Tema: Desde el ascenso al poder de Evo Morales en Bolivia es posible observar un proceso de transformación en la defensa y las Fuerzas Armadas, cuya evolución es cada vez más similar al modelo venezolano.
Resumen: Los últimos y más recientes pasos del gobierno de Evo Morales en materia de defensa han sido declarar a las Fuerzas Armadas como “socialistas, antiimperialistas y anticapitalistas” y presentar un proyecto orientado a desarrollar un sistema de milicias en Bolivia. Ambos aspectos son los últimos avances de una evolución que, desde 2005, ha dado como resultado que la organización militar boliviana sea cada vez mas semejante al modelo estratégico y doctrinal venezolano y, en consecuencia, a sus Fuerzas Armadas. No se trata de señalar que esta evolución sea una mera imitación. Lo más interesante es comprobar cómo el gobierno de Evo Morales, para adaptar la defensa y las Fuerzas Armadas al nuevo modelo de Estado plurinacional, ha tenido presente el modelo venezolano, a pesar de que son realidades étnico-nacionales muy diferentes.
En realidad, el antiimperialismo legitima la articulación de la defensa y el modelo de Fuerzas Armadas y ese mismo motivo explica las similitudes con el caso venezolano. El principal punto en común es la adopción de la alianza entre pueblo y Fuerzas Armadas, a partir de la cual se justifican y articulan tanto las misiones de las Fuerzas Armadas como la implicación de la población civil en la defensa. El objetivo de esta alianza es implantar y defender un proceso de transformación que el imperialismo va a intentar impedir por todos los medios. Las consecuencias derivadas son un importante retroceso en las relaciones civiles-militares, de acuerdo a los principios democráticos, ya que el resultado de esta concepción de la defensa deriva en un proceso de militarización de la sociedad, por un lado, y en una falta de control político de la defensa y las Fuerzas Armadas por el otro. La vinculación directa de éstas al poder ejecutivo dificulta este control.
Análisis: La transformación en Bolivia en el ámbito de la defensa y las Fuerzas Armadas se considera parte de un proceso integral de cambio, que en términos gubernamentales se califica de “descolonización”. Para ello se requiere una reconfiguración política, social y económica cuya principal referencia sea el antiimperialismo, el nacionalismo, el anticapitalismo y el socialismo, presupuestos que coinciden plenamente con los del gobierno venezolano. El Estado, según esta concepción, tiene una presencia extraordinaria en el ámbito económico y en el social. Este socialismo no se corresponde, en ningún caso, con los cánones tradicionales. El “socialismo del siglo XXI” –según Hugo Chávez– y el “socialismo comunitario” –según Morales– se nutren de diferentes influencias que impiden conformar un corpus ideológico con coherencia interna. En ambos casos, los presupuestos mencionados son centrales en su caracterización. Todos estarían orientados a configurar una sociedad liberada de dominaciones que hicieran posible, según quienes lo propugnan, “una auténtica democracia”, donde se cumplan las demandas y los deseos del pueblo.
Más allá de estos aspectos en común, destaca como particular preocupación del proyecto de Morales el establecimiento de un Estado plurinacional, intercultural y pacifista, como establece la Constitución de 2009. El carácter plurinacional del Estado también se refleja en la Constitución venezolana de 1999. Sin embargo, debido a la configuración étnico-cultural boliviana, esta cuestión es central y de gran trascendencia en el discurso oficial. Bolivia tiene una población mayoritariamente indígena e históricamente discriminada. Para cambiar esta situación se pretende que la pluralidad étnica se refleje en el pensamiento estratégico y en la composición de las Fuerzas Armadas, en todo su escalafón. Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno fue establecer un sistema de becas que hicieran posible que la población indígena tuviera la oportunidad de acceder a la carrera de oficial.
Sin embargo, el proyecto de transformación no se limita a un programa de ayudas. Las dimensiones del cambio son mayores y exigen que sean de carácter doctrinal, normativo y funcional. El amplio paquete de reformas del Ministerio de Defensa evidencia en qué medida se considera necesario transformar a las Fuerzas Armadas para que se organicen según los nuevos principios del Estado plurinacional boliviano. Esto explica la revisión de la siguiente legislación: (a) ley del Fondo de Defensa del Estado; (b) leyes del Sistema Judicial Militar; (c) ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; (d) ley del Sistema de Administración de Recursos Humanos; (e) ley del Sistema Educativo Militar; (f) ley del Régimen de Fronteras; (g) ley de Intereses Marítimos, Fluviales y Marina Mercante; (h) ley de “Soberanía” de Seguridad y Defensa del Estado; (i) ley del Sistema de Inteligencia del Estado; (j) ley Orgánica del Consejo Supremo de Defensa; y (k) ley del Régimen del Seguro Social Militar. Junto a toda esta revisión, en 2009 se inauguró un Centro de Doctrina Conjunto. Su objeto es crear una doctrina militar propia, y no impuesta por el imperialismo, que responda a los nuevos principios que organizan el Estado. Aunque todavía no se han publicado ni el pensamiento militar ni la nueva doctrina oficial, hay suficientes datos para afirmar que la nueva estrategia boliviana guarda importantes similitudes con la venezolana.
Evo Morales, desde el comienzo de su gobierno, ha insistido –como Chávez– en construir una alianza entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. La principal preocupación de Morales ha sido que las Fuerzas Armadas no se dediquen a “la opresión, la represión o la intimidación” para “castrar el coraje y el espíritu rebelde de su pueblo”.El objetivo en ambos gobiernos, con un discurso idéntico, ha sido que los términos de esta relación debían invertirse. Frente a la enemistad histórica, debido a la influencia que EEUU y la oligarquía habrían tenido sobre los militares, era imprescindible entablar una relación de unidad entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. Los objetivos de esta unión también coinciden: la realización de la “revolución democrática”, según su definición. De esta manera, ambos actores se convierten en los principales agentes para defender e implantar un proyecto político y social, bajo los principios aquí descritos. Pero, aunque el objetivo de esta alianza es uno, los protagonistas no tienen las mismas funciones. Mientras que las Fuerzas Armadas se implicarían en el desarrollo nacional, como un medio de implantar los avances de la “revolución democrática”, la ciudadanía se implicaría en la defensa del país para asegurar los progresos de la revolución ante un ataque imperialista.
En el caso venezolano los términos de esta relación están perfectamente establecidos y desarrollados. La Constitución de 1999 atribuye de manera explícita estos cometidos a cada uno de los actores. Por lo que respecta a las Fuerzas Armadas bolivarianas, su principal labor es el desarrollo social, misión que no sólo se refleja en la Constitución sino también en la actual ley Orgánica. El nivel de implicación militar en este proyecto ha acabado por otorgar a los militares la formulación y, especialmente, la ejecución de las políticas sociales del gobierno. De igual manera, las Fuerzas Armadas bolivianas responderán “a las necesidades de cambio, de transformación y de justicia social que necesita y reclama el pueblo para liberarse de la dependencia, del neocolonialismo político y económico, la miseria, el atraso… y la usurpación sistemática de sus riquezas y recursos naturales”. Bajo este planteamiento se aprecia una evolución en la que progresivamente han ido aumentando exponencialmente las competencias y la presencia de las Fuerzas Armadas en las políticas sociales y económicas: vacunación, alfabetización, batallones ecológicos, reparto de bonos, “universidad de los pobres”, y COFADENA, que ensambla tractores “al servicio del pueblo boliviano”.[1] Este cometido se entiende sólo como un primer paso ya que, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general José Luis Cabas, “Mañana la meta de nuestra singladura serán los tractores, pasado mañana los camiones y automóviles, más adelante la industrialización, aprovechamiento del litio, la producción de sus derivados y químicos. Nuestras empresas empujaran el tren del desarrollo que es política de nuestro presidente y del Estado boliviano”. Esta aspiración se corresponde con la ambición de Morales de convertir las Fuerzas Armadas en una “gran empresa de desarrollo”.
Por lo que respecta a Venezuela, la Constitución es rotunda respecto a la unión cívico-militar. El art. 322, bajo el concepto de defensa integral, establece la participación de los ciudadanos en la defensa del país. El nivel de implicación de la ciudadanía llega incluso a su participación directa en caso de guerra, como se contempla ante la supuesta guerra asimétrica a la que debería enfrentarse el país. La permanente amenaza imperialista justifica una estrategia defensiva que considera crucial la actuación de la ciudadanía para combatir y derrotar a tan poderoso enemigo, bajo la idea de guerra popular. La reforma de octubre de 2009 de la ley Orgánica de la Defensa consagra esta idea mediante la configuración de la milicia bolivariana,[2] que se organiza bajo el mando del Comando General de la Milicia Nacional Bolivariana, que depende directamente del presidente.
En Bolivia, hasta el momento, la alianza pueblo-Fuerzas Armadas no ha significado implicación ni compromiso alguno de la ciudadanía en la defensa nacional. La Constitución tampoco plantea este concepto de defensa integral ni la corresponsabilidad en la defensa por el pueblo y las Fuerzas Armadas. Esto es una diferencia sustancial con el caso venezolano, ya que si bien esta unidad está integrada en el discurso oficial no tiene rango constitucional, ni legal, como en Venezuela. Por otra parte, tampoco ha sido publicada la estrategia y la doctrina militar que materializarían esta cuestión, pues se encuentran en proceso de elaboración. Por ello, no es posible afirmar que esté previsto el desarrollo de milicias. No obstante, si consideramos quién es el principal enemigo, según Morales, y los posibles escenarios de conflictos previstos por el gobierno en torno a la apropiación de sus recursos naturales, las semejanzas estratégicas y doctrinales con el proyecto venezolano son manifiestas.
Así como para Cuba y Venezuela EEUU es el principal enemigo, en el caso boliviano parece imprescindible adoptar la misma estrategia defensiva, máxime cuando hasta el momento no se ha inventado otra fórmula táctica como la de “guerra popular” o “guerra de todo el pueblo” para vencer a un enemigo con semejante potencial militar. Ante una guerra asimétrica, Cuba y Venezuela han justificado una estrategia defensiva basada en la fórmula de una guerra de desgaste, donde la participación directa de la ciudadanía se considera imprescindible para lograr la victoria. De no formular una nueva doctrina, Bolivia debería adoptar la misma estrategia defensiva, implicando a la población civil en la defensa nacional. En 2007, el comandante general del ejército boliviano anunció el diseño de un “sistema de defensa” llamado “lucha de patriotas”, concebido para una lucha prolongada de pequeños núcleos y asistidos por las comunidades a lo largo y ancho del país, los mismos que combatirían al invasor en forma permanente hasta derrotarlo, teniendo como aliado el propio medio ambiente”.
Esta estrategia defensiva está presente desde hace años y podría decirse que confirmada y definitivamente adoptada, después de la reciente participación del vicepresidente Álvaro García Linera en un seminario organizado por el ejército. En su comparecencia le planteó al ejército la necesidad de prepararse para una estrategia de defensa que tenga como eje principal la alianza militar con la sociedad para sostener una guerra con ejércitos superiores en tropas y de armamento. Para el vicepresidente, estos conflictos se refieren a choques entre ejércitos débiles, en términos de número de tropa y equipamiento militar, frente a los fuertes. En estos casos, los ejércitos en desventaja, como el boliviano, deben optar por una estrategia de largo aliento y que evite el choque frontal: “Un Ejército pequeño no puede resistir una guerra larga frente a un Ejército poderoso si no cuenta con el apoyo pleno, directo, militante y continuo de la población”.
En tanto que para el gobierno boliviano la apropiación por EEUU de los recursos naturales es una posibilidad real y factible, la configuración de una estrategia defensiva se hace más urgente y necesaria. La firma en 2009 del “Acuerdo de Asistencia Militar” entre Colombia y EEUU fue interpretada por los gobiernos boliviano y venezolano como una prueba irrefutable de los planes norteamericanos para invadir países latinoamericanos. La maniobra es utilizar las bases militares de la región para saquear sus recursos naturales. Según Morales, el pueblo sabe que “una vez recuperados uno de los recursos naturales como son los hidrocarburos, empezó a cambiar Bolivia… estos imperios pretenden provocar a las demás naciones sudamericanas y controlar, como siempre lo hicieron en toda la región, para saquear los recursos naturales”.
La pregunta es si finalmente la implicación en Bolivia de la población civil en la defensa se traducirá en la organización de milicias. Esta posibilidad parece desechada con los “ponchos rojos”. Se trata de un grupo aimara comprometido con el proyecto de Evo Morales, que en algún momento fue considerado por algunos como un ejemplo de milicia. De hecho, el presidente conminó a esta pseudo-milicia indígena a defender la unidad del país, junto a las Fuerzas Armadas, comparando su misión con la del ejército regular. Sin embargo, las críticas ante estas declaraciones empujaron al presidente a desarmarlas y a cambiar sus armas por alimentos. Sus dirigentes dicen que cuentan con 100.000 hombres armados pero su armamento es muy antiguo y poco operativo.
Quizá pueda considerarse diferente el último proyecto del gobierno para proporcionar formación militar en algunos cuarteles, según unas fuentes a los ciudadanos, según otras a líderes de los movimientos sociales, en particular. Se trataría de la otra columna de apoyo del gobierno, junto a las Fuerzas Armadas. El inicio de este programa y las denuncias de la prensa obligaron a García Linera a aclarar que la formación impartida en los cuarteles era educación cívica. Una aclaración que no parece muy tranquilizadora, si las Fuerzas Armadas, además de todas las misiones ya asignadas, también se dedican a impartir formación cívica.
No cabe duda que es necesario esperar. Es cuestión de tiempo que se haga pública la nueva estrategia y doctrina militar boliviana para confirmar algunas de las suposiciones aquí planteadas. Pese a todas las reformas pendientes, ya hay efectos concretos y tendencias claras generados a partir de la alianza pueblo-Fuerzas Armadas, en particular en lo que respecta a las relaciones civiles-militares. Una de las principales consecuencias es la politización de las Fuerzas Armadas y la militarización de la sociedad, algo que es claramente un retroceso. No se pretende afirmar que antes de la primera presidencia de Morales estas relaciones se ajustaran al principio de control civil propio de un régimen democrático. Más bien al contrario, había importantes retos ya que la Fuerzas Armadas continuaban tutelando la democracia boliviana y tenían una amplia autonomía funcional corporativa. Sin embargo, la nueva política no parece que resuelva del todo esta situación e incluso crea nuevos problemas que impiden enmarcar las relaciones civiles-militares dentro de los parámetros democráticos.
El papel otorgado a las Fuerzas Armadas, a raíz de la unión cívico-militar, como lo expresa Chávez, o de la unión pueblo-Fuerzas Armadas, de acuerdo a Morales, conduce necesariamente a la politización de éstas últimas. Chávez ha defendido la necesidad de crear unas Fuerzas Armadas socialistas y así se expresa, desde 2007, con el saludo de “Patria, socialismo o muerte”.[3] La manera más segura de lograr esta politización de la corporación militar es el adoctrinamiento, como contempla el proyecto de ley de educación militar, que considera que la academia militar ha de ser un instrumento imprescindible para inculcar a los cadetes los principios del socialismo del siglo XXI.
En Bolivia aunque todavía no hay un proyecto de reforma de educación militar, el gobierno ha anunciado la intención de llevarlo a cabo para implantar en las Fuerzas Armadas los valores del Estado plurinacional. Está por ver en este caso si la enseñanza militar se convertirá en un instrumento de adoctrinamiento, lo que parece del todo previsible. No obstante, ya es constatable el proceso de politización iniciado; no se trata de afirmar que los militares no estuvieran politizados antes de la presidencia de Morales. Sin embargo, este proceso es en la actualidad cualitativa y cuantitativamente diferente. Hasta entonces la politización se circunscribía a la dirigencia militar. En los primeros años de su presidencia, Morales negó las acusaciones de politización de las Fuerzas Armadas, aunque ha ido cambiando su posición al respecto. A este cambio de actitud, particularmente desde principios de 2010, responden las declaraciones del comandante del ejército, general Antonio Cueto, quien ha identificado a las Fuerzas Armadas como “socialistas, antiimperialistas y anticapitalistas”. Un sentir que parece compartido por buena parte de la institución armada, aunque algunos militares retirados, con tono crítico, pretendan considerar esta declaración como una posición individual. Pero no sólo la declaración cuenta con el respaldo de buena parte de la corporación armada, sino que además fue legitimada por la Constitución. El comandante del ejército aseguró que la Constitución propiciaba al ejército como una institución socialista y comunitaria; como tal, “nos declaramos antiimperialistas porque en Bolivia no debe existir ningún poder externo que se imponga, queremos y debemos actuar con soberanía y dignidad”. Por lo que respecta al anticapitalismo confeso, se debía a la destrucción que este sistema estaba ocasionando a la “Madre Tierra”.
Esta declaración expresa un cambio radical tanto del ejército como del gobierno de Morales. Por lo que respecta a las Fuerzas Armadas, hasta no hace mucho compartía un anticomunismo heredado de la Guerra Fría. Según su adscripción ideológica, muchos pensaron que las Fuerzas Armadas no iban a someterse a un presidente que además de “indio” era “comunista”. Por lo que respecta al gobierno, el cambio también es significativo. Mientras inicialmente el discurso de Morales insistía en fortalecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y negar su politización, el proyecto de transformación ha ido en sentido contrario. De ahí que su discurso se fuera modificando y declarara cada vez más abiertamente la adscripción ideológica que debería tener la corporación. En este sentido, fue significativa la adopción como lema militar de “¡Patria o muerte: venceremos!” en marzo de este año. Esta decisión se tomó a partir de la sugerencia que, a finales del mes de febrero, realizó el presidente. Para el mandatario “no sólo los sindicalistas podemos gritar patria o muerte, sino las Fuerzas Armadas también pueden”. Esta equiparación entre sindicalistas y militares se justifica por el carácter de actor fundamental que este gobierno ha otorgado a las Fuerzas Armadas, junto al pueblo, para llevar a cabo el proceso de refundación nacional y los cambios introducidos a partir de la primera victoria electoral de Morales. Este proceso de ideologización no es más que un retroceso en las relaciones civiles-militares que afecta a la consolidación democrática.
Conclusiones: Los cambios introducidos en Bolivia desde 2005 han ido dibujando una concepción de la Defensa y de la Fuerzas Armadas similar al modelo venezolano. No podía ser de otra manera cuando el gobierno boliviano asumió desde aquel año la alianza pueblo-Fuerzas Armadas como elemento vertebrador para llevar a cabo lo que también ambos gobiernos coinciden en llamar revoluciones democráticas. Sin embargo, las implicaciones de dicha alianza se contradicen con los fundamentos básicos que regulan las relaciones civiles-militares en democracia. Como consecuencia de esto y de las misiones asignadas tanto a las Fuerzas Armadas como a la ciudadanía, es inevitable la politización de las Fuerzas Armadas y la militarización de la sociedad. No deja de ser llamativo que tanto para el gobierno de Evo Morales como para el de Hugo Chávez ambas cuestiones no sean incompatibles para llevar a cabo su “revolución democrática”.
En la medida en que tanto las Fuerzas Armadas como el pueblo se convertían en actores protagonistas para la puesta en práctica y defensa del proyecto de transformación de ambos gobiernos, de una manera u otra sólo cabía la politización corporativa. Mediante la misma se persigue asegurar la fidelidad militar a un líder y/o un proyecto político, pero no a la ley ni a las instituciones democráticas. El objetivo no es sólo neutralizar a las Fuerzas Armadas como institución deliberante frente al poder establecido, sino también hacer de ellas una sólida aliada. Con ello las Fuerzas Armadas forzosamente tienen menos autonomía política, pero al mismo tiempo para asegurar del todo su apoyo se garantiza su autonomía corporativa y presencia social. Las numerosas misiones asignadas a las Fuerzas Armadas son el principal instrumento para garantizar tanto una cosa como la otra, pero también la forma de militarización de la agenda social y económica del gobierno. Estas misiones están legitimadas gracias al reparto de labores que corresponde a las Fuerzas Armadas y al pueblo bajo la alianza pueblo-Fuerzas Armadas o unión cívico-militar.
Sin embargo, la complejidad del caso no acaba aquí. Las implicaciones de la alianza pueblo-Fuerzas Armadas, no sólo afectan a éstas últimas. No puede olvidarse al pueblo, que en esta alianza, basada en la reciprocidad, se implica en la defensa del país. En coherencia con ello, en Venezuela el objetivo es que la ciudadanía acabe encuadrada en milicias. En Bolivia está por ver si éstas se implantan, aunque todo parece indicarlo. En caso de llevarse a cabo, su organización tiene como principal efecto profundizar en el proceso de militarización. La cuestión es ver hasta qué punto la ciudadanía está dispuesta a constituir esa milicia. Hasta ahora los resultados en Venezuela no parecen los mejores para Chávez. En Bolivia, unos medios han insistido en que la formación militar se impartiría a los movimientos sociales, mientras otros aluden a los ciudadanos. El gobierno no ha aclarado nada sobre la dimensión del proyecto, los objetivos y su puesta en práctica. En cualquier caso, no dejaría de hacer más complejas las relaciones civiles-militares, donde “la auténtica democracia”, objetivo al que aspiran ambos gobiernos, no es incompatible con la militarización de la sociedad, la politización de las Fuerzas Armadas y la autonomía militar corporativa.
Sonia Alda
Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
[1] La Empresa Nacional Automotriz (ENAUTO) es parte de las empresas de COFADENA. ENAUTO también se encargará, según dos contratos firmados, de entregar seis equipos de perforación, bombas sumergibles y vehículos a la Unidad de Explotación de Recursos Hídricos de COFADENA, que iniciará un programa de perforación de pozos en comunidades del altiplano, los valles y el Chaco boliviano, y de ensamblar 50 camiones el próximo año, con un presupuesto unitario de 99.000 dólares, para cubrir los requerimientos de transporte de carga de instituciones públicas y empresas del Estado. Estos compromisos se lograrán con el trabajo conjunto de ENAUTO con empresas chinas (http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20091205/las-empresas-de-cofadena-se-reactivan-con-dos_48370_84349.html).
[2] La MNB incorpora cuerpos ya creados. Está compuesta por la Reserva Militar (RM), constituida por todos los ciudadanos de ambos sexos, con instrucción militar, mayores de edad, que voluntariamente se incorporen a las Unidades de Reserva como combatientes, y por la Milicia Territorial (MT, antigua Guardia Territorial), que incorpora a hombres y mujeres sin experiencia militar que voluntariamente deseen cumplir funciones para la Defensa Integral de la Nación (http://www.milicia.mil.ve/).
[3] Según Hugo Chávez, “Patria, socialismo o muerte. Esa es la consigna que todo soldado venezolano debe cargar en el alma, en el pecho… en todo su ser como soldado de la patria de Bolívar” (http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/hugo-chavez-declara-socialista-al-ejercito-264329-264329.html).
