Tema
La crisis democrática en Guatemala y el conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo han colocado a América Latina frente a la evidencia de nuevos desafíos para la estabilidad y los equilibrios regionales ante los cuales deben posicionarse.
Resumen
América Latina y el Caribe (ALC) tienen ante sí nuevos retos, más allá de los económicos y sociales. La crisis de democracia, como la que padece Guatemala, deteriora los marcos de convivencia. A esto se suma la aparición de corrientes nacionalistas que amenazan la estabilidad regional y la imagen de un continente de paz. ALC, sin instrumentos comunes ante crisis de ese alcance, ha respondido ante los nuevos desafíos, cuando lo ha hecho, de forma heterogénea y contradictoria.
Análisis
ALC no es ajena a dos tendencias mundiales que actualmente profundizan la inseguridad y la incertidumbre: la crisis de las democracias –como en Estados Unidos (EEUU) en 2021 y en algunos países europeos– y la emergencia de tendencias nacionalistas, irredentistas y expansionistas, como la invasión rusa de Ucrania. En el caso latinoamericano, la crisis en Guatemala corresponde a esta primera tendencia y el conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo al segundo. En diciembre, ambas crisis, que se venían gestando desde hacía meses, han terminado de madurar.
El régimen de Nicolás Maduro celebró el 3 de diciembre un referéndum, con cinco preguntas, en el que se interrogaba a los venezolanos si apoyaban la anexión del Esequibo, una región de 160.000 kilómetros cuadrados perteneciente a Guyana. Las cuatro primeras preguntas versaban sobre la legitimidad de la postura venezolana respecto a Guayana (rechazo al laudo arbitral de 1899, apoyo al Acuerdo de Ginebra de 1966, no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y oposición frontal al acceso al mar de Guyana), mientras la quinta era más controvertida, al proponer la plena incorporación del Esequibo a Venezuela.
Tras un abrumador apoyo de más del 95% (con poca transparencia sobre los datos de recuento y participación), Maduro decidió que si bien el resultado no era vinculante debía ser un mandato popular para ocupar el territorio. Así, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica para crear el Estado de Guayana Esequiba. Además, firmó seis decretos para su plena incorporación, designando al mayor general Alexis Rodríguez Cabello como “autoridad única” acompañada, en un segundo decreto, de “una Alta Comisión Nacional para la defensa y recuperación” del territorio, encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Además, propuso crear la Zona de Defensa Integral (ZODI) de la Guayana Esequiba, una provincia venezolana en la zona disputada, y ordenó otorgar licencias para extraer crudo dentro de su jurisdicción.
En Guatemala, Bernardo Arévalo debe asumir como nuevo presidente el próximo 14 de enero para el periodo 2024-2028, tras ganar en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto pasado. Sin embargo, los cinco largos meses de transición se han convertido en un calvario lleno de obstáculos. La élite, que durante años logró preservar su hegemonía impidiendo u obstaculizando que candidatos ajenos al sistema participaran en los comicios, se vio en serios apuros cuando Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato presidencial imprevisto y amenazante para el régimen, se coló en el balotaje con sólo el 12% de los votos, para luego ganarle de forma contundente a Sandra Torres, la defensora del sistema.
Desde entonces, unos heterogéneos grupos de interés e influencia impulsaron diferentes iniciativas político-judiciales para impedir la asunción de Arévalo como presidente. Pero, dada la imposibilidad de evitar su toma de posesión, se ha buscado desgastarlo, reduciendo su margen de acción y erosionando su base política para lastrar su gestión presidencial. En esta campaña se han utilizado de forma recurrente distintos resortes institucionales. El Ministerio Público (MP), en manos de Consuelo Porras, aliada del presidente Alejandro Giammattei, fue el principal instrumento, aunque no el único. La idea era aprovechar la prolongada transición (del 20 de agosto al 14 de enero) para mermar la capacidad de acción de Arévalo. En el terreno político se canceló a Semilla como partido, en el judicial se eligió una nueva Corte Suprema de Justicia y se purgó el Tribunal Supremo Electoral y en el económico se elaboró un presupuesto que deja maniatada la futura administración al dejarla en manos de un Congreso de mayoría opositora. La estrategia parece diseñada para dejar el futuro gobierno sin una bancada parlamentaria propia y sin autonomía financiera, junto a un poder judicial cooptado y controlado por las elites corruptas con el objetivo de anular sus posibilidades de impulsar reformas o cambiar el sistema.
Venezuela-Guyana y Guatemala, problemas locales de alcance regional
La región atraviesa un periodo con frecuentes crisis institucionales internas que amenazan sus democracias. Ocurrió hace un año en Perú tras el autogolpe de Pedro Castillo y ahora en Guatemala con el intento de la Fiscalía de anular el resultado de la elección presidencial de 2023 que dio el triunfo a Arévalo, visto como un peligro para la continuidad de los grupos y élites partidarias de la corrupción.
Graves problemas internos, en países como Venezuela, pueden provocar reacciones imprevistas. Nicolás Maduro, ante el temor de perder las elecciones y verse fuera del poder, se ha visto tentado de huir hacia delante provocando conflictos internacionales. De este modo, intenta ganar mayor legitimidad, enarbolando la bandera del nacionalismo en el conflicto del Esequibo, partiendo de un país fragmentado y fracturado.
En ambas crisis, la respuesta regional y extrarregional ha sido variada y con matices significativos. La Organización de Estados Americanos (OEA), EEUU y la Unión Europea (UE) han sido muy tajantes en su defensa de la democracia guatemalteca y en la crítica a la escalada agresiva de Venezuela hacia su vecino.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha viajado a Guatemala en cuatro ocasiones (una en agosto, dos en septiembre y otra en diciembre) y se ha reunido con diversos sectores, entre ellos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, para conocer el desarrollo de las elecciones. También, asistió al segundo encuentro oficial entre Giammattei y Arévalo. Además, condenó las maniobras para impedir la toma de posesión del presidente electo, denunciando al MP por empeñarse “en traer casos del pasado para afectar la transición, lo que afecta la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho”. La Secretaría General ha condenado lo ocurrido calificándolo de “intento de golpe de Estado” por parte del MP: “Las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional…, un quebrantamiento del Estado de derecho y una violación de los Derechos Humanos… El intento de anular las elecciones generales… constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”. También llamó al presidente Giammattei, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso “a defender las instituciones y el orden constitucional… tomando acciones contra los perpetradores de este atentado” y preservar la democracia.
La OEA no sólo denunció los hechos como un intento de golpe de Estado por el MP, sino también solicitó al gobierno el consentimiento para una visita de buenos oficios. Con 29 votos a favor, aprobó la resolución que permite al secretario general y al presidente del Consejo Permanente, Ronald Sanders, invocar el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana. Esto permite realizar visitas y otras gestiones para analizar la situación y, de ser necesario, tomar decisiones con el Consejo Permanente, para preservar la institucionalidad democrática.
Igual grado de implicación y claridad ha tenido la OEA en el diferendo entre Venezuela y Guyana. La Secretaría General expresó que ante la “urgencia y gravedad” y la “postura agresiva del régimen de Maduro” con Guyana, promovería una reunión del Consejo Permanente, al tratarse de un asunto que “amenaza la estabilidad y soberanía territorial dentro de nuestro hemisferio”. “El régimen de Maduro continúa tomando y promoviendo acciones ilegales contra Guyana, como la realización de un referéndum ilegal e ilegítimo…, [que] busca anexar la región del Esequibo. Esta acción se tomó no solo con un flagrante desprecio por el derecho internacional y las decisiones de la CIJ sino también… con un uso antidemocrático de los procesos democráticos. Las recientes acciones … de Venezuela no solo ponen en peligro el desarrollo y la estabilidad de Guyana, sino también plantean un riesgo más amplio para la seguridad de ALC”.
El posicionamiento de la OEA contrasta con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Si bien el tema, a petición de Guyana, llegó al Consejo de Seguridad, este no tomó ninguna medida inmediata en la reunión de emergencia a puerta cerrada, tras el referéndum venezolano. Y ello, pese a que la opinión generalizada de los 15 miembros del Consejo era que el derecho internacional debe ser respetado, incluyendo el requisito de la Carta de la ONU de que todas las naciones respeten la soberanía y la integridad territorial de cualquier otra y que las partes respeten las órdenes de la CIJ y su papel de árbitro.
Guyana ha obtenido el respaldo de EEUU. El secretario de Estado, Antony Blinken, habló con el presidente Mohamed Ifraan Ali “para reafirmar el apoyo inquebrantable de EEUU a la soberanía de Guyana”. Blinken pidió “una solución pacífica de la controversia” y el respeto de todas las partes “al laudo arbitral de 1899, que determina la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana, o [que]… lleguen a un nuevo acuerdo, o un órgano legal competente decida lo contrario”. Washington mostró su respaldo cuando el Comando Sur, en colaboración con la Fuerza de Defensa de Guyana, llevó a cabo operaciones aéreas dentro del país. Este ejercicio se basa en compromisos y operaciones de rutina para mejorar la asociación de seguridad bilateral, pero fue una medida sin precedentes que contenía un mensaje claro a Venezuela.
En Guatemala, EEUU ha apoyado a Arévalo y la institucionalidad democrática, con especial énfasis en los intentos del MP de anular los comicios. La Administración Biden, a través del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, condenó “enérgicamente las últimas acciones antidemocráticas del MP, otro intento flagrante e inaceptable de desafiar la voluntad de los guatemaltecos y negar la elección del presidente electo”. Y advirtió que “tales acciones ponen en peligro la reputación favorable al mercado de Guatemala y se enfrentarán con una fuerte respuesta de EEUU”. Washington ya tendría identificados a los funcionarios a los que imponer nuevas sanciones por sus acciones contra Arévalo y sus intentos de impedir que asuma el poder.
El seguimiento de la Casa Blanca a la crisis guatemalteca es antiguo (incluyó a Porras en la Lista Engel en 2021) y aumentó este año. En octubre, en una reunión entre Arévalo y Nichols se abordaron diversos temas sobre la transición y el próximo gobierno. Nichols confirmó el compromiso de EEUU en apoyo del proceso democrático, incluyendo la alternancia presidencial. Tras la decisión del MP de recomendar la anulación de las elecciones, EEUU restringió los visados a cerca de 300 guatemaltecos, entre ellos un centenar de congresistas y empresarios. Según el Departamento de Estado, las acciones de la fiscalía “constituyen una evidencia de su claro intento de deslegitimizar las elecciones libres y justas… e impedir una transición pacífica del poder”.
Los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM)[1] apoyaron a Guyana y pidieron a Venezuela respetar la decisión final de la CIJ. Los jefes de Gobierno reiteraron su compromiso con la idea de que el Caribe es una «zona de paz» y abogaron por respetar la ley internacional. También se pidió evitar el uso de la fuerza o su amenaza. Venezuela rechaza la intervención de la CIJ, lo que se vio reforzado tras el referéndum de diciembre.
La UE ha sido igualmente clara en ambas crisis. En noviembre, la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE-UE), aseguró que no hubo fraude y expresó su preocupación por las acciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) contra el proceso electoral. El 8 de diciembre, Josep Borrell, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, afirmó que “la UE condena los intentos de anular las elecciones…, basados en acusaciones espurias de fraude: un intento de golpe de Estado que afectará a las relaciones UE-Guatemala”. Thomas Peyker, embajador de la UE en Guatemala, dijo que las sanciones selectivas contra los principales actores que socavan el proceso electoral y la democracia están en marcha y estas serían “prohibición de visados y congelación de activos”. El Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante pidiendo sanciones contra los responsables de la tentativa de golpe de Estado.
Las posturas de Brasil y México, las dos potencias regionales
Brasil, como suele ser habitual, ha tenido un papel más activo que México en ambas crisis: ha desempeñado un papel importante en la crisis entre Caracas y Georgetown y se ha pronunciado con contundencia sobre Guatemala. México ha sido más prudente en el Esequibo y más claro en la crisis de su vecino. Brasil ha intentado evitar cualquier conflicto que amenace la estabilidad y equilibrios en América del Sur, al considerar que, si la región se sume en la inestabilidad, ésta afectará a todos los países: “Lo que no queremos es una guerra en América del Sur, no necesitamos un conflicto”, dijo Lula en la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro. Allí propuso la mediación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la disputa por el Esequibo. Lula ha estado muy pendiente del conflicto para evitar su escalada. El 9 de noviembre, los presidentes de Brasil y Guyana hablaron por videoconferencia y el mandatario guyanés expresó su preocupación por el referéndum en Venezuela. El 22 de noviembre, Brasil envió a Caracas a Celso Amorim, asesor de Lula para asuntos internacionales, para reunirse con Maduro. Amorim mostró preocupación por la escalada e insistió en que la disputa debe resolverse pacíficamente.
Días después, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de Brasil analizaron la crisis regional. Defensa emitió una nota el miércoles previo al referéndum, anunciando la movilización de vehículos blindados y tropas a Boa Vista, capital del estado de Roraima, limítrofe con Venezuela y Guyana. Al reforzar su presencia militar, se envió un mensaje a Maduro. La presión brasileña dio sus frutos y tras conversaciones telefónicas entre Lula y Maduro, Venezuela y Guyana acordaron una reunión de alto nivel, sin interferencia de actores externos. Así, Maduro y Ali se reunieron el 14 de diciembre en Kingstone (San Vicente y las Granadinas) y se comprometieron a seguir los contactos en Brasil dentro de tres meses.
El gobierno de Lula también ha sido claro al apoyar a la democracia de Guatemala. En septiembre, en la Asamblea General de la ONU y en diciembre cuando el MP guatemalteco recomendó declarar nulas las elecciones. En la Asamblea General, Lula expresó su preocupación por las acciones de la Fiscalía contra el partido del presidente electo y advirtió a los líderes mundiales sobre la posibilidad de un golpe de Estado: “Existe el riesgo de un golpe de Estado, que impediría la investidura del ganador de las elecciones democráticas”. En diciembre, pidió a Guatemala honrar la Carta Democrática de la OEA para garantizar la transición y frenar los intentos de la Fiscalía de anular los resultados electorales. Itamaraty recordó que “el reciente anuncio se suma a otros actos arbitrarios cometidos desde el período electoral, el Gobierno brasileño considera que las declaraciones y medidas anunciadas obstruyen el proceso democrático”. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese conjunto de actos “amenazan el ejercicio de los mandatos de las autoridades legítimamente elegidas”. Así, “insta a Guatemala a adherirse a los compromisos asumidos en el marco de la OEA, en particular su Carta Democrática”.
En el Esequibo, México ha ido a remolque de Brasil y ha sido más proactivo en Guatemala, un tema que le afecta más de cerca. México suscribió la llamada de Lula para que la CELAC medie entre Venezuela y Guyana: “Nos sumamos a la propuesta del presidente Lula para que la presidencia de CELAC fomente el diálogo entre Venezuela y Guyana, a fin de alcanzar una solución pacífica entre las partes”, dijo la canciller Alicia Bárcena. Si bien no criticó la actitud venezolana, dijo que México reitera “la importancia de apegarse al derecho internacional y a la Carta de la ONU”.
Andrés Manuel López Obrador no sólo recibió a Arévalo en Ciudad de México, sino también lo respaldó con palabras medidas y mesuradas. Tras alabar al gobernante electo, al que consideró “preparado” y “honesto”, destacó que hay “quienes se resisten y están haciendo una oposición la verdad poco respaldada por la gente”, a pesar de que Arévalo cuenta con el respaldo de la “inmensa mayoría”. López Obrador instó a quienes mantienen la confrontación a que “recapaciten para que haya estabilidad, normalidad política”. Finalmente, en una de sus mañaneras, López Obrador elevó el tono y sin mediar pregunta afirmo que Arévalo “ganó la elección y por una situación de resistencia al cambio, de resistencia a la democracia, de falta de respeto a la voluntad de los guatemaltecos, están poniendo obstáculos”. La Cancillería ha sido más directa y llamó a respetar el resultado de las elecciones presidenciales, después de que la Fiscalía señalara supuestas irregularidades en los comicios.“México reitera el llamado a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y oficializadas por el Tribunal Supremo Electoral… el 31 de octubre de 2023”.
La compleja y ambivalente posición de Petro
Colombia, vecina de Venezuela, guardó silencio mientras escalaba la tensión con Georgetown. El presidente Gustavo Petro, tan activo y beligerante en Gaza y contra Israel, no se refirió al Esequibo durante días, lo que le valió la crítica, especialmente de Guyana. “Yo le diría al presidente Petro que debe de estar del lado correcto de la historia, respetar la soberanía y el territorio de Guyana. Debe pararse a favor del orden internacional y adherirse a los lineamientos de la CIJ, pararse firme por lo que es correcto, estar del lado de Guyana y su defensa. Enviar una señal muy fuerte y contundente a Venezuela de que Colombia no permitirá a Maduro anexar ninguna región o territorio a su país y que Colombia no permitirá que esta región sea desestabilizada. Él tiene esa responsabilidad muy importante como parte de esta región”, dijo el presidente Irfaan Ali.
Una semana después del referéndum, Petro se manifestó, aunque tratando de ser equidistante y no condenar a Venezuela. En su mensaje pidió desescalar el conflicto e invitó a América del Sur “a construir un equipo mediador… Ojalá eso reviviera la UNASUR. El camino de Suramérica es la paz y la vida”. Según Petro, una nueva guerra en el mundo, centrada en América del Sur, sería una completa “desgracia”. Petro se atrevió a ser más claro sobre Guatemala, al no estar involucrado en la trama ningún aliado potencial, ni político ni ideológico, lo que no es el caso de la dictadura nicaragüense de Ortega-Murillo, con fuertes lazos subregionales. Según Petro: “Estamos frente a un golpe de Estado en Guatemala. La OEA debe actuar de inmediato. Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia”.
Entre la equidistancia y el apoyo a Venezuela
La falta de contundencia ha sido la nota dominante en otros países sudamericanos que no han condenado la agresión venezolana, igualando a agresor y agredido. Ocho países de América del Sur llamaron a Guyana y Venezuela a encontrar una “solución pacífica”. En una declaración conjunta, Brasil Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Perú manifestaron “su profunda preocupación con el aumento de las tensiones” e instaron a ambas partes a dialogar y buscar “una solución pacífica de la controversia, a fin de evitar acciones e iniciativas unilaterales que puedan agravarla”. El presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, declaró que la situación “no está bien” y que hay que evitar que “se pierda” el statu quo de América Latina como región de paz.
Entre los principales apoyos a Venezuela está Nicaragua, que respaldó el referéndum. Daniel Ortega subrayó que Maduro está librando la batalla de Simón Bolívar y Hugo Chávez, al tiempo que denunció que el gobierno de Guyana entrega concesiones a empresas estadounidenses en territorios que no le pertenecen: “Los hermanos venezolanos, con todo el derecho, han convocado a un referéndum que tiene que ver con un territorio que los ingleses le robaron, como aquí los ingleses tenían ocupado toda la costa del Caribe, se la habían robado”.
El silencio también ha marcado la postura de Cuba, a la vez miembro de la CARICOM y aliado de Venezuela. De hecho, Guyana pidió a La Habana que mediara con Caracas y se uniera a la declaración de la CARICOM.
Frente a las diferentes posturas en el tema del Esequibo, el apoyo a la democracia guatemalteca ha sido generalizado. Chile llamó “a las autoridades guatemaltecas a respetar la voz de su ciudadanía expresada en las urnas” y condenó la decisión de la Fiscalía de invalidar las elecciones generales. Una declaración de la Cancillería chilena expresó “su enérgico rechazo a los reiterados intentos por obstaculizar y deslegitimar el proceso de transición…, poniendo en duda las credenciales del presidente electo, Bernardo Arévalo, y de la vicepresidenta electa, Karin Herrera”.
Perú expresó su preocupación por las “graves declaraciones” del MP, cuestionando la validez de las elecciones generales, y llamó a las instituciones de Guatemala a respetar los resultados. “Perú… expresa su profunda preocupación por las graves declaraciones formuladas hoy por el Ministerio Público… que cuestionan la validez de las elecciones generales”. República Dominicana manifestó su “firme y categórica condena” ante los recientes sucesos en Guatemala, que sugieren un “preocupante intento de desestabilización del orden democrático establecido”.
Los países de América Central han mantenido posiciones muy diferentes: el presidente electo guatemalteco ha obtenido un respaldo contundente de Costa Rica, Panamá, Belice y Honduras frente al silencio de Nicaragua y El Salvador, regímenes muy criticados por Arévalo por su deriva antidemocrática y autoritaria.
Conclusiones
Los países de ALC, como ya ocurriera con Ucrania y Gaza, han carecido de una posición común en las dos crisis que afectan a la región: el conflicto del Esequibo entre Venezuela y Guyana y las amenazas a la democracia guatemalteca. En el diferendo entre Caracas y Georgetown, cada país ha tomado una postura distinta o con matices muy marcados. Frente a la contundencia de los organismos internacionales –la secretaria general de la OEA– y algunos actores extrarregionales –como EEUU y la UE– que han condenado la agresión venezolana, otros han respaldo a Maduro (Nicaragua) o mantenido cierta equidistancia (Colombia). El papel más activo ha correspondido a Lula, más como mediador que para poner coto a la escalada venezolana.
Los casos del Esequibo y Guatemala muestran algunos de los desafíos a corto plazo para la región y las tímidas reacciones de muchos gobiernos latinoamericanos. El deterioro democrático puede exacerbar derivas ultranacionalistas y expansionistas o conducir al colapso de las democracias regionales. Frente a estos retos se hace necesaria una postura más firme, coherente y coordinada de ALC, si la región aspira a solucionar sus problemas por sus propios medios.
[1] Formado por Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.
