Versión original en inglés: Algeria: reform before demands turn revolutionary
Tema
Inmersa en un clima de tensiones sociales y económicas, Argelia ya no puede permitirse mantener su apuesta por el Estado de bienestar sin acometer reformas estructurales en profundidad.
Resumen
A día de hoy, Argelia se enfrenta a numerosos desafíos, pero los problemas principales son de carácter socioeconómico y guardan una estrecha relación con el desplome de los ingresos derivados del petróleo. Los hábitos y las expectativas de la población de obtener beneficios sociales a través de un sistema de subsidios que, si bien generoso, presenta ineficacias, choca de plano con la caída continua del presupuesto. La generación de mayor edad, comprometida con la “legitimidad histórica” del sistema actual, podría tenerlo difícil para contener la tensión creciente entre la población, en especial por lo que respecta al desencanto de los jóvenes. Argelia todavía no ha acometido un paquete de amplias reformas socioeconómicas y sus viejos dirigentes deben mostrar un compromiso con el relevo generacional y el reparto de poderes antes de que las exigencias adquieran un cariz revolucionario.
Análisis
Los argelinos acudieron a votar en las elecciones legislativas del 4 de mayo de 2017. La cuestión fundamental no era tanto los resultados como la tasa de participación. En los anteriores comicios legislativos, en 2012, la participación fue del 43,14% y en aquel entonces el regimen era aún capaz de comprar la paz social y la lealtad de diferentes grupos por medio de los ingresos derivados del petróleo. Las elecciones del 4 de mayo sólo atrajeron el 35,37% de los 23 millones de electeros censados. A pesar del las campañas de concienciación del Gobierno, los argelinos mostraron un escaso a nulo interés en decidir la composición de su nuevo parlamento. Las elecciones se produjeron en una ambiente de incertidumbre política, con una economía en declive y tensiones sociales que obstaculizan los intentos del régimen de recobrar la legitimidad necesaria para acometer futuras medidas de austeridad.
Muchos especialistas consideran que la sucesión del presidente Abdelaziz Buteflika supondrá un punto de inflexión para Argelia y especulan con la posibilidad de que provoque la implosión del país y constituya el germen de una posible guerra civil. A pesar del problema de la sucesión, lo cierto es que no parece que el régimen argelino vaya a derrumbarse. Las elites políticas y militares no desean que la sociedad se polarice y, en consecuencia, se asegurarán de mantener a raya la violencia organizando una transición fluida y pacífica con un gobierno y un presidente surgidos del mayor grado posible de consenso. El elemento que podría entrañar un riesgo aún mayor no es el tema de la sucesión, sino la incapacidad del régimen para mantener su “generosidad necesaria”1 por culpa de la caída a la larga de los ingresos derivados del petróleo. Los disturbios y las manifestaciones actuales que conmocionan al país casi a diario, ¿seguirán presentando un cariz “no revolucionario”2 cuando no se satisfagan las exigencias de los manifestantes?
El final de la euforia del petróleo
Uno de los retos de mayor calado a los que se enfrenta el régimen argelino será el plano económico. El desplome de los precios del crudo desde mediados de 2014 ha ejercido una presión considerable sobre la economía argelina debido a que depende en gran medida de los hidrocarburos (95% de los ingresos por exportación del país). Durante la década de altos precios del crudo, estos ingresos permitieron que el régimen preservara la estabilidad de la economía y aumentase los subsidios. Además, el Estado amasó una cantidad considerable de divisas, convirtiéndose en la octava mayor reserva de divisas del mundo hasta 2013.
Por desgracia, durante esa misma década, el régimen perdió la oportunidad de diversificar su economía, por lo que la caída de los precios del crudo a mediados de 2014 afectó al crecimiento, al presupuesto y a las exportaciones del país. En pocas palabras, Argelia se está quedando sin fuelle. Según las últimas cifras oficiales, los ingresos derivados del petróleo han ido cayendo desde los 60.300 millones de dólares de 2014 hasta 35.720 millones en 2015 y 27.500 millones en 2016. El déficit comercial del país ascendió en 2016 a 17.840 millones de dólares, frente a los 13.710 millones de 2015. A la hora de financiar sus presupuestos y continuar ofreciendo subsidios, el Gobierno se vio obligado a depender de las reservas de divisas. Como resultado, estas reservas cayeron de 194.000 millones de dólares en diciembre de 2013 a 179.000 millones en 2014 y 143.000 millones en 2015. Según Mohamed Loukal, gobernador del Banco de Argelia, las reservas descendieron hasta 114.100 millones de dólares a finales de 2016. Loukal explicó que, pese a esta caída, las reservas de divisas siguen por encima de la marca de 100.000 millones de dólares y el Gobierno argelino logrará mantener ese nivel en 2017 y 2018. Este objetivo se podría alcanzar si los precios del crudo acabasen estabilizándose. En noviembre de 2016, el Acuerdo de Viena supuso un paso esperanzador en esa dirección, cuando los 14 países que conforman la OPEP decidieron congelar la producción en 32,5 millones de barriles diarios, lo que propició una subida del 8% en el precio del barril hasta alcanzar los 50 dólares. Ahora bien, este acuerdo no bastará por sí solo para revitalizar el sector energético ni para mantener el gasto en su nivel habitual. Con unos subsidios que en 2015 costaron el 13,6 % del PIB, el Estado necesitaría como mínimo que el barril alcanzara la cota de los 9 6 dólares.
La reacción del Gobierno se tradujo en un recorte del 14% en el gasto de los presupuestos de 2017 frente al 9% de 2016, además de decantarse por la aplicación de una nueva serie de medidas. Por ejemplo, el precio del combustible, el IVA, la electricidad y los impuestos de matriculación de vehículos subieron un 36%. En fechas más recientes, el Gobierno decidió “racionalizar” sus importaciones mediante la aplicación de nuevas licencias de importación, reduciendo las importaciones de vehículos y cemento e interrumpiendo las importaciones de cítricos. Además, varios proyectos de construcción e infraestructuras de transporte se han visto suspendidos o aplazados, sumado a una congelación de las contrataciones en el sector público que afecta a unos 41.000 empleos. A finales de 2015, el Gobierno anunció que se estaba planteando la eliminación de un millón de puestos de trabajo en el sector público, decisión que afectaría al 40% de los 2,5 millones de funcionarios del país.
El Gobierno apostó por otras medidas destinadas a la apertura del sector empresarial, además de emprender distintas acciones desde 2016 para impulsar el sector privado. A modo de ejemplo, a los inversores privados (empresas o ciudadanos de Argelia) se les permite ahora adquirir hasta un 66% de las participaciones de empresas de titularidad pública, si bien la venta debe contar obligatoriamente con el visto bueno del Consejo de Ministros. También se han adoptado medidas para facilitar las inversiones y simplificar la creación de empresas. Por ejemplo, se ha puesto en marcha un nuevo portal informativo fácil de usar dedicado a la creación e inscripción de empresas. Entre otras medidas, se han eliminado requisitos como la presentación de los antecedentes penales de los gerentes o la exigencia de un capital mínimo para la constitución de empresas. Ya no es necesario que un inversor extranjero deba obtener la autorización del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) antes de iniciar un proyecto. Ahora, los inversores potenciales pueden ponerse en contacto directamente con el ministerio en cuestión para inscribir y crear sus empresas.
El Estado decidió implantar estas primeras medidas tan importantes, pero el entorno empresarial sigue resultando poco atractivo por culpa de los engorrosos trámites burocráticos, la complejidad de la legislación y la lentitud de los procedimientos. De acuerdo con el informe Doing Business 2017 del Banco Mundial, y en relación con la facilidad para poner en marcha un negocio, Argelia ocupó el puesto 142 de 190 economías en 2016, mientras que su vecino Marruecos se situó en el puesto 40. Abrir un negocio en Argelia implica cumplir con 12 procedimientos, se demora 20 días y cuesta un 11,1% de los ingresos per cápita, mientras que en Marruecos basta con cumplir con cuatro procedimientos, hacen falta 9,5 días y supone un coste del 7,9% de los ingresos per cápita. Por lo que respecta al sistema de subsidios, el Gobierno ha hablado una y otra vez sobre la introducción de recortes, pero las medidas adoptadas en ese sentido han sido bastante titubeantes. Además de suponer una carga para el Estado, los subsidios generalizados presentan un carácter regresivo, puesto que benefician a los ricos en mayor medida que a los pobres. En cuanto a la diversificación de la economía, sigue siendo más retórica que realidad. Las políticas de Buteflika constituyen una continuación de las líneas seguidas por los gobiernos anteriores, donde la renta se situó siempre en el centro mismo del desarrollo económico y social con una posición muy intervencionista del Estado.
Una vida social marcada por las manifestaciones
“Tampoco es mucho lo que pedimos: queremos trabajo, vivienda, alimentos, decencia y una vida digna… Este país es muy rico. Si se llevan el dinero del petróleo, ¡pues nosotros también! Lo normal sería que nos diesen lo que nos toca, lo que nos corresponde. También es nuestro suelo y nos merecemos una parte” (Argel, diciembre de 2016).
Pese a que, en Argelia, el sistema de bienestar subvenciona un amplio abanico de productos que van desde los alimentos, el combustible, la electricidad, el gas natural y el agua hasta la vivienda, el transporte, la educación y los tipos de interés, el descontento y las tensiones sociales son palpables a lo largo y ancho del país. Las manifestaciones se han ido extendiendo a nuevas poblaciones hasta alcanzar las zonas meridionales del país, por lo general consideradas más tranquilas. La mayoría de estas protestas no son de carácter político sino social, por ejemplo para denunciar el elevado coste de la vida y los alimentos. También se exige un suministro asequible de agua, gas y electricidad, además de solicitar más viviendas sociales y una mejora de las condiciones laborales y educativas (mejores salarios, más seguridad y más días de descanso). La movilización colectiva adopta distintas formas que van desde las marchas públicas pacíficas hasta las sentadas y el bloqueo de carreteras, la ocupación de plazas públicas, el bloqueo de accesos y los ataques contra administraciones públicas, comisarías y empresas privadas, e incluso se han llegado a iniciar huelgas de hambre.
En 2015, la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) registró 6.188 protestas durante el primer semestre del año, frente a las 3.866 del mismo período en 2014. Estas cifras suponen un incremento del 62% y un promedio de 35 protestas al día. La mayoría de las protestas denuncian el incremento del coste de la vida o exigen la creación de viviendas sociales. Por ejemplo, 974 de las 6.188 protestas ciudadanas de 2015 se organizaron para solicitar viviendas sociales, un problema social de mucho peso. En líneas generales, los programas de vivienda implantados por el presidente Buteflika en 1999 han tenido efectos positivos. Entre 1999 y 2004, se construyeron unas 810.000 viviendas, cifra que subió hasta 912.326 viviendas entre 2005 y 2009. A pesar de los esfuerzos del Estado, entre 2010 y 2014 solamente se erigieron 693.000 viviendas, cuando el plan inicial consistía en construir 1,2 millones de viviendas. En 2015, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano hizo público un déficit de 720.000 unidades, achacable en parte a la lentitud de los procesos burocráticos, la corrupción, la mala administración de los fondos y también el crecimiento demográfico. Otras de las protestas y manifestaciones denuncian la subida de los precios y “el aumento constante de los gastos del día a día”. En Argelia, se cree que un 5,5% de la población vive en la pobreza y que 4 millones de argelinos, es decir, un 10% de la población, corren el peligro de verse abocados a esa situación.
En la mayoría de ocasiones, la gente protesta de forma espontánea, sin la intervención en la sombra de ninguna figura política, para solicitar al Estado un trato más equitativo y exigir la aplicación de políticas para una redistribución más justa de los servicios públicos. Se trata de un modelo paternalista en el que se mira al Estado como el “cabeza de familia”, el “padre simbólico” que debe “cumplir con sus responsabilidades” para servir a los ciudadanos de la mejor manera posible o ser más ecuánime mediante, por ejemplo, la derogación de una ley considerada perjudicial. Así quedó patente con el famoso lema “No a la Ley de Finanzas”, que derivó en disturbios violentos en enero de 2017. Desde la nacionalización de los recursos naturales emprendida por Boumediene en 1971, la población contempla su relación con el Estado conforme a un acuerdo implícito de intercambio: se le entrega el petróleo al Estado a cambio de una retribución completa. Se autoriza al Estado a disponer a voluntad del petróleo, entre otros recursos, siempre que garantice la redistribución de los ingresos correspondientes en forma de réditos políticos y otros beneficios sociales. En resumen, de acuerdo con este modelo, el Estado era y es quien presta los servicios sociales básicos a la población. La negación de esta promesa o la incapacidad para cumplirla se consideran una especie de “dejación parental” que, en consecuencia, provoca reacciones airadas y, en última instancia, brotes de violencia.3 A través de estas formas de movilización, el pueblo argelino está solicitando de manera tácita la parte que le corresponde de la renta petrolera. Exigencia esta que, en opinión de muchos, resulta más legítima que nunca ante los casos de corrupción o nepotismo destapados por los medios de comunicación nacionales que afectan a altos funcionarios. En palabras de Dahmen, de 32 años, propietario de un restaurante en Argel:
El sentimiento general es que los beneficios y privilegios derivados del petróleo llegan solamente a una pequeña camarilla de funcionarios que, además, están monopolizando todo el sector empresarial a través de sus redes. Por eso, al ciudadano medio, conocido como el zawali:
‘… le dejan solo las migajas, porque todo acaba en sus bolsillos. No les importamos, no les importa la gente… Necesitamos que actúen con justicia y que asuman sus responsabilidades” (Lamia, 33 años, propietaria de un salón de belleza en Draria, un suburbio de Argel, diciembre de 2013).
Según un sondeo del Barómetro Árabe, el 40,8% de los argelinos encuestados considera que al Gobierno y a los dirigentes políticos no les importa la gente normal, frente al 7,4% que afirma con rotundidad que sí les importa el pueblo. Un 18,2% se mostró de acuerdo con la afirmación de que a los altos cargos públicos les importa la situación de las personas, mientras que un 33,7% se manifestó muy en desacuerdo. La frustración generada por la corrupción ha dado alas a este sentimiento de desconfianza hacia las autoridades. No cabe duda de que la corrupción es un problema importante en Argelia. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción de 2016 de Transparencia Internacional, Argelia se sitúa en el puesto 108 de 176 países de todo el mundo y en la 10ª posición de los 20 países de la región de Oriente Medio y el Norte de África.
Con el objetivo de combatir la corrupción, el Estado creó en 2010 la Organización Nacional para la Lucha contra la Corrupción, tal y como disponía la Ley Anticorrupción de 2006. En 2013 se instauró la Oficina Central para la Represión de la Corrupción (OCRC) con el fin de investigar y juzgar cualquier forma de soborno en Argelia. Ese mismo año, una nueva normativa concedió más poder a la Unidad de Inteligencia Financiera para denunciar las transacciones monetarias ilegales y la financiación del terrorismo. A fin de mostrar su grado de compromiso con la lucha contra la corrupción, el Estado llevó a juicio a varias figuras importantes de Sonatrach, la empresa petrolera de titularidad estatal. Los casos de Sonatrach 1, 2, 3, 4 coparon los titulares de los periódicos durante meses. Numerosas personalidades como el propio director general, Mohamed Meziane, sus dos hijos, los miembros de la alta dirección y el antiguo ministro de Energía y Minas, Chakib Khelil, han sido acusados de recibir sobornos para que grandes empresas extranjeras se adjudicasen contratos por valor de miles de millones de dólares. Ya se han dictado sentencias para varias personas con penas de cárcel que van desde 18 meses a seis años, además de haberse impuesto distintas sanciones pecuniarias de hasta 45.000 dólares. Otro gran escándalo de corrupción omnipresente en los medios de comunicación fue el de la autopista Este-Oeste, que supuso llevar a juicio a 23 imputados, entre ellos distintas empresas extranjeras (canadienses, chinas, japonesas y portuguesas) por malversación de fondos públicos, asociación delictiva y blanqueamiento de dinero. Las sentencias recibidas fueron desde penas de prisión de uno a 10 años y hasta 70.000 dólares en multas. Sin embargo, las sentencias dictadas y las multas impuestas han hundido la credibilidad del Estado en su cacareada lucha contra la corrupción, además de poner de manifiesto el grado de interferencia política en el sistema judicial. Como resultado, la ausencia de una voluntad política genuina, la falta de transparencia y el tamaño sobredimensionado de la burocracia contribuyen a que la corrupción siga campando a sus anchas.
Ser joven y “saber navegar por el sistema”
Otro de los grandes retos a los que se enfrenta el régimen argelino es el empleo juvenil. Se trata de un problema exacerbado por las complicaciones demográficas derivadas de una tasa de natalidad del 26,03%, con un millón de nacimientos en 2015. Según un informe del Banco Mundial de 2016, la tasa de desempleo se situó en el 11,2% en 2015, sin cambios aparentes durante el primer semestre de 2016. De los 39.666.519 habitantes del país, cerca de un 26% se encuentra en la franja de edad entre los 15 y los 29 años, lo que supone un porcentaje considerable de la población.
Las oportunidades profesionales se ven lastradas por el alto grado de corrupción generalizada, así como por los conceptos de hogra (injusticia) y ma’rifa (tráfico de influencias, nepotismo). La mayoría de los argelinos con los que ha podido conversar esta autora coinciden en que estos términos describen a la perfección el sistema y la falta de oportunidades profesionales. Según la Oficina Nacional de Estadística (ONS), los jóvenes de entre 15 y 24 años son las primeras víctimas del desempleo de larga duración, puesto que representan el 38,8% de la población en situación de desempleo. Poseer un título universitario ya no ofrece garantías para encontrar empleo en el mercado laboral y los jóvenes argelinos no confían en el sistema educativo. En Argel, una frase habitual entre los estudiantes y titulados es que “la universidad es una fábrica de parados”. De hecho, el 32% de los jóvenes con título universitario no tiene trabajo.
Las políticas de empleo implantadas desde finales de la década de 1980 se han ido ampliando a través de la Agencia Nacional de Empleo (ANEM) y la creación de cuatro nuevos organismos: el Fondo de Seguro Nacional de Desempleo (NACC), la Agencia de Desarrollo Social (ADS), la Agencia Nacional de Gestión de Microcréditos (ANGEM) y la Agencia Nacional de Ayuda para el Empleo Juvenil (ANSEJ). Según el director general de ANSEJ, Mourad Zemali, en 2015 se crearon más de 23.676 microempresas en toda la nación, frente a las 40.800 de 2014. El Estado inyectó cerca de 2.6 60 millones de dólares en este programa a fecha de marzo de 2016. Además, las exenciones fiscales para estos proyectos costaron al Estado 136.000 millones de dólares. A pesar de estos esfuerzos, en el país no existe una política integral a largo plazo para jóvenes; además, se aprecian deficiencias en las iniciativas ministeriales. El propio presidente Buteflika reconoció en un discurso en 2007 que “el Estado tiene que mejorar sus políticas de juventud… Si no, ¿cómo vamos a conseguir que nuestros jóvenes confíen en sus propias capacidades y en las instituciones de su país?”.
Cabe decir también que los jóvenes no confían en instituciones políticas como el Gobierno, el Parlamento, los partidos políticos, etc. Según un sondeo del Barómetro Árabe, el 46,2% de los argelinos encuestados respondieron que no confiaban en absoluto en el Parlamento, mientras que un 33,8% expresó la misma opinión sobre el sistema judicial. Lo que agrava esta falta de confianza es la exclusión de los jóvenes del plano político y la escasa o nula posibilidad de participar en la toma de decisiones, ni siquiera a nivel local. El resultado es una baja participación política: en las últimas elecciones nacionales, solo votó el 45,2% de los encuestados en el último sondeo del Barómetro Árabe. Esta abstención no es una muestra de pasividad, sino más bien un acto de militancia para dejar patente su descontento hacia las instituciones políticas. Las asociaciones se consideran ineficaces e “inútiles” por su incapacidad para canalizar las reivindicaciones de la gente o facilitar la relación entre los ciudadanos y las autoridades, por lo que se quedan cortos a la hora de cumplir sus objetivos declarados. Así se reflejaba en las opiniones de varios jóvenes argelinos con los que tuvo la oportunidad de hablar esta autora. Entre ellos, Raouf, de 27 años, guardia de seguridad en una embajada:
“¿Wech eddir [qué se puede hacer]? Y aunque quisieras, ¿ykhellouk [te dejarían]? Claro que no. No se puede hacer nada para cambiar el sistema. Solo puedes navegar por el sistema e intentar cambiar tu propia vida y la de tus familiares… Hay miles de asociaciones, pero no sirven para nada… y todos los diputados son corruptos. ¿Sabe usted cuánto ganan al mes por no hacer otra cosa que sentarse en un escaño del parlamento ese? ¡Es un dineral, una obscenidad!… Etkel ghir a’la rouhek [No se puede contar con nadie más que con uno mismo]. Por ejemplo, en mi barrio recogemos la basura nosotros mismos y no contamos con que las autoridades hagan algo…; hace poco, hasta pusimos badenes por nuestra cuenta porque, si hubiésemos esperado a que ellos hiciesen algo, a todos nuestros hijos ya los habrían arrollados los que conducen como locos.”
Esta falta de confianza se debe también a la brecha generacional que existe entre los jóvenes y la generación de mayor edad. De hecho, a los líderes que lucharon por la independencia contra los franceses, que recurrieron y siguen recurriendo a la “legitimidad histórica” para justificar su acaparamiento del poder, ya no se les ve como aquellas figuras míticas a las que no se podía criticar. Las generaciones jóvenes están más dispuestas que la generación de sus progenitores a desaprobar sus acciones y reprocharles sus errores. Se refieren a ellos como los lekdem (viejos) o los périmés (caducos o anticuados). En palabras de una mujer de 30 años entrevistada en Argel el pasado mes de diciembre:
“Antes los respetábamos, pero ahora ya no. Que sí, que liberaron al país. Pues muy bien, y qué. ¿Qué hicieron después con él?… ¡Solo tiene que mirar a nuestro presidente! Era el líder del país, todo el mundo lo conocía, lo quería, y él mismo fue el primero que dijo en tres ocasiones que ‘jili tab djenanou’ [referencia a un discurso en el que el presidente dijo ‘el momento de mi generación ya ha pasado’] y, al decir eso, nosotros lo respetamos de verdad. Hizo muchas cosas buenas. Me dio un techo después de años de galère [penurias] y le estoy agradecida…, pero ahora qué, ¿eh? [Buteflika] va en silla de ruedas, está medio sordo y sigue aferrándose al poder. ¡Si es que son todos viejos! La media de edad de nuestros dirigentes es de 70 años. ¿Acaso está bien eso? Como se suele decir, ‘ach men araf kedrou’ [larga vida a quienes saben respetarse]. Somos el hazmerreír del mundo… Es triste, pero [los miembros de la generación de mayor edad] ni nos entienden ni nos podemos fiar de ellos, porque nos han fallado. No les importamos en absoluto.”
A día de hoy, los jóvenes argelinos han recibido una mejor educación –con una tasa neta de escolarización primaria del 98% en 2016 frente al 73% de 1975– y son más urbanitas que sus padres, con un índice de urbanización del 73,5% en 2017 frente al 40,3% de 1975. Por lo que respecta a encontrar mejores empleos, mayores salarios, una vivienda digna y los nuevos hábitos consumistas, las expectativas de los jóvenes son más altas, pero también es mayor su potencial.
Conclusiones
Para convertirse en miembros productivos de su sociedad, los jóvenes argelinos necesitan que sus viejos dirigentes inviertan en ellos, que faciliten el relevo generacional y que los incluyan en la toma de decisiones. La promoción de políticas es esencial, puesto que serviría para ofrecer formación a quienes podrían llegar a ser los encargados de elaborar las políticas del país en el futuro. Por esa razón, las autoridades tienen que sistematizar y poner en marcha iniciativas de capacitación política desde muy corta edad para enseñar a debatir e inculcar el respeto por la democracia multipartidista (algo parecido a Young Arab Voices o Youth and Political Engagement in Contemporary Africa, que son programas destinados a capacitar a los jóvenes y a proporcionarles herramientas para entablar y gestionar los debates de la mejor forma posible y mejorar el diálogo democrático plural). Además, hace falta una política local de juventud con directrices nacionales que se adapten a las distintas regiones del país. Del mismo modo, debería reformarse el sistema educativo para ofrecer una educación de mayor calidad (es decir, fomentar el análisis crítico) y sistematizar la orientación profesional. El Ministerio de Educación debería cooperar de forma más cercana con el sector privado para llegar a comprender sus necesidades. Asimismo, debería invertir en capacitación y especialización profesional para dotar de mayores destrezas a los jóvenes de cara al mercado laboral, con el fin de que puedan satisfacer las necesidades de quienes ofrecen empleo.
A nivel económico, las discretas reformas que han ido introduciendo las autoridades argelinas resultan insuficientes para reducir la dependencia del petróleo en el país. Aunque Argelia se enfrenta a una difícil situación económica, sigue estando mejor a día de hoy que en 1988-1990 y, además, ahora se le presenta la oportunidad de acometer reformas estructurales profundas de gran alcance. Las subvenciones generalizadas suponen un auténtico quebranto para el Estado, amén de resultar poco eficaces. Básicamente, ya no se pueden mantener. Lo que deberían hacer las autoridades es plantearse un programa de asignación destinado específicamente a los hogares con bajos ingresos. En ese sentido, deberían invertir en campañas de comunicación para dar a conocer a la población las bondades de esta reforma. Por lo que respecta al mundo de la empresa, las autoridades argelinas deberían mejorar el clima empresarial e impulsar al sector privado unificando y facilitando la normativa y los procedimientos administrativos, además de mejorar el acceso a la financiación.
A nivel social, las protestas ya forman parte de la cotidianeidad política, en especial desde el final de la década de 1990, la llamada “década negra”. La población argelina conoce el sistema y sabe bien cómo “navegar” en su seno, por lo que entienden que la mejor forma de manifestar sus exigencias y la vía más rápida para obtener resultados consiste en salir a la calle a plantarle cara al Gobierno. Al optar por la acción directa en detrimento de formatos más convencionales (es decir, los partidos, las asociaciones y el voto), renegocian su condición de ciudadanos y renuevan su manera de comunicarse con los dirigentes. De momento, el régimen ha sabido responder a sus exigencias gracias a los ingresos derivados del petróleo, pero si esas reivindicaciones dejaran de verse atendidas –por la incapacidad del régimen de darles respuesta a causa de una crisis financiera prolongada–, es posible que la población acabe superando su aversión por las revueltas. En consecuencia, podría producirse un cambio en la naturaleza misma de estas protestas para adquirir un cariz más revolucionario y, a su vez, el régimen se decantaría por una represión más fuerte.
Dalia Ghanem-Yazbeck
El Erian Fellow en el Carnegie Middle East Center de Beirut, su trabajo gira en torno al análisis de la violencia política y extremista, la radicalización, el islamismo y el yihadismo, sobre todo en Argelia | @DaliaGhanemYazb
1 Christophe Jaffrelot (1994), “Œuvres pies et rationalités économiques en Inde”, en Jean-François Bayart, La réinvention du capitalisme, Karthala, París, p. 145.
2 Rasmus Alenius Boserup (2016), “Contention and Order”, en Algeria Modern: From Opacity to Complexity, C. Hurst & Co Publishers Ltd, p. 58.
3 Moussaoui Abderrahmane (1998), “La violence en Algérie. Des crimes et des châtiments”, Cahiers d’Études Africaines, vol. 38, cuaderno 150/152, p. 267.
