Este texto fue publicado en Claves de Razón Práctica, núm. 250 (2017), pp. 12-19.
La amenaza del terrorismo yihadista es una realidad para España desde hace dos décadas, aunque no se manifestara hasta los atentados del 11-M. En el contexto de la reciente movilización yihadista relacionada con Siria e Irak se ha transformado y los niveles de alerta vuelven a ser altos.
Es probable que, para una inmensa mayoría de los españoles, hablar de la amenaza del terrorismo yihadista en relación con nuestro país suponga ante todo remitirse a los atentados del 11 de marzo de 2004. Por eso parece oportuno empezar estos párrafos recordando que fue diez años antes, en 1994, cuando Al Qaeda, la entidad fundada en 1988 cuya ideología y acciones hicieron posible el desarrollo de la denominada yihad global, estableció una célula en España. Muy poco tiempo después, en 1996, implantó la suya una de sus primeras organizaciones magrebíes afiliadas, el llamado Grupo Islámico Armado (GIA), constituido en Argelia a inicios de la década.
Esta última célula del GIA fue desmantelada en Valencia en 1997, mientras que aquella célula de Al Qaeda lo sería tres años después, en noviembre de 2001, después de los atentados en Nueva York y Washington. Ello ocurrió una vez puestos de manifiesto los vínculos que unían a los integrantes de la célula de Al Qaeda basada en Hamburgo, es decir, quienes prepararon y ejecutaron el 11-S, con sus correligionarios yihadistas que, dentro del territorio español, se desenvolvían sobre todo, aunque no sólo, entre Madrid y Granada. Además, algún otro destacado integrante de Al Qaeda se había instalado entre nosotros, como Ahmed Brahim, que vivió primero en Palma de Mallorca y luego en Barcelona.
Hasta su desmantelamiento, los miembros de la célula que Al Qaeda había consolidado en España, liderados a partir de 1995 por un ciudadano español de origen sirio que se hacía llamar Abu Dahdah, desarrollaban en nuestro país numerosas actividades orientadas a la moviliación de recursos humanos y materiales con fines terroristas, pero también a la adquisición de capacidades operativas. Además de realizar labores de radicalización y reclutamiento, se dedicaban también a tareas de financiación del terrorismo yihadista en Europa Occidental, Oriente Medio, Sur de Asia y Sudeste Asiático. Asimismo enviaban individuos captados en España a campos de entrenamiento terrorista en el exterior, más concretamente en Bosnia y luego en Afganistán.
Entre esta célula de Al Qaeda dirigida en España por Abu Dahdah y la red terrorista del 11-M existe una continuidad fundamental. En noviembre de 2001 se detuvo a la mayoría de quienes integraban dicha célula, pero no a todos. Los que por una un otra razón no fueron detenidos constituyeron, en marzo de 2002, el núcleo de lo que finalmente será la red del 11-M. A esta urdimbre terrorista se añadió, a lo largo de ese mismo año, un segundo componente, introducido por el Grupo Islámico Combatiente Marroquí a partir de las estructuras con que por entonces contaba en Bélgica y Francia. En el verano de 2003 se sumó al entramado el tercero y ultimo componente, formado por una banda de delincuentes comunes radicalizados como yihadistas.
La red del 11-M estuvo en contacto con el directorio de Al Qaeda a través de quien fuera el principal hombre de confianza de Abu Dahdah en Madrid, el marroquí Amer Azizi. Este se encontraba en Irán cuando la célula a que pertenecía fue desmantelada en noviembre de 2001. Su experiencia previa en campos de entrenamiento con que Al Qaeda contaba en Afganistán bajo el dominio talibán le permitió incorporarse a la estructura central de dicha organización, reubicada en Pakistán, llegando a convertirse en adjunto al jefe de operaciones externas de la misma, puesto que ocupaba cuando se produjo la matanza en los cuatro trenes de Cercanías que circulaban hacia la madrileña Estación de Atocha.
Tras los atentados del 11-M
Hasta que tuvieron lugar los atentados de Madrid y desde 1995 fueron algo más de cien los detenidos en España por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. El primero de ellos, aprehendido en Barcelona, era precisamente argelino y miembro del GIA. Entre aquel año y el que precedió al 11-M transcurrieron nueve, durante los cuales la media anual fue de 12 detenciones. A lo largo de un periodo de tiempo similar pero después del 11-M, es decir entre 2004 y 2012, el número de detenidos en el curso de operaciones policiales contra el terrorismo yihadista superó los 470, elevándose la media anual hasta 54, cifra más de cuatro veces superior a la registrada entre 1995 y 2003.
Durante esos dieciocho años existió básicamente la misma legislación antiterrorista, puesto que hubo una reforma del Código Penal a este respecto a finales de 2010 que entró en vigor a inicios de 2011. Por tanto, aun considerando que la lucha contra el terrorismo yihadista se intensificó desde la primavera de 2004 —existiendo a partir de entonces un consenso entre jueces, fiscales y policías sobre la conveniencia de anticipar operaciones antiterroristas para evitar posibles atentados cuya preparación no hubiese sido detectada—, los datos sobre detenciones pueden ser considerados un indicador relevante de la medida en que el terrorismo yihadista y la amenaza inherente al mismo persistieron en el territorio español después del 11-M.
Esas actuaciones preventivas frente al terrorismo yihadista evitaron que se produjeran nuevos atentados en España. También dificultaron la recolección del tipo de pruebas requeridas por los tribunales para imponer penas, pero 54 de los detenidos entre 2004 y 2012 fueron condenados. Todos varones, la mitad con entre 25 y 34 años al ser detenidos, una mayoría casados y con hijos. Nueve de cada diez extranjeros nacidos en Marruecos, Pakistán y Argelia. Todos de ascendencia cultural y familiar islámica. Aunque con niveles educativos y desempeños ocupacionales diversos, sobresalían entre ellos quienes contaban con estudios primarios o carecían de escolarización, al igual que los empleados como personal de servicios o en trabajos no cualificados. Además, una tercera parte de ellos tenía antecedentes penales por delincuencia común.
En los nueve años posteriores al 11-M, en torno a siete de cada diez de los yihadistas detenidos y posteriormente condenados residía en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Se radicalizaron tanto dentro de España como en sus países de origen, en procesos que iniciaban con entre 16 y 24 años de edad, prolongándose por lo común unos pocos años. Estos procesos se desarrollaban sobre todo en domicilios privados, lugares de culto, locales comerciales y también centros penitenciarios, normalmente bajo la influencia directa de activistas carismáticos o figuras religiosas. Lo habitual es que la acción de estos agentes de radicalización se viera favorecida por vínculos afectivos previos de amistad, parentesco o vecindad.
Casi en su totalidad, esos individuos se implicaban como yihadistas formando parte de células integradas o relacionadas con organizaciones entre las cuales se encontraban Al Qaeda y su entonces rama iraquí o entidades asociadas con base en el Norte de áfrica y el Sur de Asia, casos del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) o Therik e Taliban Pakistan (TTP). Esta última entidad yihadista asumió su responsabilidad en la tentativa, desbaratada en enero de 2008, de preparar la ejecución de uno o varios atentados, con explosivos y voluntad de elevada letalidad, en el metro de Barcelona. Once paquistaníes —uno naturalizado español— y un ciudadano indio fueron condenados por lo que pudo haber sido el segundo 11-M.
Todo esto ha cambiado en buena medida desde 2013, en el contexto de una nueva movilización sin precedentes estimulada por las organizaciones yihadistas activas en Siria e Irak. Aunque España no se encuentra entre las naciones de Europa Occidental más afectadas —que son aquellas cuyas poblaciones musulmanas están principalmente compuestas por segundas y ulteriores generaciones, descendientes de inmigrantes procedentes de países mayoritariamente islámicos— es en concomitancia con la misma como se ha producido una extraordinaria transformación del yihadismo en España. Los datos referidos a 124 individuos detenidos en España por actividades terroristas relacionadas con la organización Estado Islámico (EI) entre enero de 2013 y mayo de 2016 —ocho de cada diez del total de detenidos por delitos de terrorismo yihadista durante ese periodo de tiempo— lo ponen claramente de manifiesto.
Nueva movilización yihadista
En la mayoría de los casos continúa tratándose de hombres jóvenes, casados y con hijos. Pero ya no estamos ante un fenómeno relacionado fundamentalmente con extranjeros. Entre ellos hay tanto marroquíes —aproximadamente cuatro de cada diez— como españoles —en una proporción similar—, ahora sobre todo con estudios secundarios y cuya tasa de desempleo es semejante a la de la población española en su conjunto. Tampoco es inusual que tengan antecedentes penales. Si bien de ascendencia musulmana, su conocimiento del islam y de la ley islámica suele ser elemental. Ahora bien, nada de ello es incompatible con que, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad, se registren porcentajes significativos de mujeres, conversos y universitarios.
En conjunto, el principal escenario de la actual movilización yihadista promovida en España por EI se encuentra en la provincia de Barcelona, pero si la atención se centra en los detenidos de nacionalidad española su foco habría que situarlo especialmente entre adolescentes o jóvenes de segunda generación nacidos y residentes en Ceuta. Sus procesos de radicalización, ahora por lo común notablemente más rápidos que antaño, se desarrollan en entornos mixtos, en los que se combinan tanto ámbitos offline como online. Ahora bien, el número de individuos radicalizados sólo offline es marcadamente superior al de los radicalizados únicamente online.
Domicilios privados, lugares de culto y centros culturales islámicos, espacios al aire libre al igual que centros penitenciarios siguen destacando entre los ámbitos de radicalización offline. Sin embargo, en la actualidad como en el pasado reciente se observan dos factores de asociación diferencial cuya incidencia ayuda a entender por qué determinados individuos se radicalizaron en cierto lugar mientras otros de similares rasgos sociodemográficos, en el mismo o diferente sitio, no llegaron a interiorizar actitudes y creencias propias del salafismo yihadista. Por una parte, la existencia de contacto físico con un agente de radicalización. Por otra, los lazos de amistad, familiares o de vecindad preexistentes.
Asimismo, la inmensa mayoría de los detenidos puestos a disposición judicial en España desde 2013 hasta mayo de 2016 por actividades terroristas relacionadas con EI se hallaban implicados en compañía de otros y no aislados o en solitario. En concreto, se hallaban implicados como integrantes de células, pequeños grupos o redes, más de composición heterogénea, nueva formación y alcance transnacional que homogéneas, regeneradas y confinadas en sus actividades al territorio español. Es interesante observar que entre seis y siete de cada diez de esos individuos se habían desplazado a Siria e Irak, lo habían intentado o tenían intención de hacerlo. Lo cual no es incompatible con el hecho de que una tercera parte de ellos perteneciese a células, grupos o redes con capacidades operativas y voluntad de atentar en España.
Un antiterrorismo en cambio
La amenaza del terrorismo yihadista para España y los españoles es una realidad desde hace dos décadas, aunque no llegara a manifestarse en forma de atentados espectaculares y altamente letales hasta el 11 de marzo de 2004 en Madrid. En el contexto de la reciente movilización yihadista relacionada con Siria e Irak, el fenómeno se ha transformado en nuestro país, donde los niveles de alerta terrorista vuelven a ser altos. Como consecuencia, el antiterrorismo, en tanto que estrategia y conjunto de programas o planes gubernamentales y de cooperación internacional, se encuentra en continuo cambio.
Después de los atentados del 11-M se inició una reforma de las estructuras españolas de seguridad interior para adaptarlas a los desafíos del terrorismo yihadista. En lo fundamental —es decir, el incremento en las capacidades de inteligencia, los avances en la coordinación antiterrorista y el desarrollo de la cooperación internacional— esos cambios han continuado hasta nuestros días. Pero la respuesta a dicho fenómeno por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y de las policías autonómicas competentes en sus respectivas demarcaciones, obliga a una continua y rápida actualización debido a las mutaciones del yihadismo global y de la amenaza terrorista inherente al mismo, que además no sólo se limita a EI. Un imperativo que se da igualmente en otras facetas de la política antiterrorista.
Así, por ejemplo, en el contexto de la actual movilización yihadista relacionada con Siria e Irak, el Parlamento español aprobó, en marzo de 2015, una serie de modificaciones en la legislación antiterrorista que se encuentran en vigor desde julio de ese mismo año. Las nuevas disposiciones del Código Penal se adecúan a una serie de cambios observados en los procesos de radicalización yihadista y en los patrones de implicación terrorista. Nuestro país tiene que continuar adaptando y actualizando el tratamiento jurídico del terrorismo, sin obviar asuntos cruciales que afectan a un apropiado enjuiciamiento criminal de los detenidos, para que las instituciones judiciales sean, además de garantistas en la protección de derechos fundamentales y libertades públicas, más eficaces frente al yihadismo.
El componente endógeno y el exponente homegrown que en nuestro país denota ya el terrorismo yihadista, en especial respecto a la destacada presencia de segundas generaciones, descendientes sobre todo de inmigrantes marroquíes, entre los detenidos de nacionalidad española, urgen, por su parte, a una implementación efectiva y localizada, en los distintos ámbitos y en las diversas áreas de actuación previstas, del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LRV) aprobado en enero de 2015. La experiencia de Francia, donde se ha producido una insólita irrupción yihadista entre los hijos de la inmigración musulmana, tras la que asoma el salafismo como factor de desgarro etnorreligioso del tejido social y modelo de ruptura con los valores de las sociedades abiertas, es una seria advertencia para España.
Fernando Reinares
Director del Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano | @F_Reinares
