Arabia Saudí en 2004: ¿podrá sobrevivir a la amenaza terrorista?

Arabia Saudí en 2004: ¿podrá sobrevivir a la amenaza terrorista?

Tema: El presente análisis examina la estructura sociopolítica de Arabia Saudí, al tiempo que intenta evaluar si podrá hacer frente al conjunto de tensiones generadas por el desempleo entre los jóvenes, el llamamiento a la yihad por parte de los extremistas y el deterioro de sus relaciones con EEUU en un momento de incertidumbre en el liderazgo del país.

Resumen: El reino de Arabia Saudí, tan esencial para la economía mundial, no sólo debe hacer frente a la amenaza de los extremistas terroristas, sino también al desempleo entre los jóvenes y a una relación con EEUU en proceso de deterioro. Atrapado entre la necesidad de tomar medidas enérgicas para combatir toda forma de disidencia y la necesidad de abrir la sociedad para llevar el país al siglo XXI, el propio liderazgo saudí se halla en un estado de incertidumbre sobre el futuro, sin saber muy bien si aferrarse a su posición privilegiada, o si adaptarse e introducir alguna fórmula que permita algún tipo de reparto del poder. Enfrentado a tales retos, este año resultará crucial para el régimen saudí. El país requiere cambios, pero éstos deberían realizarse desde dentro, en lugar de serle impuestos por terroristas o por una potencia extranjera.

Análisis: El reino de Arabia Saudí cuenta con 260.000 millones de barriles de reservas de petróleo comprobadas, lo que representa alrededor del 25% del total mundial, produciendo más de 9 millones de barriles al día, o cerca del 11% de la demanda total mundial. Se trata del único país del mundo que, en caso de emergencia, sería capaz de producir diariamente un millón y medio de barriles adicionales. Hasta el año 2003, Arabia Saudí ha sido uno de los países más estables del mundo. Desde 1744 –exceptuando un período de 35 años–, la dinastía de los al Saud siempre ha controlado la península arábiga. El régimen se fundó como una alianza entre los al Saud y un movimiento fundamentalista islámico, extremadamente puritano, que en Occidente se conoce como “wahabismo”, en tanto que en Arabia Saudí recibe el nombre de “salafismo” [1] . El régimen saudí ha invertido considerables esfuerzos y fondos en apoyar y difundir esta escuela salafí de pensamiento islámico. Lamentablemente, los salafíes más jóvenes, formados en escuelas fundadas por el régimen, exigen la imposición de una interpretación totalitaria [2]  del pensamiento de Abdel Wahab, una toma violenta del mundo mediante la yihad y el derrocamiento del régimen saudí que originariamente les alentó.

En la actualidad, el reino de Arabia Saudí, tan vital para la salud económica mundial y, hasta ahora, tan estable, se halla sometido a una fuerte tensión como consecuencia del llamamiento a la revuelta por parte de los yihadistas, a la vez que también recibe ataques procedentes de otras tres direcciones: (1) tiene una de las poblaciones de más rápido crecimiento de todo el mundo (el 40% de sus habitantes tienen menos de 15 años) y un índice de desempleo muy elevado entre los menores de 25 años; (2) las relaciones del reino con su aliado tradicional, EEUU, están en el punto más bajo de su historia; (3) el actual liderazgo del país es inestable; el rey está muy enfermo, y el carismático y popular príncipe heredero no sólo tiene 81 años sino que, además, debe hacer frente al desafío de otros importantes príncipes que se disputan el puesto.

El propósito de este análisis es presentar una panorámica de la estructura sociopolítica del reino, al tiempo que intenta evaluar si el actual sistema podrá hacer frente al conjunto de tensiones generadas por el desempleo entre los jóvenes, el llamamiento a la yihad por parte de los extremistas y el deterioro de las relaciones con EEUU en un momento de incertidumbre en el liderazgo.

La economía
El liderazgo saudí se halla atrapado entre la necesidad de tomar medidas enérgicas para combatir toda forma de disidencia y la necesidad de abrir la sociedad para llevar el país al S. XXI, sin lo cual el descontento todavía se extendería mucho más.

Según un estudio independiente sobre la opinión pública saudí llevado a cabo a finales de 2003 [3] , la principal preocupación del 79,6% de la población no era la seguridad ni el terrorismo, sino el empleo. Oficialmente, el desempleo entre los jóvenes varones de edades comprendidas entre los 18 y 25 años es del 15%, aunque lo más probable es que en realidad se sitúe en torno al 30%. Simultáneamente, los trabajadores extranjeros acaparan el 90% de los puestos de trabajo del sector privado. El Gobierno está luchando por crear empleos para sus ciudadanos fuera del sector público, pero la contratación de saudíes se ve dificultada por problemas sociales de tipo estructural.

En la década de 1970, Arabia Saudí realizó serios esfuerzos por modernizarse con rapidez, utilizando para ello la nueva riqueza generada por el aumento del precio del crudo. Así, el Gobierno invirtió más de 400.000 millones de dólares en la creación de infraestructuras modernas adecuadas al país. Para hacerlo con la mayor rapidez posible, el Estado permitió que contratistas y empresarios industriales de procedencia extranjera y local llevaran al país a tantos trabajadores foráneos como fuera preciso. Rápidamente, la economía empezó a depender de mano de obra barata y flexible –y, de ser necesario, altamente cualificada– proveniente de India, Egipto, Yemen, Tailandia, Filipinas y otros países. Las leyes laborales (y su aplicación) son muy favorables a las empresas locales, mientras que los trabajadores extranjeros no pueden abandonar el país ni cambiar de trabajo, y ni tan siquiera en casos verdaderamente atroces pueden ganar en los tribunales [Lawrence Wright, New Yorker]. Por consiguiente, a las empresas locales les resulta más práctico contratar a trabajadores extranjeros en lugar de mano de obra local, que puede resultar menos dócil, más costosa y más difícil de despedir.

Hasta ahora, y pese a los esfuerzos de divulgación sobre la necesidad de “saudizarse”, el Gobierno ha permitido que se siga dependiendo de mano de obra extranjera. Actualmente, hay 8 millones de extranjeros en Arabia Saudí, más de los que había cinco años atrás. Las principales empresas estatales y la mayor parte de los bancos han logrado una “saudización” satisfactoria, de manera que, ahora, el 86% de los empleados de la Arabian American Oil Company (Aramco) son saudíes [4] ; la Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), una importante empresa petroquímica dedicada a la producción de acero y fertilizantes, es saudí en un 85% [Informe Anual 2002]. Sin embargo, el sector privado ha seguido dependiendo de los conocimientos especializados que los trabajadores importados aportan de manera inmediata. Ghazi Al Gosaibi, reputado por su capacidad para resolver problemas estatales, ha sido nombrado ministro de Trabajo para obligar al sector privado a llevar a cabo un verdadero proceso de “saudización”. Actualmente está sometiendo a las industrias que requieren mano de obra mínimamente especializada –como los establecimientos de venta de oro y las agencias de viaje– a una intensa presión para que sólo contraten a personal saudí. Evidentemente, estas industrias se quejan de recibir un trato injusto, por lo que están intentando que se modifiquen las órdenes dictadas por el ministro. Todavía es pronto para saber si Al Gosaibi logrará reducir el desempleo, pero, de no conseguirlo, las tensiones aumentarán todavía más cuando los jóvenes, que conforman un sector de la población en alza, empiecen a ingresar en el mercado de trabajo.

Sin embargo, la solución a más largo plazo para resolver el problema del desempleo consiste en aumentar considerablemente la industrialización y los servicios afines, destinando recursos a gran escala a la formación tanto de varones como de mujeres saudíes. Hoy por hoy, la sociedad no puede depender del Estado para la creación de los 200.000 nuevos empleos que se precisan cada año [5] . Las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Trabajo indican que cada empleo requiere un desembolso de capital inicial que ronda los 200.000 dólares [6] . Así, para la inserción de 200.000 personas nuevas en el mercado laboral, se precisaría una inversión anual de alrededor de 40.000 millones de dólares. Esta cifra podría aportarla fácilmente el sector privado, que dispone en el extranjero de una cifra estimada de 200.000 a 400.000 millones de dólares.

Las grandes inversiones también podrían proceder, en parte, de las industrias extranjeras del sector energético, atraídas por el bajo coste del gas y el petróleo en Arabia Saudí, así como por su recién modificada legislación sobre inversiones [7] . Sin embargo, el Estado todavía no ha abierto el sistema a la iniciativa privada local, dado que no ha relajado las restricciones sobre el uso de los mercados financieros. Tanto a las empresas locales como a las extranjeras les resulta difícil colocar acciones en el Mercado de Valores, pese a que la demanda de acciones locales es enorme. Hay 72 empresas que cotizan en la Bolsa saudí, pero para sus ventas, materias primas, o ambas cosas, la mayoría de ellas dependen por completo del Estado, que controla quién puede fundar una empresa y con qué propósito, limitando así la capacidad de las empresas privadas para recaudar fondos con facilidad. De un modo similar, las empresas puramente privadas sólo disponen de un acceso limitado al sector bancario, que se halla sujeto a una intensa regulación, por lo que dependen fundamentalmente de recursos financieros de propiedad familiar. La mayor parte de los préstamos bancarios van destinados a filiales paraestatales de la Aramco o la Sabic, o al Gobierno en la forma de bonos bancarios de desarrollo.

Este entorno tan controlado resulta frustrante para la mayor parte de los saudíes, y muchos, incluyendo el liderazgo, culpan de ello a la burocracia. No obstante, las barreras al desarrollo económico impuestas por ésta no se producen de forma aislada. Desde mediados de la década de 1970, la administración pública, liderada por el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, ha estado intentando garantizar que se promueva el crecimiento en aquellos sectores que se consideran útiles para el reino, como el de las industrias del sector energético. También ha procurado mantener la estabilidad de la actual estructura socioeconómica del reino.

Resulta sorprendente que en Arabia Saudí, donde el petróleo es fundamental, la familia real sólo ejerza una influencia mínima en la gestión de este sector. Hasta el año 2000, sólo había un príncipe involucrado en el mismo, y únicamente desempeñaba una función secundaria. Ni tan siquiera la propia Aramco cuenta con miembros de la familia real entre su personal o en el Consejo de Administración. La política relativa a la producción de petróleo la decidieron exclusivamente el rey y el ministro de Petróleo, que siempre ha sido plebeyo. Después del año 2000, el vínculo directo en materia de políticas entre el rey y el ministro se vio modificado por la creación de un Consejo Supremo de Petróleo, encabezado por el rey, como presidente, y sus hermanos Sultan y Abdullah, como co-presidentes, si bien en la práctica el Consejo lo dirige el príncipe Saud Al Faysal, que mantiene una estrecha relación con el príncipe Abdullah. Dada esta estructura, y teniendo en cuenta que el rey Fahd está enfermo, cabría suponer que el príncipe Abdullah habría reorganizado el sector del petróleo para relevar al rey en las principales funciones de formulación de políticas. Sin embargo, la verdadera gestión del sector del petróleo dista mucho de estar en manos de la familia real.

Una pauta de control similar la encontramos en el sector petroquímico, donde hasta el año 2004, ni un solo miembro de la familia real estaba involucrado en la gestión y control de esta industria valorada en 11.000 millones de dólares, y en la que el reino tantas esperanzas ha depositado de cara al futuro. Incluso el sector financiero se halla alejado del control de la familia real. Hasta que el príncipe Al Walid bin Talal asumió el mando del Banco Saudí-Americano en 2003, la familia real sólo contaba con una representación mínima en el sector financiero, que permanecía bajo el estricto control regulador de la Agencia Monetaria Saudí, dominada por plebeyos.

Por lo tanto, la estructura socioeconómica del reino parece basarse en un control binario del sistema. La mayor parte de las palancas económicas están en manos de la administración pública, mientras que todas las palancas militares y en materia de seguridad están en manos de la familia real. El presupuesto garantiza que un mínimo de 15.000 millones de dólares al año se destinan a los sectores de defensa y seguridad, ambos controlados por la familia real, en tanto que el resto del presupuesto (entre 25.000 y 45.000 millones de dólares) se destina al funcionamiento de la economía, al desarrollo de nuevas industrias y a la construcción de infraestructuras.

El sistema, instaurado desde el reinado del rey Faysal, a principios de la década de 1970, ha funcionado bien, consiguiendo que la familia real no interfiera en exceso con los hombres de negocios ni recurra a su posición privilegiada para imponer su presencia en la economía. Por otro lado, el hecho de mantener a la familia real a raya ha exigido una sólida estructura burocrática, lo que ha dificultado la iniciativa privada. El control de la economía por parte de la administración pública parece haber contado con el beneplácito de los reyes Faysal, Jaled y Fahd. Podría deducirse que los reyes establecieron el sistema con la ayuda de ministros plebeyos altamente cualificados, a fin de minimizar el riesgo de tensiones entre una familia real que está por encima de la ley y el resto de la sociedad. Es decir, se creó una especie de “bantustán” dorado para los miembros de la familia real, que podían recibir asignaciones del Tesoro e importantes comisiones sobre contratos de defensa y seguridad, mientras el resto del país se dedicaba a establecer infraestructuras y crear industrias.

Sin embargo, el hecho de mantener a los príncipes a raya también ha significado limitar la libre empresa. La mayor parte del crecimiento se ha debido a instituciones públicas o controladas por el Estado. Por otro lado, el crecimiento de la población ha sido enorme. En 1974, el Ministerio de Finanzas manejaba una cifra preliminar de 4,5 millones de saudíes, aunque según las estadísticas de Naciones Unidas la población de Arabia Saudí rebasa los 24 millones (incluyendo extranjeros, tanto residentes como trabajadores).

Los planificadores saudíes son muy conscientes de que para conseguir un aumento del empleo, se precisa una liberalización. Sin embargo, puesto que el problema fundamental que dio lugar a la burocracia puede atribuirse a la necesidad de impedir que los miembros privilegiados de la familia real asuman el mando de la economía, cualquier esfuerzo encaminado a evitar a los burócratas estará predestinado al fracaso, hasta que todos –incluyendo al conjunto de príncipes y princesas– sean iguales ante la ley. La propia legislación, basada en la sharía (ley islámica), debería garantizar que todos sean tratados con justicia. En la práctica, sin embargo, la ley se ha aplicado de tal modo que los miembros de la familia real reciben un trato preferente.

Una manera de conseguir que la familia real esté sometida a la ley consistiría en que el reino entrara en la Organización Mundial del Comercio (OMC). En efecto, una de las condiciones clave que exige la OMC es que la práctica legal sea transparente y se aplique de forma equitativa a todos, incluyendo a los príncipes. Tal vez una de las razones por las que la administración pública está ejerciendo presión para que se proceda a su admisión en la OMC, es que una nueva práctica legal basada en dicha Organización pondría freno a los privilegios reales, permitiendo a la burocracia relajar su estricto control sobre los mercados financieros y la economía, con lo que se promovería la libre empresa.

El problema es que no pueden crearse puestos de trabajo sin una liberalización económica y, a la vez, no puede producirse ninguna liberalización económica sin que la familia real acepte un status igual al del resto de la sociedad y acceda a compartir el poder. Sin embargo, a la familia real le resulta difícil aceptar un reparto del poder cuando se halla bajo la amenaza del terrorismo.

El alzamiento de los “yihadistas”
Actualmente, muchos salafíes, en especial los yihadistas que quieren imponer su verdad al mundo por la fuerza, consideran que los al Saud y sus partidarios han renunciado al pacto original entre ellos y el reformador visionario y puritano del Islam, Abdel Wahab. Por consiguiente, muchos de los salafíes más jóvenes, criados y educados en las escuelas y universidades financiadas por los al Saud, opinan que hay que derrocar a la familia real, expulsar a los extranjeros y obligar a los musulmanes a seguir su verdadera interpretación de la fe.

El ministro del Interior, el príncipe Nayef, aspirante a la sucesión, ha liderado la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, parece que sus esfuerzos también se han centrado en granjearse el apoyo de los salafíes de la vieja guardia, con objeto de revitalizar la antigua alianza forjada entre Abdel Wahab y los al Saud, socavando así el apoyo que los salafíes podrían brindar a los yihadistas. Una consecuencia de los esfuerzos emprendidos por el príncipe Nayef ha sido el rápido debilitamiento de los intentos del príncipe heredero por desarrollar y modernizar el país con vistas a disminuir la presión del desempleo y neutralizar su potencial de crear agitación social.

En los años 2002 y 2003, el príncipe heredero promovió activamente la liberalización sociopolítica. Aumentó la participación en la toma de decisiones por parte del parlamento designado (Maylis al-shura). Asimismo, y para consternación de algunos salafíes, promovió un diálogo nacional entre clérigos conservadores y comerciantes, mujeres, chiíes, sufíes y liberales. También animó a la prensa a ser más audaz, fomentando el debate de temas polémicos, como la extendida segregación de varones y mujeres, la tolerancia a los no musulmanes y a los musulmanes no wahabíes, etc. Incluso se comprometió a convocar elecciones municipales. Ninguno de estos implicaba una verdadera cesión de poder, pero por lo menos apuntaban en la dirección correcta.

Desgraciadamente, tras los atentados terroristas de Riad en mayo y noviembre de 2003, las fuerzas de seguridad, bajo la jurisdicción del ministro del Interior, el príncipe Nayef, a mediados de ese mismo año interrumpieron las críticas estridentes que la prensa formulaba contra los wahabíes de la vieja guardia, en marzo de 2004 arrestaron a 14 liberales destacados y permitieron que los conservadores se apropiaran del diálogo nacional entre los tradicionalistas y las mujeres, los liberales, los chiíes y los sufíes. Por lo tanto, la liberalización que había alimentado la esperanza de numerosos saudíes, induciéndoles a creer que la dictadura real evolucionaría gradualmente hacia una monarquía más democrática, se ha visto frustrada por los conservadores con la excusa de luchar contra el terrorismo. Sin embargo, no cabe ninguna duda que ello podría ayudar al príncipe Nayef a afirmar que es el verdadero heredero del acuerdo entre Abdel Wahab y los al Saud.

Uno de los resultados perversos de la actual violencia es que la mayoría de los saudíes parecen estar horrorizados ante las tácticas de los yihadistas. El atentado indiscriminado contra barrios residenciales y la masacre de extranjeros resultan hechos espantosos para una sociedad que está en contacto con el resto del mundo.

Por lo tanto, es posible que la política empleada por la familia real, orientada a aplacar a los salafíes de la vieja guardia mientras el conjunto de la población se está alejando de los yihadistas, limite el aumento del terrorismo. Por otro lado, también pone en peligro el desarrollo de una sociedad y economía modernas, que a la larga podrían incrementar el apoyo al movimiento yihadista.

Cuestiones de liderazgo
Arabia Saudí podría describirse como una dictadura gestionada por una democracia: la familia real opera por consenso, pero su dominio es absoluto. No obstante, ello significa que sin un líder carismático, no puede tomar decisiones difíciles que, si bien podrían reducir su poder global, a la larga lo protegerían. Así, por ejemplo, es indudable que el reparto del poder con una asamblea nacional elegida eliminaría muchas de las prerrogativas de que actualmente disfruta la familia real, pero también permitiría reducir las tensiones con el resto de la población.

El rey Fahd está muy enfermo, pero él es el único que puede tratar con los diversos grupos de interés de la familia y llegar a un consenso. El príncipe Abdullah, que destaca por su influencia y carisma, todavía no es rey, por lo que no puede fomentar su propio programa sin haber obtenido el pleno apoyo de los otros príncipes más importantes de la familia, a saber, el príncipe Nayef y el príncipe Sultán, a los que les gustaría tener la certeza de que tienen su próximo turno en el poder asegurado.

La mayoría de los observadores saudíes consideran que el príncipe Abdullah está convencido de que será proclamado rey cuando el rey Fahd muera (en el caso de que lo haga antes que él). La principal contienda entre los principales miembros de la familia va dirigida a ocupar el puesto de próximo príncipe heredero. Parece ser que, antes de que estallara la violencia yihadista, el objetivo del príncipe Abdullah era promover el crecimiento económico a través de la participación política, si bien a una escala muy limitada. Por lo tanto, contaba con el apoyo total, tanto de las elites como de los liberales. Sin embargo, la prioridad del príncipe Abdullah consiste en garantizar a cualquier precio el mantenimiento de la unidad y supremacía de la familia. Por consiguiente, antes de arriesgarse a que se produzca una importante ruptura con la familia real, el príncipe Abdullah ha permitido que el príncipe Nayef y sus seguidores intenten ganarse a los salafíes a costa de los liberales, las elites educadas y los príncipes destacados más liberales.

Parece ser que la familia real ha resuelto que los “liberales” se alinearán por temor a los yihadistas y al caos potencial que éstos representan. Sin embargo, también están consiguiendo que se aleje una parte de la población cada vez más amplia y sofisticada, que podría ayudar a llevar el país al S. XXI. No cabe ninguna duda que ante la ausencia de un liderazgo decisivo y carismático para unificar el país y hacerlo progresar, el hecho de que los príncipes más destacados, como el príncipe Nayef, intenten ganarse el apoyo de los salafíes, podría augurar una situación desastrosa para el país y su actual liderazgo.

Relaciones con EEUU
Actualmente, una de las principales preocupaciones de Arabia Saudí es su relación con EEUU. Desde los días del presidente Roosevelt, EEUU ha sido el principal partidario del reino en términos diplomáticos y militares. Evidentemente, el petróleo siempre ha desempeñado un papel clave en su relación, pero un interés común en contra de la vieja amenaza comunista, así como numerosas y estrechas relaciones personales entre elites saudíes educadas en EEUU y universidades, empresas y ciudadanos estadounidenses, también han sido decisivos. No obstante, la creciente importancia de neoconservadores proisraelíes en Washington, la matanza de 3.000 americanos perpetrada por 15 terroristas saudíes el 11-S, el crecimiento de al-Qaeda, el ataque terrorista contra la torre de Al Khobar, entre otros factores, han hecho que el establishment político de EEUU y gran parte de los medios de comunicación se hayan vuelto en contra de Arabia Saudí. Algunos miembros del Congreso estadounidense llegaron a preguntarse si “habíamos invadido al país equivocado” al atacar a Irak, cuando tal vez habría sido mejor tomar como objetivo a Arabia Saudí.

A cambio, la amplia mayoría de los saudíes han adoptado una profunda actitud anti-americana. Todos, desde príncipes hasta taxistas, tanto en público como en privado, se quejan con amargura de que EEUU apoya a los enemigos del Islam, oprime a los palestinos e iraquíes, viola los derechos humanos básicos de los musulmanes en Guantánamo y otros lugares, impide que estudiantes inocentes puedan estudiar en EEUU, y no permite que los saudíes reciban tratamiento médico en dicho país.

La cooperación todavía existe a escala gubernamental. Los saudíes, bajo una intensa presión estadounidense, han realizado importantes esfuerzos para limitar la financiación de actividades terroristas. Así, han establecido y aplicado drásticas regulaciones bancarias sobre las transferencias de fondos, además de someter a un estricto control las actividades de las instituciones islámicas saudíes de carácter benéfico. Sin embargo, la relación entre ambos países es “estrictamente comercial”, basándose en lo que los saudíes consideran sus mejores intereses, sin hacer ningún esfuerzo por favorecer a un viejo amigo. EEUU ya no puede contar con que Arabia Saudí esté dispuesta a aumentar su producción de petróleo para aliviar las tensiones provocadas por el elevado precio del crudo, y las empresas estadounidenses no pueden esperar ventajas especiales con respecto a contratos de armas o suministros a gran escala.

Hoy por hoy, los saudíes no contemplan ninguna amenaza que pueda requerir la ayuda estadounidense. Han establecido buenas relaciones de trabajo con Irán. Irak no se percibe como una amenaza desde la invasión de Kuwait y su subsiguiente derrota. Sus otros vecinos, como Siria y Yemen, son demasiado débiles o están demasiado preocupados como para que representen un problema. Por otro lado, las contundentes críticas contra el reino en el Congreso de EEUU y en el Wall Street Journal, la importante presencia estadounidense en Irak, Bahrein y Qatar, así como las críticas a comienzos de 2004 sobre la gestión saudí de sus reservas de petróleo, han dado lugar al temor de una intervención estadounidense en el reino. En otras palabras, los saudíes temen más a su ex “protector” que a cualquier amenaza potencial proveniente del exterior. Como resultado de ello, están mejorando su relación con Irán, al tiempo que desarrollan nuevas relaciones con India, China, Japón y la Unión Europea. Además, sería muy improbable que EEUU ayudara al actual liderazgo a hacer frente a un alzamiento contra él.

Conclusiones: No cabe ninguna duda que el liderazgo saudí está padeciendo esclerosis inducida por la edad. Parece que no es capaz de reaccionar con eficacia y rapidez a los desafíos que plantean el desempleo y el terrorismo, además de haber sacrificado las primeras esperanzas de reparto del poder y modernización sociopolítica a cambio de garantizar la cohesión de la familia real. Asimismo, ya no puede contar con que EEUU le brinde su apoyo, y teme el riesgo de ser derrocado por algunos de los elementos que ahora ocupan el poder en Washington.

Pese a ello, los príncipes más destacados siempre han conseguido conservar su puesto como árbitros de las diversas tendencias en el reino. Todavía controlan importantes aparatos de seguridad. Han tenido la suerte de que el petróleo les permite obtener unos ingresos inusitadamente elevados, proporcionándoles un gran poder de cooptación en la sociedad.

Para sobrevivir, es imprescindible que el presente liderazgo se adapte. En efecto, la actual generación de príncipes más destacados y el rey serán reemplazados con rapidez, aunque sólo sea por motivos de edad. Sin embargo, por el bien de la estabilidad del país, e indirectamente para el de las economías mundiales, el cambio debería realizarse desde dentro, en lugar de que lo impongan los terroristas o una potencia extranjera.

La familia real ha de continuar el proceso que el príncipe Abdullah inició en 2002. Debe permitir que la administración pública y la elite educada desarrollen una sociedad moderna y estable, capaz de conducir al desarrollo de una economía vibrante dominada por los saudíes. Ello sólo es probable que ocurra si la familia real puede o está dispuesta a limitar su propio poder y a aceptar la igualdad ante la ley.

En la actual situación, sin embargo, el tiempo constituye un factor clave. La amenaza terrorista sólo podrá aumentar si las personas no consiguen satisfacer sus aspiraciones básicas. El presente régimen ha perdido a sus amigos entre la elite educada, ya no dispone del apoyo de EEUU y es incapaz de facilitar puestos de trabajo a los jóvenes del país. Por lo tanto, el próximo año resultará crucial para el régimen saudí. En el caso de que no actúe ahora para organizar su liderazgo e iniciar un reparto del poder con la sociedad, es posible que deba afrontar unos retos insalvables, que repercutirán significativamente en el resto del mundo.

Jean-François Seznec
Universidad de Georgetown
Universidad de Columbia

Notas:
 [1] “Salafi” significa antepasado del Islam (Eickleman y Piscatori, Muslim Politics, Princeton University Press, 1996, p. 34). Por lo tanto, el “salafismo” es la escuela del pensamiento islámico que sigue las enseñanzas de los discípulos directos del Profeta.
[2] El término “totalitario” se utiliza aquí en el sentido de la apropiación de la totalidad del ser de una persona. La ideología “salafi” –al igual que las ideologías comunistas y fascistas del siglo XX– aspira a la rendición total de la personalidad de uno por la causa, que en este caso consiste en establecer una forma puritana del “verdadero” Islam en el mundo.
[3] Estudio llevado a cabo por el Proyecto Saudí de Evaluación Nacional, recogido en The Herald Tribune, París, 28/VI/2004.
[4] Discurso de Salim Al-Aydh, vicepresidente primero y miembro del Consejo de Administración de Aramco, durante la celebración del World Affairs Council, 23/VI/2004.
[5] La población de Arabia Saudí, que asciende a 16 millones, sin incluir extranjeros, aumenta a un ritmo anual del 3,2%; es decir, cada año nacen 512.000 saudíes. El crecimiento está sesgado hacia la generación más joven, lo que permite estimar que sólo 200.000 jóvenes del sexo masculino ingresan anualmente en el mercado de trabajo.
[6]  Esta cifra se deduce de las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Trabajo, según las cuales en la industria de Arabia Saudí se han invertido 60.000 millones de dólares, creando directa e indirectamente 300.000 puestos de trabajo; es decir, 200.000 dólares por cada uno de ellos.
[7]  La nueva legislación permite la propiedad extranjera en un 100%, ha reducido los impuestos sobre beneficios de sociedades extranjeras del 50% al 20%, y las ha autorizado a poseer bienes en el reino.