Tema
Como candidato y como presidente, Donald Trump ha prometido reiteradamente deportar a todos los inmigrantes indocumentados que viven en EEUU durante su segunda Administración. Él y su gobierno han anunciado una serie de políticas para fortalecer la capacidad del gobierno de detener y deportar a inmigrantes indocumentados y superar los numerosos obstáculos que dificultan el alcance de este ambicioso objetivo.
Resumen
El presidente Trump afronta obstáculos presupuestarios, administrativos, diplomáticos, políticos y legales que desafían la capacidad de su Administración para cumplir su objetivo de deportar a todos los inmigrantes indocumentados en EEUU. Si bien es muy poco probable que su gobierno alcance esta meta, sus medidas audaces y controvertidas están diseñadas para demostrar a sus seguidores que está cumpliendo su promesa de campaña. También buscan enviar un mensaje claro y contundente a los inmigrantes en EEUU de que la vida como indocumentado será intolerable y a quienes están considerando entrar en el país de manera irregular, que su Administración implementará un gran número de medidas políticas para dificultar al máximo la entrada ilegal a EEUU.
Análisis
1. Introducción
Como candidato presidencial, Donald Trump prometió implementar la mayor campaña de deportación en la historia de EEUU durante su segundo mandato. Afirmó que su gobierno deportaría entre 15 y 20 millones de inmigrantes que residen en el país, a pesar de que la estimación más reciente del gobierno de EEUU situaba la cifra en 11 millones.
El vicepresidente J.D. Vance y el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, han sido cautelosos respecto a la capacidad del gobierno para alcanzar esta meta. Durante la campaña, Vance afirmó que deberían “comenzar con un millón… y luego ver hasta dónde podemos llegar”. Homan fue aún más precavido, afirmando: “Cuantos más [recursos] tengamos, más podremos lograr”. Las declaraciones de Vance y Homan tratan de rebajar las expectativas, a la vez que reflejan los enormes desafíos a los que se enfrentará el gobierno de EEUU, incluso si moviliza todos sus recursos, para alcanzar la ambiciosa meta de Trump.
2. Actores del gobierno de EEUU en el sistema migratorio
Antes de abordar los desafíos que afrontará el gobierno, conviene recordar las funciones de los principales departamentos y agencias involucradas en el sistema de inmigración de EEUU. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creado en 2002, es el máximo responsable en materia migratoria. Dentro de él se integra la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se encarga de hacer cumplir la legislación de inmigración dentro del territorio estadounidense, incluyendo la identificación, detención y deportación de extranjeros presentes de manera ilegal o sujetos a deportación.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EEUU aplica las leyes de inmigración en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas del país. Opera en los puertos de entrada de EEUU para garantizar la seguridad fronteriza y facilitar el comercio legal. Además, protege la frontera terrestre entre puertos de entrada, siendo responsable de la detección, prevención y detención de individuos que han entrado o intentan ingresar ilegalmente a EEUU. Por su parte, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) supervisan la inmigración legal al país, incluyendo la resolución de solicitudes de visados de trabajo, asilo, ciudadanía y otros beneficios migratorios.
Dentro del Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) supervisa el sistema de tribunales de inmigración, encargados de decidir los casos de inmigrantes que se enfrentan a procedimientos de deportación. Estos tribunales determinan si los individuos son elegibles para permanecer en EEUU o si deben ser deportados conforme a las leyes de inmigración.
El Departamento de Estado también desempeña un papel importante. La Oficina de Asuntos Consulares, en coordinación con las embajadas de EEUU en el extranjero, emite visados a ciudadanos extranjeros que quieren entrar en el país. Además, la Oficina de Población, Refugiados y Migración financia a organizaciones internacionales que brindan asistencia a refugiados e inmigrantes en situaciones de vulnerabilidad en el extranjero. Asimismo, coordina y administra el Programa de Admisión de Refugiados de EEUU, proporcionando asistencia inicial durante el reasentamiento a los refugiados que llegan al país.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), ofrece asistencia adicional de reasentamiento a refugiados recién llegados, asilados y otros grupos elegibles, como víctimas de trata de personas y de tortura. También gestiona una red nacional de albergues que proporcionan cuidado y custodia a niños inmigrantes no acompañados que están en procedimientos de expulsión.
Por último, el Departamento de Defensa (DOD) desempeña un papel de apoyo en la aplicación de las leyes de inmigración. Cuando es requerido por el presidente o un gobernador estatal, la Guardia Nacional brinda asistencia al DHS. Este apoyo puede incluir vigilancia, transporte, provisión de equipos y construcción de barreras en la frontera. Aunque las fuerzas militares no participan directamente en la aplicación de las leyes de inmigración, su apoyo logístico y operativo refuerza la capacidad del gobierno para gestionar la seguridad fronteriza.
3. Desafíos y soluciones propuestas por Trump
La Administración tendrá que superar varios obstáculos para alcanzar el objetivo de Trump. Desde que asumió el cargo, el presidente ha firmado varias órdenes ejecutivas y ha anunciado una serie de medidas políticas destinadas a fortalecer la capacidad del gobierno para detener y deportar a inmigrantes indocumentados.
4. Presupuesto
4.1. Desafío
La financiación es un factor crítico para alcanzar los objetivos de deportación de la ICE. Actualmente, el presupuesto de la ICE es de aproximadamente 9.000 millones de dólares. Sin embargo, su misión va más allá de la aplicación de las leyes de inmigración, ya que también incluye la investigación de delitos cibernéticos, la lucha contra la delincuencia financiera y el control del tráfico ilegal de drogas, dinero y armas. En diciembre de 2024 la ICE tenía un déficit de 230 millones de dólares. Para complicar aún más la situación, la primera ley aprobada por el Congreso de EEUU en 2025, la Ley Laken Riley, se estima que su implementación costará a la agencia casi 27.000 millones de dólares.
El gobierno también se enfrenta a una escasez de espacio para la detención de los inmigrantes, lo que limita su capacidad para cumplir los objetivos de deportación de Trump. Tom Homan ha señalado que le gustaría contar con 100.000 camas diarias, aunque el Congreso actualmente sólo financia 41.500. Sin embargo, Homan no ha aclarado si la Administración tiene planes de utilizar el Programa de Alternativas a la Detención de la ICE. A principios de enero, casi 190.000 inmigrantes formaban parte de programas no privativos de libertad.
La capacidad de deportación y los costes asociados representan otro desafío. La ICE lleva a cabo deportaciones a través de vuelos chárter, aerolíneas comerciales y transporte terrestre. Para deportaciones a México o Canadá puede utilizar transporte terrestre, pero para el resto de la población inmigrante debe recurrir al transporte aéreo. La agencia sólo dispone de 12 aviones, cada uno con una capacidad de 135 deportados. Funcionarios han indicado que hay pocas opciones de aeronaves no comerciales disponibles para alquiler, y el uso de aviones de carga podría violar las regulaciones de la Administración Federal de Aviación. Los vuelos de deportación cuestan 17.000 dólares por hora de vuelo para 135 deportados y tienen una duración promedio de cinco horas. Según una estimación, una deportación masiva única de todos los inmigrantes indocumentados costaría al menos 315.000 millones de dólares, incluyendo los costes de arrestos, detenciones, apelaciones, deportaciones y las consecuencias económicas de la pérdida de trabajadores.
La ICE cuenta con más de 22.000 empleados a tiempo completo, pero para aumentar las deportaciones necesitará una cantidad significativamente mayor de personal para detener a más inmigrantes. También requerirá más capacidad de detención para alojar a los inmigrantes mientras se resuelven sus procedimientos, así como más autobuses y aviones para transportarlos a sus países de origen.
Otras agencias estadounidenses involucradas en inmigración también se enfrentan a problemas de recursos. Por ejemplo, el presupuesto de la EOIR sufrió un recorte de 16 millones de dólares en el año fiscal 2025, a pesar de haber recibido una cifra récord de 1,8 millones de nuevos casos. El total acumulado de casos en los tribunales de inmigración alcanzó los 3,6 millones al final del año fiscal 2024.
Incluso si estas agencias ven su financiación sustancialmente incrementada, esto no se traducirá en resultados inmediatos en la aplicación de las leyes migratorias. Se necesitan meses para contratar y capacitar nuevo personal antes de que pueda estar operativo. Además, algunas agencias, como la CBP, tienen dificultades para llenar los puestos actualmente ofertados. La CBP está ofreciendo bonos de hasta 30.000 dólares para incentivar a personas a postularse y desempeñar estos trabajos.
4.2. Solución propuesta por Trump
El Congreso tiene dos opciones para proporcionar fondos adicionales a la ICE. Primero, incluir financiación adicional en el proyecto de ley de asignaciones del año fiscal 2025, actualmente en negociación entre la Cámara de Representantes y el Senado. Aunque los Republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, necesitarán el apoyo de los Demócratas para aprobar la ley, lo que probablemente retrasará su aprobación durante meses. Y, en segundo lugar, utilizar la modificación presupuestaria (budget reconciliation), un procedimiento que permitiría a los Republicanos aprobar el proyecto de ley con una mayoría simple si permanecen unidos.
Mientras Trump busca financiación adicional del Congreso, también intenta aprovechar los recursos de otros departamentos y agencias gubernamentales que normalmente no están involucrados en la aplicación de leyes migratorias. Su Administración ha otorgado autoridad al DHS y a agencias del DOJ, como la Agencia Antidrogas, el Servicio de Seguridad de EEUU (US Marshals Service), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y la Oficina Federal de Prisiones, para ayudar en la aplicación de las leyes migratorias, aunque aún no está claro cómo serán utilizadas.
El gobierno también está recurriendo al DOD para apoyar las actividades del DHS y cubrir algunos de sus costes. Trump firmó dos órdenes ejecutivas que ordenan al ejército desplegarse en la frontera entre EEUU y México para “sellar la frontera”. Posteriormente, el DOD anunció el envío de 1.500 soldados y recursos a la frontera para asistir a la CBP en actividades como vigilancia, detención, construcción de barreras y transporte. Para aumentar la capacidad de detención, el DOD anunció que la ICE podrá utilizar una base militar en Colorado para detener inmigrantes. Además, Trump ordenó al DHS abrir un centro de detención en la base naval de EEUU en Guantánamo, Cuba, con capacidad para albergar hasta 30,000 inmigrantes al día. Finalmente, la Administración ha comenzado a utilizar aviones militares para vuelos de deportación, con el fin de aumentar la capacidad operativa de la ICE.
5. Procesos administrativos
5.1. Desafío
Existen numerosos desafíos administrativos para aumentar significativamente el número de deportaciones. Uno de los principales obstáculos que ha surgido en los últimos años es el crecimiento de las llamadas jurisdicciones santuario, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración con el objeto de fomentar la confianza y la colaboración entre las fuerzas del orden locales y la comunidad inmigrante. Se estima que entre el 70% y el 75% de las detenciones realizadas por la ICE corresponden a inmigrantes transferidos desde otras agencias policiales, incluidas cárceles locales y estatales. La falta de cooperación por parte de estas jurisdicciones dificulta la capacidad de la ICE para detener a inmigrantes en el interior de EEUU.
Otro desafío importante es el retraso en la tramitación de casos dentro del saturado y subfinanciado sistema judicial de inmigración. Durante años, los tribunales de inmigración han experimentado un crecimiento constante en la cantidad de casos acumulados, debido principalmente al aumento en las detenciones de inmigrantes en la frontera entre EEUU y México. En octubre de 2024 el retraso en los tribunales alcanzó los 3,6 millones de casos. La falta de recursos suficientes para atender los nuevos casos y reducir la acumulación representa un obstáculo adicional que podría socavar los planes de deportación de Trump.
5.2. Solución propuesta por Trump
Trump está implementando varias medidas para abordar estos obstáculos. Para incrementar la cooperación migratoria de las jurisdicciones estatales y locales, su Administración ha amenazado con enjuiciar a aquellas que se nieguen a colaborar y ha autorizado a las fuerzas del orden estatales y locales a llevar a cabo tareas de aplicación de la ley migratoria. El presidente firmó una orden ejecutiva instruyendo al DOJ y al DHS a iniciar acciones legales, tanto civiles como penales, para garantizar que las jurisdicciones santuario no reciban fondos federales. Además, el DOJ ha ordenado a su personal investigar a funcionarios estatales y locales que no cumplan con “órdenes relacionadas con inmigración”, con la posibilidad de iniciar procesos judiciales en su contra. Asimismo, el DHS ha emitido un memorando solicitando la colaboración de los gobiernos estatales y locales en la aplicación de la ley federal de inmigración, en base a una “afluencia masiva” de migrantes en la frontera entre EEUU y México. Para aumentar la capacidad de los agentes federales en la aplicación de la legislación de inmigración, Trump también eliminó la política de “lugares sensibles”, la cual anteriormente prohibía que la ICE entrase en lugares como escuelas, hospitales y lugares de culto religioso para buscar y detener a inmigrantes.
La Administración también ha ampliado significativamente el uso de la deportación rápida, una política que permite a la ICE expulsar rápidamente a ciertos inmigrantes indocumentados sin necesidad de una audiencia ante un tribunal de inmigración. Anteriormente, esta medida estaba limitada a la región fronteriza, pero ahora la Administración la aplicará en todo el territorio nacional con el fin de aumentar el número de inmigrantes que puedan ser deportados sin pasar por el lento sistema judicial. Además, el gobierno despidió a cuatro altos funcionarios de la EOIR el primer día del mandato de Trump. Sin embargo, ni Trump ni su Administración han anunciado planes para proporcionar mayores recursos al sistema judicial de inmigración con el fin de agilizar los tiempos de procesamiento de los casos o reformarlo estructuralmente.
6. Cooperación diplomática
6.1. Desafío
EEUU necesita el permiso del gobierno receptor para devolver a los inmigrantes a sus países de origen. El gobierno del país receptor debe aceptar al avión o al transporte terrestre procedente de EEUU que lleva a los inmigrantes y proporcionar documentos de viaje que certifiquen que todas las personas a bordo son nacionales de ese país.
Históricamente, lo más fácil para EEUU ha sido deportar a ciudadanos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, debido a la estrecha cooperación bilateral en temas migratorios. Sin embargo, otros países con relaciones diplomáticas tensas o inexistentes con EEUU, como China, Cuba, Nicaragua y Venezuela, han limitado significativamente el número de nacionales deportados que están dispuestos a recibir. En los últimos años, se ha registrado un fuerte aumento en la migración irregular desde estos países, lo que representa un desafío para los gobiernos que intentan equilibrar sus objetivos de política exterior con la cooperación en materia migratoria.
6.2. Solución propuesta por Trump
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció que en las relaciones diplomáticas con otros países, particularmente en el hemisferio occidental, darán prioridad a la seguridad de las fronteras de EEUU y a negociar la repatriación de inmigrantes que están irregularmente en el país. Hasta ahora, esto ha significado que la Administración Trump ha estado dispuesta a negociar con líderes autocráticos y a amenazar a aliados históricos de EEUU para asegurar su cooperación en materia de deportaciones.
Por ejemplo, el enviado de Misiones Especiales de Trump, Richard Grenell, viajó a Caracas para reunirse con el líder venezolano Nicolás Maduro. Anteriormente, la Administración Biden había declarado que Maduro perdió las elecciones de 2024 y reconoció al candidato de la oposición. Durante la reunión entre Maduro y Grenell se informó que Maduro aceptó recibir a los deportados venezolanos y posteriormente destacó la visita en sus discursos internos. Grenell comentó: “La única recompensa para Maduro fue mi presencia física, siendo el primer alto funcionario estadounidense en visitar el país en años”.
En el caso de Colombia, uno de los aliados más firmes de EEUU en el hemisferio, Trump anunció que impondría un arancel del 25% a todas las importaciones colombianas, sanciones bancarias y financieras, así como una prohibición de viaje y la revocación de los visados de los funcionarios del gobierno colombiano. Esta represalia fue en respuesta a la negativa del presidente, Gustavo Petro, de permitir la entrada de dos aviones militares estadounidenses con deportados colombianos. Petro no se opuso a aceptar los vuelos regulares de deportación operados por la ICE, pero consideró que los colombianos a bordo de vuelos militares podrían ser tratados de manera inhumana. Finalmente, Petro cedió ante la presión de Trump y aceptó la llegada de los deportados, aunque sus intentos de resistencia podrían servir de precedente para que otros países también se opongan en el futuro a las tácticas de aplicación de la ley de inmigración de Trump, que han sido calificadas como agresivas y degradantes.
7. Voluntad política
7.1. Desafío
A principios de enero, casi el 90% de los estadounidenses expresaron su apoyo –firme o moderado– a la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Sin embargo, sólo el 55% apoya la deportación de todos los inmigrantes indocumentados. Si Trump sigue adelante con los audaces planes que ha incluido en sus órdenes ejecutivas, estas acciones sin duda generarán indignación pública, afectarán casos con simpatía mediática y movilizarán a la opinión pública en contra de sus políticas de reforzamiento de la aplicación de la ley y la deportación. La amplia difusión de imágenes o videos de detenciones masivas, especialmente de individuos o familias que son miembros clave en sus comunidades, podría provocar un intenso rechazo. Es probable que Trump se enfrente a una creciente presión de diversos actores, como líderes religiosos, comunitarios y grupos empresariales, para que pare, o al menos modifique, sus esfuerzos agresivos de aplicación de la ley de inmigración. Si esto ocurre, el Congreso podría verse presionado a bloquear o mitigar las acciones de la Administración.
7.2. Solución propuesta por Trump
Trump hizo campaña con la promesa de combatir la migración irregular y llevar a cabo deportaciones masivas. Durante las elecciones de 2024 la inmigración fue catalogada por los votantes como uno de los temas más importantes, tras la inflación y la economía. Es poco probable que Trump modere o ralentice su plan de deportaciones en el corto plazo, a menos que enfrente una reacción pública significativa o una oposición sustancial, especialmente de líderes Republicanos o grupos clave dentro de sus bases de apoyo. Durante su primer mandato, Trump ya se enfrentó a una crisis en la opinión pública después de ordenar la separación de niños inmigrantes de sus padres. Ante la fuerte reacción negativa, terminó por dar marcha atrás en su política.
8. Litigios
8.1. Desafío
La capacidad de Trump para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración y, en términos más amplios, reformar el sistema migratorio de EEUU dependerá, en gran medida, de las acciones legales emprendidas por estados, organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes que busquen impugnar sus medidas. Desde el inicio de su mandato, fiscales generales de estados Demócratas y diversas organizaciones han presentado demandas contra medidas como la prohibición del derecho a la ciudadanía por nacimiento, la expansión de las deportaciones rápidas, la represión de las ciudades santuario y la autorización para que agentes de inmigración realicen redadas en lugares de culto. Es previsible que otras medidas políticas de la Administración afronten desafíos similares en los tribunales. Durante su primer mandato, Trump sólo logró un fallo favorable en el 22% de los casos en los que sus políticas fueron impugnadas judicialmente. En el resto de los casos, los tribunales fallaron en su contra o las propias agencias gubernamentales retiraron las medidas tras ser demandadas.
8.2. Solución propuesta por Trump
La Administración Trump ha tomado medidas que deliberadamente están en el límite de la legalidad y está preparada para enfrentarse a demandas constantes, tal como ocurrió en su primer mandato. Sin embargo, a diferencia de entonces, su equipo ha tenido cuatro años para planificar sus estrategias legales y aprender de sus errores previos. Además, el panorama judicial actual presenta diferencias significativas. En los últimos años, los tribunales han limitado la capacidad de los estados para demandar al gobierno federal y la posibilidad de que tribunales inferiores emitan órdenes nacionales que bloqueen la implementación de políticas mientras se resuelven los casos. Otro factor clave es que Trump ahora cuenta con una “supermayoría” conservadora en el Tribunal Supremo, con seis jueces conservadores de un total de nueve. Aunque esto no garantiza que siempre gane, sí aumenta significativamente sus probabilidades de éxito en disputas legales clave.
Conclusiones
En las primeras dos semanas de su mandato, la Administración Trump ha implementado una serie de medidas migratorias con el objeto de superar los obstáculos que dificultan la ejecución de su agenda. Muchas de estas políticas han sido objeto de controversia y podrían no ser ratificadas por los tribunales ni aprobadas por el Congreso. No obstante, la estrategia del gobierno no parece limitarse únicamente a lograr sus objetivos de deportación, sino también a enviar un mensaje claro a sus electores de que está cumpliendo sus promesas de campaña. También pretende enviar un mensaje claro y contundente a los inmigrantes en EEUU de que la vida como indocumentado será intolerable, y a quienes estén considerando entrar en el país, que implementará una amplia gama de políticas para hacer extremadamente difícil la entrada ilegal a EEUU.
