Tema: Hugo Chávez es el favorito para ser reelecto en las elecciones presidenciales del próximo 3 de diciembre. Sin duda, la magnitud de su victoria condicionará la aplicación de cambios radicales en años venideros y, sea cual fuere el resultado, la compleja situación política augura tiempos difíciles.
Resumen: Ocho años después de su ascenso al poder, Venezuela sigue profundamente dividida en torno a Chávez y su impreciso proyecto de “Revolución Bolivariana”. El período que concluye ha estado atravesado por múltiples conflictos sociopolíticos entre el bloque oficialista y los opositores sobre las medidas y acciones que persiguen una profunda transformación del sistema político y la sociedad. Dichos conflictos han tenido un significativo impacto en la gestión del Ejecutivo, que en su conjunto ha sido deficiente, si bien ciertos logros son apreciados por los sectores populares, sostén del chavismo. Factores como la popularidad, legitimidad y habilidad del liderazgo presidencial, los errores y debilidades de la oposición o la bonanza petrolera han puesto a disposición de la coalición cívico-militar gobernante enormes recursos para profundizar en los cambios. En estas elecciones los venezolanos deben elegir entre dos visiones de país y todo parece indicar que Chávez será reelecto, ya que la mayoría de los sondeos le otorgan una ventaja de 15-25 puntos respecto al candidato opositor Manuel Rosales.
Análisis
Introducción
Mucho ha cambiado la situación política en Venezuela desde que Chávez accedió al poder en 1999. Entonces, el sistema democrático-representativo, vigente durante cuatro décadas, atravesaba una profunda crisis y la mayoría de los venezolanos vivía en pésimas condiciones. Ocho años después, las transformaciones operadas son muy significativas: se ha exacerbado el personalismo y el carácter presidencial del régimen; coexisten tendencias centralizadoras del poder con incipientes experiencias participativas y de “empoderamiento” en las comunidades; los partidos han dejado de ser actores fundamentales, siendo reemplazados por los medios y, en ocasiones, por grupos de interés; además, las fuerzas armadas tienen un protagonismo impensable durante el período anterior; finalmente, los elevados ingresos petroleros de estos años han servido para apuntalar a los dirigentes y lubricar el funcionamiento del sistema, ejerciendo una incidencia notable sobre los niveles de intervencionismo y burocratismo estatal. Teniendo en cuenta los cambios político-institucionales y el acceso de una nueva elite, hasta cierto punto podríamos hablar de que se ha producido una revolución política.
No cabe duda que la nueva coalición cívico-militar gobernante ha sido exitosa en la destrucción del obsoleto modelo sociopolítico de Punto Fijo. Fueron notables los cambios jurídico-políticos durante el primer año y medio, gracias a la legitimidad, popularidad y liderazgo del presidente. Sin embargo, una vez aprobada la nueva Constitución (1999) y relegitimados los órganos representativos en las elecciones de 2000 –en las que Chávez revalidó sus apoyos en las urnas–, mucho más difícil le resultó al chavismo sentar las bases y estabilizar un nuevo orden sociopolítico alternativo. Este período, particularmente entre 2001 y 2004, se ha caracterizado por unos niveles de conflictividad y polarización desconocidos anteriormente. En el origen de los conflictos está la puesta en marcha de un impreciso proyecto populista, apoyado en elecciones democráticas, ciertas dosis de militarismo, elementos de izquierda radical y mecanismos participativos, que no cuenta con los suficientes respaldos sociales como para evitar tensiones y fracturas de gran calado. Cuando el chavismo impuso las primeras medidas sustantivas, a partir de 2001, Gobierno y oposición entraron en una espiral de confrontación precedida por las embestidas del presidente contra el viejo establishment político, un discurso “divisivo” y amenazador, y prácticas poco o nada democráticas. La oposición, fundamentalmente de clase media y alta, vio en ello una amenaza al sistema democrático y a sus intereses, creencias y valores, entendiéndose la aproximación a Cuba como parte de una estrategia que perseguía establecer un sistema totalitario.
Las tensiones, alimentadas por algunos medios de comunicación privados, generaron un clima favorable a la renuncia del presidente o a su reemplazo, en especial ante las carencias que presentaba su gestión de gobierno. Las vías ensayadas (golpistas unas, como el golpe de Estado de 2002; democráticas otras, como el referéndum revocatorio presidencial de 2004) además de fracasar, ocasionaron elevados costes al país. Mientras los sectores opositores quedaron exhaustos, divididos y con problemas de credibilidad, el presidente se hizo con el control de las fuerzas armadas y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Asimismo, tras afianzarse en el poder después del revocatorio, el chavismo supo aprovechar la onda expansiva para ganar las siguientes elecciones regionales, locales y legislativas.
Durante su mandato, además de los cambios jurídico-políticos pueden destacarse un conjunto de iniciativas conocidas como “misiones”: un conjunto de programas sociales no institucionalizados dirigidos a los sectores populares. Las primeras se pusieron en marcha en 2003 y favorecieron el triunfo en el referéndum de 2004. En la actualidad hay en marcha cerca de veinte misiones que cubren ámbitos diversos, desde el educativo hasta la alimentación, pasando por la salud y las infraestructuras. Miles de cubanos participan en algunas de ellas. Cuantitativamente su impacto ha sido considerable, pero mucho más difícil es medir su eficacia, en parte por los indicadores y estándares utilizados. Algunos estudios muestran que, teniendo en cuenta las medidas sociales y los incrementos del salario mínimo, los estratos D y E de la población (que constituyen el 80%) habrían incrementado sus ingresos para atender sus necesidades básicas –descontada la elevada inflación del período– frente al retroceso de la clase media.
Después del paro petrolero (diciembre de 2002 a enero de 2003), la economía se ha reactivado. El Ejecutivo ha conjugado una política fiscal expansiva y una política monetaria conducente a aumentar el crédito interno. Su margen de maniobra ha sido posible por el ingente ingreso petrolero que, superada la etapa de mayor conflictividad, ha permitido un notable crecimiento económico desde 2004 (18,9% del PIB y 9,4% en 2005), una reducción significativa del desempleo (el 10,9% en 2005), una desaceleración de la inflación que pese a todo permanece alta (17,3% en 2004 y 13,5% en 2005) y un incremento de las reservas internacionales. La viabilidad del modelo de “desarrollo endógeno” descansa en los elevados precios petroleros. Surgen dudas cuando se observan los elevados niveles de importaciones que opacan iniciativas como la cogestión, el impulso del movimiento cooperativo y la construcción de infraestructuras para “sembrar el petróleo”. La recuperación de los últimos años ha sido certificada por el último informe del PNUD sobre desarrollo humano (2006). Con datos de 2004, se muestra un incremento del PIB per cápita y una reducción del número de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Venezuela habría subido tres puestos respecto al informe anterior: figura en el puesto 72 de un total de 177 países.
En política exterior, se produjo un giro sustancial respecto a etapas anteriores, especialmente tras su victoria en el referéndum presidencial de 2004. Se ha desarrollado una política activa en defensa de procesos contrarios al libre comercio, en apoyo a un orden internacional multipolar y más equilibrado y acuerdos comerciales con países ideológicamente muy diversos; en particular, destacan los esfuerzos de integración en América Latina, donde se pretende ganar influencia frente a potencias regionales como Brasil. Específicamente en un campo vital para el país, el petróleo, el liderazgo del presidente ha sido decisivo para la recuperación de los precios en el marco de la OPEP (aunque ciertamente hayan influido otros factores) y la renegociación de los contratos con las empresas que trabajan en el país. La nueva etapa ha descansado en una fabulosa renta petrolera y una retórica antiimperialista y favorable a la justicia social. Sin embargo, algunos reveses de candidatos presidenciales afines, en varios países de América Latina, y la no obtención del asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU –tras una “costosa” campaña internacional– mostrarían los límites para alterar ciertas reglas y crear redes de apoyo relevantes en la región y en el escenario internacional.
La percepción extendida en el país es que concluye un mal Gobierno que no ha sido capaz de encarar problemas como la delincuencia, el desempleo (permanece muy elevado el empleo informal, por encima del 45% sobre datos de 2005), la vivienda, la salud y la educación, más allá del impacto positivo pero insuficiente de las “misiones”. Chávez ha reconocido en ocasiones los problemas de ineficacia y corrupción. A ello se sumaría el despilfarro y la politización. En temas de libertad económica y competitividad, los indicadores no son nada positivos. A ello se añade un elevado endeudamiento y la falta de control y transparencia en las cuentas públicas. Una de las carencias más graves es la falta de accountability de los gestores públicos en un contexto de abundancia. Además, como señalan algunas organizaciones internacionales (Freedom House), se ha producido un retroceso en el disfrute de los derechos y libertades. Pese a todo, el presidente cuenta con amplios apoyos; sus adeptos responsabilizan a sus colaboradores de las dificultades del país. El vínculo emocional creado entre Chávez y sus seguidores y las prácticas utilitarias del régimen permiten entender su popularidad ocho años después. Sin embargo, el descontento ha ido en aumento y no está claro cómo el chavismo puede mantener indemnes sus apoyos sin mejorar sus niveles de gestión y si caen a medio plazo los ingresos petroleros.
Los candidatos, sus propuestas y la campaña electoral
Los principales candidatos que concurren a las elecciones son Hugo Chávez –apoyado por el Movimiento V República (MVR), Patria para Todos (PPT) y Podemos, entre otros– y el opositor Manuel Rosales –apoyado por su partido regional zuliano Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia (PJ), Movimiento al Socialismo (MAS) y un número considerable de organizaciones políticas–. Además, competían inicialmente más de una docena de candidatos desconocidos para la mayoría de los ciudadanos –con excepción del popular humorista, y próspero empresario, Benjamín Rausseo, conocido como “Er Conde del Guácharo”, quien ante los malas perspectivas (las encuestas no le otorgaban más del 1%) ha terminado por renunciar, como otros lo hicieron antes–.
La campaña electoral, que comenzó oficialmente el pasado 1 de agosto, se desarrolla en una situación polarizada en la que se repiten algunos hechos de violencia física, virulencia verbal y propaganda “sucia”. En dicho contexto, los temas dominantes son el uso de la renta petrolera y la cuestión social. Ambos candidatos, ignorando los peligros de los excesos en períodos de abundantes ingresos petroleros, realizan ofertas populistas. De ahí que no presenten estrategias claras para revertir las condiciones estructurales de pobreza. Más allá de estas coincidencias, en otros temas sus propuestas y campañas son bastante diferentes.
Chávez oferta una propuesta genérica y vaga de “Socialismo del siglo XXI”, una continuación de su programa populista y social de los últimos años. Políticamente, sus dos principales puntos han desatado controversia: el primero, crear un partido único que agrupe a todas las fuerzas chavistas. Aunque sus dirigentes han pospuesto el debate para después de las elecciones, ha proporcionado argumentos adicionales a aquellos que consideran que el país camina hacia el totalitarismo. El segundo punto es la reelección indefinida. Este tema estuvo presente en el primer tramo de la campaña, cuando existía incertidumbre respecto a la participación de los grupos opositores. Chávez consideró la idea de un referéndum (avanzado el nuevo período de Gobierno) para una reforma constitucional sobre su continuidad en el poder –la Constitución establece un sexenio con reelección inmediata– Aunque de momento esto ha perdido notoriedad, podría entrar en la agenda política después de las elecciones en el marco de ciertos cambios que los chavistas quieren introducir en el texto constitucional. El presidente maneja por igual ofertas, amenazas y temores (insiste en que las “misiones” peligrarían si no ganara). Sus discursos apelan a las emociones de sus seguidores y advierte de una posible intervención de EEUU. No se limita a atacar al “imperialismo” y subraya el control que éste ejerce sobre la oposición, a la que fustiga e insulta. Con ello pretende cohesionar a los suyos y movilizar votantes, para lo cual el chavismo está desplegando una amplia maquinaria con el objetivo, irreal, de obtener 10 millones de votos. Para animar la participación y ante el fortalecimiento opositor, introdujo algunos cambios en la campaña. Sin que la categoría “pueblo” haya perdido centralidad en los discursos, en la nueva fase se busca ampliar los apoyos entre la clase media; por eso, Chávez comenzó a utilizar el color azul (frente al rojo, habitual pero más agresivo) y moderar su discurso. Respaldado por una amplia propaganda en los medios de comunicación, señala que lo hecho durante su mandato ha sido “por amor al país”. Tal cambio fue pasajero y en las últimas semanas ha vuelto a endurecer su discurso y cargar contra la oposición, denunciando planes desestabilizadores. El resultado es un incremento de la temperatura política y la posibilidad de que muchos electores decidan no acudir a votar.
Las fuerzas opositoras presentan una candidatura única, sobreponiéndose a la fragmentación, falta de entendimiento, divisiones y ausencia de liderazgo. El cambio se entiende para evitar una derrota humillante de entrada. Para alcanzar la unidad se exploraron varias opciones, entre ellas la programación de unas controvertidas elecciones primarias. Pocos días antes de que éstas se celebraran, los dos candidatos con más respaldo sellaron un acuerdo que abría el paso a la unidad: el líder de PJ, Julio Borges, renunciaba a favor del candidato con mejores perspectivas electorales: Manuel Rosales, ex miembro de Acción Democrática (AD), ex alcalde de la segunda ciudad del país, Maracaibo, y gobernador del estado del Zulia (aunque temporalmente apartado de dicho cargo). Con la selección de Rosales parece abrirse paso un esfuerzo unitario y democrático que deja atrás estrategias erradas y deposita sus esperanzas en la construcción de un proyecto a medio y largo plazo. Su ambicioso programa electoral recoge un elenco de propuestas y medidas de reforma y modernización y entremezcla una visión socio-liberal con elementos populistas, conociéndose la principal propuesta como “Mi Negra”. Esta es, en esencia, una tarjeta de débito que reparte directamente un 20% de la renta petrolera entre familias en situación de pobreza, la clase media empobrecida y los desempleados. Se estima que 2.500.000 venezolanos podrían ser sus beneficiarios.
Rosales se presenta con credenciales de buen gestor público que, en parte, le ayudan a compensar su falta de talento retórico. Desarrolla una campaña positiva, en la que busca el contacto directo con la gente, y ha evitado entrar en determinado tipo de polémicas sobre su participación en hechos de los últimos años (los oficialistas le acusan de estar detrás del golpe de Estado de 2002). Frente a las filípicas de Chávez, el candidato tiene un discurso integrador y marca distancias con el pasado anterior a 1999. Además, aborda problemas concretos que preocupan a la mayoría de los ciudadanos. También anuncia una política exterior alejada de la “confrontación ideológica”, contempla el regresó a la Comunidad Andina de Naciones y propugna la revisión de acuerdos recientemente firmados. Su campaña dista de estar plenamente estructurada y, en ocasiones, no queda clara ni la financiación ni cómo se realizarán algunas de sus propuestas. Otras, como la tarjeta “Mi Negra”, no han despertado el entusiasmo esperado entre los sectores populares: muchos lo ven como una medida asistencial o rechazan distribuir sin más el dinero de ese modo. Por otro lado, sostiene que Venezuela es rica y puede contribuir a generar expectativas que se han visto seguidas de frustraciones en el pasado. Ha cometido otros errores, como llamar “parásitos” a los que viven del Estado (a pesar de asegurar que las “misiones” se mantendrán y corregir posteriormente tales declaraciones). En las últimas semanas ha propuesto, sin éxito, un debate con Chávez, pero en un contexto de fuerte tensión política, sin diálogo entre las partes y con un oficialismo que busca dejar en segundo plano a los opositores, es difícil que pueda darse.
Pueden destacarse otros aspectos de la campaña: primero, las constantes denuncias de violaciones a la normativa por los equipos de los candidatos. Hasta la fecha, el caso que reviste mayor gravedad es la acción de proselitismo político y coerción por el ministro de Energía y presidente de PDVSA: en una reunión con los gerentes de la misma, Ramírez dejó muy claro que tras el paro petrolero ésta es “roja, rojita, de arriba abajo”, e hizo un llamamiento para respaldar a Chávez y a la “Revolución”. Además, amenazó con tomar medidas contra aquellos que olvidaran el color político de la empresa. Dichas manifestaciones fueron defendidas por el presidente, quien añadió que igualmente rojas serían las fuerzas armadas y la petroquímica Pequiven. Como era previsible, el conocimiento de los hechos y las posteriores declaraciones han incrementado los niveles de crispación. En segundo lugar, son destacables los actos de ventajismo oficial, que, en parte, quedan ejemplificados en la publicidad y propaganda políticas, en contraste con los escasos medios de la oposición. Tercero, la mayoría de los medios de comunicación privados, algo habitual en los últimos años, actúan con parcialidad o no tratan con equilibrio las ofertas de ambos candidatos. Tampoco escapan los medios públicos, en particular Venezolana de Televisión. Por último, a comienzos de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició una campaña informativa para incentivar la participación electoral. Su labor contrasta con los impulsos del Ejecutivo de “adelantar” las Navidades –mediante el incremento del gasto público y la entrega anticipada de parte de los aguinaldos– y, de paso, mantener y/o ganar apoyos. De ese modo, la campaña ha perdido interés para muchos ciudadanos.
Las condiciones electorales
En pasados procesos electorales, los sectores de oposición insistieron en una serie de fallas que a su juicio generaban desconfianza, restaban credibilidad a las elecciones y permitían cometer fraude. En particular, se mostraban críticos con el comportamiento del CNE y la automatización del sistema de votación. Ése fue uno de los argumentos esgrimidos para no participar en las elecciones legislativas de 2005, aunque para entonces se hubiesen alcanzado ciertos compromisos que garantizaban la fiabilidad del proceso electoral. Para estas elecciones, algunos acuerdos y medidas han facilitado que la oposición decidiese participar e incluso se espera que propicien la afluencia a las urnas. A modo de ejemplo, tras el escrutinio se verificará una muestra aleatoria cercana al 55% de las urnas (la oposición pedía abrir todas). Asimismo, las máquinas sólo se conectarán para transmitir datos al concluir el escrutinio. Igualmente, los polémicos cuadernos electrónicos (que, según la versión de los opositores, permitirían desvelar el secreto del voto) no serán utilizados. Por otro lado, los resultados del sorteo de los miembros de mesas y la auditoría de los cuadernos impresos no han dado lugar a mayores controversias. En la actualidad hay otras acciones en curso –auditoría de las máquinas de votación y de las “captahuellas” (sistema de autentificación del votante)– pendientes de resolución.
Todo lo anterior, con ser importante, no ha evitado las polémicas y muestra que estamos ante un problema que trasciende lo técnico y se convierte en otro de confianza política. La oposición, muy sensibilizada con otras prácticas intimidatorias y discriminatorias del oficialismo (recuérdense las listas Tascón y Maisanta), considera que las “captahuellas” son un instrumento para identificar el voto. El argumento no se sostiene si tenemos en cuenta experiencias previas. Además, sólo se utilizarán en ocho estados –de ahí que tampoco se justifique la defensa que hace de ellas el oficialismo–. Conviene subrayar que dicha polémica, unida a otras denuncias sobre las migraciones del registro electoral, el CNE, las máquinas de votación, el comportamiento de los efectivos del Plan República (despliegue de miembros de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad en los centros y el traslado de material electoral) y el papel de los reservistas el día de las elecciones podrían reforzar una matriz de opinión contraria a la participación; matriz que parecía, no obstante, haberse revertido en los últimos meses. Teniendo en cuenta las garantías anteriores, la presencia de testigos en las mesas y las tareas de los observadores nacionales e internacionales, a priori pareciera garantizado el secreto del voto, la transparencia y limpieza del proceso. Pese a ello, algunas cuestiones requerirían cambios debido a su impacto, en ocasiones difuso, sobre la competencia electoral.
Las proyecciones de las encuestas
La mayoría de las encuestas vaticinan el triunfo de Chávez, a quien otorgan una ventaja sobre Rosales de entre 15 y 25 puntos. Meses antes del inicio de la campaña diversos medios atribuían una intención de voto al presidente en torno al 55% y un 36% a un hipotético candidato opositor unitario. En lo sustancial, las diferencias se han mantenido. En septiembre pasado, con Rosales en campaña y el humorista Rausseo disputando el voto opositor, la empresa estadounidense Penn Schoen & Berland otorgó a Chávez el 50% y un 37% a Rosales. Consultores 21 daba un 54,7% frente a un 34,8%. En octubre, algunas encuestas mostraban altibajos de ambos candidatos que podrían obedecer a diversos factores, como una mayor actividad del presidente en la campaña, iniciativas del Ejecutivo, inauguración de obras, falta de penetración del mensaje opositor en sectores disconformes con la gestión presidencial, el impacto de algunas noticias controvertidas o el avance de la campaña. Ciertas encuestas reducían la diferencia a menos de cinco puntos (Keller y Asociados) y otras daban a Chávez unos porcentajes de voto superiores al 60%, pero es probable que formen parte de la “guerra de encuestas”. Con independencia de las variaciones en el tiempo –Hinterlances publicitaba un estudio a comienzos de noviembre en el que Chávez obtendría un 45% de los votos mientras Rosales no pasaría del 25%– las encuestas muestran que la mayoría de los ciudadanos (un 58%) cree que Chávez será reelecto (Evans/McDonough Company).
Algunos estudios ponen de manifiesto otras cuestiones: diferencias intra e interregionales (Rosales cuenta con más tirón en el Occidente frente a los Llanos y Oriente, donde es menos conocido). Se habría reducido el porcentaje de chavistas “duros” (decididos a votar) frente al incremento de los opositores “duros”. Por otra parte, la tasa de abstención es probable que sea elevada siguiendo la tónica de los últimos comicios. Y, aunque Opinión Pública Consultores la situaba por encima del 40%, es difícil dar una estimación. Si bien en el tramo final de campaña podrían acortarse algo las diferencias entre los dos candidatos, salvo que ocurra algún acontecimiento inesperado –que también podría incidir en niveles de participación–, todo apunta a la reelección de Chávez.
Conclusiones: Los venezolanos acudirán a las urnas para votar entre dos proyectos muy distintos. Teniendo en cuenta lo acontecido en los últimos ocho años, serán unas elecciones críticas para el futuro más allá del próximo período presidencial. Los pronósticos apuntan a que Chávez será reelecto, abriéndose una nueva etapa de incertidumbres y conflictos. La amplitud de su victoria, y los niveles de abstención, incidirán sobre su capacidad de maniobra político-social para seguir impulsando un proyecto de transformaciones que se apoya en elementos y persigue fines diversos y contradictorios pero que en todo caso viene respaldado por sectores populares.
Aunque el chavismo tiene un fuerte control de las instituciones e instancias de poder, en algunos casos de modo democrático, no es socialmente hegemónico. Y no se advierte cómo podría sortear tal “obstáculo” para aplicar una hipotética agenda de cambios radicales sin proponer un régimen abiertamente dictatorial y represivo, con incalculables consecuencias internas e internacionales. Es más probable que se avance en un proceso complejo y contradictorio que, además de combinar elementos democráticos y prácticas autoritarias, vivirá en una tensión continua entre medidas socioeconómicas radicales y otras más moderadas. Y en cuanto a las fuerzas opositoras, los resultados que Rosales coseche incidirán en el afianzamiento de su liderazgo, en las posibilidades de crear un movimiento opositor articulado a medio plazo y en la puesta a punto de un programa alternativo. Debido a la situación del país, a la débil institucionalidad y al elevado número de variables que pueden cambiar en poco tiempo es difícil predecir escenarios. En cualquiera de ellos, se avecinan tiempos difíciles para Venezuela.
Manuel Hidalgo
Profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y profesor visitante en la Universidad de Nueva York