciones y garantizando la seguridad de la propiedad y/o del control sobre las mismas. No obstante, el desarrollo agrícola no es suficiente, especialmente cuando el país participa en el comercio mundial. También se debería fomentar el crecimiento industrial y la diversificación, especialmente en los sectores intensivos en mano de obra y en las PYMEs. La experiencia del Asia oriental ha demostrado que la intervención pública y la orientación a la exportación son necesarias y que pueden fomentarse mediante subsidios a la exportación, incentivos fiscales, créditos preferenciales y la protección temporal de las industrias nacientes. Por último, la Inversión Extranjera Directa puede ser de utilidad para la diversificación productiva, si bien para que se materialicen todos sus beneficios potenciales deberían imponerse requisitos de contenido local, formación y otras formas de transferencia de tecnología.
En tercer lugar, es necesario superar las “trampas de pobreza”. Éstas se dan cuando la educación y la salud son tan débiles que la mano de obra no es lo suficientemente productiva y cuando las infraestructuras básicas son tan escasas que los productos no tienen acceso a los mercados. En tales casos, invertir en infraestructuras básicas y centrarse en los Objetivos 2 a 7 son condiciones previas para el crecimiento.
Las reformas fiscales son cruciales para abordar la forma menos directa en que el crecimiento beneficia a los pobres (esto es, mediante una mayor inversión de los ingresos públicos en los pobres). Se deberían cerrar las brechas legales mediante las cuales las rentas más altas evaden los impuestos directos y deberían aplicarse mayores impuestos indirectos, aunque con exenciones que palien su carácter regresivo. Asimismo, sólo se logrará un aumento de la inversión en los pobres si se redistribuye el gasto público.
Suministrar educación, salud y acceso al agua y a los servicios de saneamiento – Al igual que sucede con las políticas dirigidas a fomentar el crecimiento, aquellas políticas destinadas a mejorar los servicios sociales tienen que ser no discriminatorias. Esta visión igualitaria del desarrollo está integrada únicamente en los Objetivos de educación, lo que hace que los formuladores de políticas no sólo tengan que aspirar, por ejemplo, a una disminución en la tasa de mortalidad, sino que además tengan que garantizar que todos los grupos de población experimenten dicha disminución. La falta generalizada de atención a la importancia capital que tienen los servicios sociales queda patente en la escasez de fondos que éstos reciben. Es más, la educación primaria y la salud básica (necesarias para cumplir los Objetivos) reciben un exiguo porcentaje de estos fondos, ya de por sí escasos.
Por tanto, el logro de los Objetivos 2 a 7 requiere la asignación de un mayor volumen de recursos para educación primaria, asistencia médica básica (especialmente la destinada a mujeres y niños, además de a la prevención y el tratamiento del HIV/SIDA, el paludismo y la tuberculosis), así como para tecnologías de bajo coste para agua y saneamiento. De nuevo, para ello es necesaria la reforma de los sistemas fiscales. Se deberían incrementar los ingresos públicos y destinar una mayor proporción del gasto público a la financiación de servicios básicos.
Las políticas dirigidas al cumplimiento de los Objetivos 2 a 7 también deberían estar dirigidas a superar las desigualdades y las ineficiencias. Reasignar fondos a la educación primaria y a la salud básica es de por sí una medida igualitaria, dado que estos servicios benefician en mayor medida a los pobres. Pero, como señala el IDH-03, existen muchas otras medidas que se pueden emprender para aumentar la equidad. En el caso de la escolarización, pasarían por eliminar unos costes inasequibles, acercar las escuelas a los lugares de residencia del alumnado y flexibilizar los horarios para las niñas. En el caso de la asistencia sanitaria, habría que aumentar la proporción de enfermeras y para-médicos por médico en las zonas remotas y exigir que los médicos desarrollen funciones públicas durante un periodo de tiempo fijo. En el caso del acceso al agua y al saneamiento, convendría establecer subvenciones cruzadas y esquemas de financiación para las mujeres.
Como se detalla en el IDH-03, existen muchas formas de atajar las ineficiencias. Para el sector educativo, algunas de ellas serían el empleo de materiales de construcción y contratistas locales, un mayor gasto en material didáctico, la contratación de profesorado de la misma comunidad, la enseñanza en lengua nativa y el establecimiento de programas de alimentación escolar para disminuir el abandono escolar. En materia sanitaria, las recomendaciones pasan por una mayor atención a intervenciones básicas, la integración de programas verticales en la estructura sanitaria, así como el suministro de fármacos básicos en los consultorios.
Centrarse en las características específicas de cada país
Los especialistas en desarrollo han intentado en numerosas ocasiones hallar políticas que encajen bien en todos los países. Se han hecho demasiadas generalizaciones sobre cómo fomentar el crecimiento y el desarrollo social, siendo el enfoque neoliberal la “solución para todo” que ha prevalecido en las últimas dos décadas.
En principio, los Documentos de Estrategia de Reducción de la Pobreza (DERP) suponen un avance hacia la corrección de esta visión generalizadora de las políticas de desarrollo y de la falta de implicación de los gobiernos nacionales a la hora de formular políticas. Para centrarse en cada país, es necesario seguir dos pasos: la realización de un diagnóstico y la formulación de estrategias, ambas recogidas en los DERP. Con los DERP, cada país identifica sus propios problemas y prioridades de desarrollo para posteriormente establecer una estrategia destinada a atajarlos. Los Informes Nacionales sobre Desarrollo Humano (INDH) también contribuyen al análisis de las características particulares de cada país. Sin embargo, los DERP son imperfectos, ya que no integran adecuadamente el enfoque de los ODM. Asimismo, la excesiva homogeneidad de los DERP muestra que la “apropiación” por parte de los países en desarrollo no es siempre una realidad.
Diagnóstico-país – El análisis podría partir de las medias del país para obtener una visión general del estado y evolución del grado de cumplimiento para cada uno de los ODM. El IDH-03 clasifica los países como Países de Máxima y de Alta Prioridad atendiendo precisamente a estas medias nacionales. Un país es de máxima prioridad en una Meta concreta cuando no ha realizado progresos palpables desde la década de 1990 y presenta unos niveles iniciales bajos y es de alta prioridad cuando ha realizado progresos partiendo de una situación de puntuación baja, o cuando no se han producido progresos pero se presentan unos niveles iniciales más elevados. Además del análisis de cuáles son las Metas que tienen menor probabilidad de cumplirse a escala nacional, debería realizarse un análisis de la situación y la evolución de cada Meta a escala subnacional. Esto permitiría observar si los problemas más graves que se dan a escala nacional se concentran en determinadas regiones o grupos de población, o si problemas que tienen menor incidencia a escala nacional son prioritarios para ciertas regiones o grupos de población.
Formulación de estrategias nacionales – Las estrategias nacionales deberían incluir las políticas orientadas al cumplimiento de los Objetivos que se adapten mejor a las prioridades establecidas por el análisis, así como a las fuentes específicas de los problemas y a los obstáculos que haya que salvar para atajarlos. Por ejemplo, para fijar las políticas adecuadas de reducción de pobreza, es necesario plantearse si la pobreza de un país obedece más a unos ingresos medios reducidos o a un nivel elevado de desigualdad. Para paliar el hambre, se debería valorar si la causa del problema es la falta de acceso alos alimentos o una baja productividad. Por lo que respecta a la educación, se deberían evaluar los motivos específicos de la ineficiencia. En función del carácter específico de cada problema, algunas de las medidas arriba mencionadas darán mejores resultados que otras. Las estrategias nacionales también deberían tener en cuenta los objetivos intermedios, pero sin confundirlos con los ODM. Por ejemplo, en países con niveles elevados de inflación, se deberán introducir medidas anti-inflacionarias en la estrategia..
Algunos expertos sugieren que las estrategias nacionales se deberían formular con una dosis equilibrada de ambición y viabilidad. Los gobiernos no deberían formular estrategias que pasen por alto las barreras existentes para la formulación de políticas, pero tampoco rendirse ante ellas, dado que la identificación de las limitaciones es un primer paso hacia su eliminación. Estas barreras pueden ser de muy diversa naturaleza. En primer lugar, los políticos suelen toparse con limitaciones financieras que tienen que salvar recurriendo a reformas fiscales, como ya se ha señalado, y a ayuda económica procedente del exterior. En segundo lugar, otro problema recurrente es la debilidad institucional, lo que llega incluso a limitar la generación de información estadística suficiente. Éste es el motivo por el que el fortalecimiento de las capacidades ha adquirido un papel protagonista en los debates sobre desarrollo. En tercer lugar, ciertas normas culturales, como las que discriminan a la mujeres, suponen un obstáculo para los ODM que puede llevar más tiempo atenuar. En cuarto lugar, en ocasiones no se ponen en marcha determinadas medidas por razones de economía política, como es el caso de las reformas agrarias. Para superar estos impedimentos, resulta crucial promocionar el “empoderamiento” de los pobres. Por último, también hay restricciones externas, cuya eliminación depende tanto de la cooperación de los países desarrollados con los países en vías de desarrollo, como de la cooperación entre los propios países en vías de desarrollo.
Recomendaciones específicas para los países donantes
El Objetivo 8 indica los pasos que los países desarrollados tienen que emprender para contribuir al cumplimiento de los otros siete Objetivos. Por desgracia, esta ruta no está lo suficientemente bien definida; en realidad, el Objetivo 8 es el único ODM para el que no se establecen metas cuantitativas ni horizontes temporales para su cumplimiento. Los países donantes en general, y España en particular, deberían contribuir al cumplimiento de los ODM adoptando las siguientes medidas: en primer lugar, aumentando el volumen de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y mejorando su eficacia; en segundo lugar, contribuyendo a crear instituciones multilaterales más justas. Huelga decir que las actuaciones de los donantes habrán de integrar la concentración en los Objetivos y en las particularidades de cada país receptor de ayuda, analizada más arriba.
AOD Bilateral – Se ha estimado que, para cumplir los Objetivos, sería necesario incrementar el volumen anual de AOD entre 40.000 y 100.000 millones de dólares estadounidenses. El aumento de la AOD hasta el 0,7% del PNB requeriría aumentar la ayuda en 110.000 millones adicionales al año, con lo que es probable que no sea imprescindible que la AOD alcance ese punto de referencia. Pero sí tendrá que incrementarse sustancialmente. Por ejemplo, para que la AOD mundial aumentase en 55.000 millones de dólares anuales, se habría de llegar a aportar el 0,46% del PNB. España se ha comprometido a aumentar hasta el 0,33% su aportación para 2006, lo que supondría un incremento respecto del 0,26% de 2002. No cabe duda de que se trataría de un avance, pero seguiría sin suponer una contribución equitativa a la vista de las necesidades estimadas. Es más, donantes y receptores se han comprometido con la Iniciativa 20/20, respaldada por primera vez en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de 1995. Según esta iniciativa, receptores y donantes deberían asignar el 20% de sus presupuestos nacionales y de su AOD, respectivamente, a programas sociales básicos –educación primaria, salud básica (incluida la reproductiva), alimentación y acceso a agua y saneamiento– todos ellos esenciales para el cumplimiento de los Objetivos. La AOD total destinada a servicios sociales sigue siendo inferior al 15% de las aportaciones bilaterales de los donantes y España queda fuera de la lista de los seis países que ya han alcanzado el punto de referencia del 20%.
Respecto a la calidad de la AOD, quedan por abordar dos cuestiones fundamentales: la asignación geográfica de la ayuda y la mejora de la eficacia de la ayuda. Numerosos especialistas consideran que la ayuda resulta especialmente eficaz cuando se asigna a países con bajos ingresos y con un “buen gobierno”. A pesar de que existen numerosos argumentos que sostienen este planteamiento, los países de renta media pero con un elevado grado de desigualdad también padecen graves problemas de desarrollo, lo que explica la ayuda prestada por España a países de renta media-baja como El Salvador o Bolivia. Obviamente, no se puede dejar de lado a aquellos países que no tengan un “buen gobierno”. En tales casos, es necesaria la cooperación técnica para el fortalecimiento político e institucional y quizá el gobierno no deba ser el intermediario principal de la ayuda.
Sobre la forma de mejorar las prácticas de ayuda, se recomiendan cuatro líneas básicas de actuación. La primera es que se informe sobre el peso de la ayuda ligada y se reduzca dicho peso. La AOD ligada ha descendido paulatinamente y en 2002 representaba el 11,4% de la AOD mundial; pero en España aún supera con creces esta cifra, representando el 33,9% de la AOD. La segunda es que la ayuda a los países altamente endeudados o menos desarrollados debería ser no reembolsable, para no incrementar el peso de su deuda. La tercera es la coordinación de donantes, para reducir los costes administrativos de los países receptores y para alinear la ayuda con las prioridades nacionales. Esta coordinación se podría fortalecer mediante los denominados Sector Wide Programs (programassectoriales), cuya eficacia ya ha quedado patente en los sistemas sanitarios. La cuarta recomendación, como se ha indicado anteriormente, es que la estrategia y el diagnóstico de cada país se deberían realizar partiendo de un buen conocimiento específico del país. Dicho conocimiento podría obtenerse de un análisis de datos presentados en tablas como la que se incluye a continuación aunque, con todo, no habría que obviar los datos subnacionales. Podría resultar muy útil la descentralización del análisis e incluso de la toma de decisiones mediante el refuerzo de las Oficinas Técnicas de Cooperación.
El marco económico internacional – Las instituciones internacionales inciden en la capacidad de los países en vías de desarrollo para cumplir los ODM. España podría proponer unas reglas de juego más justas –menos asimétricas y también menos intrusivas– en las instituciones multilaterales. En relación con el comercio internacional, las políticas comerciales de los países desarrollados siguen discriminando en gran medida a la agricultura y los productos industriales intensivos en mano de obra (precisamente aquellos productos en los que suelen especializarse los países pobres). Los aranceles, las cuotas y los subsidios a la exportación deberían retirarse paulatinamente. Con todo, el acceso a los mercados puede no resultar suficiente. Para ser más competitivos y diversificar las exportaciones en los mercados globales actuales puede que también sea necesaria alguna forma de política sectorial, política excluida en parte por la OMC. Por tanto, se deberían eliminar las restricciones que impone la OMC a las políticas de fomento y diversificación de las exportaciones de los países en vías de desarrollo. En relación con el comercio de servicios, resultaría oportuno excluir los servicios sociales básicos de los procesos de liberalización, dados los resultados insuficientes que está dando el suministro privado (y no público) de los servicios educativos, sanitarios y de suministro de agua potable (véase IDH-03). Por último, respecto a la tecnología, es necesario que la investigación y el desarrollo estén dirigidos en mayor medida al cumplimiento de los ODM (principalmente en lo que respecta al desarrollo agrícola, energías ecológicas para las poblaciones rurales y la lucha contra las enfermedades con mayor incidencia entre las poblaciones pobres). No obstante, la investigación no tendrá un impacto sobre los ODM a menos que las disposiciones de la OMC relativas a la transferencia de tecnologías sean más pormenorizadas y se ejecuten con mayor generosidad.
En relación con las finanzas internacionales, el alivio de la deuda resulta crucial para que algunos países cumplan los ODM. La iniciativa HIPC (Países Pobres Altamente Endeudados) supone un paso en la dirección correcta. Pero la condonación de la deuda debería ser más rápida y más profunda y debería incluir a países que actualmente no se benefician de la HIPC. Asimismo, dado que el objetivo del alivio de la deuda es el desvío de fondos para el cumplimiento de los Objetivos, la medida de sostenibilidad basada en el ratio de deuda/exportaciones de los HIPC podría completarse con la tasa de servicio de la deuda en relación con el PIB o con el gasto público. La apertura y la desregulación financieras no deberían interferir en las agendas de los gobiernos nacionales hasta el punto de limitar el alcance de las medidas destinadas a cumplir los ODM. Por una parte, una desregulación completa impide la creación de bancos especializados, así como la concesión de créditos a actividades productivas “pro-pobres”. Por otra parte, se deberían realizar mayores esfuerzos por avanzar en una nueva arquitectura financiera internacional que proteja a los países en vías de desarrollo de los peligros de los flujos de capital a corto plazo. Finalmente, aun siendo el capital a largo plazo más beneficioso para el desarrollo, España no debería contribuir a la creación de ningún acuerdo multilateral de inversión que limite la capacidad de los gobiernos nacionales para regular las actividades de las corporaciones multinacionales.
Tabla 1. Resultados obtenidos durante la década de 1990 por los principales receptores de AOD española durante 2001-02
| Población desnutrida (%) | Tasa neta de matricu- lación primaria (%) | Proporción de niñas y niños matriculados en primaria | Tasa de mortalidad menores de 5 años (por 1.000 nacimi- entos) | Tasa de mortalidad materna (por 1.000 nacimientos) | Acceso al agua, zonas rurales (% pobl.) | Acceso al agua, zonas urbanas (% pobl.) | Sanea- miento, zonas rurales (%pobl.) | Sanea- miento, zonas urbanas (%pobl.) | Servicio de la deuda (% exporta- ciones) | |
| Nicaragua | 30-29 | 72,2-80,7 | 1,04-0,98 | 66-41 | 160-230 | 44-59 | 93-91 | 53-72 | 97-95 | 3,3-22,4 |
| El Salvador | 12-14 | ND-80.9 | ND-0,97 | 60-39 | 300-150 | 48-64 | 88-91 | 62-76 | 87-89 | 18,8-11,2 |
| China | 16-9 | 97,4-93,2 | 0,86-0,92 | 49-39 | 95-56 | 60-66 | 99-94 | 2-27 | 56-69 | 11,8-9,3 |
| Marruecos | 6-7 | 56,8-78,0 | 0,66-0,84 | 85-43 | 610-220 | 58-56 | 94-98 | 31-44 | 88-86 | 41,0-29,1 |
| Ecuador | 8-5 | ND-99,3 | ND-0,97 | 57-29 | 150-130 | 58-75 | 82-90 | 49-74 | 88-92 | 35,9-31,3 |
| Bolivia | 26-23 | 90,7-96,9 | 0,90-0,95 | 122-71 | 650-420 | 47-64 | 91-95 | 26-42 | 73-86 | 33,7-37,7 |
| Perú | 40-11 | 87,5-104,5 | ND-0,96 | 80-39 | 280-410 | 42-62 | 88-87 | 21-49 | 77-79 | 9,3-38,2 |
| Honduras | 23-21 | ND-87,6 | 0,99-0,98 | 61-42 | 220-110 | 78-81 | 89-95 | 41-55 | 88-93 | 13,4-16,1 |
| Colombia | 17-13 | 68,1-88,5 | 1,11-0,96 | 36-23 | 100-130 | 84-70 | 98-99 | 55-56 | 96-96 | 53,3-47,6 |
| Rep. Dom. | 27-26 | ND-92,5 | ND-0,94 | 65-38 | 110-150 | 71-78 | 92-90 | 60-60 | 70-70 | 16,4-4,7 |
Notas: Los primeros datos de cada par corresponden al periodo comprendido entre 1989 y 1991; los segundos datos de cada par corresponden al periodo comprendido entre 1999 y 2003.
El color rojo indica prioridad extrema y el azul prioridad alta, de manera similar a la definición recogida en el IDH-03.
La tabla incluye sólo aquellos Objetivos para los que se dispone de datos.
ND se refiere a no disponible.
Fuente: Base de datos de Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, División de Estadística de Naciones Unidas.
Conclusiones: Tras décadas de una economía del desarrollo de “goteo” y de “soluciones únicas”, los ODM ofrecen, gracias a su concreción y su marco temporal, una oportunidad para mejorar la precisión de la formulación de políticas. Las estrategias de desarrollo, tanto de los países en desarrollo como de los países donantes, deberían centrarse más en los ODM, para lo cual será necesario poner en marcha medidas de crecimiento “pro-pobre” y la prestación de servicios sociales básicos de forma no discriminatoria. Para ello, se necesitará un amplio abanico de políticas, algunas de las cuales tendrán que desviarse considerablemente de políticas aplicadas hasta la fecha. Las estrategias de desarrollo de países en desarrollo y donantes deberán centrarse más claramente en las características específicas de cada país, tanto a escala nacional como subnacional, y para ello será necesario un mayor esfuerzo estadístico. Por último, los donantes tienen la responsabilidad de incrementar y mejorar su AOD, así como de contribuir a la creación de un conjunto de reglas internacionales que sean menos asimétricas y que dejen un mayor margen para la formulación de políticas nacionales conducentes al cumplimiento de los ODM.
Clara García – Profesora ayudante de la Universidad de Huelva e investigadora visitante del Political Economy Research Institute, Universidad de Massachusetts-Amherst