Tema: La votación de la resolución 1973 y su posterior aplicación dieron lugar a reacciones muy variadas en América Latina.
Resumen: La votación de la resolución 1973 en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas provocó reacciones de lo más variadas, tanto entre Colombia y Brasil, los dos representantes regionales en el Consejo de Seguridad, como en el resto de la región. La posterior aplicación de la Resolución y el inicio de las operaciones militares para garantizar la zona de exclusión aérea generaron reacciones de distinto signo, tanto a favor como en contra, de las medidas adoptadas contra el régimen de Muamar el Gadafi. Simultáneamente, la coincidencia temporal de las acciones militares en Libia con la gira de Barack Obama por América Latina sirvió para que algunos dirigentes, especialmente aquellos integrados en el ALBA o sus más próximos aliados, sacaran a relucir su repertorio antiimperialista. Sin embargo, con independencia del sesgo político o ideológico de los gobiernos latinoamericanos, sus respuestas estuvieron condicionadas por el peso de los conceptos de la autodeterminación de los pueblos y de la no injerencia en los asuntos de terceros países. Una vez más las reacciones frente a la crisis libia han servido para mostrar el relativo aislamiento en que se mueve la región.
Análisis: El análisis de las respuestas latinoamericanas frente a la crisis libia y la Resolución 1973 debería comenzar por ver cómo votaron los dos representantes regionales no permanentes, Brasil y Colombia, en el Consejo de Seguridad. Mientras Brasil –junto con los restantes países BRIC (Rusia, la India y China)– se abstuvo al igual que Alemania, Colombia –el otro representante regional– apoyó la propuesta de Resolución. Sin embargo, no hubo consultas entre los países BRIC para pensar en una respuesta consensuada del grupo.
Cuando comenzó la crisis libia las reacciones regionales se caracterizaron por su falta de unanimidad (https://www.realinstitutoelcano.org/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/prensa/actualidadelcano/malamud_reacciones_latinoamericanas_acontecimientos_libia), una tendencia que se mantuvo en esta ocasión. Tampoco en este caso hubo una reacción unánime y, al igual que en la ocasión anterior, primó la división de opiniones. Una buena parte de los países latinoamericanos, con independencia de su sesgo ideológico o político, invocando el viejo principio de la “no injerencia” y la “libre autodeterminación de los pueblos”, se opusieron a las acciones militares y al uso de la fuerza.
Si bien algunos de ellos (Brasil, Paraguay y Uruguay) habían criticado previamente la represión de Gadafi contra su pueblo, el peso del “corolario de la doctrina Estrada” todavía sigue siendo determinante sobre la política exterior regional. Los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) han sido los más beligerantes en su oposición, debido, en buena medida a la sintonía entre Gadafi y Hugo Chávez y el respaldo que previamente había otorgado Fidel Castro a la causa de lo no intervención en Libia.
Algunos gobiernos, que si bien no están integrados en el ALBA pero son muy próximos a Chávez, como los de Argentina y Paraguay, sumaron sus voces a la condena. Sin embargo, en contra de lo que señalaron inicialmente los informes de prensa (“La operación en Libia despierta más rechazo que simpatía en América Latina”), el balance final ha sido más matizado del que inicialmente se dio cuenta. Ocho gobiernos se han opuesto tajantemente al contenido de la resolución 1973 (Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela), pero otros ocho la han apoyado (Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú). Por su parte, Brasil se ha abstenido en el Consejo de Seguridad, mientras que El Salvador y la República Dominicana no se han pronunciado. Otra cosa es el estado de la opinión pública y si bien se intuye un rechazo más generalizado todavía no hay encuestas concluyentes.
Las diferentes posturas frente a la crisis
Colombia, en tanto miembro del Consejo de Seguridad, votó a favor de la propuesta impulsada por Francia y otros países occidentales. Tanto la resolución 1973 como las acciones militares posteriores terminaron siendo apoyadas por Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú, con el argumento de proteger al pueblo libio de la represión del dictador. Si bien Honduras apoyó la resolución, su declaración fue algo más ambigua que la de otros países con una postura similar. Costa Rica, pese a su política de neutralidad, fue bastante expresiva en su respaldo a lo actuado por Naciones Unidas. Desde el punto de vista de las declaraciones gubernamentales y de la retórica, la postura de quienes estaban a favor fue mucho más lacónica que la de quienes se opusieron, que en algunos casos rozó la verborrea.
Brasil, en tanto miembro no permanente del Consejo de Seguridad, se abstuvo en la votación de la Resolución 1973, en una posición compartida con Alemania y los restantes países BRIC (Rusia, la India y China), aunque en este caso no hubo negociaciones previas para alcanzar una posición común del grupo. Es curioso que tanto en éste como en otros puntos Brasil quiere desempeñarse como actor global con las mismas herramientas, o al menos con el mismo discurso, que desarrollaba cuando sólo era, aunque muy a su pesar, una potencia regional. De ahí su discurso centrado en el argumento de que la violencia no resolvería los principales problemas de la sociedad y el pueblo libios.
En lo que respecta a aquellos países que o no se pronunciaron o se inclinaron por una postura intermedia, hay que mencionar a El Salvador (que en los días que coincidieron con el inicio de la operación contra Gadafi recibió la visita de Barack Obama) y la República Dominicana. Si bien el gobierno salvadoreño se abstuvo de tomar abiertamente partido en una u otra dirección, éste no fue el caso del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), el eje del gobierno, que asumió una postura totalmente crítica a la intervención contra Gadafi, en sintonía con la postura del ALBA.
La postura de rechazo estuvo encabezada por los países del ALBA (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela), a los que se acabaron sumando Argentina, Paraguay y Uruguay. Podría hablarse de un corte izquierda/derecha en las respuestas latinoamericanas, aunque la situación es algo más compleja. De todos modos, en el discurso de todos ellos primó el argumento de la no intervención, el de la autodeterminación de los pueblos y el de la necesidad de modificar el Consejo de Seguridad y dar mayores atribuciones a la Asamblea General de Naciones Unidas. Los más beligerantes denunciaron los planes imperialistas, con EEUU a la cabeza, para quedarse con el petróleo y los recursos naturales del pueblo libio, así como la brutalidad de la acción militar que se había cobrado numerosas víctimas civiles.
La respuesta de Barack Obama a la postura latinoamericana
En una entrevista realizada durante su etapa en El Salvador por el periodista del Miami Herald Andrés Oppenheimer, Barack Obama dijo no sentirse decepcionado por la respuesta latinoamericana, ya que simultáneamente existía un “fuerte apoyo internacional’” a la iniciativa de crear una zona de exclusión aérea. Pese a la afirmación anterior, en su respuesta Obama dejaba traslucir una velada crítica hacia la posición latinoamericana, centrada en la falta de peso de América Latina en los organismos multilaterales y en relación a cuestiones globales sensibles para EEUU.
Según su interpretación, el “fuerte apoyo internacional” para atajar a Gadafi fue suficiente para compensar la abstención de Brasil o las más diversas críticas latinoamericanas. En relación a las críticas latinoamericanas más estridentes, con sus diversos matices, Obama dijo que “la política internacional siempre es algo complicado. Hay muchos países que tienen muchos intereses”, y sobre la postura de Venezuela y sus aliados, Obama afirmó que “siempre va a haber un pequeño número de los sospechosos de siempre que van a criticar cualquier cosa que haga EEUU o los países occidentales, independientemente de lo que hagan. Pero aquí tenemos una situación en que no sólo tienes al Consejo de Seguridad pidiendo la intervención, sino que también tienes a la Liga Árabe y el Consejo del Golfo pidiendo la intervención’”. La no implicación de América Latina y sus organismos regionales, que tampoco se pronunciaron, en los asuntos globales más candentes debería hacer reflexionar a sus líderes acerca del papel que quieren jugar en un mundo multipolar por el que dicen apostar.
La posición de los países latinoamericanos que se mostraron a favor de la Resolución 1973
Chile: durante una rueda de prensa junto a Obama el presidente Sebastián Piñera manifestó que “Hoy día el tema de la democracia y el tema de los Derechos Humanos no acepta fronteras, por eso Chile respalda la resolución que han tomado las Naciones Unidas”.
Colombia no sólo votó en el Consejo de Seguridad a favor de la Resolución 1973, sino que su gobierno apoyó de forma clara las operaciones militares. Su presidente Juan Manuel Santos afirmó que el régimen de Libia se había “burlado” de la decisión de Naciones Unidas y que por eso “va a haber intervención [militar]”.
Costa Rica: si bien su política exterior se basa en un principio de neutralidad perpetua, su Ministerio de Exteriores ha manifestado que su gobierno se suma a “las acciones para la protección de la población civil en Libia y condena la brutal agresión del régimen dictatorial de Gadafi contra su propio pueblo”.
Guatemala: el gobierno de Álvaro Colom se pronunció algo más tardíamente que los demás, pero señaló que “Guatemala acata la Resolución, máxime que el gobierno condena la violación masiva de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, como corresponde a un país democrático y respetuoso de la ley y la jurisprudencia internacional”. También hizo un llamamiento a “cuantos tienen responsabilidades políticas y militares para que den prioridad, ante todo, al derecho a la vida y la seguridad de los ciudadanos, incluyendo la responsabilidad de proteger a sus respectivas poblaciones”. Simultáneamente el gobierno dejó claro cuáles eran los principios rectores de su política exterior: “la solución pacífica de las controversias y la no intervención en los asuntos internos de un Estado soberano”.
Honduras: el Ministerio de Exteriores reconoció “como responsabilidad primaria de toda legítima autoridad la protección de la población civil de los ataques de las partes involucradas en un conflicto interno”. El comunicado del Ministerio concluía diciendo que Honduras “reafirma su confianza en la búsqueda inmediata de una solución a la crisis que responda concretamente a las legítimas demandas del pueblo libio y a sus anhelos de paz, democracia, unidad y desarrollo, mediante el uso de todos los medios pacíficos para la solución de conflictos, contemplados en el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas”.
México: el gobierno del presidente Felipe Calderón llamó a las autoridades libias “a detener de manera inmediata las violaciones graves y masivas a los derechos humanos de la población civil” y señaló que la resolución 1973 muestra la determinación de la comunidad internacional para solucionar esta crisis y asegurar que las demandas legítimas de la sociedad civil sean respetadas.
Panamá: su presidente Ricardo Martinelli justificó el ataque militar de los aliados en el hecho de que Gadafi ha “masacrado” a sus ciudadanos.
Perú fue el primer país en romper relaciones diplomáticas con Libia. El presidente Alan García se mostró favorable a imponer una zona de exclusión aérea y a la intervención armada: “Veremos cómo en poco tiempo la situación cambiará en favor de la democracia”.
La posición de los países que se abstuvieron o no se pronunciaron
Brasil: si bien se abstuvo en la votación del Consejo de Seguridad, el Ministerio de Exteriores señaló que su postura “no debe de ninguna manera ser interpretada” como un respaldo a las autoridades libias o como una negligencia ante la necesidad de proteger a la población civil. Desde el punto de vista de Itamaraty, no hay ninguna certeza de que “el uso de la fuerza” implicaría el “fin inmediato de la violencia y dará protección de los civiles”. Sin embargo, y pese a sus temores y a la postura previa de condena a las violaciones contra los derechos humanos de Gadafi, las autoridades brasileñas no aclararon cuáles deberían ser, desde su punto de vista, la forma o los mecanismos (políticos, diplomáticos o militares) que deberían ponerse en marcha para acabar con la violencia y proteger a los civiles. Tras la partida de Obama, la presidente Dilma Roussef afirmó que “La intervención militar está teniendo un efecto contrario al deseado y, en lugar de proteger a los ciudadanos libios, provocará más muertes”. Rousseff respaldó la posición de su gobierno diciendo que era una postura compartida con China, la India y Rusia. Al apoyarse en una postura común de los BRIC, que en realidad no había sido previamente consensuada, intentaba dotarse de mayor legitimidad y reforzar su petición de reforma del Consejo de Seguridad con la presencia de los grandes países emergentes: “Brasil es hoy la séptima economía del mundo y en algunos años seremos la quinta, la cuarta o la sexta, pero de cualquier forma no es concebible un Consejo de Seguridad de la ONU reformado sin este país con un asiento permanente”. El ministro de Exteriores dijo que pese a las diferencias con EEUU en este punto, la relación bilateral no había sido afectada: “Las posiciones con relación a Libia en el Consejo de Seguridad de la ONU no fueron idénticas, pero existe un respeto por parte de EEUU, visible en relación a la posición brasileña, y eso quedó evidente”.
El Salvador: pese a que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un estrecho aliado de Hugo Chávez, es una parte fundamental del gobierno, el presidente Marcelo Funes, que tiene algunas diferencias con el Frente, no se pronunció inmediatamente sobre la situación en Libia, aunque el FMLN había sido muy crítico con el inicio de las operaciones militares. Esta situación estuvo relacionada con la visita de Obama, ya que posteriormente Funes abogó por una salida pacífica y negociada, debido a que El Salvador impulsa agotar todas las instancias de diálogo posibles para que la sociedad libia logre llegar a una solución pacífica de la crisis. En relación a la resolución 1973 su gobierno cree que cualquier acción en Libia, independientemente de sus protagonistas, “debe apegarse estrictamente al respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, procurando el resguardo de la población civil indefensa”. La postura del FMLN fue rotunda al expresar su enérgica condena al ataque militar contra Libia por parte de “potencias occidentales”. La Comisión Política del FMLN exhortó a la comunidad internacional a esforzarse en la búsqueda de una salida humanitaria y pacífica al enfrentamiento interno que vive el pueblo libio. Según su interpretación, “bajo el pretexto de proteger las vidas de civiles, varios países han desencadenado una abierta agresión, generando numerosas víctimas, entre muertos y heridos, de la población civil inocente y causando graves daños a la infraestructura de ese país. De la pretendida idea inicial de crear una zona de exclusión aérea sobre el territorio libio, rápidamente se ha escalado a una agresión que se vale de inmensos y sofisticados medios militares, lesionando seriamente la soberanía de ese Estado”. Por eso, estima “que el ataque imposibilita en la práctica una salida pacífica y negociada a la crisis política que vive esa nación desde hace varias semanas, desoyendo el clamor de numerosos gobiernos y organizaciones regionales” y que los atacantes no ocultan su intención de derrocar a Gadafi, “violando abiertamente el Derecho Internacional al intervenir en los asuntos internos de un Estado independiente”. Así, el FMLN “deplora profundamente el papel que juega en esta agresión militar la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad”, ya que, “en lugar de salvaguardar la paz y la seguridad internacionales como lo establece la Carta de las Naciones Unidas, la ONU es ahora utilizada para intentar legitimar una guerra intervencionista, injustificada e ilegal, que amenaza la integridad territorial, la independencia y la soberanía de un país”.
La posición de los países contrarios a la Resolución 1973
Argentina: su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, vía twitter, cuestionó las acciones militares contra el régimen de Gadafi, argumentando que cuando el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1973 aún “no se habían agotado los medios diplomáticos disponibles”. “Difiero en muchas cosas con los gobernantes [libios] pero no los atacaría. Hay otros métodos”. También criticó el funcionamiento del Consejo de Seguridad al sostener que “los cinco vencedores de la Segunda Guerra Mundial deciden solos”, sin tener en cuenta a la Asamblea General: “La orden del Consejo de Seguridad de atacar a Libia sin un debate en la Asamblea General de la ONU muestra que hay que modificar el poder de veto”.
Bolivia: el presidente Evo Morales señaló que la ONU debería llamarse ONI (“Organización de Naciones Invasoras”) y el Consejo de Seguridad “Consejo de Inseguridad para los Pueblos del Mundo”, a la vez que pidió que se le retire el Premio Nobel de la Paz al presidente Obama. También apuntó que la intervención militar multinacional era un pretexto de algunas potencias interesadas en el petróleo, a la vez que aseguraba que no acepta la violación de los derechos humanos en Libia y pese a que pidió que se sancione a quien lo haga, afirmó que las potencias no deben aprovechar eso para un ataque.
Cuba: el gobierno cubano, a través de su Ministerio de Exteriores, expresó su más “enérgica condena” a la intervención militar extranjera en Libia, defendió el diálogo y la negociación y respaldó el “derecho inalienable del pueblo libio a ejercer su autodeterminación sin ninguna interferencia externa”. Así, considera que el Consejo de Seguridad “cedió a la presión de algunas potencias occidentales para crear las condiciones conducentes a esta agresión militar” en una “burda manipulación” de la carta de la ONU y de las facultades del Consejo de Seguridad. Cuba estima que la Resolución 1973 no autoriza de ninguna manera los ataques contra territorio libio, que constituyen “una violación del derecho internacional”. Por eso, “respalda el derecho inalienable del pueblo libio a ejercer su autodeterminación sin ninguna interferencia extranjera, repudia la muerte de civiles en Libia y en cualquier lugar y apoya la integridad territorial y soberanía sobre los recursos de esa nación”. Por su parte, Fidel Castro, en una de sus últimas “Reflexiones”, apuntó que en la actual coyuntura mundial, marcada por el terremoto de Japón y la crisis de la central de Fukushima, el cambio climático, la escasez y la subida del precio de los alimentos, el crecimiento de los gastos militares y el derroche de los recursos naturales y humanos, una guerra no era lo “más oportuno”. De esta manera daba a entender que había grandes intereses imperiales empeñados en desencadenar una guerra en Libia.
Ecuador: el presidente Rafael Correa calificó de “inaceptables” las acciones de la coalición y dijo que exceden lo acordado por la Resolución 1973, cuyo fin es proteger a la población civil libia de la ofensiva de Gadafi contra los insurrectos. Una semana antes, el ministro ecuatoriano de Exteriores, Ricardo Patiño, había dicho en una entrevista otorgada a un diario de Quito que una crisis humanitaria como la que se vivía en Libia no justificaba una intervención militar. El ministro fue más allá y respondió que en base a una serie de informes no contrastados “se dice que debería haber una intervención militar de las Naciones Unidas o de gobiernos determinados que han estado algunos acostumbrados a invadir países con algunas justificaciones que después son absolutamente desmentidas. Debemos tener cuidado porque toda la trama mediática que se arma en el mundo, con informaciones que pudieran ser correctas o falsas, están tendiendo a justificar invasiones”.
Nicaragua: en su línea argumental de costumbre, marcada por una retórica antiimperialista muy estridente, el presidente Daniel Ortega afirmó que “Ahora viene una guerra externa (contra Libia) de las potencias buscando cómo arrebatar el petróleo, porque el interés de ellos es el petróleo. Lo de democracia es puro cuento”. También dijo que al aprobar la Resolución 1973 el Consejo de Seguridad muestra que es una “tiranía” y una “dictadura”, razón por la cual las Naciones Unidas deben “democratizarse”, ya que se habían convertido en “un instrumento de esas potencias [EEUU y la UE], al servicio de la guerra, de la muerte”. En este línea estimó que decisiones como la resolución 1973, “que ponen en riesgo a todo el mundo”, deberían tomarse en “el pleno de la Asamblea General y que los 192 países miembros de la organización discutan y decidan”. Ortega fue mucho más allá al calificar de “matones” a los implicados en la operación, que lo único que busca es “asesinar” a su “hermano” Gadafi, quien, por otro lado y según su punto de vista “está dispuesto al diálogo”. También arremetió contra Obama, ya que si bien durante su gira por América Latina va ofreciendo cooperación y una alianza entre iguales, sus fuerzas militares “aterrorizan a todo un pueblo, a toda una región”.
Paraguay: el presidente Fernando Lugo fue tajante al condenar la actitud del Consejo de Seguridad y el inicio de los ataques en Libia. De este modo arremetió contra “la decisión de la ONU de aprobar el ataque a Libia, por parte de una coalición conformada por Francia, Gran Bretaña y EEUU” y que “ningún tipo de violencia es justificada. Lo hemos dicho siempre. Ningún tipo de violencia o muerte se debe cernir”. Por eso se mostró favorable a que “la racionalidad, cordura, equidad y sobre todo el principio de autodeterminación de los pueblos, puedan ser respetados, porque son los dueños de sus propios procesos». Por su parte el ministro de Exteriores, Jorge Lara Castro, dijo que el bombardeo de Libia “refleja la debilidad de las Naciones Unidas” y que su gobierno defiende el predominio de las negociaciones diplomáticas.
Uruguay: el presidente uruguayo José Mujica rechazó la intervención en Libia calificando la operación de “un contrasentido inexplicable”: “Es mucho peor el remedio que la enfermedad. Eso de salvar vidas a los bombazos es un contrasentido inexplicable… Todo esto es para llorar”, por eso agregó que “Este ataque implica un retroceso en el orden internacional vigente”. Si bien el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, dijo que la intervención en Libia “complica el escenario internacional” y que “Esto no se puede compartir ni admitir”, el ministro interino de Exteriores, Roberto Conde, afirmó que en tanto la Resolución 1973 fue aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su gobierno no la iba a discutir ni cuestionar. De todos modos, en su interpretación, la comunidad internacional debe “analizar si el despliegue y la operación que se está llevando a cabo se encuadra dentro de los objetivos” marcado por el Consejo de Seguridad o si “deriva hacia una intervención en los asuntos internos de Libia”; “Ese es el delicado equilibrio que tenemos que observar”. Estas contradicciones hay que encontrarlas en las diferencias existentes entre las varias corrientes que integran el partido gubernamental, el Frente Amplio. De todos modos, las razones de la postura del presidente uruguayo quedaron meridianamente claras tras la reunión plenaria del Frente, que rechazó la Rresolución 1973 al tiempo que reivindicaba “la libre determinación de los pueblos y la no intervención en sus asuntos internos”. En el caso uruguayo se da la circunstancia de que su gobierno había condenado en febrero los actos de violencia contra la población libia y exhortado al gobierno de Gadafi a “promover un diálogo constructivo” sobre el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos.
Venezuela: el presidente Hugo Chávez calificó los sucesos de Libia como una “locura imperial” y pidió “que cesen las agresiones imperialistas, las bombas y la muerte contra un pueblo inocente” y “que se nombre una comisión de las Naciones Unidas que vaya a Libia a negociar un alto el fuego”, tras un discurso pronunciado en Caracas el 21 de marzo en respuesta a la alocución de Barack Obama en Santiago de Chile. Chávez fue más allá al manifestar: “¡Qué se acabe la guerra civil y que el pueblo libio defina libremente su propio destino!, eso es lo que nosotros exigimos y tenemos moral para exigirlo”. Desde antes del comienzo de las hostilidades en suelo libio, Chávez había advertido que se estaba preparando una “agresión imperialista” y que la “guerra civil” en Libia no justificaba el intento de invasión de “ningún país” y agregó que Obama “es Premio Nobel de la Paz, pero tiene como cinco guerras” y bien podría amenazar con otra a Venezuela. La reacción de Chávez está vinculada con el resultado de las próximas elecciones presidenciales, en 2012, y de sus reiteradas amenazas y de las provenientes de lo más alto de la cúpula militar de que el pueblo venezolano y sus fuerzas armadas no iban a tolerar que la oposición se hiciera con el poder. Por eso remachó: “Con Venezuela ni se le ocurra, señor Obama, ni a sus aliados, porque yo sé de los planes que tienen con Venezuela”.
Conclusiones: Una vez más, América Latina no mostró una postura común frente a un acontecimiento internacional de primera magnitud como la crisis libia. No sólo eso sino que tampoco se llamaron a consulta a las principales instituciones de integración política o económica, comenzando por Unasur, ni a aquellas de ámbito subregional, como Mercosur, CAN y el SICA. De alguna manera, las reacciones latinoamericanas muestran su tradicional aislamiento frente a un mundo crecientemente globalizado y el empeño en mantener el lenguaje tradicional de la no injerencia y autodeterminación de los pueblos. Este extremo se puede comprobar de una manera mucho más clara en el Índice Elcano de Presencia Global (IEPG, (https://www.realinstitutoelcano.org/rielcano/IndiceElcanoPresenciaGlobal).
En buena medida, las respuestas también reflejan la profunda división de la región, con los países del ALBA alineados claramente en defensa de Gadafi y de su régimen, mientras que aquellos más distantes mostraron una mayor sintonía con EEUU. De todas las respuestas, la más llamativa fue la brasileña. Dilma Rousseff, la nueva presidenta, se esfuerza en mantener la política de sus predecesores por conseguir un puesto permanente en el Consejo de Seguridad, quizá con un énfasis más agresivo que en el pasado, y para ello se empeña en mantener una cierta distancia de EEUU, aunque sin caer en los excesos de Lula. Sin embargo, pese a sus pretensiones de ser reconocido como un actor global, la diplomacia brasileña se sigue moviendo con los tics tradicionales, recalcando las ventajas de la no intervención y la posibilidad de que todos los conflictos internacionales terminen solucionándose por la vía diplomática. Brasil quiere estar en el Consejo de Seguridad pero sin terminar de asumir las responsabilidades que implica ser un actor clave en el mundo multilateral que desea. Una postura muy similar a la desarrollada por los restantes BRIC.
Carlos Malamud
Investigador principal de América Latina, Real Instituto Elcano