Tema: El 11 de julio la Asamblea General de las Naciones Unidas abrió el debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU.
Resumen: Tras un decenio de debate informal, ha empezado ya a producirse un debate serio sobre lo que podría conducir a una reforma radical del prestigioso Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el principal panel de formulación de políticas de este organismo mundial. Prácticamente la totalidad de los 191 Estados miembros de la ONU están de acuerdo en que el Consejo compuesto por 15 naciones es, en su forma actual, un anacronismo de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial y en que ha dejado de reflejar fielmente el panorama del poder en el mundo. El Consejo de Seguridad, con cinco miembros permanentes con derecho a veto y 10 electos por períodos de dos años, no se ha ampliado en 40 años. Sin embargo, hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo acerca de cómo reformarlo. De hecho, el agrio debate presenciado en la Asamblea General ha puesto de manifiesto profundas divisiones entre los Estados miembros que amenazan con echar por tierra los planes de llevar a cabo una reforma más amplia de la ONU.
Análisis: Tres propuestas rivales que ensombrecen las perspectivas de reforma
En lo que quizá represente la iniciativa más importante de reforma de las Naciones Unidas hasta la fecha, en marzo de 2005 el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, presentó un informe titulado “En mayor libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos”. El informe, que traza un ambicioso plan de reforma de la ONU para hacer frente a las amenazas y los desafíos internacionales del siglo XXI, deja claro que ninguna reforma de la ONU sería completa sin una reforma del Consejo de Seguridad.
De hecho, Annan declaró que quiere que la ampliación del Consejo de Seguridad esté resuelta antes de que los líderes mundiales se reúnan en Nueva York del 14 al 16 de septiembre para la Cumbre de la ONU de Jefes de Estado, a fin de que se tomen medidas relativas a esta agenda de reforma más amplia. Como resultado, la Asamblea General de la ONU ha lanzado un debate formal acerca de la cuestión de cómo actualizar el Consejo de Seguridad, el órgano más poderoso de las Naciones Unidas. Sin embargo, tres propuestas rivales amenazan con desbaratar la totalidad del proceso de reforma.
El 11 de julio Brasil presentó formalmente un proyecto de resolución sobre la ampliación del Consejo de Seguridad, auspiciado por cuatro países (Brasil, Alemania, India y Japón, el denominado G-4). El plan del G-4 solicita la ampliación del número de miembros del Consejo de 15 a 25. Quiere que cuatro de los nuevos puestos permanentes les sean adjudicados a ellos, que se otorguen dos escaños permanentes a África y que se creen otros cuatro no permanentes. El G-4 abandonó la solicitud de derecho de veto debido a la falta de apoyo, pero a cambio afirma que debería estudiarse la posibilidad de tomar una decisión con respecto al veto en un plazo de 15 años.
Sin embargo, al combinar fuerzas lo que el G-4 ha conseguido ha sido multiplicar la oposición. La medida del G-4, que en su día presentaba el mayor apoyo de todas las propuestas, se enfrenta en la actualidad a suficiente oposición como para poner en duda sus posibilidades de conseguir, en la Asamblea General de 191 miembros, los dos tercios de los 128 votos que se necesitan para su adopción. Tan sólo 23 países apoyan su resolución. Aun cuando la medida fuese aprobada por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad debe votar a favor de modificar la Carta de las Naciones Unidas para que puedan realizarse los cambios, y cualquiera de los cinco actuales miembros permanentes del mismo (P-5) podría vetar dicha medida. De hecho, China, Rusia y Estados Unidos se oponen a la propuesta del G-4, mientras que el Reino Unido y Francia, los otros dos miembros permanentes del Consejo, la respaldan.
El subsecretario de Estado estadounidense, Nicholas Burns, declaró el 16 de junio que la propuesta del G-4 no era “fácil de digerir”. Y al dirigirse a la Asamblea General el 12 de julio, Shirin Tahir-Kheli, asesora principal de la Secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, afirmó que la medida del G-4 dañaría al Consejo de Seguridad, y realizó el siguiente llamamiento: “insto a todos los países a que estudien muy detenidamente la resolución que tenemos ante nosotros y a que se hagan la pregunta crítica: ¿sirve esta resolución para fortalecer a las Naciones Unidas? Nosotros creemos que no. Por ello, les instamos a que se opongan a ella”. Posteriormente resaltó que Estados Unidos no quiere que el Consejo de Seguridad crezca tanto que termine por resultar ineficaz: “la eficacia resulta esencial. El Consejo de Seguridad ha venido siendo un órgano eficaz, y en la actualidad su relevancia es mayor que nunca. Uno de los primeros principios de reforma debería ser no producir daño alguno”.
Aunque un “no” estadounidense a estas alturas no resultaría necesariamente una causa de ruptura, Tahir-Kheli también recordó a la Asamblea General que el Senado estadounidense tendría que ratificar cualquier posible modificación de la Carta de las Naciones Unidas que ampliase el Consejo de Seguridad, lo que consideraba improbable. Declaró que votar ahora la propuesta del G-4 de “centrarse en un modo concreto de ampliación del Consejo de Seguridad en estos momentos interferiría con nuestra capacidad de formular una propuesta más adelante que tuviese una posibilidad razonable” de ser ratificada en el Senado.
La declaración estadounidense se sumó a la oposición a la propuesta del G-4 que iba aumentando al circular propuestas rivales de la Unión Africana y de una coalición de una docena de países denominada “Unidos para el Consenso”. La Unión Africana, de 53 miembros, el mayor grupo regional en las Naciones Unidas, está intentando ampliar el Consejo de Seguridad a 26 miembros, incluyendo seis nuevos escaños permanentes que, a diferencia de lo propuesto por el G-4, tendrían poder de veto. África obtendría dos nuevos escaños permanentes y dos nuevos escaños electos.
Entretanto, el proyecto de resolución circulado (aunque no presentado) por “Unidos para el Consenso”, un grupo de aproximadamente 20 países encabezado por Italia, México y Pakistán, añadiría 10 escaños no permanentes y ninguno permanente. Todos los nuevos escaños se elegirían para períodos de dos o tres años. De acuerdo con esta propuesta, se asignarían seis escaños a África, cinco a Asia, cuatro a Latinoamérica y el Caribe, tres a Europa Occidental y otros Estados, y dos a Europa Oriental.
Diplomacia con mucho en juego en las Naciones Unidas
No debería sorprender a nadie que la coalición “Unidos para el Consenso” intentase echar por tierra la propuesta del G-4. Después de todo, Italia ha expresado de forma reiterada su oposición a la candidatura de Alemania para la obtención de un escaño permanente en el Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, México y Pakistán se oponen a las candidaturas de Brasil y la India respectivamente. Argentina, que también pertenece al grupo, declaró que la propuesta del G-4 daría lugar a “discriminación y hegemonías artificiales en las regiones, lo que iría en detrimento de la labor del Consejo de Seguridad”.
Y en unos comentarios excepcionalmente acalorados que reflejan las crecientes tensiones, el 11 de julio el embajador paquistaní ante las Naciones Unidas, Munir Akram, acusó a un pequeño grupo de naciones de intentar conseguir nuevos y desiguales privilegios para ellos mismos, imponiendo sus intereses personales disfrazándolos de altruismo, declarando: “quienes buscan poder y privilegios especiales se hacen pasar por defensores de los débiles y los desamparados”. Añadió que la propuesta del G-4 dejaría seis ganadores pero 180 perdedores, declarando: “no ungiremos a seis Estados con privilegios especiales para declararnos a nosotros mismos miembros de segunda clase en esta organización”.
De hecho, la oposición a la propuesta del G-4 pone de relieve lo dividida que sigue estando la ONU. También refleja la continuada supremacía del Estado-nación en la perenne búsqueda de prestigio y estatus a nivel mundial, así como la persistencia de las rivalidades regionales. Por ejemplo, China se opone firmemente a que Japón, su rival asiático, se convierta en miembro permanente del Consejo, pero afirma no oponerse a que la India lo haga. Beijing tampoco ha definido su postura con respecto a Brasil y Alemania. Washington, por otro lado, apoya las candidaturas de Japón y la India, pero no muestra excesivo entusiasmo por lo que respecta a la de Brasil y se opone a la de Alemania. Rusia, a su vez, ha levantado una cortina de humo diplomática para ocultar su verdadera postura al afirmar crípticamente que individualmente apoya las candidaturas de Brasil, Alemania, la India y Japón, pero que no necesariamente respalda la totalidad de su fórmula. Dicho esto, la Organización de Cooperación de Shangai, un grupo que engloba mayoritariamente a Estados de Asia Central y dominado por Rusia y China, ha aconsejado al G-4 que no intente “establecer una fecha límite para la reforma de la ONU o de imponer una votación de los proyectos de propuesta con respecto a los cuales existan diferencias importantes”.
Hasta la fecha, el G-4 se ha resistido a los intentos de dividir a sus miembros, pero esto puede no durar. Muchos esperan que la India, por ejemplo, reciba el apoyo del Reino Unido, China, Francia y Rusia. De hecho, la única cuestión real que sigue planteándose es si la India estará dispuesta a pagar lo que podría ser un muy alto precio por asegurarse un apoyo estadounidense crucial. Lo más probable es que Washington consiga arrancar dolorosas concesiones a Nueva Delhi, especialmente en el área de defensa y seguridad. Los aspectos relativos a un quid pro quo se debatirán el 18 de julio, cuando el Primer Ministro indio, Mahmohan Singh, se reúna con el Presidente estadounidense George W. Bush en la Casa Blanca. Paradójicamente, la India, que cuenta con una larga tradición de independencia en materia de asuntos exteriores, puede descubrir que convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad puede llegar a limitar, en vez de ampliar, sus posibilidades de autonomía en materia de política exterior.
También Alemania pagará un alto precio por su candidatura, aunque no resulta probable que ésta tenga éxito. De hecho, el Canciller alemán Gerhard Schröder, durante un viaje de un día que realizó para reunirse con Bush en Washington, no consiguió superar la oposición estadounidense a la candidatura alemana. Resulta improbable que el asunto pueda resolverse antes de las elecciones alemanas programadas para el 18 de septiembre, cuando se espera que los conservadores obtengan una victoria aplastante que retire a Schröder del poder. La Unión Cristianodemócrata de la oposición ha declarado que no luchará por un escaño permanente, y el Partido Libre Democracia, que sería socio en una nueva coalición de centro-derecha, declaró que Alemania volvería a su política tradicional de abogar por un escaño común que representase a Europa.
De hecho, los críticos alemanes del Gobierno de Schröder han puesto en duda el que esta agresiva campaña por conseguir un puesto en el Consejo de Seguridad interese realmente a Alemania, puesto que el no conseguirlo provocaría una enorme pérdida de prestigio a nivel mundial. Además, acusan a Schröder de poner en peligro un interés nacional vital (la unidad europea) en pos de un interés secundario (un puesto en el Consejo de Seguridad). Por último, temen que este asunto termine provocando un distanciamiento aún mayor entre Alemania y Estados Unidos.
Aunque Estados Unidos no ha presentado su propia propuesta para la reforma del Consejo de Seguridad en forma de resolución, el 16 de junio Burns solicitó que se creasen “unos dos” nuevos puestos permanentes y “dos o tres” nuevos puestos no permanentes. El 22 de junio, Estados Unidos presentó a la Asamblea General de la ONU un plan de siete puntos para la reforma de las Naciones Unidas donde se solicitaba una ampliación del Consejo de Seguridad limitada y basada en criterios determinados. Afirmaba que los miembros potenciales deberían “presentar un excelente currículum, basado en factores tales como el tamaño de la economía, la población, la capacidad militar, el compromiso con la democracia y los derechos humanos, las contribuciones financieras a la ONU, las contribuciones a sus operaciones de mantenimiento de paz y un historial de contraterrorismo y no proliferación”.
Según Estados Unidos, uno de los puestos permanentes debería ir para Japón y otro para un país en vías de desarrollo. Japón, que alberga la mayor concentración de tropas estadounidenses en Asia, es el principal aliado estadounidense en la región, y Washington ve a Tokio como un contrapeso geopolítico crucial a Beijing. El 12 de julio Rice reiteró expresamente el respaldo estadounidense a la candidatura de Japón. Tras mantener conversaciones en Tokio con el Ministro japonés de Asuntos Exteriores, Nobutaka Machimura, Rice declaró: “he reafirmado al Ministro de Asuntos Exteriores nuestro apoyo a que se conceda a Japón un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
Pero a pesar del apoyo estadounidense, lo más probable es que la campaña japonesa por conseguir un puesto permanente, que dura ya una década, acabe en fracaso. Tokio sigue siendo mirado con recelo y hostilidad por sus adversarios de la Guerra Fría, Rusia y China, así como por aliados como Corea del Sur y Filipinas. Sobre Japón siguen cerniéndose el fantasma de las disputas fronterizas y el de su ocupación, durante la Segunda Guerra Mundial, de China y Corea del Sur. Un reciente brote de violentas protestas antijaponesas en China y un enfrentamiento naval con Corea del Sur han hecho que crezcan aún más las tensiones. Así, no resulta sorprendente que Corea del Sur se haya unido al grupo “Unidos para el Consenso”, que se opone a las ambiciones de Tokio en las Naciones Unidas. Y en lo que fue ampliamente considerado un modo diplomático de expresar de forma tácita su oposición a la candidatura de Japón, China emitió un documento de posición el 8 de junio que por primera vez aclaraba su postura con respecto a la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU: el documento dice que China se opone a una votación “apresurada” acerca de la reforma de dicha organización.
Pero, ¿por qué apoya la Casa Blanca la candidatura de Japón y se opone a la de Alemania? Tanto Alemania como Japón son pilares de la economía mundial, ambos son más grandes que el Reino Unido y Francia y ambos son más poderosos económicamente que cualquier miembro del Consejo de Seguridad a excepción de Estados Unidos. Y en el ámbito de la “diplomacia de talonario”, Alemania contribuye con un 8,6% del presupuesto de la ONU, superado tan sólo por Japón (19,4%) y Estados Unidos (22%). Los cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad pagan menos: un 6,1% el Reino Unido, un 6% Francia, un 2% China y un 1,1% Rusia.
Como era de esperar, algunos ven en la oposición estadounidense a la candidatura de Alemania un modo de saldar cuentas por la oposición de Berlín a la guerra en Irak. Lo más probable, sin embargo, es que dicha oposición refleje una creciente preocupación en Estados Unidos de que pueda ejercerse una mayor influencia europea en la escena internacional que dañe los intereses estadounidenses. El Washington Post informaba el 18 de mayo de que Rice expresó su oposición a la candidatura de Alemania durante una reunión con los dirigentes del Comité Especial del Congreso para Asuntos de las Naciones Unidas, según un memorando confidencial de la reunión privada. Según dicho memorando, Rice “pensaba que existían muy pocas bases para otorgar a otro miembro de la Unión Europa un puesto permanente en el Consejo” y que “en muchos aspectos, Europa ya presentaba una política exterior común, y que eso debía tenerse en cuenta en el Consejo de Seguridad”.
En un artículo titulado “Piense otra vez: las Naciones Unidas”, publicado en la edición de septiembre/octubre de 2003 de Foreign Policy, la antigua Secretaria de Estado estadounidense, Madeleine Albright, escribía: “ningún aspecto de las Naciones Unidas se ha estudiado tanto y con tan pocos resultados como la ampliación del Consejo de Seguridad”. El no reformar el Consejo, no obstante, tiene más que ver con la defensa de intereses nacionales que con la realización de estudios adicionales.
Estados Unidos tiene otras prioridades de reforma
La reforma de las Naciones Unidas sólo es viable con un liderazgo continuado de Estados Unidos. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que Estados Unidos (además de China y Rusia) estaría encantado de mantener el status quo en el Consejo de Seguridad. De hecho, la Casa Blanca afirma ahora que sus prioridades se centran en el asunto, más amplio, de una reforma global de la ONU, y afirma que la ampliación del Consejo de Seguridad debería seguir a otros cambios propuestos para la ONU, tales como la mejora de la supervisión de la gestión y la sustitución de la Comisión de Derechos Humanos por un consejo de naciones con un excelente historial en materia de derechos.
Apoyando esta visión, un grupo de antiguos ministros de Asuntos Exteriores de Asia, Europa y Norteamérica emitieron el 8 de julio una carta abierta titulada “Unas nuevas Naciones Unidas” instando a una reforma de la ONU en cuatro áreas clave. Entre ellas se encuentran la reestructuración de la desacreditada Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el establecimiento de una comisión de consolidación de la paz, la exigencia de que se acepte universalmente el principio de que todos los Estados deben proteger a sus ciudadanos y la creación de un grupo permanente de naciones democráticas para acabar con el dominio de grupos regionales que en el pasado han bloqueado propuestas en materia de derechos humanos y democracia. Sin embargo, la carta, publicada en el Wall Street Journal, no hace referencia a la reforma del Consejo de Seguridad.
En Estados Unidos, la presión política para la reforma integral de las Naciones Unidas no deja de crecer. Reflejando el creciente descontento entre los votantes estadounidenses con respecto a la ONU, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el 17 de junio a favor de retirar la mitad de la cuota con la que dicho país contribuye a la organización a menos que ésta cambie radicalmente su burocracia, sus misiones de mantenimiento de paz y las normas que se aplican a sus organizaciones de derechos humanos. El proyecto de ley, uno de los mandatos a la ONU más amplios y específicos emitidos por el Congreso, cita 46 pasos específicos que debe adoptar dicha organización, entre los que se incluyen: establecer una junta de supervisión independiente que pueda pasar revista a todas sus operaciones, prohibir la pertenencia a órganos de derechos humanos a naciones condenadas por la ONU por violaciones de dichos derechos y exigir importantes reformas burocráticas. El proyecto retiraría la mitad de la cuota estadounidense a partir de 2007 si la ONU no cumpliese estas 46 exigencias.
La Administración Bush se ha opuesto vigorosamente a esta medida, popular entre muchos legisladores conservadores. La Casa Blanca emitió una declaración el 16 de junio donde afirmaba “apoyar firmemente la reforma de las Naciones Unidas, incluyendo una mayor rendición de cuentas y supervisión y una asignación de presupuestos basada en resultados” pero donde se oponía expresamente a los “requisitos de certificación del proyecto de ley, que podrían provocar una reducción del 50% de las contribuciones estadounidenses establecidas para la ONU”.
Además, Rice sostiene que la Casa Blanca debería disponer de libertad de acción por lo que respecta a sus asuntos exteriores, y añadió que reducir la cuota estadounidense pondría en peligro sus posibilidades de conseguir cambios como la racionalización de los presupuestos, una mayor rendición de cuentas para evitar que se repitan escándalos como el relativo al programa “Petróleo por Alimentos” en Irak y la imposibilidad para quienes hayan cometido violaciones de los derechos humanos de pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Otros críticos del proyecto de ley afirman que algunos de los objetivos de reforma sencillamente no pueden alcanzarse en el plazo dado.
El proyecto de ley de la Cámara de Representantes marca un resurgimiento de la disputa existente entre el Congreso y las Naciones Unidas, que comenzó en la década de 1990, cuando los congresistas republicanos obstaculizaron más de 1.000 millones de dólares de fondos estadounidenses para las Naciones Unidas. La legislación importante más reciente relativa a la ONU fue el Acuerdo Helms-Biden de 1998, que redujo la contribución de Estados Unidos al presupuesto de la ONU. Estados Unidos contribuía con 438 millones de dólares (alrededor del 22%) al presupuesto anual de la ONU (1.800 millones de dólares) en 2005. Esto equivale aproximadamente a lo que el Pentágono gasta cada 12 horas. Además, en 2005 Estados Unidos aportará alrededor de 2.500 millones de dólares a acciones voluntarias tales como operaciones de mantenimiento de paz o programas populares con presupuestos independientes, tales como UNICEF o el Programa Mundial de Alimentos. Estas actividades no se verían afectadas por el proyecto de ley.
La medida de la Cámara de Representantes se enfrenta a un futuro incierto, puesto que el proyecto de ley acompañante presentado en el Senado el 13 de julio establece para Estados Unidos el derecho, pero no la exigencia, de negar fondos si la ONU no aprueba amplias reformas. El siguiente paso será una conferencia entre los dirigentes de la Cámara y el Senado para intentar alcanzar una legislación de compromiso. Si el Senado aprueba un proyecto de ley acompañante, entonces pasaría a manos de Bush, para su firma durante este Congreso bianual, un mandato a las Naciones Unidas.
La medida del Senado se basa en gran medida en un informe publicado el 15 de junio por el Comité Especial para Asuntos de las Naciones Unidas creado a petición del Congreso. El informe de 175 páginas, titulado “Los intereses estadounidenses y la reforma de la ONU” y coordinado por el United States Institute of Peace, afirma que la ONU presenta una mala gestión, que sus empleados sufren desánimo, que no se rinden las debidas cuentas y que no existe ética profesional. Entre sus recomendaciones el panel afirma que la ONU debería crear órganos de supervisión de estilo corporativo, establecer criterios personales para mejorar el rendimiento y llevar a cabo reformas en materia de rendición de cuentas. El Comité Especial, formado por 12 miembros de ambos partidos, establecido por el Congreso en diciembre de 2004 y encabezado por Newt Gingrich, el antiguo presidente de la Cámara, y por George Mitchell, antiguo dirigente demócrata en el Senado, no se posiciona con respecto a la ampliación del Consejo de Seguridad.
En términos generales, el panel adopta un tono sorprendentemente conciliador. En su única referencia a Annan, que en la actualidad se encuentra en el penúltimo año de su mandato, el informe sostiene que un “criterio fundamental” a la hora de elegir a su sucesor una vez concluido su mandato a finales de 2006 debería ser la “capacidad de gestión”. También hace hincapié en el entendimiento por parte de la cúpula de la ONU de la necesidad de llevar a cabo cambios fundamentales: “ahora puede ser posible un cambio real sin tener que recurrir a la amenaza de la retirada de fondos”.
Entretanto, la Casa Blanca afirma apoyar la mayor parte de las recomendaciones del informe. De hecho, la Administración Bush ha pasado a adoptar recientemente un enfoque más conciliador con respecto a la ONU, afirmando respaldar muchas de las propuestas de reforma presentadas por Annan en su informe titulado “En mayor libertad”. Y, en vez de recurrir a la usual diplomacia intransigente, Rice y otros altos cargos estadounidenses han estado reuniéndose con Annan y otros diplomáticos de las Naciones Unidas para debatir un paquete de reformas de compromiso aceptable para ambas partes que podría conseguir la aprobación en la Cumbre de la ONU que se celebrará en septiembre.
¿A qué se debe este nuevo espíritu de transigencia? A pesar de las décadas de relación amor-odio entre Estados Unidos y la ONU, la Administración Bush parece haber decidido que Estados Unidos se juega mucho en el futuro de esta organización. La Casa Blanca quiere que una ONU reformada se haga cargo de tareas tales como contribuir a la reconstrucción de Irak, supervisar posibles sanciones a Irán y Corea del Norte y mantener la paz en Kosovo. De hecho, en un comentario que habría sido impensable durante el primer mandato de Bush, el subsecretario de Estado Burns afirmó el 16 de junio: “el sistema de las Naciones Unidas resulta crítico para la estabilidad mundial”.
Para quienes propugnan cambios radicales en la ONU, por lo tanto, el desafío más apremiante ahora será garantizar que la disputa en torno a la ampliación del Consejo de Seguridad no termine por echar por tierra una agenda más amplia de reforma. Si los Estados miembros clave de la ONU lo logran (quizá retrasando una decisión definitiva sobre el futuro del Consejo de Seguridad), puede que la ONU consiga llevar a cabo su reforma más importante desde su fundación hace 60 años.
Conclusión: La ampliación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lleva debatiéndose muchos años y la idea de ampliar su número de miembros para hacerlo más representativo tiene un respaldo considerable. No obstante, los miembros de la ONU se encuentran muy divididos en torno al mejor método para llevar a cabo esta medida. De hecho, los intensos desacuerdos en torno a la modificación del Consejo de Seguridad han eclipsado otros debates sobre la reforma de la ONU. A menos que se llegue a un acuerdo aceptable para todas las partes, la creciente animosidad puede terminar echando por tierra una oportunidad histórica para llevar a cabo una reestructuración administrativa y burocrática más amplia de esta organización.
Soeren Kern
Investigador principal, Estados Unidos y Diálogo Trasatlántico, Real Instituto Elcano