Tema
En una reacción propia de la Guerra Fría, Fidel Castro denunció la amenaza de una intervención militar estadounidense y justificó las largas condenas a prisión a los opositores capturados por su pretendida participación en la misma. Estos hechos coincidieron con penas de muerte a tres secuestradores de un ferry para impedir la continuidad de una sucesión de secuestros de aviones y barcos para huir del país. La situación tiene rasgos tan similares a los de la crisis económica y las manifestaciones de protesta del verano de 1994 como para hacer obligado un paralelo entre ambas.
Resumen
El análisis de las amenazas de una intervención militar norteamericana en Cuba durante el periodo 1980-1995 y las medidas adoptadas para impedirlas o afrontarlas muestra que las denuncias sobre nuevos preparativos para una intervención más no han tenido esta vez una respuesta equivalente de los cubanos. El Gobierno de La Habana ha optado por neutralizar esa amenaza con juicios sumarios y condenas injustas a los opositores y ejecuciones desproporcionadas a tres de los secuestradores de un ferry en el puerto habanero. Al comparar la situación actual con la existente durante las violentas protestas ocurridas en el puerto de La Habana en el verano de 1994 y el éxodo de decenas de miles de personas en balsas precarias se observa que en ambas ocasiones confluyen una crisis económica con la falta de esperanza de una población que busca mejorar sus condiciones de vida. Pero esta vez Fidel Castro pretende evitar la repetición de acontecimientos como los de 1994, amedrentando a sus opositores y a quienes intentan salir del país. Para eso cae en continuas violaciones de los derechos humanos, lo que ha provocado una solidaridad internacional sin precedentes con la oposición pacífica, a la vez que ha interrumpido el diálogo político con la Unión Europea (UE) y con los partidarios de levantar las sanciones económicas dentro de Estados Unidos. Paradójicamente, las inversiones, el acceso a mercados externos y mayores ingresos por comercio y turismo hubieran facilitado el manejo y la superación de la crisis económica actual, algo que sin embargo está siendo obstaculizado por las recientes medidas adoptadas por el Gobierno cubano.
Análisis
Desde finales de la década de los ochenta y comienzos de la de los noventa, en plena crisis terminal del CAME y de la Unión Soviética, Fidel Castro no había vuelto a invocar la amenaza de una intervención militar norteamericana. En aquel entonces, la llamada “guerra de todo el pueblo”, que combinaba la apertura de trincheras en muchas localidades del país y la movilización de casi dos millones de efectivos de las milicias territoriales en apoyo del ejército regular, se presentó como la mejor manera de frenar la invasión. Durante el denominado Periodo Especial, establecido a partir de 1989, se desarrolló la “Opción Cero”, que implicaba entrenar a la población para sobrevivir sin agua y energía eléctrica durante muchos días, para así atajar algunas de las consecuencias previstas de una intervención militar o de un bloqueo económico prolongado por parte de Estados Unidos.
Hasta finales del primer quinquenio de 1990, las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe no eran notificadas previamente al Gobierno cubano, que utilizaba esta excusa para justificar sus ensayos de movilización militar y popular de cara a una posible agresión. Gracias al diálogo entre militares cubanos y norteamericanos, que acordaron que estos ejercicios serían notificados con antelación, Cuba pudo evitar los costes de sus actividades militares preventivas, sumamente sensibles para una economía como la cubana, cuyo PIB se redujo en más de un 40% por la caída del comercio y el cese de la ayuda financiera del campo socialista, especialmente de la Unión Soviética. En la segunda mitad de la década de los noventa, las milicias territoriales fueron progresivamente desmovilizadas y el ejército regular redujo fuertemente sus efectivos, que fueron incorporados, en parte, a la producción. Esto contribuyó a reducir el déficit fiscal, un objetivo importante del programa de estabilización iniciado en 1994-1995.
Coincidiendo con el fin de la guerra en Irak y el agravamiento de la inestabilidad en Oriente Próximo, Fidel Castro denunció nuevamente la amenaza de una intervención militar. Según su propia versión, el responsable de la agresión sería el Jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, que mantuvo una serie de reuniones con algunas decenas de opositores al régimen, cuya actuación es pública y pacífica. Sin duda alguna, sólo aquellos convencidos de la centralidad política de Cuba en el contexto internacional pueden creer en la intervención militar denunciada por Castro. Sin embargo, estos creyentes escasean dentro del propio Gobierno cubano y del Partido Comunista y son inexistentes entre los encargados de la seguridad y la política exterior de Washington. Las vagas referencias a la extensión de la intervención militar en Irak a Cuba, hechas por el embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, y la reiteración de la decisión de la Administración Bush de promover la democracia en la Isla, formulada por el Jefe de la Sección de Intereses en La Habana durante una conferencia en una Universidad de Miami, lejos de probar la denuncia de Fidel Castro, muestran lo insustancial de sus acusaciones. Quienes así se manifestaron ocupan cargos periféricos en el sistema de toma de decisiones de Washington y confirman la marginalidad de la Isla en la política global estadounidense, ya que la Cuba del nuevo milenio ha dejado de ser un problema geopolítico y de seguridad para Estados Unidos. Actualmente, tanto para los gobernantes norteamericanos como para los aspirantes a la Casa Blanca bastan las promesas de reforzar o levantar las sanciones económicas y de restablecer la democracia en Cuba para atraer el voto y contentar a la opinión pública cubano-americana.
La nueva denuncia de amenaza de intervención militar norteamericana no ha dado lugar, sorprendentemente, a un llamamiento a filas de antiguos miembros de las milicias territoriales, ni a la reincorporación de miembros del ejército regular dados de baja, ni siquiera a ejercicios militares extraordinarios. Como bien señaló José Saramago en un artículo reciente, los juicios sumarios y las condenas a los opositores tampoco fueron acompañados por la expulsión del Jefe de la Sección de Intereses. En cambio, lo que sí es un problema para el Gobierno cubano y recuerda al verano de 1994 es el deterioro económico en todo el Caribe, Cuba incluida, a consecuencia del impacto del 11 de septiembre en los flujos turísticos, agravados en este primer trimestre por los de la guerra de Irak y el estancamiento del crecimiento económico global. En 2002, el Gobierno tuvo que adoptar medidas de drástica cirugía económica, que afectaron a la emblemática industria azucarera, que cerró más de 50 ingenios y redujo su fuerza de trabajo en 200.000 hombres. Los indicadores que hablan de una pérdida de control económico se han multiplicado en los últimos dos años: el peso cubano vio mermado su valor en más de un 25%; el mercado negro ha vuelto a crecer y también el desempleo y el consiguiente malestar, sobre todo entre los jóvenes que ingresan al mercado laboral; ha aumentado la dependencia de las remesas de emigrantes que pasaron de 800 a 1.300 millones de dólares anuales. A todo esto hay que sumar el número de personas que intentan escapar de la Isla a toda costa y a cualquier lugar; en siete meses se han producido siete secuestros de barcos y aviones.
Esta situación recuerda a los líderes cubanos los hechos de agosto de 1994 y temen que se repitan. Ese verano, miles de habaneros protestaron con inusual violencia en el puerto de La Habana por el deterioro de sus condiciones de vida y exigieron poder salir del país. La protesta hizo necesaria la intervención de las tropas y la presencia del propio Fidel. Finalmente, las autoridades suspendieron temporalmente los controles de salida ilegal del país, alentando a más de 30.000 personas a atravesar el estrecho de La Florida en precarias balsas para ganar las costas norteamericanas. Ante la avalancha de inmigrantes ilegales, Estados Unidos respondió recogiendo a miles de ellos en el mar, confinándolos durante más de un año en la Base de Guantánamo hasta que una proporción importante fue finalmente aceptada en Estados Unidos y otra devuelta a Cuba.
Desde un punto de vista de la política exterior cubana, la “crisis de los balseros” culminó en acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, firmados a finales de 1994. Se trata de los primeros y únicos acuerdos sujetos a un seguimiento y revisión periódica. En ellos se establece la concesión de 20.000 visados anuales de entrada a Estados Unidos para ciudadanos cubanos y la devolución de aquellos emigrantes ilegales que no alcanzaran suelo norteamericano o lo hicieran recurriendo a la violencia. Sin embargo, Washington siguió concediendo permiso de residencia a los que llegaban a sus costas o estaban en tránsito a terceros países y eran calificados como perseguidos políticos. Al mismo tiempo, el Gobierno cubano protesta periódicamente por el incumplimiento de las cuotas de visados y, en algunos casos, de la obligación de devolver a aquellos que han secuestrado barcos y aviones. También denuncia frecuente y exaltadamente la norma que concede asilo a los perseguidos políticos, por entender que es la causa principal de la emigración ilegal y del uso de violencia para consumar el objetivo de salir del país.
Desde un punto de vista interno, las protestas en La Habana y el éxodo de los balseros fueron una señal de alerta sobre el grave impacto político de la crisis económica y del deterioro de las condiciones de vida de la población. El Gobierno reaccionó ampliando los cambios iniciados en 1993 (legalización de la tenencia de dólares y libre circulación y vigencia de los mercados campesinos) para controlar el mercado negro y restablecer la capacidad de compra del peso. Entre septiembre de 1994 y finales de 1995 se adoptó un conjunto de medidas que conformaron un programa de reforma y estabilización económica que dio confianza a los inversionistas y empresarios extranjeros, que hasta entonces no habían respondido a los incentivos establecidos desde 1989-1991. El crecimiento del 20% acumulativo anual en el número de turistas y del ingreso de divisas generado por esta actividad entre 1995 y 2000 fue la piedra angular del círculo virtuoso que comprende reformas económicas-transformación productiva-asociación Estado/empresa extranjera. Las empresas mixtas hispano-cubanas manejan el 40% de la ocupación turística en la Isla, y España ha sido entre 1990 y 2003 uno de los mayores orígenes de turistas y de fuentes de inversiones en Cuba. La locomotora del turismo fue capaz de dinamizar la producción para consumo interno y arrastrar el carro de la empresa estatal resistente a la des-burocratización.
El diálogo mantenido con el Gobierno de Clinton permitió obtener una mayor liberalización en los viajes a Cuba, el envío de remesas a la Isla y una mejora en las comunicaciones de los cubanos-americanos con sus familiares. En poco tiempo el valor de las remesas de emigrantes sobrepasó a los ingresos provenientes del azúcar, el principal producto de exportación. De este modo, el Gobierno cubano pudo prescindir de los beneficios de un Acuerdo de Cooperación con la UE, rechazando las condiciones de mayor respeto a los derechos humanos y de liberalización política contenidos en la Posición Común europea promovida por España. En cambio, se siguieron ampliando las inversiones, el comercio y los flujos turísticos de muchos de los países miembros de la UE con Cuba. Resumiendo, el diálogo internacional y las transformaciones económicas permitieron al Gobierno cubano hacer frente exitosamente a la desesperanza de la población por el deterioro del nivel de vida y la falta de credibilidad en las promesas del régimen durante la crisis 1989-1994.
En 2003, Cuba ha pasado del estancamiento a la crisis económica y, contra toda lógica, con los juicios sumarios y las condenas a los opositores y secuestradores del ferry habanero se ha dado marcha atrás en el camino recorrido mediante el diálogo político internacional en los últimos 15 años. Teóricamente se trataba del diálogo que permitiría a Cuba romper su aislamiento internacional dadas las limitadas relaciones que mantiene con la UE, Estados Unidos y América Latina. Con la UE esto se produciría al acceder Cuba a participar del financiamiento y acceso preferencial al mercado comunitario, un beneficio mantenido por los países ACP (Asia, Caribe y Pacífico) firmantes del Acuerdo de Cotonou, que reemplazó al de Lomé. El Gobierno cubano, por boca de su ministro de Relaciones Exteriores Felipe Pérez Roque, ha respondido a las protestas de la UE y de sus países miembros con motivo de la reciente ola represiva amenazando con retirar la candidatura formal a la firma de ese acuerdo, presentada en enero pasado. Pérez Roque acusó a la UE de “chantaje” al condicionar su ingreso a Cotonou a la vigencia de las normas de derechos humanos y democratización que rigen todos los acuerdos internacionales comunitarios. En la misma línea, el canciller cubano calificó el “tímido” rechazo europeo a las sanciones económicas impuestas por la Ley Helms-Burton como una muestra de complicidad con Washington. Ésta fue la respuesta cubana al ofrecimiento del comisario Nielsen, en la inauguración de la delegación de la UE en La Habana, en febrero pasado, de apoyar su ingreso a Cotonou y de continuar el diálogo político para avanzar en el respeto de los derechos humanos.
Pérez Roque no ignora el precedente marcado por el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo, que en dos ocasiones anteriores suspendieron el diálogo político y el avance hacia el Acuerdo de Cooperación. Cuba es el único país latinoamericano y ACP que no lo ha firmado, dada la protesta europea ante la imposición de la pena de muerte a opositores políticos (1992) y la negativa (1996) a avanzar en el respeto a los derechos humanos. El régimen cubano también calculó mal la reacción de España, que en 1996 fue la principal promotora de la Posición Común europea que liga la aprobación del Acuerdo de Cooperación al avance en el respeto de esos derechos, ya que el recrudecimiento de la represión política en Cuba ha unido al Gobierno y a la oposición española en su condena y en la demanda de liberar a los opositores presos. La reacción española se ha repetido en los demás países de la UE, anticipando que esta vez las relaciones entre España y Cuba seguirán una línea similar a la de la Comunidad.
La presente violación de los derechos humanos ha servido para obstaculizar el diálogo con congresistas y empresarios norteamericanos favorables a levantar las sanciones económicas y la prohibición de viajes turísticos a Cuba establecidos en la Ley Helms-Burton. Muchos de ellos han criticado y pedido el cese de todos aquellos actos del Jefe de la Sección de Intereses en la Habana que puedan servir como pretexto de provocación a las autoridades cubanas, pero no aceptan que los mismos justifiquen las violaciones cometidas en base a actos anteriores del propio Jefe. El Gobierno cubano no puede confiar en que la continuidad del levantamiento del embargo y los mayores ingresos por viajes turísticos de ciudadanos norteamericanos sean, en el corto plazo, la alternativa a un deterioro en sus relaciones comerciales y la pérdida de ayuda financiera de la UE a través del Acuerdo de Cotonou.
A diferencia de 1994, en la primavera de 2003, los juicios sumarios y las penas de muerte y prisión, lejos de minar la solidaridad internacional con la oposición interna, la han ampliado. También han alentado la movilización y organización de la sociedad civil cubana. Además, han puesto nuevos obstáculos a las relaciones con la UE y los países miembros y con los congresistas y empresarios partidarios en Estados Unidos de apoyar el levantamiento de las sanciones económicas que hubieran facilitado la superación de la crisis económica y la desesperanza de la población, a las que teme Fidel Castro más que a la amenaza de intervención militar en Cuba de la que acusa a los norteamericanos.
Conclusiones
En medio de la guerra en Irak, el líder cubano ha querido amedrentar a su desesperanzada población y, particularmente, a sus opositores con juicios sumarios y sanciones de largos años de cárcel por actividades públicas y pacíficas en pro de la democratización y el respeto de los derechos humanos y con la pena de muerte a quienes por medios violentos intentan escapar de la Isla. Su equivocación ha sido la de ignorar que las manifestaciones multitudinarias de NO A LA GUERRA en Estados Unidos, Europa y América Latina respondían al rechazo tanto a la decisión unilateral de norteamericanos e ingleses de lanzarse a la guerra, como a las violaciones de los derechos humanos durante la misma y los ocurridos bajo la dictadura de Sadam Husein. La condena a los juicios sumarios y las injustificadas o desproporcionadas penas a los que osaron promover la democracia y los derechos humanos concitaron la solidaridad internacional con los afectados.
En medio de una de las peores crisis económicas que ha padecido Cuba, sus autoridades, sorprendidas por la reacción internacional ante esos hechos, usaron duros términos para descalificar las críticas internacionales y transformaron en intercambio de críticas el diálogo político iniciado con la UE para ingresar al Acuerdo de Cotonou y también con los congresistas y empresarios norteamericanos partidarios de poner fin a las sanciones económicas. De este modo, se frustra acabar con el aislamiento de Cuba y con su participación en la construcción de un nuevo orden regional caribeño y global. El régimen castrista se escuda en una concepción tan absoluta como a-histórica del principio de no-intervención, que niega todo esfuerzo internacional para avanzar en la universalización del respeto a los derechos humanos y los principios democráticos. Y condena a la población cubana a una mayor carencia de bienes esenciales y al desempleo, aumentando el número de cubanos vulnerable a caer por debajo del nivel de pobreza, y lo hace, erróneamente, en nombre de la libertad y la soberanía nacional, por las que en realidad luchan sus opositores con el respaldo de la Comunidad Internacional.
