Tema
El presente texto analiza brevemente los eventos clave esperados en 2019 en el ámbito del cambio climático a nivel internacional, de la UE y de España.
Resumen
El año 2019 tiene visos de ser un año más cálido, en media, que 2018, lo cual refuerza la llamada a la acción climática decidida y urgente del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). Hay asuntos pendientes de una complejidad significativa en el ámbito de las negociaciones climáticas internacionales en materia de mecanismos de mercado, aumento de la ambición y financiación, entre otros.
De los grandes emisores se espera la continuidad en sus acciones. Esto implica que EEUU y Brasil seguirán alejándose previsiblemente de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, haciendo más difícil y costoso el cumplimiento de dichos objetivos para el resto de las Partes del acuerdo. En la UE algunos de los temas clave serán: las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, los avances en la estrategia de descarbonización a largo plazo, la revisión de los Planes Integrados de Energía y Clima (PNIEC) de los Estados miembros, el previsible acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y los trabajos relativos a la estrategia para que el sistema financiero europeo respalde la agenda climática y de desarrollo sostenible de la UE. Se esperan también avances en las reglas de funcionamiento del mercado eléctrico y en los trílogos para establecer objetivos de reducción de emisiones de vehículos pesados. Por último, en España se espera la publicación del borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la presentación del PNIEC y de la Estrategia de Transición Justa. Además, se avanzará en la estrategia de descarbonización de la economía a 2050.
Una mirada a 2018
En 2018 indicamos que se esperaban avances en el desarrollo de las reglas de aplicación del Acuerdo de París y en la evaluación del avance hacia el objetivo de limitar el aumento medio de las temperaturas a menos de 2ºC en relación con la era preindustrial. La adopción del “Paquete de Katowice” en 2018 durante la COP 24 confirma dicho avance, si bien quedan asuntos pendientes en 2019, como por ejemplo la determinación del funcionamiento de los mecanismos de mercado del Acuerdo de París. También se llevó a cabo el diálogo facilitador1 (Diálogo de Talanoa) a lo largo de 2018, aunque no se ha logrado una reacción significativa en cuanto al aumento de la ambición de las Partes, para desesperación de científicos y de la sociedad civil presente en la cumbre del clima de Katowice a finales de 2018.
Se afirmaba también en nuestro documento de 2018 que la UE impulsaría la Unión de la Energía, previsiblemente con un aumento de la ambición. Tras el acuerdo alcanzado en junio entre el Parlamento Europeo y el Consejo se aprobaba un aumento en sus objetivos de renovables y de eficiencia energética. Así, para 2030 la UE se comprometía a alcanzar un 32% de penetración de renovables en el consumo final de energía bruta (objetivo vinculante). Además, se establecía un objetivo indicativo de eficiencia energética, comprometiéndose a una mejora del 32,5% en 2030 con respecto al escenario de consumo tendencial. En diciembre de 2018 el Parlamento, la Comisión y el Consejo alcanzaban un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de uno de los sectores clave, el del transporte. En 2025 los vehículos nuevos deberán emitir un 15% menos y en 2030 un 37,5% menos que en 2021.
En España se esperaba que en 2018 se hiciese público el primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Si bien la presentación de dicho borrador no ha sido pública, los principales elementos del borrador de la ley fueron presentados a finales de 2018.
En el documento de 2017, donde analizábamos la retirada de Trump del Acuerdo de París, se advertía que era necesario analizar las implicaciones para los trabajadores de la transición hacia una economía de bajas emisiones. No obstante, no vimos venir los conflictos sociales de 2018 iniciados al calor del anuncio del aumento en los impuestos a los carburantes en Francia, programado para el 1 de enero de 2019 y suspendido tras las primeras protestas por Emmanuel Macron. En nuestro documento de 2018 no incidimos en la posibilidad de que las políticas de transición ecológica, la fractura social derivada de la crisis (y de las medidas de política económica para atajarla), unidos a la percepción de injusticia derivada de la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, pudieran generar un movimiento en Francia (y más tarde en otros países) como el de los “chalecos amarillos”.
Análisis
Acción climática en el ámbito internacional
La ciencia del clima advierte que 2019 podría ser un año con temperaturas más altas que 2018, siguiendo la estela del último cuarto de siglo en el que encontramos 20 de los 22 años con temperaturas medias más altas desde que hay registros. Dicho aumento en la temperatura media estaría influenciado por el fenómeno (débil en 2019) de “El Niño”, aunque sin llegar a alcanzar los niveles de 2016. De manera recurrente, en períodos que oscilan entre dos y siete años, se produce un aumento de las temperaturas del agua en la zona del pacífico ecuatorial conocido como “El Niño” (El Niño Southern Oscilation o ENSO). Las consecuencias más significativas son un cambio en los patrones de precipitaciones y de temperaturas que pueden afectar a zonas geográficas alejadas del lugar de origen del aumento en las temperaturas oceánicas. Según la organización Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization, WMO) en 2019 se puede esperar un aumento de la temperatura de la superficie del océano entre 0,8 y 1,2 grados centígrados, afectando a la producción agrícola, a la seguridad alimentaria y a la gestión de los recursos hídricos, entre otros.
En el ámbito de las negociaciones climáticas internacionales, la adopción del “Paquete de Katowice” (o libro de reglas del Acuerdo de París) en la COP 24 a finales de 2018 pone en marcha un conjunto de normas de funcionamiento del mismo. Dichas normas, aplicables a todos los países, pero flexibles para aquellos países en desarrollo que necesiten más tiempo o ayuda para cumplirlas, ha constituido un hito político y técnico. En tiempo récord, y cumpliendo con el objetivo que se dio la comunidad internacional en la COP 22, se ha cerrado (o casi) el Programa de Trabajo del Acuerdo de París (Paris Agreement Work Programme, PAWP). Tenemos reglas comunes de evaluación de esfuerzos y compromisos. Dichas reglas nos proporcionarán (de aplicarse con rigor) una imagen fiel de la acción climática que se recoge en las contribuciones determinadas a nivel nacional (Nationally Determined Contributions, NDC). El libro de reglas de París también incluye acuerdos sobre cómo se revisará la ambición al alza o cómo se implementará el acuerdo.
Sin embargo, no todas las reglas de implementación del Acuerdo de París se han cerrado en 2018. En 2019 se ha de seguir trabajando, entre otras, en las reglas de funcionamiento de los enfoques cooperativos que implican el uso de resultados de mitigación de transferencia internacional (Internationally Transferred Mitigation Outcomes o ITMO) del artículo 6.2 del Acuerdo de París, que incluye implícitamente los mercados de carbono. Los mecanismos de flexibilidad del artículo 6 son esenciales para poder aumentar la cooperación, la eficiencia y (esperemos) la ambición de las Partes. Pero para asegurar la integridad del Acuerdo de París es necesario seguir trabajando para que los mercados de emisiones eviten la doble contabilidad en las reducciones de emisiones. La COP 25 que finalmente se celebrará en Chile tras la renuncia de Brasil, tratará de finalizar las reglas de funcionamiento de los mecanismos de mercado de suerte que se preserve la integridad ambiental de los mismos.
Además del Paquete de Katowice, de la COP 24 se esperaba la conclusión de la fase política del Diálogo de Talanoa. Dicho diálogo facilitador tenía como objetivos: (1) analizar dónde estamos en comparación con los objetivos del Acuerdo de París de limitar el aumento medio de las temperaturas muy por debajo de los 2ºC, y de hacer esfuerzos para limitar dicho aumento a 1,5ºC; (2) plantear la pregunta de dónde queremos llegar a través de la acción climática; y (3) también plantear la cuestión de cómo llegar a los objetivos climáticos acordados de manera consensuada.
Si bien el proceso emprendido con el Diálogo de Talanoa ha sido considerado como un éxito en cuanto a la participación de actores estatales y no estatales, la decepción de la sociedad civil ha sido mayúscula al constatarse que desde el proceso de negociaciones climáticas internacionales no se actuaba decididamente en respuesta a la llamada de los científicos a la acción urgente. La ciencia del clima no logra, por el momento, movilizar la acción política necesaria para limitar las peores consecuencias del cambio climático. Esta falta de capital político es parcialmente debida al bloqueo de EEUU, Arabia Saudí, Rusia y Kuwait al reconocimiento del informe del IPCC sobre los impactos de un mundo 1,5ºC más cálido como aportación significativa al Diálogo de Talanoa. La desafección ciudadana con los procesos de negociaciones (climáticas) internacionales puede acentuarse en 2019 si no se responde de manera decidida a la información científica.
Por otro lado, es importante también tener en cuenta que tanto los impactos del cambio climático y la acción climática insuficiente, como las políticas de transición que se perciban como injustas por ciertos sectores de la población pueden seguir provocando en 2019 malestar, como ya ocurrió en 2018. En el caso de los “chalecos amarillos”, si bien fueron los impuestos sobre los carburantes los que prendieron la mecha del movimiento de protesta, se ha afirmado también que las consecuencias de la crisis económica y de las medidas de política económica para atajarla, junto con la eliminación del impuesto a las grandes fortunas y la percepción de un reparto no equitativo de los impuestos fueron el motor de las mismas. Así, en 2019 se podría esperar que iniciativas como la Declaración de Silesia sobre la Solidaridad y la Transición Justa (Solidarity and Just Transition Silesia Declaration),2 los contratos de transición ecológica 3 o las Estrategias de Transición Justa se multipliquen.
El año 2019 que acaba de comenzar traerá también novedades en el ámbito de financiación climática, un tema fundamental y siempre polémico en el proceso de las negociaciones climáticas internacionales. Por ejemplo, 2018 ha sido complicado para el Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund, GCF), quedando varios frentes abiertos. El GCF encara 2019 con menos fondos de los comprometidos al retirarse EEUU del Acuerdo de París y paralizar sus aportaciones. En 2018 se han producido disputas entre países desarrollados y países en desarrollo sobre qué proyectos financiar. Además, el director ejecutivo del GCF, Howard Bamsey, dimitió tras la poco fructífera reunión de julio en Songdo (Corea del Sur). En este contexto, en 2019 se producirá una reposición de las aportaciones al Fondo Verde para el Clima como uno de los instrumentos clave para acelerar la acción climática. Tras dos reuniones consultivas en abril y en agosto de 2019, se celebrará una conferencia en octubre de 2019 en la que se anunciarán los compromisos de las Partes para la reposición del GCF.
En la COP 25 se debatirá cómo se pueden financiar las pérdidas y los daños (aquellos impactos a los que no se adaptan o no se pueden adaptar los países) a los que hace referencia el Mecanismo de Varsovia de Pérdidas y Daños (Warsaw International Mechanism on Loss and Damage o WIM) y que se recogen en el artículo 8 del Acuerdo de París. Es necesario recordar que, a petición de EEUU, la inclusión de pérdidas y daños en el Acuerdo de París, esencial para los países en desarrollo, no supone la aceptación de responsabilidad por los daños causados ni la obligación de compensar dichos daños por parte de los grandes emisores.
Un tercer elemento del proceso de negociaciones climáticas internacionales es la acción de actores no estatales.4 Para aumentar la ambición a nivel internacional, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha convocado en septiembre de 2019 a los líderes políticos, del sector privado y de la sociedad civil para que anuncien compromisos ambiciosos de reducción de las emisiones. La Cumbre sobre el Clima de septiembre de 2019 se centrará en la transición energética e industrial, la fiscalidad verde, la financiación climática, las soluciones basadas en la naturaleza, la acción climática de regiones y ciudades, y el aumento de la resiliencia.
Antonio Guterres emergía de la COP 24 como una de las voces impulsoras de la ambición climática, consciente de que en 2020 las Partes deben presentar una nueva ronda de compromisos determinados a nivel nacional (NDC), y consciente también de que las acciones y los compromisos actuales de actores estatales y no estatales son insuficientes para cumplir con el Acuerdo de París. La Figura 1 ilustra la hoja de ruta hacia la cumbre del clima convocada por Antonio Guterres.
La UE y España: acción climática en 2019
Descendiendo al ámbito europeo, a pesar de que 2019 se presenta como un año convulso para la UE, con el Brexit en el horizonte, se podría esperar un aumento de la ambición europea en la siguiente ronda de presentación de los compromisos climáticos determinados a nivel nacional. Este aumento de la ambición sería cuasi automático dados los objetivos que acordó la UE en junio de 2018 de alcanzar una penetración de energías renovables del 32% y un aumento de la eficiencia energética del 32,5% (con respecto al escenario tendencial) en 2030. Así, el comisario Miguel Arias Cañete confirmaba a mediados de 2018 que la UE podría aumentar su ambición climática, alcanzando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de más del 45% en 2030, frente al actual compromiso de deducir nuestras emisiones en un 40% en 2030, con respecto a los niveles de emisiones de 1990.
En noviembre de 2018 la UE presentó su visión para una economía “próspera, moderna, competitiva y neutral en carbono” en 2050. Los Estados miembros responderán a dicha estrategia en la primera mitad de 2019. Se espera que las reacciones de los Estados miembros sirvan para la adopción de una estrategia europea de descarbonización que responda a la invitación de la decisión que acompaña al Acuerdo de París para que las Partes comuniquen a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) su estrategia de desarrollo de bajas emisiones para mediados de siglo, que deben estar alineadas con los objetivos del Acuerdo de París.
En otoño de 2019 se espera también un acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual de la UE (Multianual Financial Framework 2021-2027). El porcentaje del próximo presupuesto europeo dedicado a la lucha contra el cambio climático aumentará (al menos) del 20% actual al 25%. La propuesta de la Comisión Europea abogaba por destinar el 25% del presupuesto europeo a la lucha contra el cambio climático y el Parlamento por un 30%, mientras que las asociaciones ecologistas pedían un 40%. La propuesta de la Comisión hacía hincapié en que la Política Agraria Común (PAC) pusiera mayor énfasis en acciones medioambientales y de protección del clima. La propuesta de la Comisión destina 5.400 millones de euros al programa LIFE5 para financiar proyectos ambientales y climáticos. La propuesta de la Comisión incide también en apoyar el desarrollo sostenible a través de la política de cohesión, en seguir avanzando en los programas de investigación y desarrollo para la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en emisiones y en usar el nuevo instrumento financiero de la UE (InvestEU) para movilizar capital hacia inversiones sostenibles.
También en el ámbito de la financiación se esperan avances en 2019 en el marco del Plan de Acción para financiar el Desarrollo Sostenible de la UE. Así, antes de que acabe el año podríamos ver una clasificación (taxonomía) de proyectos sostenibles, esencial para la asignación más efectiva del capital si queremos limitar los riesgos materiales derivados del cambio climático. Estrechamente relacionados con la taxonomía se esperan: el desarrollo de etiquetas verdes para los productos financieros; más claridad sobre requerimientos de capital asimétricos para proyectos más o menos sostenibles (por ejemplo, el debate del green supporting factor frente al brown penalising factor); y la modificación de las obligaciones de información no financiera.
A lo largo del presente año Europa avanzará también en las reglas sobre el funcionamiento del mercado eléctrico tras el acuerdo provisional alcanzado a finales de 2018. En 2019 se trabajará en la Directiva sobre la electricidad, que pretende avanzar en los derechos de los consumidores aumentando su participación como prosumers (productores además de consumidores de energía eléctrica), fomentando la gestión activa de su demanda eléctrica, asegurando el acceso a la información de sus consumos y a herramientas de comparación de precios. La intención era que esta Directiva avanzase en la liberalización del mercado, reduciendo las distorsiones, aumentando la competitividad y bajando los precios, al tiempo que se protege a los consumidores más vulnerables (a través de precios regulados aplicados por el Estado). No obstante, parece que tras surgir el movimiento de los “chalecos amarillos” en Francia, la liberalización de precios podría tardar en llegar porque en el país galo existe la percepción de que los precios fijados protegen a los consumidores vulnerables de aumentos abusivos de precios por parte de los operadores eléctricos.
Por otra parte, en 2019 se trabajará en las reglas de funcionamiento del mercado interno de la electricidad. Los dos elementos esenciales del reglamento son: el establecimiento de las reglas para los mecanismos de capacidad,6 de suerte que se respeten tanto las inversiones realizadas como los objetivos de descarbonización; y la creación de centros regionales de coordinación para los gestores de redes.
Tras el establecimiento de nuevos objetivos en lo que se refiere a reducciones de emisiones por parte de los turismos y furgonetas,7 en 2019 comienzan también los trílogos para el establecimiento de los objetivos de reducción de emisiones para vehículos pesados que representan el 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 25% de las emisiones del sector del transporte. Los objetivos de reducción de emisiones son similares a los de las furgonetas. Así, se espera que los vehículos pesados reduzcan en media sus emisiones en un 15% en 2025 y en un 30% en 2030 en comparación con los niveles de emisiones de 2019. Estos objetivos se revisarán en 2022 y aquellas empresas que no cumplan con los objetivos de reducción de emisiones se enfrentarán, previsiblemente, a sanciones.
En 2019 España podría, por fin, aprobar la esperada Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Una ley marco cuyo objetivo a 2030 previsiblemente será la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a los niveles de 1990. El objetivo a 2050 será alcanzar la neutralidad en carbono, es decir, que las emisiones de gases de efecto invernadero se compensen con absorciones de estas, contando para ello con un aumento significativo de los sumideros, por ejemplo, a través del aumento de la masa forestal.
El Plan Nacional Integrado Energía y Clima (PNIEC) de España se presentará en 2019 ante la Comisión Europea para su comentario posterior, debiendo elaborar el gobierno un PNIEC definitivo antes de fin de año. Dicho plan propondrá medidas concretas en materia de clima y energía para el período 2021-2030. En España se espera que la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la implementación del PNIEC supongan la descarbonización casi total del sector eléctrico a mediados de siglo, aumentando significativamente la penetración de las renovables para 2030. Además, el gobierno ha expresado su intención de añadir entre 50.000MW y 60.000MW adicionales de potencia renovable instalada en España en 2030. Por otra parte, en 2019 también es previsible que España presente una Estrategia de Transición Justa, parcialmente inspirada en la iniciativa francesa de los contratos de transición ecológica. Por último, España trabajará a lo largo de 2019 en su estrategia de descarbonización a largo plazo.
Conclusión
En el ámbito climático 2019 será, con toda probabilidad, el año clave en el aumento de la ambición, con una carga de trabajo técnico significativo. Serán necesarias decisiones políticas con altura de miras para cerrar los elementos que han quedado pendientes. El año que comienza podría ser también el de la eclosión de las estrategias de transición justa y del continuismo en las acciones tanto de los actuales líderes climáticos, incluyendo la UE y China, como de los actuales rezagados EEUU y Brasil.
Algunos de los principales hitos con impacto directo a corto plazo en la acción climática en Europa son las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, un posible acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual de la UE (Multianual Financial Framework 2021-2017) y los avances en el Plan de Acción para Financiar el Desarrollo Sostenible de la Comisión. En 2019 se avanzará en las reglas sobre el funcionamiento del mercado eléctrico. En 2019 comienzan asimismo los trílogos 8 para el establecimiento de los objetivos de reducción de emisiones de camiones y autobuses. En España las elecciones regionales y locales, la adopción de estrategias de descarbonización a largo plazo (2050), la presentación del borrador de legislación climática marco y la presentación de los Planes Integrados de Energía y Clima (PNIEC) serán los caballos de batalla en un contexto político complejo. Por último, es de esperar que, tras un 2018 agitado en Francia (y posteriormente en Bélgica) por las movilizaciones de los “chalecos amarillos”, tanto la preocupación ciudadana por el cambio climático como la necesidad de que las políticas de transición ecológica sean justas estén más presentes en las políticas de energía y clima de los Estados miembros.
1 Al constatarse en el proceso de negociaciones climáticas internacionales la insuficiencia de los compromisos y de las acciones climáticas, surge en 2015 en el marco del Acuerdo de París la idea de establecer una conversación entre las Partes del acuerdo y los actores no estatales para aumentar la ambición. En la COP 23 de Bonn, bajo presidencia de Fiyi, este intercambio pasó a denominarse Diálogo de Talanoa.
2 La Declaración de Silesia sobre la Solidaridad y la Transición Justa, firmada por más de 50 países, sostiene que el cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad. La Declaración de Silesia reconoce asimismo que para enfrentarnos a dicho reto es imprescindible un cambio en el modelo de desarrollo. En la Declaración se afirma también que para hacer posible el cambio de modelo es imprescindible implementar políticas que tengan en cuenta los efectos de la transición sobre el empleo, con el fin de proteger a los trabajadores y a las personas más vulnerables. La Declaración de Silesia llama al establecimiento del diálogo social para el desarrollo de los compromisos determinados a nivel nacional, tanto en el ámbito de la mitigación como en el de la adaptación. La Declaración de Silesia reconoce las tareas pendientes, incluyendo la necesidad de intercambiar experiencias en lo que a transición justa se refiere, o la necesidad de alinear la agenda de descarbonización con la Agenda 2030, entre otros.
3 Los Contratos de transición ecológica (CTE) de Francia se definen como un instrumento de implementación del “Plan Clima” del gobierno francés para la descarbonización de la economía a nivel local. Los CTE se basan en un proceso de análisis y consulta con agentes sociales locales de tres meses de duración para la identificación de proyectos de educación, inversión local, etc. que acompañen a la población en su transformación hipocarbónica. La duración estimada de los contratos es de tres años y se espera que tengan un impacto de 30 años. Uno de los CET firmados recientemente es el de Haute Côte D’Or.
4 Los actores no estatales incluyen gobiernos subnacionales, regionales, locales, sector privado y sociedad civil. Véase K. Bäckstrand et al. (2017), “Non-state actors in global climate governance: from Copenhagen to Paris and beyond”, Environmental Politics, vol. 26, nº 4, pp. 561-579, DOI 10.1080/09644016.2017.1327485. La inclusión de dichos actores en el proceso de negociaciones climáticas internacionales lleva a una creciente interacción entre actores estatales (las Partes) y no estatales. Este “multilateralismo híbrido” o “multilateralismo inclusivo” nace originariamente en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en la que se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). No obstante, no es hasta 2014 en la COP 20 cuando emerge de manera irreversible la Agenda de Acción Global como instrumento de inclusión de los actores no estatales. Se empieza en ese momento a recoger de manera más sistemática los compromisos climáticos de actores no estatales en el portal NAZCA (Non-State Actor Zone on Climate Action, ahora renombrado como Global Climate Action Portal). Una agenda que, desde la COP 22, se enmarca en la Alianza de Marrakech para la Acción Global, publicando un anuario de la acción de los actores no estatales desde 2017.
5 LIFE es el instrumento financiero de la UE para la protección del medio ambiente y el clima. Según la propuesta de la Comisión Europea, su financiación aumentará en €2.000 millones en los próximos presupuestos para el periodo 2021-2017, desde los €3.400 millones del presupuesto actual (2014-2020) Vea: web de LIFE.
6 Los mecanismos de capacidad que son pagos de los gobiernos de los Estados miembros a operadores eléctricos para asegurar el suministro eléctrico.
7 Los turismos de nueva matriculación deberán reducir (en media) sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 15% en 2025 y en un 37,5% en 2030 en comparación con los niveles de emisiones de 2021. Las furgonetas deberán reducir sus emisiones en un 15% en 2025 y en un 31% en 2030. Además, se establecen cláusulas de revisión de estos objetivos y se mejora la medición de las emisiones tras el escándalo del dieselgate.
8 Los trílogos son las reuniones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento para facilitar el proceso de legislación.
Imagen: Vista aérea de la disminución del hielo en la cima del Monte Kilimanjaro. Foto: United Nations Photo (CC BY-NC-ND 2.0).
